El presidente Rafael Correa anunció que “buscaremos no pagar la deuda ilegítima, la deuda corrupta e ilegal”, luego de recibir el informe final de la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC) integrada por miembros de la sociedad civil y funcionarios de gobierno. (1)

El presidente Correa también anunció, ante una nutrida concurrencia, que corresponde a la función judicial sancionar a los culpables del endeudamiento externo, cuyo “peso debe ser trasladado por partes iguales a los responsables de adquirirla con títulos espurios, con malas artes, con chantajes y traición y cada cual tiene que pagar con sus bienes lo que corresponda”.  Agregó que “los prestamistas no son menos culpables, los que indujeron compulsivamente, los que amarraron, colmaron y presionaron   a como diera lugar para colocar sus empréstitos y hacerse de jugosas comisiones”.

La realización de esta auditoría de la deuda promovida por el gobierno ecuatoriano y con la participación de economistas, abogados y representantes de organizaciones sociales tanto del Ecuador como del exterior es un hecho inédito en América Latina y quizá en el mundo, destacó el economista Franklin Canelos, vicepresidente de la Comisión. (2)

La  CAIC,   durante más de un año,  auditó los procesos de endeudamiento del Ecuador desde 1976 a 2006, trabajo que incluyó la deuda comercial contraída con la banca privada internacional;  la deuda multilateral concedida por los organismos financieros internacionales;  la deuda bilateral (principalmente con España, Brasil y aquellos que conforman el Club de París);  deuda interna, y   los créditos concedidos a la Comisión de Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas para el proyecto Multipropósito Jaime Roldós Aguilera. 

El informe final de 172 páginas constituye un profundo análisis técnico y jurídico que muestra uno de los rostros más siniestros de tres décadas de políticas neoliberales.  La deuda externa del Ecuador se incrementó de 240 millones en 1970 a 17.400 millones en el 2007, sin embargo este endeudamiento en lugar de contribuir a superar la pobreza, la inequidad y el atraso, “ha sido una herramienta de saqueo de los recursos y de sumisión a políticas impuestas por organismos multilaterales, a pretexto de gestionar cuestiones relacionadas con la consecución de créditos”, señala el informe de la CAIC.

El trabajo de la CAIC no estuvo exento de dificultades pues varios organismos del Estado así como el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y otros se negaron a proporcionar las informaciones solicitadas. El abogado argentino Alejandro Olmos, miembro de la Comisión, indicó que luego de revisar los archivos del Banco Central del Ecuador he encontrado que el país “no tenía registrada debidamente su deuda, no había control, no había seguimiento y en muchos casos se ha pagado 2 y 3 veces la misma obligación”. 

En el trabajo de la Comisión se demuestra la ilegalidad, y por lo tanto la ilegitimidad del proceso de endeudamiento. Se señala el carácter “odioso” (3) de la deuda externa, pues fue contraída por una dictadura militar (1972-1979).  Desde 1976 a 1982 se otorgaron créditos a Ecuador por 3.424 millones de dólares, de los cuales 984 se destinaron al presupuesto de Defensa. La Junta Nacional de Defensa, que fue la mayor beneficiaria, se negó a proporcionar a la Comisión los datos de los créditos recibidos y el destino de los mismos.

La deuda externa del Ecuador ha sido objeto de sucesivos procesos de renegociación fraudulentos en los que los sucesivos gobiernos aceptaban condiciones inaceptables de los acreedores, como contraer nuevas deudas para pagar antiguas deudas, castigos de mora, altas tasas de interés, anatocismo (pago de interés sobre interés) revalorizar títulos de deuda que valían poco en el mercado, según plantea el miembro de la CAIC, Hugo Arias. (4). Los convenios fueron redactados por los propios acreedores e incluían cláusulas abusivas como renunciar a la soberanía nacional y aceptar las disputas en tribunales internacionales, establecer la primacía de los convenios sobre la legislación y la Constitución ecuatorianas, etc.

Estas condiciones fueron aceptadas en el Plan Brady para Ecuador (1993), apoyado por el FMI, en el Plan Adam (Pacto para el canje de Brady a Global establecido en 1999) y en el canje de los bonos Brady y de los Eurobonos a bonos Global (2000). En este último caso, el prejuicio para el Ecuador fue enorme. Los bonos canjeables (Brady y Eurobonos) que sumaban 6.298 millones de dólares se cotizaban en el mercado en el 30% (1.575 millones), sin embargo se canjearon por los bonos Global 2012 y 2030 por un monto de 3.950 millones de dólares, con tasas del 12 y el 10 por ciento. Hasta agosto de 2008, el Ecuador ha pagado ya, por concepto de intereses de estos Bonos Global, 2.450 millones de dólares.  Las generaciones futuras, si no se declara ahora el no pago de esta deuda ilegítima, deberán cancelar el capital en el 2012 y en el 2030.

