En Guatemala estalló una bomba política que ha cimbrado a la sociedad, el abogado Rodrigo Rosenberg, quien fue asesinado el pasado domingo, recién había grabado un video en el que acusaba de su posible muerte al Presidente de la República, a su esposa y al Secretario Privado de la Presidencia. La noticia golpeó con fuerza brutal, y en los primeros momentos era muy difícil reaccionar de forma racional. Es muy fuerte ver las imágenes de una persona que le dice a uno: si usted está viendo este video es porque he sido asesinado; y que seguidamente responsabilice de su muerte a altas autoridades del país, termina de anonadar a cualquiera.

Esto en medio de tantas penurias económicas como efecto de la crisis mundial, las que todavía no tenemos la posibilidad de dimensionar claramente, y las amenazas que provienen de la epidemia generada por la gripe porcina, que las transnacionales insisten en que nos refiramos a ella con el inocuo nombre de AH1N1, seguramente para no afectar a las poderosas empresas que han industrializado la producción de cerdos en varios países del mundo y que están en el centro de las sospechas del origen del virus.

No es posible predecir los efectos negativos que esta demoledora situación creará en el largo plazo a la ya debilitada institucionalidad del país. Aunque también existe la posibilidad de que produzca efectos positivos, esto está condicionado a que sean exitosas las investigaciones que desarrollará la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala de la ONU, Cicig, en un complejo caso que no se limita al asesinato del abogado Rosenberg, ya que él refiere la posibilidad de su muerte a las investigaciones que estaba realizando respecto del repudiable asesinato del industrial Khalil Musa y de su hija Marjorie.

Está muy claro que el contenido del video que contiene estas acusaciones, y la versión escrita que Rosenberg dejó firmadas, no contienen datos precisos que puedan concluir que hay clara responsabilidad judicial en los mencionados, a los que hay que agregar al Presidente, Gerente y  un funcionario más del Banco de Desarrollo Rural. Sin embargo esto podría cambiar si los documentos probatorios que Rosenberg afirma entregará, incluyen acusaciones más sustentadas.

Por eso, sin la desafortunada muerte del referido abogado, por cierto una persona notable en algunos ámbitos empresariales y académicos, el video y el contenido de su escrito no tendrían mayor trascendencia. Aunque el tono que usa y las acusaciones que lanza son fuertes, se refiere de forma genérica a aspectos que en el mismo tono y con parecido contenido lanza casi a diario, el periodista Mario David García (la persona que ha reconocido haber realizado la grabación en su oficina) en su programa radial; y que expresan la fijación de grupos de la derecha más conservadora en contra de casi cualquier acción del Gobierno que encabeza el presidente Colom y en particular en contra de los programas sociales que está implementando.

La reacción social que está produciendo este grave hecho es de repudio generalizado, y a la mayoría de personas les importa muy poco que las acusaciones que contiene el video sean sustentadas o no, lo que de forma natural ha producido consternación y rechazo es la predicción de su muerte y que ésta se haya producido de la forma deleznable que usan los sicarios que lamentablemente están actuando con tanta libertad en Guatemala.

La reacción que el Gobierno ha tenido no ha sido la más afortunada, de nuevo pareciera que algo falla en los círculos cercanos al presidente, pero ni el tono, la forma ni el contenido de sus declaraciones son del tipo que la gente espera o necesita. A pesar de que los hechos que se han ido revelando aportan muchos elementos para sospechar que muchas cosas raras pasaron alrededor de esta situación, y que podrían haber otros actores que no salen a la luz todavía; el equipo del presidente Colom debiera considerar que la percepción que se genera en la sociedad es un hecho concreto, más allá que sea fundamentada en la realidad o no, en una situación como ésta la forma es tan importante como el contenido.

La situación de debilidad en que el video y el asesinato han colocado al Gobierno puede tener efectos desastrosos para la gobernabilidad del país, y estos efectos negativos pueden ir bastante más lejos del presidente Colom y su entorno más cercano. Bien dice el dicho, siembra vientos y cosecharás tempestades; pero el rumbo que tome el país, aún si éste se encamina a un abismo no parece estar en las contemplaciones de sus más fuertes detractores.

La voz de serenidad la está tratando de imponer el director de la Cicig, Carlos Castresana, institución y persona que luego de irracional oposición de las ultraderechas, afortunadamente han terminado siendo de lo más confiable y respetable en el país, referidos al tema de la justicia. La acción más coherente del gobierno ha sido pedir que sea la Cicig la que realice las investigaciones sobre las acusaciones del abogado Rosenberg.

Y en ese sentido, en una especie de vorágine, se han ido revelando varios elementos que para un criterio tan agudo como el de Castresana seguramente tendrán vital importancia. Para sólo mencionar uno, sería muy importante conocer en qué circunstancias fue grabado y cuantas personas tuvieron conocimiento de la existencia del video, antes de ser cometido el asesinato, y cuáles pueden ser las responsabilidades por el manejo del mismo.

Hoy mismo, en el programa de entrevistas de Emisoras Unidas, Carlos Castresana ha tratado de aportar serenidad y ha llamado a la calma. Es esperanzador que un tan fuerte crítico de la actuación del Ministerio Público, haya dicho que “hasta ahora el papel del MP ha sido impecable, desde que se produjo el levantamiento del cadáver, cuando no lo sea, yo lo diré”. Castresana también llamó a la serenidad, y pidió tiempo para crear las condiciones y  todo mundo juegue con las reglas.

En buena medida el futuro de la gobernabilidad del país está en la posibilidad de que la Cicig puede desarrollar una investigación exitosa, y los antecedentes de su director permiten esperar que, sean quienes sean los responsables de los tres asesinatos, éstos serán denunciados y procesados (pero esto no puede significar que nosotros, la sociedad de este país, no asumamos los niveles de responsabilidad que nos corresponden). Sin embargo, hay que considerar que varios grupos con intereses inconfesados no están interesados en la verdad, ni en que se haga justicia, sino en generar el caso y sacar provecho.

- Enrique Álvarez es Director del servicio informativo de Incidencia Democrática, I.DEM.

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