Una de las acusaciones que se hace en América Latina a las transnacionales mineras es la de provocar divisiones y enfrenamientos en las comunidades. Eso es lo que exactamente sucede en estos días en el Ecuador. La aprobación de una Ley Minera por parte de la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional ha constituido como un parte-aguas entre el gobierno de Rafael Correa y el movimiento indígena, comunidades campesinas y grupos ecologistas quienes cumplieron este 20 de enero una jornada nacional que incluyó cierre de carreteras y movilizaciones en varias provincias.

Se trata de un forcejeo que puede traer consecuencias mayores. El presidente Rafael Correa, luego de su enfrentamiento con la derecha, ha escogido como sus adversarios al movimiento indígena, representado por la CONAIE, a los sindicatos, a las ecologistas. En sus intervenciones públicas, en forma reiterada, les ha lanzado una serie de calificativos (“ecologistas e indigenistas infantiles”, “no representan a nadie”, “desestabilizadores”, etc.) y graves acusaciones - no comprobadas- como las de estar financiadas por transnacionales, etc.

Contando con una popularidad del 70% al cumplir dos años en el gobierno (algo inédito en el Ecuador), no ha sido difícil para el presidente Correa hacer que la Comisión Legislativa, en la que tiene una holgada mayoría, apruebe una Ley Minera que busca atraer grandes capitales de corporaciones transnacionales para “financiar el déficit de la balanza comercial provocado por la crisis mundial”, como plantea el sociólogo Alejandro Moreano.

El proyecto aprobado, según el gobierno, contempla fuertes medidas de protección ambiental y cuidado del agua, estableciéndose, además, áreas donde está prohibido explotar minerales y varias causales de caducidad de las concesiones, planteando, además, recuperar más del 50% de beneficios para el Estado.

Del lado de quienes cuestionan la Ley Minera hay una gran desconfianza con las promesas de que a través de la extracción de recursos naturales vamos a salir de la pobreza. Cerca de cuarenta años de explotación petrolera en la región amazónica ha significado deforestación, contaminación, exterminio de los pueblos indígenas, pobreza, prostitución. Las comunidades indígenas y campesinas conocen, además, la experiencia de otros países en los cuales la gran minería no ha solucionado ningún problema.

El movimiento indígena, especialmente ECUARUNARI, ha sido muy claro en rechazar cualquier insinuación de que su lucha es manipulada o que tenga un carácter desestabilizador. Esta agrupación ha apoyado políticas del gobierno como el no pago de ciertos tramos de la deuda externa considerados ilegítimos, la incautación de los bienes de los banqueros prófugos de la justicia, el dar por terminado el convenio con Estados Unidos para la utilización de la base de Manta para los fines militares estadounidenses, etc. Esta posición se diferencia de pequeños grupos de izquierda radical que no ven ninguna virtud al gobierno de Correa al cual acusan de “haber profundizado el neoliberalismo” y de estar “sometido a la transnacionales”.

El panorama no es alentador y da pábulo para que la derecha pesque a río revuelto. Los grandes medios, convertidos en actores políticos, ven la oportunidad propicia para exacerbar las contradicciones entre opositores y detractores de la Ley Minera. Por ello, como nunca lo han hecho, abren sus micrófonos y pantallas para todo aquel que cuestione el gobierno.

Las movilizaciones del 20 de enero dejaron el saldo de 6 policías heridos y 10 indígenas detenidos, a quien el gobierno anuncia que los enjuiciará. Mientras los voceros del gobierno dicen que la movilización fue débil, la CONAIE señala que “pese a la gran represión y control policial, miles de indígenas movilizaron y manifestaron pacíficamente en las principales capitales del país y se entregaron sendos manifiestos con sus reivindicaciones en manos de los gobernadores. En Imbabura, Pichincha, Latacunga, Ambato, Guaranda, Pastaza y Macas, las movilizaciones fueron de gran presencia”.

La CONAIE, igualmente, denuncia “la gran ofensiva de medios y propaganda del gobierno y que la propaganda en televisión a favor de la ley minera y de las políticas neoliberales fue intensa a lo largo del día para manipular a la ciudadanía y crear confusión”.

Sobre el proyecto minero, conversamos con Gloria Chicaiza, activista de Acción Ecológica, quien tiene una gran experiencia en este tema.

De esta nueva ley minera aprobada, ¿cuáles son los puntos más cuestionables por parte de los ecologistas, de los movimientos sociales?

Uno de las cosas que hemos estado sosteniendo es que se le da trato igualitario a las empresas transnacionales, que era uno de los puntos principales por el cual nos oponíamos al TLC. En el artículo 31, no sabemos si por error o por manipulación, se menciona que se les dará excepcionalmente a las empresas públicas concesiones, me imagino que por intentar salvar el hecho de que excepcionalmente se les dará a las transnacionales metieron en un mismo costal a las públicas también.

Otra cosa que nos parece fundamental es el tema del agua, porque se menciona que se requerirá el permiso de la autoridad única que es la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), pero el hecho de fondo es que para hacer actividad minera se requiere ingentes cantidades de agua, y se prevé la utilización de lagos, lagunas, ríos, cauces de ríos, cuencas y se menciona incluso que una vez utilizada se devolverá a estos mismos sitios el agua tratada y sin contaminación, lo cual no es posible.