La Comisión también encontró que varios gobiernos ecuatorianos cedieron a las exigencias de los acreedores privados y fueron cómplices de irregularidades y abusos contra la economía del país. Por ejemplo, a principios de la década de los noventa, el Ecuador tuvo la oportunidad de acogerse al derecho de prescripción de la deuda comercial previsto por la legislación de Estados Unidos y Londres para los casos de mora por más de seis años consecutivos. Esto hubiese permitido ahorrar al Ecuador cerca de 6992 millones de dólares de deuda comercial.  Sin embargo, el 9 de diciembre de 1992, las partes ecuatorianas, representadas por Mario Ribadeneira, ministro de Finanzas, Ana Lucía Armijos, Gerente General del Banco Central, y Miriam Mantilla, Cónsul del Ecuador en Nueva York,   firmaron en esta última ciudad, un acuerdo de renuncia unilateral a la prescripción de la deuda externa. Este convenio de Garantía de Derechos (Tolling Agreement) fue legalizado el mismo día por un decreto firmado por el ex Presidente del Ecuador, Sixto Durán Ballén, y el Ministro de Finanzas encargado, Sebastián Pérez Arteta. Cabe indicar que por éste y otros “méritos” la economista Ana Lucía Armijos terminó como funcionaria del FMI.

Otras líneas merece la deuda con los organismos multilaterales.  En el período 1976-2006, Ecuador contrajo 286 créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Fondo Latinoamericano de Reservas y Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario, por un monto de $12.500 millones de dólares, lo que representa el 42% de la deuda externa pública contratada en el citado lapso. Estos créditos destinados en el papel a “proyectos de desarrollo” vinieron acompañados de condicionalidades que dieron lugar al “debilitamiento del Estado y su capacidad de planificación, ajustes estructurales, procesos de desregulación y traslado de competencias al sector privado, perjudiciales a los intereses de la nación, y siguiendo a una matriz impuesta a los países del Sur. Esto generó inestabilidad política y continuos enfrentamientos de gobiernos con sectores sociales”, señala la Comisión.

Un ejemplo que ilustra el carácter ilegítimo y fraudulento de la deuda multilateral es un préstamo de 14 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial para “desarrollo minero y control ambiental” denominado PRODEMINCA. Con este préstamo se reformó la legislación para hacerla “atractiva” a la inversión privada y se hizo un levantamiento de información geoquímica para ubicar donde se encontraban los yacimientos mineros con el objetivo de que sean entregados, mediante concesiones, a las transnacionales. De Ripley: el pueblo ecuatoriano, mediante deuda pública, subsidia la penetración de las transnacionales para que vengan a llevarse sus recursos naturales y a destruir el medio ambiente.

Tras el anuncio de la Ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, de aplazar el pago por treinta días   de los intereses de los bonos Global 2012 hasta conocer el informe de la CAIC, la prensa tremendista augura oscuros nubarrones para el país, sin embargo, Alejandro Olmos señala que “el Ecuador en estos 25 años ha pagado mucho más de lo que recibió, eso ya es un indicio de lo que es la deuda ecuatoriana. Si no se paga la deuda no pasa nada, en la historia de todos los países que no han pagado la deuda no les ha pasado nada”.

Notas

1 Informe final de la Auditoría para bajar en pdf: http://www.auditoriadeuda.org.ec/images/stories/documentos/informe_final_CAIC.pdf

2.  La CAIC está integrada por los ecuatorianos: Ricardo Patiño, Franklin Canelos, María Rosa Anchundia, Hugo Arias, Ángel Bonilla, Aurora Donoso, Karina Sáenz, Piedad Mancera, César Acoto, Ricardo Aluengo, y por María Lucia Fattorelli (Brasil), Gail Hurley, Jurgen Kaiser, Alejandro Olmos (Argentina), Eric Toussaint (Bélgica)

3.  En el derecho internacional se considera “deuda odiosa” a aquella que ha sido contraída “sin el consentimiento de la población (por un régimen despótico), se utiliza en contra de los intereses o el bienestar de la población, y todo ello se realiza con el conocimiento de los acreedores”. La deuda ilegítima tiene un carácter más amplio y se refiere a los préstamos contraídos “fuera del marco legal nacional e internacional, en un contexto injusto, inadecuado, abusivo, falta de transparencia, violando la soberanía y los derechos humanos”. Ver: Weber, Gabriela, Qué es la deuda ilegítima, en “Sobre la deuda ilegítima”, Centro de Investigaciones Ciudad (2008), Quito.

4. Arias, Hugo, La deuda ecuatoriana y la auditoría, en “Sobre la deuda ilegítima”, Centro de Investigaciones Ciudad (2008), Quito.