El sistema universitario chileno se encuentra entre los más caros del mundo, sólo comparable al de Estados Unidos y otros países desarrollados. Durante el próximo año los aranceles aumentarán alrededor de un 10% en las universidades más emblemáticas del país. Si a estos antecedentes se suma un mezquino sistema de financiamiento y becas de parte del Estado, en un país donde los índices de desigualdad se encuentran entre los más altos a nivel mundial, el resultado sólo puede ser un sistema universitario caro, injusto, clasista, discriminatorio y excluyente. En un mundo que ha transformado el derecho a la educación, consagrado retóricamente en la Constitución, en una cuestión de dinero, de poco sirve la virtud o el talento de un estudiante.

La implementación de políticas de corte neoliberal en el ámbito de la Educación Superior no ha arrojado buenos resultados y más bien ha sido funesto para el país. En los hechos, ha convertido un ámbito estratégico del desarrollo nacional en un gran negocio en el que miles de familias son expoliadas cada año por universidades-empresa por un servicio menos que regular. De hecho ninguna universidad chilena se encuentra entre las cien y ni siquiera entre las doscientas mejores del mundo. La Educación Superior no sólo es cara sino de mala calidad, mostrando pobres índices en docencia, extensión y, ni hablar, investigación.

El gran ausente en la Educación Superior es el Estado, pues como se sabe, de acuerdo a la superstición neoliberal, le corresponde al mercado y no al Estado regular el flujo de bienes y servicios en la sociedad. Esta creencia, convertida en dogma, el mismo que nos tiene sumidos en la peor crisis económica mundial de que se tenga memoria, quizás pudiera tener alguna aplicación a la hora de comercializar berenjenas, pero muestra claras deficiencias cuando hablamos de educación, salud o previsión social. Si la previsión social, representada por las AFP, ya acumula pérdidas por 47 mil millones de dólares (una cifra equivalente a unos dos mil años seguidos de Teletón), la Educación Superior acumula pérdidas no cuantificables en daño social para las familias del país que ven como crecen los aranceles cada año con magros resultados.

En medio de la crisis económica que golpea al mundo entero, es hora de que el Estado asuma con plenitud su papel para asegurar la calidad de la educación en todos los niveles y el acceso de los jóvenes talentosos a las universidades. Más allá de los gobiernos de turno, se trata de un desafío país que compromete nuestro desarrollo presente y futuro. A los estudiantes de Chile les asiste el derecho a reclamar un sistema de becas y un financiamiento digno y adecuado para proseguir estudios superiores, sólo en virtud de sus méritos y talento. Es responsabilidad de la sociedad chilena procurar un sistema que les asegure tal derecho. La actual discriminación económica ejercida por el mercado en la Educación Superior es indigna de una sociedad democrática, políticamente incorrecta, socialmente injusta y moralmente inaceptable.

Álvaro Cuadra
Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. ARENA PÚBLICA.
Plataforma de Opinión. Universidad de Arte y Ciencias Sociales. ARCIS