La banca multilateral tiene el rostro de aquel agiotista que le presta dinero a una familia pobre que vende mangos en una esquina. Su propósito no es sacarla de la pobreza, sino de ganar más plata a costa de su trabajo.

Así lo han dejado en evidencia un grupo de analistas económicos, académicos y representantes de comunidades afectadas en diversos países de América Latina al cuestionar los empréstitos que le otorga la banca multilateral, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a los países de la región.

Las apreciaciones fueron expuestas en Medellín durante el Foro Popular de Afectados, en el marco de la Asamblea de los Pueblos, reunión alterna a la 50º Reunión Anual de Gobernadores del BID, que iniciará sesiones mañana viernes en la ciudad.

Una de las conclusiones generales que resulta de escuchar las distintas experiencias latinoamericanas relacionadas con el modelo de empréstito que aplica el BID a sus acreedores es contundente: son operaciones financieras que se hacen de espaldas a los impactos sociales y ambientales de las comunidades donde se desarrollarán los proyectos.

Necesariamente hay que partir de una realidad incuestionable: en cualquier sistema, llámese como se llame, se necesita apalancamiento financiero de terceros para impulsar proyectos de desarrollo. El asunto complejo resulta de preguntarse por los propósitos de la financiación.
 
Al respecto, William Gaviria Ocampo, vocero del Movimiento colombiano En deuda con los derechos, precisa que el único propósito del BID, y en general la banca multilateral,  es financiar unos proyectos, independientemente de la prevención de los impactos sociales, ecológicos y ambientales que generan. “Esa preocupación se la dejan a los gobiernos locales”, advierte. “Pero a éstos sólo les interesa mostrar obras y en muy margen muy reducido se preocupan por trabajar en la prevención de los impactos”.

Se genera entonces un círculo vicioso entre los empréstitos internacionales y las comunidades, que deben soportar todo el peso del pago de la deuda. “La financiación de los proyectos se hace ver como un logro para el desarrollo, pero tiene unos costos financieros que se traducen en mayores tarifas, nuevos impuestos, recortes fiscales y reformas tributarias para poder cumplir con los pagos a la banca”, explica Gaviria Ocampo.

Una visión histórica del problema lo explica la socióloga Vilma Liliana Franco, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín, quien hace alusión a un empréstito que suscribió Empresas Municipales de Cali en 1970 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (conocido como Banco Mundial) para financiar el plan maestro de acueducto y alcantarillado de esa ciudad.

“Las cláusulas obligaban a la empresa a establecer un sistema tarifario por cada uno de sus servicios para garantizar una tasa de retorno que le diera seguridad al banco de que los pagos serían efectuados. Por muchos años, la gente se sitió asfixiada y obligada a pagar altos costos del crédito. Esto es natural para cualquier banquero, pero oneroso para quienes, con muy bajos ingresos, deben pagar las altas tarifas en servicios públicos”, comenta Franco.

Una visión actual de ese problema lo representan las poco más de 60.000 mil familias que por atraso en los pagos de sus facturas no tienen acceso a los servicios de energía y agua potable en Medellín y varios municipios que atiende Empresas Públicas de Medellín (EPM), entidad de orden municipal que precisamente acaba de recibir un préstamo del BID por 450 millones de dólares para invertir en proyectos de saneamiento de aguas residuales.

“Históricamente, el instrumento del crédito para la financiación del desarrollo infraestructural en el país ha sido demasiado oneroso para los sectores más pobres de la sociedad”, agrega la investigadora del IPC. “Lo cierto es que en esas concesiones no hay nada de altruismo, los banqueros pocas veces pierden y odian no ganar”.

La reflexión de la socióloga Franco se ve reflejada en los impactos sociales y ambientales que ha generado la inversión en grandes obras de infraestructura.

Margarita Flórez, del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales (ILSA), una estudiosa del tema ambiental advierte sobre los efectos de la llamada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que agrupa una serie de grandes proyectos subregionales relacionados con la construcción de hidrovías, autopistas, gasoductos y puertos. Son cerca de 35 proyectos que requieren un poco más de cinco mil millones de dólares.

“Esa iniciativa tiene un valor agregado bastante peligroso para el medio ambiente si no es analizada como un sólo conjunto de proyectos y se deja a los estudios de proyecto por proyecto”, indica Flórez. “Con su ejecución se van a afectar ecosistemas que hasta ahora estaban bastante intactos como la Amazonía, las selvas del Mato Grosso, el desierto del Chaco y la Patagonia”.

En ese conjunto de proyectos Colombia tiene varias propuestas, entre ellas la carretera Pasto-Mocoa y las hidrovía del Meta y del Putumayo.

Gabriel Strautman, de REDE Brasil, una organización que le hace seguimiento a las operaciones de la banca multilateral, advierte del impacto social y ambiental que ha generado la construcción de la hidroeléctrica Caña Brava, en el estado de Goiás, financiada por el BID.

“Ha significado el desplazamiento de las comunidades tradicionales de esa región”, cuenta Strautman. “Además, con ellas no se tuvo ninguna consulta ni discusión. Además, se resisten a reconocer los derechos de la gente”.

El proceso inconsulto obligó a la gente de la región de influencia del proyecto hidroeléctrico de carácter privado, ejecutado sobre el río Tocantins, entre las municipalidades de Minaçu y Cavalcante, a constituir un movimiento de afectados por represas que, basados en su experiencia, exige respeto, participación y propone una reflexión a la manera cómo se invierte en desarrollo en la región.

“¿Por qué en lugar de construir nuevas represas, el Gobierno de Brasil  no se dedica a una repotencialización de las existentes o mejor aún diseña una política seria de eficiencia energética?”, pregunta el activista de REDE. Y él mismo responde: “la construcción de una hidroeléctrica significa una concentración muy grande de recursos de inversión que atrae a grandes empresas interesadas en los recursos públicos para hacer su negocio. Ese es el verdadero motivador de las construcción de represas, no es la demanda de energía”.

Se proponen salidas

Si bien el diagnóstico es crítico, los analistas no se limitan a quejarse. Gaviria Ocampo, por ejemplo, plantea que una salida sería el fortalecimiento del Banco del Sur, una iniciativa de Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Uruguay y Paraguay que entrará en operación en mayo de este año.

“No se trata de pedirle una reestructuración al BID, pues sabemos que no lo hará”, precisa Gaviria Ocampo. “Se trata de construir mecanismos de financiamiento del desarrollo más autónomos, con propósitos más sociales y humanos, no financieros solamente”.

Otra propuesta planteada por este activista es la constitución de una moneda única regional, similar al Euro, que le permita a América Latina no depender del juego artificial que tienen con el dólar.

Por su parte Gabriel Strautman, considera que se debe revaluar el concepto de financiar proyectos de desarrollo basados solamente en indicadores financieros, en la demanda y oferta de tasas de ganancia: “Es una lógica fallida que causa esa serie de impactos, por ello la financiación debe responder a una lógica más social y humana”.

Finalmente, Vilma Liliana Franco advierte que también se debería romper con la secuencia de endeudamiento para financiar el desarrollo. “Es necesaria una reestructuración del gasto público que, en Colombia, significaría bajo gasto militar y mínimo servicio de pago de la deuda”.

En el fondo, de lo que se trata es de crear herramientas eficaces para que los países pobres puedan acceder a recursos que les permitan avanzar en la calidad de vida de sus habitantes y evitar que continúe la explotación por parte de aquellos agiotistas que sólo busca ganancias personales.

- Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia