Entre el inicio de la “lucha armada” de Sendero Luminoso (SL) en el pueblo de Chuschi, Ayacucho, en 1980, y la “fuga” con posterior renuncia a la presidencia del Ing. Fujimori desde Japón en el 2000, el Perú fue un Estado en falencia (failing state) según la calificación que recibió el país en 1998 del Grupo de Trabajo sobre Estados Fallidos del gobierno norteamericano (Alcalde 2004: 34). Efectivamente, a lo largo de 20 años nuestro país reunía varias de las características que permitían identificar a un “Estado fallido”: violencia política, prácticas terroristas por parte de SL y del mismo Estado contra poblaciones andinas alejadas e indefensas, elevada corrupción en el sector público, deterioro del nivel y calidad de vida. Estos fueron los rasgos en los que nuestro país destacaba, haciéndose merecedor a dicho calificativo.

Sin embargo, adentrándonos en la historia, podemos aseverar que como país (ex- colonia y república) el Perú es un estado fallido desde que la modernidad se instaló aquí mediante la conquista y el sojuzgamiento, generándose un irresuelto problema nacional entre los sueños, ilusiones e intereses de las elites locales, y las expectativas y aspiraciones de ver atendidas sus necesidades -muchas veces defeccionadas por aquellas- por parte de la masa del “pueblo”. Es en este contexto que deben interpretarse las apreciaciones ciudadanas sobre la “credibilidad” o grado de confianza que inspiran los gobernantes, políticos y las instituciones del Estado peruano, difundidas por las encuestas de opinión. [1]

Nuestra más reciente crisis política relacionada con el escándalo de los “petroaudios” [2] no viene de ahora. Más bien, en el Perú, las crisis políticas se han vuelto moneda corriente y fenómenos recurrentes pues sus causas son históricas y estructurales, provienen del largo tiempo. Vivimos realmente un largo y agónico proceso de descomposición política e institucional que el triunfalismo económico es incapaz de ocultar y, por el contrario, lo vuelve más evidente. Para que el Perú sea viable como país y Estado “nacional” necesita transitar hacia una segunda república, esta vez de carácter popular, una república de trabajadores y pequeños productores quienes conforman las mayorías del país. La inserción del Perú en la economía globalizada, bajo condiciones de entrega irrestricta tanto de territorios como de recursos a la voracidad del capital transnacional, profundizará aun más el dislocamiento histórico. La disputa entre Lima y las regiones del interior ya es en si misma una expresión de ese dislocamiento, producido en este caso por la centralización de decisiones económicas y la presión distributiva por más recursos.

En este contexto conviene discutir, aunque sea brevemente, si el estado fallido en el Perú como en otros órdenes (social, económico, político e institucional) es una consecuencia necesaria de nuestra herencia colonial. En un libro reciente, Rochabrún (2007: 49) señala que la herencia colonial fue “puesta en circulación” por Cotler (1978: 21-70), libro que luego de su aparición se convirtió en un clásico de las ciencias sociales peruanas debido también al esfuerzo de síntesis realizado. Quienquiera que haya leído el primer capítulo de este libro que abarca desde el siglo XVI hasta los años de la Independencia, o lo vuelva a releer desde la realidad del país que tenemos en los tiempos actuales, coincidirá con su autor sobre la “presencia viva de la herencia colonial” (Cotler: 1978, 385). En efecto, a lo largo de sus páginas, vemos desfilar múltiples expresiones de esta herencia, de las que ponemos a guisa de ejemplo: el “ordenamiento político de naturaleza patrimonial”; la “sociedad dividida jerárquicamente en estamentos”; el “permanente e insaciable deseo de concentrar el poder”; el “permanente estado de corrupción”; la “fragmentación de los intereses sociales” junto con la “falta de universalización del Estado”; la “ambivalencia e impotencia” de las elites (en aquella época, de las aristocracia criolla con relación a la metrópoli y corona españolas); la “inestabilidad política”, “ausencia de hegemonía”, “problemas de orden y unidad nacional”; la “fragmentación política”. [3]

Respetamos la opinión del profesor Rochabrún sobre su rechazo a “las explicaciones que se apoyan en el ‘pasado remoto’” (Ibíd.), pero estimamos que la tesis de Cotler, adelantada en la introducción de su libro para justificar la apelación a ese pasado, se mantiene plenamente vigente: “[…] la sociedad peruana arrastra, sin solución de continuidad, un conjunto de características derivadas de su constitución colonial, que condicionaron el desarrollo de su estructura y proceso sociales.” (Cotler 1978: 15); apelación que se inscribe asimismo en una suerte de tradición clásica inaugurada por Mariátegui y Haya de la Torre (Cotler 1978: 18). Tales características abarcan desde modos de producción hasta formas de expresión y del pensamiento, pasando por estilos de hacer gestión pública y actividad política. Sin ir muy lejos, un ejemplo paradigmático de tales características colonialistas lo proporciona la manera de pensar -y de gobernar- del presidente Alan García quien a través de sus artículos sobre el «perro del hortelano» concibió al país y sus habitantes como una chacra que se puede poner en venta a voluntad, como antaño lo hacían los hacendados “de horca y cuchillo”. [4]

La apelación al pasado no es sinónimo de “pasadismo” ni de una mentalidad “arcaica” -en términos de “añoranza”- como diría un crítico liberal a lo Mario Vargas Llosa. Tampoco es una cuestión de que nos guste o no, como parece sostener Rochabrún. La cuestión principal consiste en saber cuál es la noción de historia con la que está trabajando o emitiendo opinión el investigador, intelectual o político, y explicitar hasta dónde llega su alcance en el tiempo, hacia delante y hacia atrás, o viceversa. En otras palabras, la noción de Historia en términos de la relación pasado-presente-futuro nos parece fundamental (Montoya 1980: 20-30).

Sin ser entonces ni “pasadistas” ni “arcaicos” defendemos la vigencia de la tesis sobre la herencia colonial considerándola una regularidad histórica y porque, además, en términos del análisis histórico que propuso Montoya (1980: 28) dicha herencia es “una parte de los elementos del pasado que constituyen el presente” de la formación social peruana en “su totalidad y su historicidad”. Debido a esa regularidad, la herencia colonial es reproducida no solamente en y desde las esferas del poder gubernamental; está instalada asimismo en una sociedad tan estratificada y estamental como la nuestra, que descansa fuertemente en relaciones de clase y jerarquía, así como de raza y en el dominio del patriarcado.

Con relación a la combinación pasado/presente, nuestra apuesta de futuro es radical y por tanto de ruptura con la realidad que aparece enunciada en el título de este trabajo. ¿De qué otra manera podríamos proyectar cambios sustanciales sin quebrar el orden existente? [5]. Pero no solo se trata de eso. Buscamos al mismo tiempo hacer un compromiso a favor de la transformación de nuestro país.

Dependencia histórico-estructural y perennización del desarrollo primario-exportador en el Perú.

El desarrollo económico peruano ha sido tradicionalmente sinónimo de «desarrollo primario-exportador», estando por eso mismo en función de la demanda internacional por materias primas y otros recursos naturales, con relación a los cuales nuestra historia económica registra variados ciclos de exportación (Thorp y Bertram 1985), siendo este patrón primario-exportador -ciertamente- una «herencia colonial».

