Guadalajara, México, marzo (Especial de SEMlac).- Mientras en el Congreso del Estado de Jalisco, legisladores del Partido Acción Nacional —PAN, mayoritario— intentaban el pasado 26 de febrero blindar la Constitución para impedir la legalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas, integrantes de la Agenda Feminista fueron imposibilitadas ,a golpes, de ingresar al recinto parlamentario.

Sin embargo, mujeres de los grupos impulsores de la Ley antiaborto, encabezados por Imelda Guzmán, esposa del gobernador del Estado, todas vestidas de blanco, no tuvieron problema alguno para acceder a la sede del legislativo.

La portada del periódico La Jornada, uno de los de mayor circulación a nivel nacional, mostró en paralelo las fotos de la señora Imelda cómodamente sentada, mientras afuera Araceli Prieto, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, denotaba un rictus de dolor por los golpes recibidos de parte de los "guardianes del orden", al tratar de ingresar al lugar.

La doctora Adela Jiménez, quien auxilió a Araceli, comentó a SEMlac que después del evento la llevó a la Cruz Roja, donde le aplicaron los primeros auxilios y levantaron un acta por la agresión física que sufrió la activista.

Asimismo, se interpuso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos una queja contra el PAN y los funcionarios del recinto legislativo que impidieron, con el uso de la fuerza física, la entrada de las mujeres opositoras a esa Ley.

La médica, también activa participante de la Agenda Feminista, aseveró que, si bien en un primer momento Araceli fue quien resultó más afectada por la violencia institucional, ella también traía señales de golpes en el cuerpo y dolores articulares por los jaloneos y el esfuerzo para evitar que la pierna de la mujer quedara prensada entre la puerta.

Por su parte, Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, denunció que la llamada iniciativa antiaborto también contempla terminar con las excepciones que marca el Código Penal de Jalisco sobre los casos en que se puede realizar la interrupción.

El Código de este Estado contempla el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, cuando el embarazo sea resultado de una violación, dicho proceso ponga en peligro la vida de la madre o existan malformaciones en el feto.

Recordó que, en realidad, estas excepciones difícilmente son tomadas en cuenta, y la mayoría de las veces esta práctica se realiza en condiciones infrahumanas, en la clandestinidad o las mujeres deben abandonar el Estado, o incluso el país, para lograrlo.

Ramos Ponce mostró su preocupación porque los diputados no han entrado en una discusión jurídica y ni siquiera se ha mencionado la revisión que hizo la Suprema Corte de Justicia de la nación, determinando la legalidad de la Reforma que se llevó a cabo en el Distrito Federal para permitir la interrupción del embarazo hasta la doceava semana, sin que se considere un delito.

Esta Ley, afirma la activista, está basada más en aspectos moralistas y no ha tomado en cuenta la opinión de miles de mujeres que piensan diferente de quienes la impulsaron.

A su vez, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guadalajara, doctor Leobardo Alcalá, se pronunció porque el tema sea discutido con toda seriedad y profundidad. A su juicio, es un asunto que requiere de una consulta pública: "no es algo que se debe llevar así al Congreso", enfatizó.

Alcalá, quien por seis años fue director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, dijo que si bien está a favor de la vida, es consciente de que, en la entidad, se realizan miles de abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de mujeres de escasos recursos.

Carla Sánchez de Armas, diputada federal del Partido Social Demócrata (PSD), estuvo en Guadalajara para apoyar a las feministas que protestaban afuera del Congreso. Aseveró que en México se realizan cada año alrededor de 200.000 abortos y por lo menos 10 por ciento de quienes lo intentan pierden la vida.

Apuntó que, pese a que el Consejo Nacional de Población reporta 8.000 abortos en Jalisco, en la práctica son alrededor de 35.000 al año. Esta es una realidad que nos habla de las mujeres que ponen en riesgo su vida y de quienes no logran sobrevivir a este evento por las pésimas condiciones higiénicas en que se realiza tal intervención.

Es obligación del PSD defender la vida de todas estas mujeres, luchando por la legalización del aborto seguro, insistió.

La presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Jalisco, la priista Gloria Rojas, denunció que la Ley ha sido impulsada por representantes del sexo masculino, sin tomar en cuenta a la Comisión que preside ni al resto de las legisladoras.

Rojas logró que el dictamen fuera retirado de la orden del día y en su discurso señaló que ella y su partido estaban a favor de la defensa de la vida, lo que le valió el aplauso de las mujeres de blanco que se encontraban cómodamente sentadas. Pero aclaró que, también, estaban a favor de "la defensa de la vida de las mujeres que día a día la arriesgan sometiéndose a procedimientos riesgosos".

Tal expresión motivó que quienes antes la aplaudieron empezaran a abuchearla, pese a lo cual continuó defendiendo a las mujeres y su derecho a tomar decisiones sobre su vida, su salud y su cuerpo.

La Reforma que ahora será discutida en agosto, una vez que pasen las elecciones estatales, propone establecer en la Constitución local el derecho a la vida desde "la concepción hasta la muerte".

Precisa que se entiende por concepción "la humana fecundación del óvulo femenino por el esperma masculino en el vientre materno, dando origen a un nuevo ser en la secuencia natural de gestación". Por muerte natural, describe "la cesación definitiva de la vida en el ser humano, acaecida por medios naturales".

Aunque en la exposición de motivos se aclara que no se reforma el Código Penal, donde se señalan como excepciones del delito de aborto el embarazo producto de una violación o que ponga en peligro la vida de la madre, la reforma constitucional señala que se derogan todas las disposiciones que se le opongan.

Para las activistas de los derechos de las mujeres significa respetar la jerarquía de la Constitución por encima del Código Penal.

Fuente: http://www.redsemlac.net