Para los pueblos indígenas el territorio es la base fundamental para la proyección de vida como grupo social, este componente se constituye en el eje articulador de su interacción con el Estado y se puede evidenciar que a partir del Saneamiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) fue creciendo la necesidad de ejercer un proceso de autogestión de sus recursos de manera que la figura de las TCO, los Distritos Municipales Indígenas y ahora las Autonomías Indígenas se van constituyendo en mecanismo para lograr la reconstitución de su espacio territorial. Esta situación motiva a reflexionar acerca de la complejidad de la gestión del territorio, tomando en cuenta que no solamente intervienen en él indígenas y propietarios privados, sino también el Estado con sus diferentes políticas públicas y normativas que en muchos casos son contradictorias a las reglas y normas de la gestión local.

En este sentido es importante señalar que para los 36 pueblos indígenas que habitan en el país, el territorio se entiende y se vive de manera integral; el territorio es la base fundamental de la propuesta sobre el régimen de autonomías indígenas, donde la capacidad de autodeterminación en las diversas esferas de su vida como pueblo en base a su pensamiento y opciones de desarrollo es el objetivo central de esta propuesta de cambio estructural para el rediseño del Estado, Plurinacional.

En la década de los 90 con el proceso de Municipalización a través de la Ley de Participación Popular en el país, comienza a instaurarse la Distritación Municipal donde la figura de los Distritos Indígenas pasa a constituirse en los primeros espacios de planificación y participación social de las Organizaciones Indígenas en la gestión de su propio desarrollo. Así mismo, a medida que el proceso de saneamiento fue avanzando y las TCO fueron consolidando su derecho propietario, algunas organizaciones indígenas fueron construyendo sus Planes de Gestión Territorial Indígena como instrumento de planificación con perspectiva étnica que les permita un mejor control, manejo y administración de sus espacios territoriales.

Es importante definir a la Gestión Territorial como un proceso en construcción, que permite a los pueblos indígenas consolidar sus espacios territoriales promoviendo el uso y manejo racional de los recursos naturales y humanos, donde se pueden identificar al menos las siguientes dimensiones: una económica, caracterizada por un sistema de producción que permite a los productores indígenas usar eficientemente los factores productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad a niveles que permitan mejorar la competitividad en los mercados; otra sociocultural, en la cual el sistema de relaciones económicas y sociales, las estructuras organizativas y los valores sirven de base al proceso de desarrollo; finalmente, la política y administrativa, en que las iniciativas de los pueblo indígenas puedan establecer un entorno local favorable a la producción e impulsar un desarrollo armónico dentro de su espacio territorial.

En la actualidad la figura de las Autonomías Indígenas se constituye en uno de los desafíos más expectantes para los pueblos indígenas, sin duda, se hace necesario identificar líneas estratégicas que permitan una armónica compatibilización territorial entre TCO, Distritos indígenas y Municipios, tomando como premisa la gestión territorial de las TCO como un instrumento que posibilite un verdadero desarrollo local sostenible.

Sin duda que la implementación del modelo autonómico en el país genera expectativas en los diferentes actores sociales en la perspectiva de un mejor reordenamiento territorial de los nuevos niveles del poder público, pero creemos que para esto el proceso de implementación de las autonomías deba contar con la participación del conjunto de sectores sociales, en la construcción de sus estrategias y normas constitutivas garantizando el carácter intercultural y para procurar concebir una gobernabilidad territorial en estos nuevos escenarios de gestión pública.

Pero la realidad actual nos muestra que los diferentes espacios territoriales de los pueblos indígenas presentan bajos niveles de desarrollo, por lo que el modelo autonómico necesariamente demandará planteamientos e intervención pública de diferente escala y el adecuado financiamiento para la transferencia de competencias en los distintos niveles.

Finalmente, creo que la financiación para el cumplimiento o ejercicio de las competencias se constituye en la actualidad en un aspecto neurálgico que deberá reconfigurar las formas de distribución de los ingresos nacionales a las autonomías indígenas, municipales y departamentales. Para lo cual se hace necesario apostar hacia un pacto fiscal que permita garantizar la transferencia de recursos acorde a la dimensión de la competencias que serán transferidas en las diferentes categorías de autonomías, también se puede pensar en la constitución de un Fondo de Compensación para aquellas categorías autonómicas que no cuenten con los suficientes recursos económicos para hacer frente a demandas de inversión productiva y social. De esta manera se puede contribuir a acortar las brechas de desigualdad e inequidad económica y social existentes entre las áreas urbanas y rurales en el país.

- Marcelo Arandia es economista del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) de Cordillera.