Entre la última década del s. XIX y las tres primeras del XX (1890-1930) [6] el patrón de desarrollo primario-exportador en nuestro país descansaba en lo que podemos denominar un capitalismo de enclave; es decir, en la articulación orgánica entre capitalismo y precapitalismo (Quijano 1978: 19-36). El primero estaba expresado -en términos del control y la propiedad- por el “capital monopolista” con su respectivo centro de acumulación en el exterior, mientras el segundo contenía un conjunto de modalidades “serviles” o “semiserviles” de producción, principal-mente entre campesinos y terratenientes señoriales. La reproducción del trabajo asalariado en los enclaves capitalistas mediante una corriente de bienes proveniente del precapitalismo, en el mismo ámbito regional, constituía la base de sustentación de dicha articulación orgánica; siendo por ende una fuente importante de la ganancia monopólica. Ejemplos emblemáticos y representativos del capital monopolista en el Perú fueron las siguientes empresas: Cerro de Pasco Copper Corporation (minería metálica), Grace & Co. (agricultura de exportación, producción textil), Internacional Petroleum (petróleo), Peruvian Corporation (ferrocarriles), las tres primeras de capital americano y la última de capital británico. Las relaciones productivas y de intercambio entre capitalismo y precapitalismo, en este periodo, configuraron “la primera estructura de acumulación imperialista en el Perú”, otorgando a la economía peruana de entonces y sus mecanismos de acumulación un carácter “semicolonial” (Quijano 1978: 26-28). El orden estatal correspondiente a esta matriz económico-productiva fue el de un “Estado Oligárquico nacional dependiente” cuya base social era la coalición de poder entre los intereses de la burguesía imperialista como fracción hegemónica de esta coalición, la burguesía local dependiente, los terratenientes mercantiles y señoriales (Quijano 1978: 54-55).

Téngase en cuenta que fue la primera estructura socioeconómica y de poder político que surgió tras la Guerra del Pacífico (1879-1883); de ahí su interés  e importancia porque sobre esas bases han discurrido los procesos de cambio y transformación de la formación social peruana a lo largo de su historia posterior.

En el gráfico de la página siguiente la relación de ida y vuelta entre el país sede (representado por “A”) y el país receptor (“B”) define una dependencia estructural, mientras que el circuito que se establece entre espacios o territorios de A, B y C da lugar a una (o varias) cadena(s) de valor (“cadena imperialista” en términos de Quijano, siguiendo a Lenin). En uno u otro caso los mecanismos de articulación están dados tanto por el intercambio desigual de equivalentes como por la propiedad y el control de recursos (naturales, financieros, tecnológicos, comerciales e incluso políticos) que ejerce el capital monopólico (la “corporación gigante” en el lenguaje de la economía globalizada de nuestros días). La relación entre el capital monopólico imperialista y el precapitalismo implicaba que “plusvalía y excedentes mercantiles se combinan en la generación del beneficio global del capital imperialista” (Quijano 1978: 33), dando como resultado la dependencia estructural señalada. Esta relación, así como su expresión política en el Estado, se hallan al interior del país receptor “B”. [7]

En el modelo que busca representar el gráfico son necesarios algunos señalamientos:

·         Cada una de las ramas primario-exportadoras se articulaba por separado con el país de origen del capital monopólico. Esto denotaba la ausencia de un eje articulador interno o de un sector que cumpliera este papel con relación a otros (p. ej. una industria textil que articulara metalurgia para fabricar maquinaria agrícola, que sirviera a su vez para la producción de algodón y lana, permitiendo también la incorporación de la minería y el petróleo).

·         En relación con lo anterior, la ausencia de un mercado interno y de un circuito interno de acumulación, que absorbieran y/o capitalizaran el plusvalor generado por las actividades primarias.

·         El Estado peruano cumplía con la “función estatal básica de garantizar la hegemonía del capital imperialista” (Quijano 1978: 57), tanto política como administrativamente, en relación con el mantenimiento/reproducción de la dependencia estructural, y las necesidades de acumulación/realización del capital monopólico. De ahí su carácter de clase o predominantemente burgués, a pesar del predominio de las fracciones no-capitalistas en la coalición de poder.

Perú. Modelo primario-exportador dependiente basado en la articulación

entre capitalismo y precapitalismo (1890-1930)

Fuente. Quijano (1978).

Elaboración. Antonio Romero.

En términos de su fenomenología, la dependencia estructural se presenta al observador como una relación entre flujos (el capital circulando en la forma de mercancías y dinero) de un país a otro y al interior del país receptor; flujos que son registrados usualmente por las estadísticas económicas y financieras agregadas (comercio exterior, inversión directa, préstamos, participación en el PBI, etc.). En cambio, desde el punto de vista de su esencia, el mismo fenómeno tiene tras de sí una trama de relaciones (económicas, sociales, institucionales) que se van densificando en el espacio y tiempo determinados, hasta volverse hegemónicas y/o predominantes, subordinando a su férula las relaciones pre-existentes.

La articulación entre capitalismo y precapitalismo en la esfera económica, considerando el país entero o porciones territoriales de este, su combinación (no reflejo mecánico) con la política, el Estado, el régimen político y el ordenamiento jurídico, dando lugar a un todo social contradictorio y desigualmente distribuido, está lejos de asemejarse a -o más bien se distancia de- los enfoques “dualistas” que predominaron en las ciencias sociales, los cuales obviaron o no prestaron atención a los procesos y tendencias de dicha articulación (al interior de la economía; entre economía, política y cultura, etc.). En un conocido estudio sobre la distribución del ingreso en el Perú de los años 60 (Webb 1975), se manejó el concepto de dualismo tecnológico basado en la dicotomía moderno/tradicional y urbano/rural. Cabe reconocer que esta dicotomía fue exitosa como criterio metodológico para el tratamiento de la heterogeneidad socioeconómica y espacial, en un país desigual y heterogéneo como el Perú, pero al costo de ocultar la existencia del capital monopólico en el “sector moderno” o en la categoría más general de “fuerzas del mercado”. Pero no solo era esto, pues también quedaba ocultada -y hasta negada- la vinculación de intereses y las relaciones de dependencia entre la burguesía local y la burguesía imperialista. Las preguntas relativas a la «marginalidad» (Webb 1975: 99-100) no pueden ser respondidas en ese contexto debido justamente a tamaña omisión como consecuencia del enfoque adoptado. La crítica al concepto marxiano de “explotación” (que en su sentido original se refiere a extracción de plusvalor del trabajo vivo) peca de incomprensión de este concepto al confundirlo con la asignación, uso y circulación del excedente económico a través de mecanismos de precios o políticas gubernamentales en el marco de la redistribución de ingresos. Pero este no es solamente un tema circulacionista. [8]

A pesar de las limitaciones y ambigüedades del enfoque dual, este fue adoptado por muchos economistas, otros científicos sociales y aun líderes políticos de izquierda, sea para el estudio o la caracterización de la realidad peruana de los años 70 e incluso de los 80. [9] Lo importante a resaltar es que la relación moderno-tradicional desplazó de las prioridades de investigación a las indagaciones sobre “la condición estructuralmente dependiente del capitalismo que se implantó en el Perú” (Quijano 1978: 30). De esta manera, la problemática implicada por la relación de dependencia, respecto a la presencia dominante del capital monopolista en la economía y sociedad peruanas, su relación de articulación y sus mecanismos de acumulación, fueron reemplazados por un abordaje que remarcaba las relaciones interno-externo, la procedencia “extranjera” del capital o de la propiedad, y el problema de definir el carácter del Estado más en función de la condición “nacional”, aun cuando esta condición estuviera permanentemente imbricada e interconectada con el problema de clase. Lo que estamos evaluando sucintamente para el caso peruano, en relación con la “dependencia”, había motivado un amplio debate a nivel latinoamericano especialmente entre los sociólogos (Weffort 1972).

