El control social y la presión armada que viven desde hace algunos meses los habitantes del barrio Medellín Sin Tugurios, más conocido como “Pablo Escobar”, ubicado en las laderas orientales de la ciudad, ha ocasionado que en menos de un mes se hayan registrado 18 casos de desplazamiento forzado intraurbano.

De acuerdo con registros oficiales, desde el 11 de mayo a la fecha por lo menos 36 personas han debido abandonar sus hogares debido a la amenaza directa de los integrantes de bandas armadas ilegales que vienen ejerciendo presión en ese populoso barrio, fundado en la década del 80 por el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

La situación de los pobladores del “Pablo Escobar” se suma a lo que viene ocurriendo en otros sectores de Medellín, donde la guerra entre bandas delincuenciales que se libra en sus calles ha ocasionado que unas 582 personas hayan tenido que abandonar forzosamente sus lugares de residencia, convirtiendo el desplazamiento forzado intraurbano en el drama humanitario más serio que tiene la ciudad como consecuencia del incremento de la violencia.

Según la Unidad Permanente para los Derechos Humanos (Updh) de la Personería de Medellín, en lo que va corrido del año se han recibido un total de 163 declaraciones de un total de 127 grupos familiares (582 personas), en las cuales se han puesto en evidencia la ocurrencia de hechos cometidos entre enero y mayo de 2009, que dieron lugar al desplazamiento forzado interno.

La cifra es alarmante si se tiene en cuenta que durante todo el 2008, la misma dependencia recibió 207 declaraciones, equivalente a 860 personas. Lo anterior significa que en sólo cinco meses del presente año ya se ha registrado el 71% de casos de los presentados el año inmediatamente anterior.

De continuar esta proyección, al finalizar el año se podría presentar un incremento cercano al 43%, lo cual reviste complejas implicaciones humanitarias, toda vez que la gran mayoría de casos no son reconocidos como tal por la Agencia Presidencial para la Acción Social.

La explicación, sostienen investigadores de la Updh, obedece a que esta dependencia estatal sólo reconoce la condición de desplazado en los casos cuyo autor es un grupo armado ilegal. Las bandas y combos, autores del 99% de los casos, son considerados como “delincuencia común” y sus víctimas, en este caso por motivos de desplazamiento forzado intraurbano, no cuentan con ningún tipo de protección.

Entre los barrios más expulsores aparecen, en su orden, los Populares 1, 2, y Santo Domingo Savio, en la comuna 1; El Salado, San Javier y 20 de Julio, en la comuna 13, El Salvador y el “Pablo Escobar”.

Drama sin atención

Justamente, detrás de los casos de desplazamiento forzado que han sufrido decenas de habitantes del “Pablo Escobar” se esconde un conjunto de hechos que dejan al descubierto que frente a los excesos de las bandas delincuenciales, los combos y los grupos armados, la comunidad se encuentra prácticamente “abandonada a su suerte”.

Si bien los síntomas comenzaron a detectarse hace por lo menos tres años, faltó una respuesta institucional más decidida para frenar una ola de criminalidad, coerción y excesos contra la comunidad que hoy han convertido al “Pablo Escobar” en el barrio más violento de la comuna 9.

En el 2006 comenzaron a presentarse casos de desplazamiento forzado intraurbano, como el que sufrió una familia que fue abordada por los “muchachos” del barrio, quienes le dieron plazo de 24 horas para desalojar el inmueble por el hecho de presentar atrasos en el pago del arriendo.

En aquel entonces el hecho pasó inadvertido, en parte, por el ambiente de tranquilidad que reinaba en la ciudad. En el 2008, un nuevo suceso conmocionó a los habitantes del barrio pero, de nuevo, el silencio fue absoluto: la violación de una mujer a manos de los mismos “muchachos” que años atrás habían desplazado a la familia.

“Los muchachos”, que habitantes del barrio relaciona con el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), comenzaron a ejercer un control más constante sobre las actividades sociales del barrio, entre ellas, las actividades comunitarias.

Apareció el cobro de vacunas a los establecimientos comerciales y a transportadores, el ingreso de personas ajenas al barrio comenzó a controlarse y los excesos de los “muchachos” se volvieron pan de cada día.

“Iban a un establecimiento, consumían y no pagaban y si les cobraban, intimidaban y amenazaban. Cosas como esa comenzaron a ser frecuentes”, relató una fuente, que pidió reserva de su nombre. Los procesos sociales también comenzaron a paralizarse. “En este momento hay líderes que habíamos capacitado en todo el proceso de servicios públicos que decidieron romper todo vínculo con el movimiento social, precisamente por la situación de orden público”, señaló una líder del sector que omitió su identidad.

No obstante, hubo quienes expresaron públicamente su descontento por estos hechos. Muchos de los que se atrevieron a hacerlo afrontan hoy su destierro o, en el peor de los casos, fueron asesinados. El pasado 18 de abril fue encontrado el cuerpo sin vida de Andrés, un joven taxista residente del barrio. Él fue uno de quienes confrontó a los “muchachos”.

El cadáver fue hallado en un taxi, con signos de desmembramiento, en inmediaciones de la clínica El Rosario, en el barrio Villa Hermosa. Lo curioso es que en la Clínica trabajaba un amigo del occiso, habitante también de “Pablo Escobar” y que también se opuso a los excesos de este grupo armado.

Pero el hecho que desencadenó toda esta inusitada ola de desplazamientos forzados en este barrio, que lo ubica como el de mayor magnitud en tan corto periodo, fue la muerte de un joven en los primeros días del mes de mayo. Según fuentes oficiales, el joven se negó a engrosar las filas del grupo armado, del que se dice, cuenta con el apoyo de la llamada “Oficina de Envigado”. 

Lo preocupación de los organismos de derechos humanos es que mientras continúe en los barrios la guerra entre bandas y combos, fenómenos como el desplazamiento forzado intraurbano no disminuirán debido a las lógicas perversas de esta nueva confrontación: estos grupos armados ilegales, en su afán de hacerle frente a sus enemigos, vienen reclutando jóvenes de manera sostenida y, en casos como los de la comuna 13, masivamente. Quien se rehúse a participar en actividades criminales simplemente es desterrado. Y este es, hoy por hoy, la principal causa de desplazamiento en la ciudad. 

- Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia. www.ipc.org.co/aqenciadeprensa