El Embajador del Perú ante los Estados Unidos figura entre quienes con más entusiasmo se han tomado la campaña Tinta de Calamar impulsada por la Cancillería peruana. No se para en barras para pregonar y defender la postura más innoble de su Gobierno, la postura que ya ha comenzado a ceder ante la necesidad de apertura de un diálogo. El embajador no ceja. Alega informes inexistentes y desvirtúa los existentes. Confía en que en los Estados Unidos nadie se va a molestar en localizarlos y leerlos. Ese concepto abriga también del periodismo estadounidense. Él lo tiene claro. Los culpables de la masacre de Bagua da por probado que son Venezuela, Bolivia, Amazon Watch, Survival International y todos cuantos difaman al Perú. Los mensajeros de la noticia del crimen son definitivamente los criminales. Los difamados son así los difamadores.
Luis Miguel Valdivieso Montano, economista egresado de la Universidad de la Pontifica Universidad Católica del Perú y doctorado en la Universidad de Boston, Estados Unidos, ha sido funcionario del Fondo Monetario Internacional y en su país, más recientemente, durante el segundo semestre de 2008, esto es el periodo más duro de puesta en práctica del golpe de derecho de Alan García para la invasión empresarial de la Amazonía, Ministro de Economía y Finanzas. Luis Valdivieso es ahora el Embajador del Perú ante Estados Unidos. Dada su trayectoria, puede explicarse su empeño personal en la campaña Tinta de Calamar. Se encuentra entre los responsables de las políticas probablemente genocidas que han conducido a la masacre de Bagua. En Estados Unidos, nunca ha hecho referencia a la relación nada remota entre este acontecimiento y el Tratado de Libre Comercio o de Promoción Comercial suscrito con el Perú.
“Este informe es importantísimo, se suma al informe del relator de las Naciones Unidas y al de la Cruz Roja; es un documento que va a permitir aclarar de una vez por todas estos hechos”, ha declarado el Embajador peruano en Washington tras la publicación del informe sobre Bagua de la Defensoría del Pueblo, informe al que está refiriéndose. Para no dejar cabo suelto, la aclaración la aporta él mismo: los tres informes dan la razón plena al Gobierno del Perú y esto muy en particular respecto al número de muertes superior entre policías y a la inexistencia de desaparecidos. Aclaremos por nuestra parte también. El informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta de una labor de urgencia puramente humanitaria. Ni reconstruye hechos ni puede, por ende, dar ni quitar razón a nadie. El informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas sencillamente no existe todavía. Está aún pendiente tras su visita. El informe de la Cruz Roja tampoco existe o, al menos, no es del dominio público. Como su labor es la humanitaria, difícilmente podría cualquier comunicado suyo confirmar ni desautorizar posiciones políticas encontradas.
“Yo [Luís Valdivieso] he hablado con muchas organizaciones y medios que han difundido información, muchas de ellas ya se están retractando, van a corregir sus contenidos”. Según declara, ha contactado con la CNN, la cadena mundial de noticias en inglés y en castellano; ha dictado sendas conferencias en el Consejo de las Américas y en la sede también estadounidense del Diálogo Interamericano; se ha reunido con representantes de Human Rights Watch a fin de “pedirles que corrijan la información errada que difundieron sobre los sucesos en Bagua”… Hay seguramente un etcétera, pero no parece que haya hecho ningún intento de entrevistarse con gentes de Amazon Watch o de Survival o tampoco de contactar a los embajadores en Washington de Venezuela, si ya se ha reincorporado, o de Bolivia. Ha pregonado que los unos como los otros se encuentran entre los culpables más directos. Conforme a las prácticas diplomáticas, si no ha intentado comunicarse con sus congéneres venezolano y boliviano, limitándose a vocear las imputaciones, es que no se cree sus propias acusaciones, las acusaciones que responden a las instrucciones de la Cancillería peruana.
Luis Javier Gonzales Posada Eyzaguirre es dirigente del APRA o Partido Aprista Peruano, el actual partido gobernante en el Perú. Fue Presidente del Congreso de la República desde mediados de 2007 a mediados de 2008, esto es durante todo el periodo en el que se fraguó el referido golpe de derecho. Había desempeñado las carteras ministeriales de Justicia y de Asuntos Exteriores durante la primera presidencia aprista, primera también de Alan García. Luis Gonzales Posada es hoy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que anteriormente ha presidido. Dadas las responsabilidades contraídas, puede también explicarse su entusiasmo en sumarse personalmente a la campaña Tinta de Calamar.