¿Qué aconteció entonces desde 1930 hasta nuestros días? Sería muy largo y quizás tedioso hacer el recuento de esta historia. Solamente queremos dejar señalando tres grandes periodos con algunos rasgos destacables:

1930-1968. Podemos descomponer este periodo en dos tramos: a] 1930-1948, periodo que estuvo fuertemente influenciado por la gran depresión y la segunda guerra mundial; b] 1948-1968 que “fue un excelente ejemplo, en Latinoamérica, de aquel sueño de los economistas del desarrollo ortodoxo: un sistema orientado por las exportaciones” (Thorp y Bertram 1985: 311).

Los años 30 fueron el único momento del siglo XX en que la hegemonía del capital monopólico, principalmente de origen norteamericano, se aflojó. Este contexto propició dos experiencias de industrialización: durante la primera mitad de los años 30 en que se desarrolló la industria liviana de bienes de consumo, siendo un proceso débil y tardío con respecto a los niveles de crecimiento alcanzados por países latinoamericanos más grandes (Argentina y Brasil).

El impulso industrializador volvió a brotar en el transcurso de 1939 a 1942, aunque sin poder sostenerse sobre sus propias fuerzas debido al “desinterés de la élite por la industria y la ausencia de una clase industrial” (Thorp y Bertram 1985: 297). Favorecido por el gobierno de Manuel Prado (1940-1945), el capital monopólico de bandera USA recupera su poder e influencia sobre la economía interna durante la segunda guerra mundial. [10]

A nivel de la relaciones entre estados, el poder e influencia estaban especialmente referidos a los terrenos político, militar y de la ayuda al desarrollo, más que económico, lo cual se acentuó durante los años de la Guerra Fría y, más aun, tras la caída del muro de Berlín. El contexto histórico correspondiente constituía la tendencia al “progresivo deterioro de la posición hegemónica de los Estados Unidos, como el principal centro de poder imperialista” (Quijano 1971: 16), a raíz de la crisis del dólar en 1967 y la crisis del petróleo de 1973. Las relaciones con la embajada norteamericana, en el Perú, se volvieron referencia obligada para las elites económicas, empresariales, políticas y tecnocráticas (civiles y militares), tanto como para toda forma de oposición.

1969-1975. Hasta 1968 la coalición de poder venía depurándose, lenta pero ineluctablemente, de los intereses terratenientes y señoriales supérstites y, en consecuencia, se fue transitando de una formación semicolonial sustentada por una economía agro extractiva, a “una sociedad de capitalismo subdesarrollado y de organización nacional-dependiente” (Quijano 1971: 10).

En ese trance, 1968 representó un corte, si se puede decir así, ya que en octubre de ese año un golpe de estado liderado por generales nacionalistas puso fin al estado oligárquico, implementó un conjunto de “reformas estructurales”, buscó reorientar el patrón de desarrollo volcándolo hacia la industrialización, y -por primera vez en la historia del país- el Estado asumió un liderazgo activo e intervencionista en la economía, en el marco de “una opción neo-imperialista a través del intento de conversión del Estado en el eje central del nuevo modo de articulación” (Quijano 1971: 183). La izquierda peruana tardó en reconocer estos cambios, pues durante la década del 70 se la pasó debatiendo acerca de si el régimen de producción y el estado en el país eran de carácter feudal (semicolonial) o capitalista, cuestión de la que desprendían las alianzas tácticas, el contenido de la revolución y sus “fuerzas motrices”. Se trataba de un debate envilecido por el doctrinarismo y viciado de sectarismo, fuente además de las múltiples divisiones y desprendimientos al interior de los partidos.

A través del golpe de estado que defenestró a Belaúnde, los militares nacionalistas instauraron un régimen dictatorial que, en el terreno político-ideológico, pretendió tomar distancia por igual del capitalismo y del socialismo; ocasionando con esto una actuación y comportamiento ambivalentes que incluso desconcertaban a los opositores en la derecha e izquierda.

Dicho corte generó entonces un interregno con relación a lo que venía aconteciendo desde el periodo previo; es decir, representó un escenario donde el protagonismo estuvo detentado por las Fuerzas Armadas y los grupos tecnocráticos que le acompañaron, como “sectores de autoridad intermediaria” (Quijano 1971: 35), por ende, con pretensiones de relativa autonomía para resolver la crisis de la hegemonía política y la consecuente fragmentación del poder.

Este “experimento” nacionalista fue interrumpido abruptamente por otro golpe militar que depuso al General Velasco, iniciando así la “segunda fase de la revolución peruana”. [11]

1976 hasta la actualidad. Aquí tenemos superpuestos y combinados una serie de coyunturas y ciclos económico-políticos. Empezamos con la coyuntura 76-78, de inicio de la crisis económica con un fuerte conflicto social y político que no se hizo esperar, entre el frente de la burguesía y el de los trabajadores. Los costos de la estabilización económica golpearon principalmente a los últimos (despidos masivos y ajustes salariales), pero asimismo a los sectores medios (por alza de impuestos, “gasolinazos” y devaluaciones) y sectores populares en general debido a la carestía y la creciente inflación. La inestabilidad política se reflejó en el relevo de ministros de economía (1 por año en promedio, entre 1975 y 1979), que implementaron las mismas políticas de “estabilización” comprometidas con el FMI en Cartas de Intención. La fuerza de las protestas y la oposición popular, que amenazaban convertir el conflicto en una crisis política de proporciones, obligaron a los militares en consenso con los partidos del orden (APRA, Acción Popular, Partido Popular Cristiano) a canalizar dicha amenaza mediante la transición 79-80 signada por la Asamblea Constituyente y la realización de elecciones presidenciales, permitiendo el retorno al poder de Fernando Belaúnde y su partido (AP). El inicio de las acciones de “Sendero Luminoso” en mayo 1980 inauguró el conflicto armado que se desató en el país, con la respuesta igualmente armada y represiva del Estado, hasta la captura del “Presidente Gonzalo” en septiembre de 1992. El primer gobierno de Alan García (1985-1990) formó parte de aquel periodo de violencia política y de violación de derechos humanos; su experimento “heterodoxo” desató la más grande hiperinflación de la historia del Perú (7,000%), dejando detrás una estela de corrupción. La década fujimorista que le sucedió (1990-2000) significó la instauración del neoliberalismo en la conducción económica y política del país, junto con el proyecto Fujimori-Montesinos de perpetuación en el poder del Estado a base de colusiones mafiosas en perjuicio del erario público (Cotler y Grompone 2000; Degregori 2001; Quijano 1995; Romero 1998). La oposición democrática desde 1997 contra Fujimori y sus secuaces; la fuga y posterior renuncia de aquél a la presidencia desde Japón por fax, a fines del 2000; el breve gobierno transitorio de Valentín Paniagua (2001-2002) elegido por el Congreso; todos estos acontecimientos conformaron una nueva transición político-institucional con respecto a la cual se esperaban reformas de fondo en la gestión pública, el ordenamiento constitucional, el régimen de partidos y la descentralización. Estas y otras demandas (expectativas) de democratización fueron las banderas que recibieron la adhesión y el amplio respaldo en todos los grupos y estratos sociales. Aunque reconocidas y defendidas por los liderazgos opositores de entonces, terminaron siendo abandonadas. En lo que más se profundizó fue en el modelo económico neoliberal, bajo cuya continuidad la economía peruana experimentó un crecimiento económico sostenido desde el 2002 aunque, antes que a las supuestas bondades del modelo, obedeció más bien a la coyuntura favorable de precios en alza de las materias primas en los mercados internacionales. En paralelo con esto, el proceso de descentralización marchó débil y limitado; fue desatándose el escalamiento de la crisis distributiva y el consiguiente resurgimiento de conflictos sociales a escala sectorial, regional y nacional, así como conflictos ambientales contra empresas mineras (Romero 2008b, 2008c). [12]

