Los anuncios del traslado de la base de Manta, Ecuador, a La Guajira colombiana fronteriza con Venezuela, coinciden con el afán estadounidense de justificar el control sobre Latinoamérica bajo pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

En esa línea se insertan a su vez los enfoques sobre el restablecimiento de la IV Flota de la Marina de guerra estadounidense- luego del ataque colombiano a Ecuador, con bombas y tecnología norteamericanas- y la Iniciativa de Mérida, la cual abarcaría México y Centroamérica.

Según los adalides de tales proyectos, la única intención es darle la batida a las actividades terroristas y a las acciones del crimen organizado, pero para activistas sociales, políticos, historiadores, y analistas, la razón de fondo es enviar un mensaje a quienes en el continente están empeñados en romper la hegemonía de EE.UU.

Contrario a lo que podría suponerse, frente al sostenimiento de la ocupación militar en Iraq y a una probable invasión a Irán, el intercambio militar tiende al incremento entre Norteamérica y algunos países de América Latina, de acuerdo con el académico argentino Luis Fernando Ayerbe.

Este aumento guarda relación con la intención del gobierno de George W. Bush de fortalecer su seguridad, luego del supuesto atentado a las torres gemelas neoyorquinas, más que en favorecer la solución de los problemas fundamentales que aquejan a los pobladores de la región.

En el año fiscal 2005, los fondos destinados por Washington a la colaboración militar con algunos de sus homólogos en el área casi se colocaron al mismo nivel de los orientados a la ayuda económica en virtud de programas desplegados en ese sentido.

Mientras que los de Asistencia para el Desarrollo y el de Supervivencia y Salud Infantil se redujeron en un 12 por ciento, la tendencia al alza prevaleció en los denominados programas antinarcóticos y contrainsurgentes en Colombia y otros.

En igual proporción, se desarrollaron prácticas y doctrinas que desdibujaron la línea divisoria entre las funciones civiles y militares incluso en Estados Unidos, opinaron especialistas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Recursos y responsabilidades transitan del Departamento de Estado al Pentágono, de tal modo que el Comando Sur de ese país tiene cada vez más poder y un perfil más amplio, al punto de definir las prioridades en las relaciones con el subcontinente.

Por efecto, las cuestiones englobadas en el slogan de los derechos humanos y otras más integrales sobre política exterior fueron relegadas a segundos planos, al mismo tiempo que se reforzaron las habilidades para reprimir en las naciones de lo considerado por ellos su raspatio.

El Informe de Entrenamiento Militar Extranjero reflejó que durante el año fiscal 2003, por ejemplo, 22 mil 855 efectivos latinoamericanos resultaron beneficiados por los planes de superación diseñados en EE.UU., lo que representó un notable ascenso respecto al 2002.

De los adiestrados en el período, la mayor cantidad (cinco mil 506) se especializó en infantería liviana, que enseña habilidades militares básicas y tradicionales como tácticas de pequeñas unidades, operativos en terrenos difíciles y puntería.

Otra parte de estos recibió instrucciones vinculadas a la acción cívica, en particular en Bolivia, mientras que mil 234 soldados de diversos países fueron entrenados en cuestiones fluviales. El mayor monto por concepto de esta preparación estuvo dirigido a los soldados colombianos, que desde entonces son utilizados de manera legal en acciones destinadas a desestabilizar a los grupos opositores en esa nación sudamericana.

Entre los países más privilegiados por los ejecutivos de la estrategia hegemónica estadounidense se incluyeron además Bolivia, con más de cinco mil 864 entrenados de 1999 a 2003; Ecuador, con una cifra superior a tres mil 509, y México, con más de dos mil 599. En cuanto al Caribe oriental- entiéndase Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Sant Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas-, los adiestrados rebasaron los 830 en estos años.

Tal colaboración superó en cambio los dos mil 532 en El Salvador, principal aliado de Estados Unidos en Centroamérica; seguido por Honduras, con más de dos mil 206 y por Costa Rica, con un número por encima de mil 243.

La seriedad con que fue asumida la preparación para la guerra de los socios en el subcontinente se reveló además en los 78 viajes de control realizados por el comandante jefe del Comando del Sur, general James T. Hill, a América Latina desde agosto de 2002 a julio de 2003.

Dana Priest, en su libro The Mission, asegura que esa entidad estadounidense tiene cerca de mil 100 especialistas evaluando la situación regional, cifra superior a la contemplada por los principales organismos federales civiles juntos y por la Secretaría de Defensa.

El perro guardián de los principales acontecimientos en Latinoamérica, al decir de Hill, influye en la política hacia la zona si se consideran sus opiniones acerca de las amenazas emergentes en ella: los gobiernos “populistas radicales” y las maras o pandillas.

Ante estas problemáticas, resultantes de la pobreza, la falta de perspectivas, el desprestigio de las clases dominantes tradicionales y otros factores asociados a la aplicación de los esquemas neoliberales, no descartan una respuesta militar.

A tono con esa visión, sus pares en Guatemala y Honduras conformaron patrullas policiales militares conjuntas para combatir a las bandas delincuenciales, en vez de reformar sus fuerzas y fortalecer las instituciones civiles para contrarrestar la inseguridad interna. Eso explica la inquietud de los especialistas frente a la homologación del “populismo radical” con los gobiernos y movimientos sociales que promueven en Latinoamérica políticas opuestas a las alentadas por Washington bajo el signo del libre comercio.

Pero en especial, con las frecuentes reuniones con representantes de las fuerzas policiales y militares de la región, la modernización del parque en las bases mantenidas en esta y la realización de ejercicios al estilo de la Partnership of the Americas.

El calificado como “retorno de la política de las cañoneras” al Caribe, entre abril y mayo de 2006, trató de justificarse con las supuestas "amenazas convencionales" y el perfeccionamiento de los niveles de entrenamiento para diferentes misiones.

Mas, académicos y analistas, recordaron en ese contexto que el tráfico de drogas, de personas y el terrorismo son esgrimidos por la Casa Blanca, desde hace casi una década, para justificar incursiones armadas e intromisiones en los asuntos internos de otros países.

Otros destacaron en esos días que el despliegue estadounidense semejaba una muestra de fuerza ante la revitalización de los movimientos sociales, en especial indigenistas, la denominada izquierda y gobiernos progresistas en Latinoamérica.

Fuente; Prensa Latina, www.prensalatina.com.mx