En declaraciones radiofónicas de ayer lunes día 6 de julio, el congresista Luis Gonzales Posada demandó que se ejerza la acción penal por difamación contra quienes hemos propalado que en el Perú se comete genocidio y contra quienes mantienen que en Bagua se han producido muertes y desapariciones por encima de lo oficialmente reconocido. “Nuestros embajadores en Gran Bretaña y en Estados Unidos deberían ser facultados para denunciar judicialmente a las ONG Survival y Amazon Watch por haber montado una campaña de difamación sin precedentes en contra de Perú”, propuso. ¿Prueba para esta acusación? El informe de la Defensoría del Pueblo que, según este político aprista, habría descartado que hubiera más muertes y demostrado que no hay desapariciones. “Se ha emitido una gama de inexactitudes y ofensas que nosotros no tenemos por qué aceptar, en la medida en que violentan el principio de no intervención y además estimulan la difamación como práctica política”, remachó.
Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez está, junto a Alan García, entre los máximos dirigentes del APRA. Fue su secretario general hasta que pasó a ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros al acceder Alan a la Presidencia de la República. Presidió el gabinete hasta mediados de octubre del año pasado, 2008; hasta que la resistencia indígena a la política depredadora de la Amazonía y el estallido de un escándalo por evidencias de corrupción en las concesiones a las empresas agentes de las depredación provocaron su caída. Jorge del Castillo es hoy congresista y un congresista bien activo en la línea oficialista. No hay que repetir eso de que el anágrafe político explica por sí solo el entusiasmo personal por mantener activada la operación Tinta de Calamar.
Así lo hace, ahora tras la publicación del informe de la Defensoría del Pueblo. Sólo le interesa de verdad la cifra de muertes, pues ni siquiera lo hacen los muertos mismos, cifra que da por definitivamente confirmada, la oficial se entiende. Pretende que el susodicho informe “les quita piso a todos los irresponsables empezando por Pizango [Alberto Pizango, dirigente a la sazón de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana], que empezó a decir eso [que hay un elevado número de desaparecidos], a las radios de la zona, así como a algunas organizaciones de derechos humanos, y al presidente Morales que han expandido por el mundo la teoría del genocidio”.
Al mayor responsable político, junto a Alan García, del golpe de derecho dirigido a franquear los recursos de la Amazonía atropellando los derechos más elementales de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas, inclusive los derechos a la salud y a la vida, y siendo los autores de golpe conscientes de todo ello, también le produce nerviosismo la mera mención de la palabra genocidio. No es para menos. Recuérdese siempre la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delitos de Genocidio, art. 2: “Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: (…) b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.
Yehude Simon ha sucedido a Jorge del Catillo en la Presidencia del Consejo de Ministros. No fue partícipe del golpe de derecho que exacerbó las políticas potencialmente genocidas, pero las ha hecho suyas bajo el peso de su responsabilidad de gobierno. Con más resignación que entusiasmo, contribuye a la campaña Tinta de Calamar. Declara ahora que el informe de la Defensoría del Pueblo “descarta la desaparición de pobladores nativos” y “confirma que no hubo una matanza de indígenas”. ¿No se había comprometido el Gobierno que preside a la formación de una comisión de investigación imparcial con participación tanto internacional como indígena conforme a la recomendación verbal, a falta todavía de su informe por escrito, del Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas? ¿De verdad se cree que el estadillo humanitario de la Defensoría del Pueblo, ni siquiera propiamente un informe, hace innecesaria esa indagación imparcial? ¿Qué es esto? ¿Ejercicio de buena fe o maleficio de complicidad?
Es operación de encubrimiento de crimen y de defensa de la impunidad. La denuncia del primero y la lucha contra la segunda no sólo tiene que ver con el castigo de los culpables, sino también con la reparación de las víctimas. El Gobierno del Perú quiere emprender un diálogo con indígenas que contempla nuevas prácticas para el futuro sobre las bases de una impunidad que implica la no revisión de las políticas consumadas y la no reparación de las víctimas. A esto viene tanto alarde.
- Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
Fuente: http://clavero.derechosindigenas.org