Todo el proceso histórico que hemos relatado rápidamente ha desembocado en el hecho que el Estado peruano, hoy más que nunca, se halla al servicio de –y está domeñado por- los intereses de los grandes capitalistas, corporaciones, inversionistas, etc.; todos ellos armonizados alrededor del consenso neoliberal. En este contexto, el patrón de desarrollo primario-exportador, seguido tradicional-mente por el país, está siendo profundizado por el segundo gobierno aprista que inició su gestión en el 2006. La economía de «enclave» se ha extendido a otras regiones y territorios, como la amazonia peruana, donde además de extraer y explotar recursos naturales, las empresas petroleras -en la fase de prospección- realizan estudios conocidos como Líneas de Base Social, estudios de impacto ambiental y planes de relaciones comunitarias, que comprenden acciones de desarrollo (o de compensación) específicas para las poblaciones potencialmente afectadas. Esto forma parte, más bien, del “modo capitalista de entender la naturaleza y relacionarse con ella” (Ceceña, Aguilar y Motto 2007: 12). Se trata entonces de un fracaso porque no coadyuva -ni lo ha hecho en el pasado- a generar desarrollo también hacia el interior, articulando espacios y territorios (todo lo contrario), siendo esta una de las razones por las cuales el crecimiento sustentado en exportaciones primarias nunca “chorrea” ningún efecto beneficioso hacia dentro (solo gotea). El patrón primario-exportador viene siendo reforzado a través de mega-proyectos como el del IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), en donde el Perú está incorporado en 5 de los 12 “ejes de integración y desarrollo” del IIRSA (Zibechi 2006). [13]

En épocas más recientes, ese mismo “desarrollo” ha venido siendo orientado por decisiones internacionales que en la actualidad asumen la forma del TLC con EEUU, China y Acuerdos de Comercio que se buscan cristalizar con otros grandes bloques de países (UE y el mercado Asia-Pacífico).

En consecuencia, sostenemos que el modelo primario-exportador ha fracasado con respecto a las necesidades y expectativas de las mayorías nacionales, siendo un hecho histórico concomitante con el Estado fallido peruano que es conducido por las elites (políticos “tradicionales”, grandes empresarios, militares); ambos hechos están en la base de la explicación de que toda “bonanza macroeconómica” -debido a ese tipo de crecimiento- convive todo el tiempo con el “malestar microeconómico” a manera de bomba de tiempo (Schuldt 2005b: 372-382). Los excedentes, concentrados y centralizados por el aparato estatal, son administrados y gestionados según intereses políticos, la conveniencia del partido de turno en el gobierno y/o para la futura capitalización electoral, asimismo, para atender a las presiones empresariales o hacer negocios oscuros que a la larga son descubiertos, antes que en función de las necesidades de desarrollo de los pueblos quienes solamente reciben atención en términos de algún proyecto o programa de “desarrollo social” -que, al final de cuentas, son intervenciones públicas concebidas para mantener la popularidad presidencial o la legitimidad del partido de turno-, en vez de hacerlo en términos de verdaderas estrategias nacionales de desarrollo.

Naturaleza del excedente económico.

Identificamos cuatro fuentes de excedente económico en concordancia con el patrón primario-exportador predominante, como las fuentes más significativas en el Perú actual, en los umbrales del siglo XXI. En el primer caso utilizamos la noción “clásica” de excedente concebida por Marx, en términos de la diferencia entre plusvalor (trabajo excedente) y trabajo necesario, o expresado en términos de su respectivo equivalente en dinero: trabajo no pagado vis-a-vis salario obrero. En el segundo caso recurrimos a uno de los sentidos que le dio Paul Baran a su idea de excedente económico potencial: “el producto perdido a causa de la organización dispendiosa e irracional del aparato productivo existente” (Baran 1959: 74-75). Esta idea, pensada para una economía capitalista superdesarrollada como la norteamericana, la hemos adoptado aquí para el caso de un país subdesarrollado como el Perú donde la organización dispendiosa e irracional del aparato productivo existente la aplicamos a un sector específico (el minero). En los dos últimos, la idea de excedente está estrechamente relacionada con la renta proveniente de la propiedad de recursos naturales o su usufructo irrestricto, amparada por relaciones contractuales con el Estado.

i) La generación y apropiación del plusvalor (absoluto y relativo) de los trabajadores en la extracción de minerales (cobre, oro, plomo, zinc y otros metales), petróleo (crudos pesados) y gas, así como en la agroindustria de exportación en la costa norte y sur del país. La explotación de trabajadores y exacción de plusvalor en las minas se refleja necesariamente en la disparidad del ingreso: en la minería peruana el emolumento de un ejecutivo supera 10 veces el salario obrero. [14]

ii) Los costos externos insuficientemente internalizados, ignorados por negligencia o haciendo caso omiso de la ley, debido a daños y perjuicios -externalidades negativas económicas y no económicas- que las grandes empresas extractivas ocasionan sobre poblaciones circundantes y las actividades productivas que estas realizan (pequeña agricultura y ganadería), junto al impacto ambiental sobre el entorno, produciendo el deterioro de recursos naturales renovables por deforestación, contaminación de ríos y cursos de agua, emisiones y polución del aire, hasta la pérdida irreparable de biodiversidad. Las externalidades ambientales, los daños (irreparables en muchos casos) a la naturaleza, así como los impactos socio-económicos reales y potenciales, son hechos normalmente “pasados por alto” en las estadísticas macroeconómicas; al dejar de ser asumidos (o asumidos solo parcialmente) y concomitantemente resarcidos a cabalidad por las grandes empresas, necesariamente conllevan el ahorro de costos y de aquí devienen en fuente de beneficios empresariales.

iii) La renta minera diferencial cuando hay sobreganancias por el alza de precios internacionales y que se apropian las grandes empresas debido a las generosas concesiones de irrestricto derecho de explotación de los recursos del “subsuelo” en los contratos suscritos con el Estado peruano, así como por las exoneraciones y/o reducciones impositivas; superponiéndose dichas concesiones y entrando en conflicto con derechos ancestrales/consuetudinarios de pueblos aborígenes, territorios indígenas y comunidades amazónicas o altoandinas.[15] En la práctica, esos contratos junto a otras normas legislativas y sectoriales operan como eficaces mecanismos de expropiación de tierras y territorios, concediendo la propiedad efectiva a terceros. Como sostuvo Marx (1981: 984): “[…] en general la propiedad de la tierra implica el derecho de los propietarios a explotar el cuerpo del planeta, sus entrañas, el aire, y con ello la conservación y desarrollo de la vida.”

Al ocuparse de las diversas formas de renta (diferencial, absoluta, minera y de otras formas de propiedad), en la sección sexta del libro tercero de El Capital, Marx incorpora la naturaleza en el análisis a través de uno de sus elementos representativos (la “tierra”), en la medida de su apropiación y monopolización (suelo, agua, minas). A Marx le interesaba explicar la generación de renta por la cuestión de la propiedad, siendo esta cuestión su punto de partida. [16] La interrelación naturaleza-economía a través del análisis de los flujos de materiales, energía e información, presupone la propiedad de los recursos y/o el monopolio sobre una parte del planeta como diría Marx; o los “derechos de propiedad” como lo denomina elegantemente la teoría económica universalmente aceptada, la cual es normalmente construida abstrayendo las condiciones históricas de la apropiación.

