La Paz

Olga Flores Bedregal, Marta Montiel y Hortensia Gutiérrez de Flores no se resignan a no tener una tumba donde recordar a sus seres queridos, desaparecidos durante las dictaduras militares.

El 5 de mayo iniciaron una huelga de hambre exigiéndole al presidente Evo Morales que ordene a las Fuerzas Armadas la devolución de los restos de sus familiares y todavía siguen en su lucha. Ellas prefieren "morir para acabar con un doble discurso".

En una carta pública, las tres mujeres le dicen a Morales que cuando "juró como presidente de lo/as boliviano/as lo hizo recordando, con un minuto de silencio, la memoria y la gesta de algunos de nuestros familiares desaparecidos y asesinados por las dictaduras militares que inspiraron su propia lucha política".

"Ellos, ellas, tenían los más grandes ideales sociales, como son una sociedad con justicia social, sin la 'explotación del hombre por el hombre', sin clases, donde nadie pase hambre y no tenga educación, una sociedad igualitaria y democrática".

Pero el Capitán General de las Fuerzas Armadas, que es el cargo que ostenta el primer mandatario, no ha dado la orden directa a los militares y eso es lo que reclaman estas mujeres.

La resolución emitida por el Ministerio de Defensa, el 19 de mayo, que instruye al Comando en Jefe la apertura de los archivos clasificados, es insuficiente para las huelguistas y las organizaciones de derechos humanos, pues haría falta un decreto o una ley para que la orden tenga fuerza.

Muchas otras personas, en cambio, consideran que se trata de una burla, porque el mismo presidente dijo que no existen expedientes ocultos. El ministro de Defensa, Walter San Miguel, sostiene lo mismo, pese a que él firmó la resolución.

"Las dictaduras, tanto la 'garcíamezista', como la 'banzerista', han tenido el cuidado de no autoincriminarse, de no dejar rastro documental alguno de las violaciones constantes y permanentes que se hicieron en esas épocas a los derechos humanos fundamentales", dijo a SEMlac San Miguel.

En las décadas del setenta y ochenta, Bolivia, al igual que otros países latinoamericanos, vivió bajo gobiernos de facto, responsables de la desaparición de unas 170 personas. Olga Flores perdió a su hermano Carlos y Hortensia Gutiérrez a su esposo, Rodolfo Flores Sanmillán. De Tirso Montiel, padre de Martha, no se supo nada más desde que se fue a la guerrilla en Teoponte, en el norte del departamento de La Paz, junto con otros 57 jóvenes.

El gobierno ha anunciado que una comisión de antropólogos argentinos y bolivianos iniciará, este mes, excavaciones en 19 sitios de Teoponte para buscar los restos de los hombres de la columna guerrillera abatida en 1970, según información difundida por la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).

"Vivos los llevaron, vivos los queremos"
A pesar de su debilidad, Olga Flores ha asistido a tres vigilias nocturnas realizadas por amistades y familiares de las personas desaparecidas. Asistida por personal médico de la Cruz Roja Boliviana, llegó hasta las puertas del Estado Mayor, conocido también como el Gran Cuartel, que es el lugar donde mucha gente fue vista por última vez, cuando ingresaba detenida para ser interrogada. Las otras dos se realizaron frente a las oficinas del Ministerio de Defensa.

"Vivos los llevaron, vivos los queremos" fue el estribillo más repetido en esas vigilias, aun a sabiendas de que las personas capturadas fueron conducidas a cárceles clandestinas, donde las torturaron, ejecutaron e hicieron desaparecer.

"Usted no puede dejar que estos crímenes permanezcan en la impunidad, ni prolongar nuestro sufrimiento de por vida, ya que vivimos un duelo permanente, pues no podemos dejar de pensar en ellos, abandonarlos sería, para nosotras, aceptar que triunfe la iniquidad", señalan en su carta. Pero el presidente no atiende su demanda y esto prolonga el ayuno.

Luego de que el gobierno insistiera en la inexistencia de archivos clasificados, ahora el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, confirmó que el 2 de junio estos serán abiertos.

En las habituales entrevistas dominicales que se emiten por los medios gubernamentales, Llorenti aseguró que una comisión de activistas de derechos humanos, familiares y representantes del gobierno conocerá la documentación que se encuentra en el Estado Mayor sobre los gobiernos de facto de las décadas de la represión en Bolivia.

(SEMlac)
Fuente: www.redsemlac.net