Pocas voces se levantan, muchos abortos se practican y miles de mujeres mueren.

Desde 1990, el 28 de septiembre ha sido tomado como Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Muchas luchas se han emprendido desde entonces (y desde mucho antes), y millones de mujeres han pasado a formar parte de la enorme lista de decesos por causas relacionadas con el parto y el embarazo, específicamente por abortos realizados en condiciones inseguras.

Vale la pena en esta fecha de trascendental importancia, destacar las condiciones por las cuales se hace impostergable hacer de ésta problemática una bandera de lucha de nuestros pueblos, especialmente de las mujeres más pobres.

En Venezuela, las condiciones están dadas, y las cifras son cada vez más alarmantes, como lo han manifestado recientemente representantes del Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer, quienes han develado que el 60% de las muertes maternas que se producen en la Maternidad Concepción Palacios de la Capital Venezolana, son producto de prácticas clandestinas de abortos, por lo que se estima que ésta sea la segunda causa de muerte de las mujeres embarazadas en nuestro país.

Repasemos nuestra historia más reciente: El proceso constituyente de 1999, atravesó una dura discusión, especialmente en lo referido al derecho a la vida del artículo 45 hoy artículo 43 de la CRBV, que fue formulado por la Comisión Constitucional en los siguientes términos: “El derecho a la vida, desde el momento de la concepción, es inviolable…”

De tal propuesta lo que generó mayor polémica fue “desde el momento de la concepción”, que no aparecía en el artículo 58 de la Constitución de 1961, y que tampoco era la propuesta original de la Comisión de DDHH.

Algunos de los argumentos esgrimidos por los Constituyentes apuntaban a favor y en contra, así encontramos que para Roberto Jiménez Maggiolo:

“…incluir aquí ` desde la concepción ´ es un agregado anticientífico, y producto de intereses que quieren más adelante coartar los derechos de la mujer en un campo tan grande e importante en la medicina contemporánea como es lo que llamamos reproducción asistida y el aborto…. Esto lesiona los derechos y dignidad de la mujer, derechos que son inalienables”.

Indiscutiblemente Maggiolo sintetiza de manera muy explícita argumentos suficientes para considerar, por un lado, que tales intereses se refieren particularmente a la influencia de sectores religiosos, y por otro, que se vulneran los derechos de la Mujer, quien al fin de cuentas es quien arriesga, sacrifica y atraviesa todas las trabas que se imponen sobre su propio cuerpo.

Para Rodolfo Sanz el problema del aborto es un problema de orden social, de orden moral, y en consecuencia:

“Es un debate que no se ha desarrollado suficientemente y por tanto no puede pretender ningún sector imponer una concepción a otro sector…”

Sin embargo, hoy por hoy, han transcurrido 9 años, y las mujeres Venezolanas seguimos esperando que se aperture este debate en la Asamblea Nacional, tras una serie de propuestas que han sido presentadas al respecto y que no han pasado de ser engavetadas en los curules de nuestros legisladores.

Tras la aprobación de la nueva Constitución, se establece la obligación del Estado de garantizar el goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de las mujeres, sin más limitaciones que las derivadas del derecho de las demás personas y del orden público y social. Por ello el Estado está obligado a brindar protección frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad de las mujeres, mediante el establecimiento de las condiciones jurídicas y administrativas necesarias y la adopción de medidas positivas a favor de éstas para que el ejercicio de sus derechos, de manera que la igualdad ante la ley sea real y efectiva.

Nuestra carta magna establece que: Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir. Por lo que es indiscutible que hay, en nuestra constitución, los elementos suficientes para que el Estado garantice a las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo, de manera segura, accesible y gratuita.

De esta manera sería posible garantizar este derecho a quienes deseen hacerlo o carguen con aspectos de carácter económico, social o moral, e incluir a esos sectores de la población que apuestan no a la muerte, sino a la vida de las mujeres que se practican abortos y que corren el riesgo de morir, cuando éstos se practican clandestinamente y de manera insalubre. La ley no obligaría a nadie a abortar, pero garantizaría que las mujeres más pobres no mueran por esa causa, pues legal o no, el Aborto se practica, y se practica de manera masiva, por lo que es menester que el Estado asuma el papel que le corresponde y garantice la seguridad social de sus ciudadanas y ciudadanos, lo que necesariamente debe pasar por el reconocimiento del aborto como un derecho sexual y reproductivo, y de esa manera atacarlo también como un factor que es generador de problemas de salud pública en nuestro país.

Se trata de que si bien es cierto, la despenalización del aborto no disminuirá su práctica, si evitará que miles de mujeres, que pese a la ilegalidad igualmente lo practican, no mueran ni arriesguen sus vidas en esas prácticas, es decir, que la despenalización del aborto tendrá como fin, aplicar los correctivos a una problemática de salud pública.

Al facilitarse a la población el acceso al aborto legal y seguro se pueden salvar las vidas y promover la igualdad de muchas mujeres. Las decisiones de las mujeres en materia de aborto no tienen que ver solamente con nuestros cuerpos, sino que se encuentran relacionadas con nuestros derechos humanos inherentes a nuestra condición de persona, a nuestra dignidad. En la procreación, es sólo la mujer quien arriesga su salud y hasta su vida y de allí emana su derecho a controlar su propio cuerpo y con ello su reproducción, sin interferencia por parte del Estado o de terceros, pero sí con garantías. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la despenalización del aborto tiene como principal responsable al Estado, pues el mismo, es un tema social (principalmente de salud pública), económico, jurídico, y político.

Los servicios de aborto deben ser establecidos en conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo los que se refieren a servicios de salud adecuados. Para todas las mujeres, se trata de una cuestión de igualdad. Para algunas, simplemente de una cuestión de vida o muerte.

Por otro parte es evidente la falta de cultura y la indolencia de los legisladores al respecto, pues parten de un criterio moral – religioso y no científico, a la hora de dictar leyes, aun cuando existen elementos jurídicos de carácter internacional y nacional que no son contradictorios a la hora de despenalizar el aborto.

Por ello en nombre de miles de mujeres venezolanas que han muerto, y en nombre de las millones que no queremos morir, exigimos a la Asamblea Nacional emprender una discusión de altura que permita legislar sobre la materia, pues hasta ahora su silencio los convierte en cómplices.

Mientras tanto, seguimos luchando y denunciando la apatía irresponsable de nuestros diputados y diputadas al respecto, producto de su conservadora y parcializada antipatía por esta problemática.

¡Despenalización del aborto ya!