El incumplimiento de la oferta de campaña hecha por Alan García, de aplicar impuestos a las sobreganancias mineras y petroleras, hizo que el país perdiera US$ 5,000 millones entre el 2006 y 2008, desaprovechándose la extraordinaria coyuntura alcista de precios internacionales en estos mercados, antes de la implosión de la crisis financiera inmobiliaria en septiembre-octubre (Campodónico 2008). En el Perú, particularmente desde los años de Fujimori, las grandes empresas mineras y/o petroleras reciben todas las ventajas concebibles en la negociación con el Estado, de manera que se les facilita y hace expedito el objetivo de maximización de sus ganancias privadas, debiendo asumir el país un elevado costo de oportunidad para su desarrollo endógeno; costos de oportunidad que son no solamente económicos sino también políticos, sociales y ambientales. [17]

iv) La actividad turística y la progresiva transformación del turismo en una industria cultural cuya fuente de ganancia -o de renta- proviene de las modalidades de acceso, dominio, apropiación, manejo y control que son ejercidas sobre paisajes, áreas protegidas y otras formas de patrimonio natural, especies endémicas de animales y plantas, arte culinario, poblaciones “exóticas” o no contactadas que habitan en la amazonía, fiestas y costumbres, folklore, patrimonio histórico (López Maguiña y Portocarrero, et. al., 2007: 283-329).

Existen, por cierto, otras fuentes de excedente que estamos dejando de lado: los bajos salarios a los trabajadores formales y servidores del Estado (médicos, educadores, policías y soldados), el poder monopólico de las empresas en el otorgamiento de servicios (el caso de la telefonía fija que opera como un monopolio “natural”), el poder de la banca en el cobro de tasas de interés, el poder de los intermediarios y grandes distribuidores en la venta de productos de primera necesidad, la corrupción por malversación del dinero público y el narcotráfico. Una manifestación de la forma como se administra y asigna el excedente desde las alturas del poder político, fue el Decreto de Urgencia 001-2009, publicado el 3 de enero en el diario oficial y derogado al poco tiempo, en el cual los sueldos de los ministros de estado eran homologados al de los congresistas, lo que en la práctica equivalía a un aumento de hecho en los respectivos haberes. [18]

El Perú en la mundialización capitalista.

Hace más de 30 años Francisco Weffort (1972: 359) recomendaba abordar la dependencia como una cuestión inmersa o que debía ser necesariamente colocada “en el nivel general, supranacional,… de las relaciones de producción” capitalistas. Al respecto, la subsunción es una categoría relacional de la mayor relevancia, tanto teórica como práctica, para ayudarnos a replantear y reinterpretar dicho fenómeno. Esta categoría fue originariamente elaborada por Marx en el contexto de la tercera redacción de El Capital, es decir, de los manuscritos de 1863-1865 (Dussel 1990: 29-49; Marx 1985: 54-77), para dar cuenta de la relación de subordinación del trabajo al capital. Marx la expresaba de esta manera: “La dominación del capitalista sobre el obrero es… la de la cosa sobre el hombre, la del trabajo muerto sobre el trabajo vivo, la del producto sobre el productor…” (Marx 1985: 19). Aquí hacemos extensiva la subsunción a las relaciones económicas y políticas entre países, comprendiendo a incluidos y excluidos, para expresar la relación de dependencia en el “nivel general” de la globalización. Nos apoyamos también en la noción que representa la globalización en una red organizada de “fábricas mundiales” (Barreda 2005), o como una gigantesca factoría de generación de plusvalor (Romero 2006). Houtart (2003) utiliza la misma categoría de subsunción (formal y real) para ensayar la explicación del “por qué de la emergencia de tantos movimientos originados por grupos sociales no vinculados directamente con la relación capital-trabajo”, abstrayendo esta relación y el uso de esa categoría del escenario del sistema-mundo. En la relación capital-trabajo, que el capitalismo las expresa como una relación entre “cosas”, las determinaciones simples “capital” y “trabajo” se refieren respectivamente al “capital en general” y al “trabajo en general”, este último entendido por Marx como trabajo humano abstracto. Es el mismo craso error -y misma confusión- en que incurrieron muchos “críticos” que impugnando las “verdades” y vulgarizaciones consagradas por el “marxismo ortodoxo” pretendieron poner en cuestión el pensamiento del mismo Marx. Las consecuencias de esa confusión no son solamente teóricas sino de la mayor importancia política, para las perspectivas de la convergencia y de la eficacia política que a Houtart le interesaban en el marco del FSM. Para ponerlo de manera más concreta: el problema político y para efectos de la organización política-popular no se bifurca entre reivindicaciones salariales por un lado (para los “incluidos”) y en reclamos por bienes públicos del otro (para los “excluidos”). Otra cosa es que se lo siga entendiendo y manejando de esa manera por parte de la “izquierda tradicional”, las burocracias sindicales y los diversos reformismos, limitando así nuestras perspectivas de comprensión y capacidad de construcción de alternativas.

En el modelo representado por el gráfico la subsunción está expresando el “acto por el que una parte es asumida por el todo” (Dussel 1985: 58), donde la “parte asumida” significa que es succionada, es decir, implica succión, extracción de plusvalor a escala ampliada y, por eso mismo, “subordinación” de las condiciones de trabajo y de vida en el territorio o país cuyos recursos son efectivamente succionados/ subsumidos, tanto formal como realmente, por la potencia hegemónica o el sistema como un todo. En este sentido, no hay ninguna duda acerca de cuál es el todo.

La Nueva Dependencia: subsunción real de espacios

y territorios al sistema del capital globalizado[19]

Elaboración. Antonio Romero.

Enfocando de esa manera el problema de la dependencia, valiéndonos de la categoría de subsunción, la premisa o, mejor dicho, el “factor clave” viene a ser entonces el capital y la relación capitalista (no el Estado-nación) en la que se fundamentan las variadas relaciones entre espacios, territorios, países, regiones y continentes enteros. En consecuencia, es la relación de dependencia la que debe ser explicada en el marco del orden capitalista globalizado, donde el estado-nación cumple nuevos roles, antes que en los términos de la relación interno-externo entre países centrales y países periféricos, desarrollados y subdesarrollados. [20] Estas perspectivas (manejadas mediante las categorías de centro-periferia y desarrollo-subdesarrollo) basadas en la relaciones entre estados-nación y que alimentaron el estadocentrismo de las ciencias sociales latinoamericanas, fueron válidas en su momento (hasta mediados de los 70), pero han visto debilitarse su poder explicativo por las grandes transformaciones mundiales desde los 80 y 90. Estos enfoques se abstraen de una perspectiva de clase, en el sentido que la clase de los capitalistas resulta de un proceso inextricable de exclusión y de polarización de la desigualdad, que a su vez es la necesaria contrapartida de la acumulación “interminable” de capital.

Tampoco se trata de abandonar del todo el “problema nacional”. Este debe ser replanteado y redimensionado en las nuevas condiciones históricas de actuación del capitalismo, entre la cuales está su escala global y su desenfrenada propensión a la integración expoliadora de territorios y espacios “nacionales”, de comunidades y pueblos enteros; todo esto eufemística-mente presentado como “integración de mercados”. En este marco deben ser situados los tratados de libre comercio promovidos por Estados Unidos con países latinoamericanos individualmente considerados. Tras varios años de negociaciones “técnicas” en secreto, iniciadas por el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), el Perú representado por el gobierno de Alan García firmó con EEUU (16 de enero, en Lima y Washington, respectiva-mente)  la puesta en vigencia del TLC bilateral a partir del 1 de febrero 2009.