Otra cosa es que se garantiza la operación de las empresas mineras a través de las servidumbres, dándoles la potestad de utilizar la cantidad de tierra que quieran, la infraestructura que quieran mismo si es pública y abajo en el inciso b, se habla incluso de cualquier otra cosa que necesiten así de manera abierta. Esto garantiza que puedan operar las mineras y le quita los derechos colectivos a las poblaciones indígenas, incluso a los propietarios individuales de tierras, que pudieran tener ahí su propiedad para poder acceder a estos sitios bajo esta figura de concesiones.

¿Por qué cree que el gobierno tiene apuro en aprobar esta ley minera?

Parece que el apuro principal se debe a las elecciones, porque si no, nosotros tampoco entendemos cuál es el apuro, porque este es un momento perfecto para parar la actividad minera de gran escala, para no abrirnos a esa posibilidad, porque estamos en crisis financiera internacional, ha bajado a más de la mitad el precio del cobre. Creemos que la crisis es una oportunidad porque en época de crisis tenemos que cuidar lo que tenemos y vamos a sobrevivir con lo que tenemos y lo que tenemos es agricultura, es agua, somos un país que se da de comer a sí mismo, es una cosa que no se está valorando.

La prensa dice que el Gobierno apunta a cuatro proyectos específicos grandes que ya están concesionados, ¿podría hablarnos de estos?

Son 2 en Zamora Chinchipe y 2 en Azuay. En Zamora está lo que conocíamos como Aurelian y que ahora es de Kinross Gold Corporation ciento por ciento, además se vendió en época del mandato minero, esa empresa y sus concesiones debieron ser revertidas porque además, por el artículo 3 del mandato minero, ellas estaban en bosques protectores, en zonas de fuentes hídricas, esto debió ser revertido pero no se lo hizo. La otra es Ecuacorrientes que está en la Cordillera del Cóndor y que también debió ser revertido por acción del mandato minero y tampoco se lo hizo. El proyecto Aurelian, ahora Kinross es de oro, el de Ecuacorrientes es de cobre. Los otros dos están en Azuay, son el Proyecto Quimsacocha en Tarqui, Victoria del Portete (de AMGOLD Corporation), y el Proyecto Río Blanco de la International Minerals Corp. (IMC) en Molleturo, que es un proyecto de oro.

La ley se hace en este momento casi con dedicatoria para estos cuatro proyectos porque son los que el Presidente está promocionando. El presidente de la Asamblea Legislativa (Fernando Cordero) ha dicho que deberíamos reconocer lo que se ha incorporado en el artículo 16 mencionando que no se hará actividad minera en áreas que no estén planificadas de acuerdo a un reordenamiento territorial, desgraciadamente eso no va a ser posible, porque la minería se tiene que hacer donde haya los minerales. No se puede planificar que se hagan en cualquier lado, se tienen que hacer donde haya minerales; y el Banco Mundial, ya prospectó y ya hizo un mapa minero donde dice que el potencial es un 20% del territorio ecuatoriano, del Carchi al Macará, y sobre ese potencial minero es donde están las empresas ahora y desde allí se van a seguir extendiendo. Están sobre fuentes de agua, sobre territorios indígenas, sobre zonas boscosas, sobre las zonas más habitadas del país, sobre las zonas cultivadas del país.

El gobierno dice que va a haber un riguroso control del medio ambiente, que hay muchas causales para declarar la caducidad de las concesiones.

Desgraciadamente la minería en todas las partes del mundo donde opera comete una serie de atrocidades, y lo que dice la ley que se acaba de aprobar no está reconociendo ni siquiera los avances en el sistema ambiental que hemos tenido en el Ecuador, porque en la ley se prevé los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental. Nuestra ley de gestión ambiental ya plantea otra serie de cosas en donde el estudio de impacto ambiental es solo uno de los requisitos, de manera que ni siquiera la ley es rigurosa con eso. Está bien que se hayan incorporado algunas otras causas de caducidad que en la actual ley no estaban presentes, pero no es posible controlar los daños. Por ejemplo, una de las cosas que se pone en materia ambiental es que donde se haga deforestación se tendrá cuidado de volver a reforestar. Eso no se puede. Por ejemplo, la empresa Ecuacorrientes menciona que va a hacer un hueco de un kilómetro de diámetro, es decir solamente el hueco, que es una parte de la mina, es de un kilómetro y va a estar abierto durante años, años y años, y no se va a cerrar. Eso no es posible reforestar, y una vez que la empresa se vaya lo que plantea es hacer un lago, un lago tóxico porque van tener que poner agua y agua limpia, van a utilizar el río Quimiag, el río Zamora, para llenar ese lago, que no puede ser estancado, entonces van a tener que meter agua y sacar agua en cantidades, y esa agua ya no es agua limpia. Ese hueco no se va a cerrar jamás, entonces tiene impactos que son irreversibles.

