La crisis alimentaria ha dejado sin comida a miles de personas en todo el mundo. A la cifra de 850 millones de hambrientos, el Banco Mundial añade cien más fruto de la crisis actual. El “tsunami” del hambre no tiene nada de natural, sino que es resultado de las políticas neoliberales impuestas durante décadas por las instituciones internacionales.

Pero frente a esta situación, ¿qué alternativas se plantean? ¿Es posible otro modelo de producción, distribución y consumo de alimentos? Antes de abordar estas cuestiones, es importante señalar algunas de las principales causas estructurales que han generado esta situación.

En primer lugar, la usurpación de los recursos naturales a las comunidades es uno de los factores que explican la situación de hambruna. La tierra, el agua, las semillas... han sido privatizadas, dejando de ser un bien público. La producción de alimentos se ha desplazado de la agricultura familiar a la agricultura industrial y se ha convertido en un mecanismo de enriquecimiento del capital. El valor fundamental de la comida, alimentarnos, ha derivado en un carácter mercantil. Por este motivo, a pesar de que en la actualidad existen más alimentos que nunca, las personas no tenemos acceso a ellos a no ser que paguemos unos precios cada día más elevados.

Si los campesinos no tienen tierras con las que alimentarse ni excedente que vender, ¿en manos de quien está la alimentación mundial? En poder de las multinacionales de la agroalimentación quienes controlan todos los pasos de la cadena de comercialización. Pero no se trata sólo de un problema de acceso a los recursos naturales sino también de modelo de producción. La agricultura actual podría definirse como intensiva, “drogo” y “petro” dependiente, quilométrica, deslocalizada, industrial... La antítesis de una agricultura respetuosa con el medio ambiente y las personas.
“Libre comercio” y supermercados

Un segundo elemento son las políticas neoliberales aplicadas desde hace décadas en aras de una mayor liberalización comercial, privatización de los servicios públicos, transferencia monetaria Sur-Norte (con el cobro de la deuda externa), etc. La OMC, el BM, el FMI, entre otros, han sido algunos de sus principales artífices.

Estas políticas han permitido la apertura de los mercados del Sur y la entrada de productos subvencionados que vendiéndose por debajo de su precio de coste, y por lo tanto a un precio inferior al del producto autóctono, han acabado con la agricultura local. Estas políticas han transformado los cultivos diversificados a pequeña escala en monocultivos para la agroexportación.

En tercer lugar, debemos de señalar el monopolio en la cadena de distribución de los alimentos. Megasupermercados como Wal-Mart, Tesco o Carrefour dictan el precio de pago de los productos al campesino y el precio de compra al consumidor. En el Estado español, por ejemplo, el diferencial medio entre el precio en origen y en destino es de un 400%, siendo la gran distribución quien se lleva el beneficio. Por el contrario, el campesino cada vez cobra menos por aquello que vende y el consumidor paga más caro lo que compra.

Propuestas

Pero, existen alternativas. Frente a la usurpación de los recursos naturales, hay que abogar por la soberanía alimentaria: que las comunidades controlen las políticas agrícolas y de alimentación. La tierra, las semillas, el agua... tienen que ser devueltas a los campesinos para que puedan alimentarse y vender sus productos a las comunidades locales. Esto requiere una reforma agraria integral de la propiedad y de la producción de la tierra y una nacionalización de los recursos naturales.
 
Los gobiernos deben de apoyar la producción a pequeña escala porque ésta permitirá regenerar los suelos, ahorrar combustibles, reducir el calentamiento global y ser soberanos en lo que respecta a nuestra alimentación. En la actualidad, somos dependientes del mercado internacional y de los intereses de la agroindustria.

La relocalización de la agricultura en manos del campesinado familiar es la única vía para garantizar el acceso universal a los alimentos. Las políticas públicas tienen que promover una agricultura autóctona, sostenible, orgánica, libre de transgénicos y para aquellos productos que no se cultiven en el ámbito local utilizar instrumentos de comercio justo a escala internacional. Es necesario proteger los agro-ecosistemas y la biodiversidad, gravemente amenazados por el modelo de agricultura actual.

Frente a las políticas neoliberales hay que generar mecanismos de intervención y de regulación que permitan estabilizar los precios del mercado, controlar las importaciones, establecer cuotas, prohibir el dumping, y en momentos de sobre producción crear reservas específicas para cuando estos alimentos escaseen. A nivel nacional, los países tienen que ser soberanos a la hora de decidir su grado de autosuficiencia productiva y priorizar la producción de comida para el consumo doméstico.

En esta misma línea, se deben de rechazar las políticas impuestas por el BM, el FMI, la OMC y los tratados de libre comercio bilaterales y regionales, así como prohibir la especulación financiera, el comercio a futuros sobre los alimentos y la producción de agrocombustibles a gran escala.

Frente al monopolio de la gran distribución, debemos de exigir regulación y transparencia en toda la cadena de comercialización de un producto. La gran distribución tiene efectos muy negativos en el campesinado, los proveedores, los trabajadores, el medio ambiente, el consumo... Por este motivo debemos de plantear alternativas al lugar de compra: ir al mercado local, formar parte de cooperativas de consumo agroecológico, apostar por circuitos cortos de comercialización... con un impacto positivo en el territorio y una relación directa con quienes trabajan la tierra.

Hay que avanzar hacia un consumo responsable ya que si todo el mundo consumiese, por ejemplo, como un ciudadano estadounidense serían necesarios cinco planetas tierra para satisfacer las necesidades de la población mundial. Pero el cambio individual no es suficiente si no va acompañado de una acción política colectiva basada, en primer lugar, en la construcción de solidaridades entre el campo y la ciudad. Con un territorio despoblado y sin recursos no habrá quien trabaje la tierra y en consecuencia no habrá quien nos alimente. La construcción de un mundo rural vivo nos atañe también a quienes vivimos en las ciudades.

Y en segundo lugar es necesario establecer alianzas entre sectores afectados por la globalización capitalista y actuar políticamente. Una alimentación sana no será posible sin una legislación que prohíba los transgénicos, la tala indiscriminada de bosques no se parará si no se persiguen las multinacionales que explotan el medio ambiente... y para todo ello es importante una legislación que se cumpla y que anteponga las necesidades de las personas y del ecosistema al lucro económico.

Un cambio de paradigma en la producción, distribución y consumo de alimentos sólo será posible en un marco más amplio de transformación política, económica y social. La creación de alianzas entre los oprimidos del mundo: campesinos, trabajadores, mujeres, inmigrantes, jóvenes... es una condición indispensable para avanzar hacia ese “otro mundo posible” que preconizan los movimientos sociales.

- Esther Vivas es co-coordinadora de los libros “Supermercados, no gracias” y “¿Adónde va el comercio justo?”