Las cuestiones del imperialismo por desposesión (Harvey 2005) y la desterritorialización de los estados-nación (Gudynas 2005) se hallan inmersos en el mismo contexto. En cambio, los espantosos e infames bombardeos israelíes sobre poblaciones palestinas inocentes de la franja de Gaza, so pretexto de combatir el “terrorismo” del grupo Hamas, junto a la estrategia de ocupación que el estado israelí lleva a cabo en dicho territorio, contando para todo esto con el aval de los EEUU, ejemplifica al imperialismo por imposición. Para ponerlo de una manera muy burda pero quizás mejor comprensible: el capital se engulle al mundo y está haciendo lo mismo con el planeta entero.

Aplicando estas consideraciones al Perú, nuestro país tiene actualmente una configuración económico-productiva donde los medios de producción así como los bienes de consumo “modernos” son adquiridos del exterior. Los sectores de producción I y II de Marx, que guardan correspondencia con esas categorías, respectivamente, son dominados por empresas transnacionales con presencia en todo el globo. Dentro de este contexto mundial, un país como el Perú basa su desarrollo no en sus propias fuerzas productivas endógenas, sino más bien en la “dependencia” de importaciones de bienes y servicios “modernos”, que se obtienen con las divisas proporcionadas por las exportaciones. A diferencia de lo que ocurría con el desarrollo primario-exportador del periodo 1890-1930, donde el capitalismo subsumía formalmente y convivía con relaciones de producción precapitalistas; el “desarrollo peruano” ha transitado hacia un nuevo “modelo”, en el cual, sin romper del todo con el patrón anterior (lo cual se expresa en marcadas desigualdades regionales), nuestro país se encuentra subsumido mediante la tecnología y los métodos de producción modernos (subsunción real) a la acumulación de capital a escala global. En este nuevo contexto, el Perú o porciones de su territorio han pasado a ser nodos que son integrados en una red más vasta. [21]

Todas las políticas que se afana en implementar el segundo gobierno de Alan García en el Perú, y el propio presidente en particular, están en sintonía con el proceso arriba descrito. Nos referimos a las contenidas en el “huayco legislativo” de mayo 2008, relativas a concesiones de tierras comunales, aguas (cuencas hidrográficas), bosque amazónico, recursos genéticos, así como a la inversión extranjera en minería y petróleo, privatización de las empresas públicas sobrevivientes (como la entrega de los puertos en el pacífico), entre otras. Son políticas que, miradas desde los intereses del gran capital y sus socios “nacionales”, tienen coherencia con la economía política de la globalización, la cual se encuentra ideologizada por el discurso etéreo sobre el crecimiento y las “bondades” de los mercados. Las propias declaraciones públicas del presidente García llevan ese mismo discurso hasta el delirio: la crisis financiera internacional es vista por él como una “crisis de crecimiento” (!!), que repite incansablemente desde que lo enunciara en el marco de su discurso en el CADE 2008. Expresiones como esta solo logran poner en evidencia la falencia y pobreza de ideas de un paradigma económico que se ha agotado hace mucho tiempo, cuya persistencia persigue deliberadamente la negación de la totalidad del mundo: “Existe una deformación cultural en nuestra civilización que empuja hacia la fragmentación del conocimiento, hacia la negación del mundo como totalidad, como sistema complejo en movimiento.” (Beinstein 2008).

Desde el marco interpretativo -muy apretado por cierto- que ponemos a consideración para profundizar la reflexión y el debate sobre las alternativas en el Perú y nuestra América Latina, también puede entenderse hacia donde conducían en el mediano y largo plazo las políticas neoliberales, que de manera porfiada y persistente, son implementadas desde los años de Fujimori; con relación a las cuales las políticas de “estabilización” y “ajuste” ortodoxo, desde mediados de los 70 y toda la década de los 80 (exceptuando el “experimento heterodoxo” de 1985-1987) fueron condición sine qua non, pues la “exitosa” gestión económica de los 90 descansaba necesariamente en la premisa de lograr primeramente el sometimiento -económico y político- de los trabajadores organizados, deteriorar sus condiciones laborales y derrotar toda manifestación de resistencia o de defensa del salario real frente a la elevada inflación, a fin de (sacrosanto propósito) mantener o proteger las ganancias, así como cargar sobre las mayorías populares los costos sociales de la crisis.

Podemos apreciar, entonces, que el capital en el Perú sí tenía una política económica de largo plazo para el periodo post Velasco (1968-1975), la cual fue tomando forma y direccionalidad a través de las secuelas y estragos que fueron dejando sobre la sociedad peruana, y a través de la cual sabía por ende el rumbo a seguir y hacia donde quería llegar. Hoy vivimos las secuelas y consecuencias de esa política, habiendo llevado al país al nuevo escenario expresado por el gráfico anterior. En tal sentido los más de 30 años que corren desde la segunda mitad de 1975 hasta la fecha, pueden ser considerados como una larga transición histórica desde la perspectiva del capitalismo en el Perú, que el sr. García ha coronado exitosamente con la suscripción del TLC con una superpotencia hegemónica, nada menos que con los Estados Unidos cuya hegemonía económica languidece desde hace tiempo mediante crisis recurrentes, a pesar que se mantiene por la fuerza de su poder militar; y la crisis más reciente está llevando a ese país hacia una severa recesión. En el caso peruano, las políticas económicas fueron el instrumento económico y político privilegiado para azuzar los cambios que necesitaba el capital en el Perú. Refiriéndose a las políticas de estabilización y ajuste Schuldt (2005: 373) destacaba que “sus efectos ni se limitaron al corto plazo, ni afectaron solo las variables macroeconómicas, sino que inevitablemente…tuvieron consecuencias que llevaron a un cambio radical en el modelo de acumulación, de estructuración sociopolítica y de inserción internacional”. Desde este punto de vista, el estado-nación fue utilizado con el doble propósito de apuntalar la dinámica capitalista en el país y asegurar hacia fuera la subordinación dependiente de la economía y sociedad peruanas, formando parte de un engranaje mayor que las sobredetermina: el “Estado Transnacional” o ETN. [22] Ello fue así a pesar de la ideología sobre la “ineficiencia” del Estado o del “estado mínimo”. Al mismo tiempo que componente de un engranaje mundial, se pone en entredicho la “autonomía relativa” y la capacidad soberana del estado-nación para decidir sus asuntos internos, cuestiones sobre las cuales existe un extenso debate suscitado por las tesis de Imperio de Hardt y Negri.

Las connotaciones políticas que contiene la “nueva dependencia”, en el sentido que hemos explicado, son igualmente graves y aquí esbozamos solo algunas proposiciones básicas. 1º] Para romper con esa nueva dependencia, es necesario romper con el sistema y no solamente con respecto a un país dominante por muy “potencia” que este sea. 2º] La ruptura no puede consistir en una declaración política o manifestación de rechazo al poder imperial de otro estado; debe ser asumida como el resultado necesario de un proceso político y una difícil transición histórica, desde las propias condiciones internas pero también internacionales. 3º] Desde este último punto de vista, la ruptura de un país “dependiente” tiene que apoyarse, en lo posible, en una alianza continental o al menos haciendo causa común de intereses -formando un bloque- con países vecinos, o con fuerzas políticas, sociales y populares similares de estos mismos países.