¿La ley minera contradice o no a la Constitución en algunos artículo?

Sigue contradiciendo, en algunos artículos, por ejemplo se menciona que no se va a hacer actividades en áreas protegidas, sin embargo la ley si dice que se va a hacer excepcionalmente, desgraciadamente no sabemos cuántas veces porque la ley se reitera cinco veces la excepcionalidad, entonces no sabemos cuántas veces se va a hacer uso de la excepcionalidad para poder hacer minería en áreas protegidas.

El gobierno tendría previsto ingresos por miles de millones de dólares por explotación minera, recursos que necesita para inversión social. ¿Qué opinan de eso?

Nosotros creemos que la minería en vez de aportar, quita. Quita en términos de trabajo, porque no aporta, la minera entre más tecnificada menos capacidad de dar trabajo tiene, pero por otro lado desplaza actividades como la agricultura, que si es trabajo también. El gobierno ecuatoriano está apostando a lo que dicen las empresas, el gobierno no ha tenido la oportunidad de hacer exploración, no sabe si es cierto o no es cierto, son las empresas las que tienen la información, y son ellas las que están afirmando este potencial minero que no sabemos si existe o no existe. De hecho, las empresas que han hecho esta exploración y que han afirmado esto, ya no están en el país algunas de ellas, la empresa Aurelian ya se fue, ya le vendió a la Kinross, la empresa Ecuacorrientes en este momento está haciendo negociaciones con una empresa china. Entonces nos venden el cuentito, dejan libre el camino para que ingresen otras empresas, y que pueden llegar a ser experimentos nefastos en nuestro país, ni siquiera de mineras grandes. Estas empresas están sosteniendo que tienen unas cifras y manejando las categorías de las reservas posibles, de las probables, de las probadas, de igual manera. Entonces necesitamos hacer un estudio que sea riguroso, que sea serio para saber cuánto tenemos. Hace un par de meses decían que tenemos 210 mil millones de dólares, ahora dicen 110 mil millones, con los precios como están bajado es imposible saber si son ciertos esos potenciales de los que ellos nos están hablando. El economista Alberto Acosta hizo una aproximación interesante, y él decía, si les creemos a los empresarios mineros y sacamos minerales en 25 años, va a ser menos de lo que los afectados por la empresa Texaco están demandando, ellos están pidiendo 24 mil millones de dólares por la afectación de la Texaco en un sitio focalizado, y lo que ganaríamos, de acuerdo a los argumentos de los empresarios mineros, son 11 mil millones de dólares en 25 años, lo cual no es muy rentable, y no es muy comprensible, tomando en cuenta todo lo que perdemos en términos culturales, sociales, ambientales, económicos, porque no es posible que haya minería sin que se afecte las actividades y las economías locales que en el fondo nos sostienen a todos.

Hay sitios en Bolivia, por ejemplo, que por la minería han perdido la capacidad de sustento y nosotros todavía logramos sostenernos con gran eficiencia, porque es la agricultura pequeña la que nos da de comer y es por el agua y la tierra lo se pelean las mineras, entonces van a terminar desplazando a las comunidades locales que generan la comida y las zonas donde se genera el agua.

En relación a los ecologistas y el movimiento indígena, reiteradamente el presidente Correa los ha calificado de minorías, infantiles ¿Cómo responden a eso?

Hay un economista reconocido que se llama Joan Martínez Alier que a los gobiernos que le apuestan a la extracción de recursos les llama desarrollistas seniles. Sin embargo yo creo que cuando no se tiene más argumentación se empieza a descalificar actividades, acciones, Creo que con eso lo único que hace es polarizar más y fortalecer más las acciones de resistencia que se puedan presentar a estas políticas que en el fondo se aparecen a otras que ya han pasado. Esa ley es como la “trole 2”, impuesta al apuro y que también tienen unos visos bien profundos de neoliberalismo, porque está favoreciendo otra vez a empresas privadas, hay una figura de prestación de servicios. Nosotros tenemos una empresa nacional naciente, no tenemos todavía capital, tecnología, es imprescindible que estén las empresas transnacionales acá.

¿Ustedes como ecologistas qué puntos positivos le ven al gobierno?

Creemos que ha jugado una serie de cosas importantes en términos de soberanía por ejemplo, creo que de entrada nos dio una manifestación importante en relación a la banca, la incautación a los Isaías, lo del Yasuní en términos ambientales, pero desgraciadamente, en esta última época, las señales que ha dado ya no son hacia los sectores populares, las señales que ha dado son hacia las empresas, diciéndoles vengan, aquí hay seguridad, y sigan haciendo lo que hacían antes. Si estamos teniendo un giro, en principio habían unas propuestas nacionalistas, pero después se ha ido dando un giro hacia pensar en dónde hacer sembríos para biocombustibles, ahora, a través de las leyes, se busca asaltar o restar las conquistas logradas en la Constitución. Y vemos reuniones, aperturas al diálogo con empresarios, de dónde salen contentos. Vemos las voces de los empresarios mineros, en estos momentos, por ejemplo, diciendo que es una ley equilibrada. Cuando los empresarios están contentos creo que es una mala señal.