Si echamos una vista al entorno geopolítico del país, encontramos un escenario complicado para las fuerzas sociales y políticas de la transformación. Con Chile el Perú mantiene un diferendo marítimo que ha llevado a la Corte de Justicia de La Haya, y nuestro vecino del sur, mejor dicho, los grandes grupos capitalistas de ese país, tienen importantes intereses y crecientes inversiones en actividades claves para la economía y sociedad peruanas. Con respecto a países muy similares al Perú, como Bolivia y Ecuador, el régimen neoliberal de García fue adoptando una creciente distancia tanto en el terreno de la diplomacia común (léase: Comunidad Andina de Naciones), como en el contexto de las vinculaciones comerciales con EE.UU. (TLC) y las posturas frente al régimen bolivariano de Chávez en Venezuela. El único aliado efectivo de García en la región es el que representa el gobierno igualmente neoliberal de Álvaro Uribe en Colombia, que hace su propio juego sirviendo y complaciendo los intereses norteamericanos y está ocupado en sus propios asuntos internos; aparentemente desentendido y reñido con la ola de cambios democratizadores que ha venido experimentando la subregión en los últimos años.

De este rápido recuento las relaciones peruano-chilenas atraviesan, desde hace varios años, por tensiones políticas y diplomáticas que ambos estados manejan en el terreno de la mesa de negociaciones; aunque la confrontación militar no está del todo descartada, sobre todo por parte de Chile, dados los preocupantes niveles de gasto militar de sus fuerzas armadas. La instauración de un hipotético gobierno “nacionalista”, la llegada al poder -mediante elecciones- de un frente izquierdista,  la proyección de una coalición de fuerzas “progresistas” y antineoliberales en el Perú, con altas posibilidades electorales, serían inmediatamente mal vistas como amenazas por las elites internas así como por los intereses chilenos afincados en el país. En cualquiera de estos casos el riesgo de la guerra sería solo una cuestión de tiempo, con consecuencias más devastadoras que la de 1879-1883. [23] Una pregunta interesante es ¿por qué no ha ocurrido con Bolivia ni Ecuador, pero sí podría ocurrir con el Perú? Los conflictos autonómicos en Bolivia y la penetración militar norteamericana en Ecuador, a través del affaire de la guerra contra el narcotráfico y la guerrilla colombiana, dan una pauta del “menú” de estrategias que el imperio tiene para cada país. Incluso no sería nada extraño que ese hipotético escenario de guerra y una nueva ocupación chilena del país -esta vez más prolongada- fuera instigada o permitida por los propios EE.UU. que verían al Perú como un Estado canalla si aquello ocurriera; esto es, “un Estado que desafía las órdenes de los poderosos” (Chomsky 2001: 45). Lo que ha venido ocurriendo en el Oriente Próximo, y lo acontecido años anteriores en Cuba, Vietnam, Timor Oriental, Kosovo, Irak y tantos otros rincones del mundo, hechos narrados y documentados magistralmente por Chomsky, ilustran fehacientemente el grado de intolerancia así como “una línea de conducta que…provoca una escalada en las atrocidades y la violencia;…una línea de conducta que socava -y que quizá destruye- los prometedores avances democráticos” (Chomsky 2001: 64). ¿Reproducirá esta línea de conducta el gobierno de Barack Obama, sometido por la presión de los “halcones”? No solamente los republicanos, Kennedy y Clinton también la siguieron. [24]

Lima, noviembre 2008 - enero 2009

Antonio Romero

 Economista político y colaborador de Globalización. Se desempeña como consultor, investigador y planificador (economía urbana, desarrollo económico local y regional). E-mail: aromrey@ec-red.com

Notas

[1] “las crisis políticas se hallan frecuentemente relacionadas con crisis morales o con situaciones de descontento ciudadano, de carácter más profundo. El descontento ciudadano característicamente involucra un sentido de dislocamiento histórico, una reacción contra la clase política, y una desilusión de las nociones de progreso social.” (Alcalde: 2004: 35). Véase también Schuldt (2005: 285-321).

[2] Escándalo de los petroaudios­: conversaciones telefónicas divulgadas por un programa de televisión el 5 de octubre 2008, donde un ex-ministro aprista hace lobby con altos funcionarios para asegurar la concesión de 5 lotes petroleros en la costa norte a favor de la empresa noruega Discover Petroleum, salpicando dicho escándalo hasta las altas esferas del gobierno. “Al conocerse la íntima relación entre [Rómulo] León, [Fortunato] Canaán, [Jorge] Del Castillo y otros ministros, a través de los petroaudios, saltó una crisis política en el gobierno que fue resuelta con la renuncia del entonces premier y todo su gabinete.” (La Primera, 6 de enero 2009, p. 3).

[3] Cotler (1978), páginas 33, 35, 45, 46, 58 y 69.

[4] Los artículos fueron publicados en el diario de circulación nacional El Comercio (28 de octubre y 25 de noviembre 2007, 2 de marzo 2008). En mayo 2008, aprovechando la cesión de competencias  legislativas del Congreso, el gobierno de García lanzó un “paquetazo” de más de 100 decretos legislativos entre los que se encontraban el 1075 y 1073, conocidos popularmente como “Ley de la Selva”, que promovían la compra-venta de tierras y territorios, indígenas y comunales, en la sierra y amazonía del país. La protesta y movilizaciones fueron inmediatas, ejerciendo una fuerte presión social sobre el Congreso que procedió a derogarlas en sesión plenaria del 22 de agosto. Sin embargo, esos decretos no eran los únicos que afectaban los derechos de posesión o de propiedad de las comunidades andinas y amazónicas. Las opiniones políticas del presidente García, denotando desprecio y desdén por la protesta social durante esos meses, han sido graficadas como un “tufo colonial” por Adrianzén (2008). Las tesis relativas al «perro del hortelano» son discutidas considerando su contexto histórico y teórico más amplio en Romero (2008a: 13-34).

[5] En el caso peruano, “a diferencia de otros, no ha existido un corte histórico desde el siglo xvi que haya significado un momento nuevo y diferente en su formación social, y condicionado su desenvolvimiento subsiguiente.” (Cotler 1978: 15). La cursiva es del autor. Para una apreciación crítica de los méritos e inconsistencias de esta obra véase Rochabrún (1978: 69-84). Compartimos una de las valoraciones finales de Rochabrún (1978: 82) al libro de Cotler: “La gran lección que nos deja este libro es que es en la clase dominante donde se encuentran los sentimientos de fracaso, y que necesariamente tendrán que ser compartidos por sus ideólogos y por quienes añoren una democracia liberal como meta absoluta de la historia. Pero no es lo único que palpita en él; y quizá a contracorriente de las premisas y tesis que el autor destaca, en sus páginas flota una conclusión que hacemos nuestra: No es posible construir la Nación desde el Estado; vale decir desde arriba. Que sepamos, en el Perú todavía tiene sentido intentar lo contrario.”

[6] Seguimos la periodización de Thorp y Bertram (1985).

[7] Nótese la diferencia entre nuestro gráfico y el que representa por separado la economía -“cerrada” o “abierta”- como una relación circulacionista, es decir, entre flujos de dinero, de los manuales convencionales con que se forman los estudiantes de economía. Nosotros sostenemos, en cambio, que detrás del fetichismo de cada “cosa” puesta en circulación por el capital, y que la mirada del economista convencional es incapaz de penetrar, circulan también relaciones sociales de explotación.

[8] Coincidimos con la siguiente apreciación de Javier Iguiñiz: “… el problema fundamental puede resumirse en la afirmación de que el modelo teórico de R. Webb hace del problema de la distribución del ingreso algo independiente de las condiciones sociales necesarias para la generación y ampliación de dicho ingreso en el Perú.” (Iguiñiz 1977: 180).

[9] Véase p. ej. FitzGerald (1981: 129-146) y los trabajos publicados del economista argentino Daniel Carbonetto, principal mentor de la política económica heterodoxa en el Perú y asesor del presidente García en su primer gobierno. Gran parte de la historia económica de Thorp y Bertram (1985) está escrita desde la perspectiva del sector moderno, tal como lo reconocen en el prólogo a la edición en castellano de su importante libro.

[10] “Una característica importante del período bélico fue, por lo tanto, la ampliación de la influencia norteamericana en el Perú, fenómeno que se dio en todos los niveles: misiones culturales, asistencia de expertos en salud pública y ayuda militar, además de los acuerdos económicos. Esta influencia sirvió para cimentar los fuertes sentimientos pro-norteamericanos, incluso en el Partido Aprista, anteriormente nacionalista, que durante este período dio un vuelco total al renunciar a sus ataques al imperialismo norteamericano, alabar la política estadounidense y abandonar sus ataques al capitalismo en general. El resultado directo de esta disolución del sentimiento nacionalista durante la guerra fue que la resistencia a la renovada penetración en la economía nacional del capital norteamericano fue fuertemente debilitada desde el principio, cosa que se hizo aun más evidente a fines de la década de 1940.” (Thorp y Bertram 1985: 283-284).

[11] El análisis histórico y político exhaustivo durante los años del “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas” es proporcionado por Quijano en sus artículos publicados en Sociedad y Política (Nº 1 y 3 al 8), entre 1972 y 1980. Véase también Quijano (1971) cuya revisión crítica de las políticas gubernamentales, así como el examen de la articulación de la sociedad peruana con el imperialismo, cubre desde octubre 1968 hasta marzo 1971. En lo que parece ser una apreciación académica apresurada, hecha a la ligera, o imbuida de resentimiento, Rochabrún (2007: 27) caracteriza esos análisis de “talante ‘catastrofista’”.

[12] Sobre los avatares de las relaciones entre los grupos empresariales peruanos, el poder estatal y las políticas gubernamentales, especialmente desde 1968 en adelante, véase Durand (1982; 2004); Campodónico, Castillo y Quispe (1993); Vásquez (2005).

[13] Los mapas del IIRSA se pueden apreciar en www.fobomade.org.bo/ifis/mapas/. Según Zibechi (op. cit.): “[…] la forma como se está implementando es muy grave, ya que los proyectos se están llevando adelante en silencio. […] los proyectos vinculados a la IIRSA se vienen realizando sin participación de las sociedades civiles ni de los movimientos sociales, sin información por parte de los gobiernos. […] En paralelo, se están construyendo los proyectos en partes para más tarde enlazarlos, lo que impide la vigilancia y control de las poblaciones afectadas y facilita que se burlen las leyes ambientales.”

[14] Cf. Suplemento Domingo de La República, Lima, 5 de agosto 2007, p. 11.

[15] La más reciente muestra de “generosidad” del gobierno aprista para con el capital internacional, fue la dación del decreto supremo 024 -publicado en el diario oficial el 27 de diciembre 2008- que concede 35 denuncios mineros a la empresa Zijin de China, en un radio de 50 km cerca de la frontera norte con Ecuador, en el marco del proyecto Río Blanco con potenciales impactos ambientales y sociales sobre las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba.

[16] Es en este contexto que deben entenderse afirmaciones como: “la tierra no es el producto del trabajo, y en consecuencia tampoco posee valor alguno” (Marx 1981: 802); “la fuerza natural no es la fuente de la plusganancia, sino sólo una base natural de la misma, por ser la base natural de la fuerza productiva excepcionalmente elevada del trabajo” (op. cit., p. 831); “En todas partes donde las fuerzas naturales sean monopolizables y le aseguren al industrial que las emplea una plusganancia -trátese de una caída de agua, de una fructífera mina, de aguas abundantes de pesca o de un solar bien ubicado-, la persona cuyo título sobre una parte del globo terráqueo la caracteriza como propietario de esos objetos naturales le intercepta esa plusganancia, en la forma de renta, al capital actuante.”  (Op. cit., p. 983). Podemos deducir que, al menos en estas citas, Marx estaba pensando en el territorio y sus elementos (“fuerzas naturales”).

[17] “[…] los países con muchos recursos son países ricos con gente pobre, y parte de [la] explicación es que no son realmente países ricos. Están siendo convertidos en pobres: los recursos están siendo extraídos, los puestos de trabajo están siendo destruidos y la situación del país en realidad no mejora.” Stiglitz (2008: 23). Refiriéndose a los contratos suscritos en el Perú, Iguíñiz (2008: 36) ha señalado: “[…] muchos se hicieron en un momento en que el país estaba en el fondo de un desastre tan gigantesco, que prácticamente hubo que regalar a la inversión extranjera muchas concesiones. La pregunta es si seguimos en la misma situación de desastre.”

[18] Cf. “En plena crisis, García sube sueldo a ministros”, La Primera, 4 de enero 2009, p. 3.

[19] Las citas siguientes refuerzan la forma y contenido del gráfico elegido: “Marx piensa el capital como una ‘progresión en círculo’” (Dussel 1990: 40). “La producción capitalista no es solo reproducción de la relación; es su reproducción en una escala siempre creciente…” (Marx citado por Dussel 1990: 47).

[20] Para una reseña del debate dependentista en torno a la relación interno-externo véase Dos santos (1998).

[21] “Para mantener esos nodos y flujos en operación efectiva, el Estado es indispensable. En otras palabras, el Estado se convierte en un mediador necesario de la desterritorialización, ya que de esa manera se asegura la extracción de recursos desde distintos sitios y se los articula dentro de cadenas productivas transnacionalizadas.” (Gudynas 2005: 11).

[22] “Este ETN comprende a aquellas instituciones y prácticas en la sociedad global que mantienen, defienden y hacen avanzar la hegemonía emergente de una burguesía global y su proyecto de construir un nuevo bloque histórico capitalista global. El aparato del ETN es una red emergente que comprende estados-naciones transformados y externamente integrados, junto con los foros políticos y económicos supranacionales que no han adquirido todavía una forma institucional centralizada. El ascenso de un ETN entraña la reorganización del estado en cada nación […] y esto envuelve simultáneamente el ascenso de instituciones políticas y económicas verdaderamente supranacionales. Estos dos procesos –la transformación de los estados-nación y el ascenso de instituciones políticas y económicas supranacionales— no están separados ni son mutuamente excluyentes. En los hechos son dimensiones gemelas del proceso de transnacionalización del estado. […] es central que bajo la globalización el estado nacional no se desvanece sino que llega a transformarse con respecto a sus funciones y llega a ser un componente funcional de un ETN más amplio.” (Robinson 2000).

[23] La Guerra del Pacífico de la que el Perú y Bolivia salieron militarmente derrotados, y con el cercenamiento de territorios ricos en recursos naturales (cobre y salitre) permitió develar -históricamente hablando- hacia donde apuntaba el “proyecto nacional” de la burguesía chilena.

[24] Véase el número especial de ALAI dedicado a las expectativas latinoamericanas con relación al nuevo gobierno demócrata de Barack Obama (ALAI 2008).

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