Racismo, discriminación e impunidad
- Opinión
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Misión de Investigación 20-29 de agosto de 2008
Informe preliminar
Creada en 1922,
Como es de dominio público, Bolivia atraviesa actualmente una aguda crisis política y social en la que el racismo no sólo se expresa de manera muy notoria, sino que se manifiesta, al mismo tiempo, en forma cada vez más violenta. Esta situación está directamente relacionada con la creciente influencia de las clases populares, indígenas y campesinas en los asuntos de gobierno de esta Nación y con el bloqueo a toda costa de la reforma constitucional en curso y el proceso de registro de tierras por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), relacionados con la generación de condiciones sustantivas de ciudadanía para el vasto sector de la población boliviana que, por siglos, ha sido excluido de los derechos humanos al desarrollo y a la igualdad, sin discriminación. Esta vinculada, también, a la disputa por la distribución de la renta generada por el uso de los recursos naturales.
La crisis boliviana viene acompañada por una manifestación preocupante, y creciente, de racismo y discriminación que afecta, en varias regiones del país, no sólo a los indígenas y campesinos a los que los opositores del gobierno del Presidente Evo Morales Ayma estigmatizan – incluso aún si no lo fueran - como “masistas” y “collas”[1], sino también a todo aquel que discrepe con las formas violentas y autoritarias con que se pretende dirimir los conflictos políticos y sociales que el país atraviesa.
Para examinar esta situación en detalle y con profundidad,
Como parte de su misión, los representantes de
Finalmente,
Principales motivos de preocupación
PREOCUPA A
Que las dificultades que encara la lucha contra el racismo histórico y estructural que ha atravesado, y atraviesa, el conjunto de la sociedad boliviana puedan significar que la mayoría de indígenas, campesinos y sectores populares del país tenga que seguir siendo afectada por los más altos índices de pobreza y pobreza extrema, y por las escalas más bajas del desarrollo humano.
Que, como ha señalado
Que la extrema debilidad institucional y ausencia del Estado en las regiones del país comprometidas por los sucesos violentos de los últimos meses no permita afrontar con efectividad la conflictividad social desatada en éstas.
Que se haya impuesto la impunidad al renunciar las autoridades - a las que constitucionalmente compete la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos - a su deber de prevenir, reprimir, investigar y sancionar los actos delictivos que se han cometido contra estos derechos, subrayando la gravísima falta de asunción de sus responsabilidades por parte de
Que la impunidad se ve favorecida por la posición altamente politizada de algunos miembros de la judicatura, que actúan en forma sesgada a favor de una de las partes del conflicto, con clara desatención de las prácticas racistas y la persecución de sus autores; y, a la vez, por la actuación indulgente e inhibida de muchos representantes del Ministerio Fiscal, que en muchos casos no agotan todas las posibilidades de investigación.
Que la inexistencia de una legislación adecuada en materia de racismo, especialmente por la falta de leyes penales especificas que sancionen tanto la comisión de actos de carácter xenófobo o racista, así como la propaganda o incitación a cometer esta clase de actos, vulnere las obligaciones que en tal sentido impone
Que las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos realicen su trabajo en un contexto de alto riesgo.
Que los medios de comunicación social se alejen de su función social de informar y orientar con veracidad e independencia a la ciudadanía; y que traicionen, al mimo tiempo, la misión que les es propia, desconociendo las disposiciones expresas establecidas en el artículo 4° de
Que la existencia de organizaciones armadas, que practican violencia racista y ataques contra instituciones de un Estado que ellas mismas no asumen como propio, en gran medida por consideraciones de tipo racista y que, en no pocas ocasiones, se encuentran también vinculadas a entidades públicas que pertenecen a la estructura regional del Estado boliviano, es generadora de conflictividad social.
Que la inacción de los aparatos judiciales y policiales sirva de justificación para el progresivo empleo de una justicia por mano propia, con la subsiguiente correspondiente escalada de violencia.
Recomendaciones
La elaboración de un Plan Integral Contra el Racismo y
La impostergable y urgente promulgación de una ley contra la discriminación y el racismo, incluyendo en ella obligaciones positivas y claras de trato igualitario en todos los aspectos relativos a la participación en la vida pública, económica, social y cultural del país; incluso mediante la inclusión de razonables normas y medidas de discriminación positiva que aseguren una igualdad de participación igual, real, efectiva y no discriminatoria, teniendo en cuenta tanto las cuestiones de género como étnicas.
La creación de una red de agentes y mediadores sociales, altamente capacitados, que se ocupen especialmente del dialogo intercultural, de la integración de todos los sectores que componen
El establecimiento de normas penales de carácter sustantivo en las que se tipifiquen los delitos de discriminación y racismo, la propagada racista o tendente a promover el odio y la discriminación racial; y que sancionen, tanto la comisión de hechos de carácter xenófobo o racistas, o con esta motivación. Dichas normas penales deberán contemplar una punición agravada cuando tales actos sean cometidos a través de la asociación de personas cuya finalidad sea la comisión de actos racistas, y especialmente cuando medie el porte y uso de armas en ese contexto, con independencia de los resultados.
La adopción de un paquete de medidas legislativas, de tipo procesal y orgánico, para mejorar la eficacia de la persecución penal en esta clase de delitos. Entre ellas, estableciendo:
o La obligación de investigar de oficio estos delitos por parte de
o La obligación de la policía de intervenir de forma inmediata en casos de delincuencia con connotación racista o xenófoba, para llevar a cabo las primeras investigaciones y recogida de pruebas “in situ”,
o El establecimiento de instrucciones claras y precisas, así como de protocolos claros dirigidos a
o El establecimiento de una fiscalía especial para la persecución de esta clase de delitos, con sede centralizada y delegados en todos los departamentos,
o Un plan de formación especial para fiscales y jueces con competencia en materia de racismo, xenofobia y cuestiones de género.
o La adopción e implementación de normas competenciales que permitan enjuiciar los hechos en lugar diferente de donde fueron cometidos,
o La adopción e implementación de normas relativas a la protección de testigos; incluso un sistema integral de protección de testigos con posibilidades de reubicación en otros lugares.
Promover una campaña coordinada por las coaliciones de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, nacionales y locales y el Defensor del Pueblo sobre el hecho de que defender los derechos es un derecho y un deber, para respaldar el trabajo de los defensores derechos humanos, en el marco de una concepción legítima de éstos, centrada en la dignidad y de la convivencia pacífica
Proponer y concertar con los medios de comunicación, y otros actores involucrados, normas autoregulatorias, incluyendo Códigos de Ética, que impidan el uso o la difusión no veraz o manipuladora, así como el empleo comunicacional de estereotipos discriminadores o racistas.
Apoyar el trabajo de observación ciudadana de los medios de comunicación.
Exhortar al Gobierno a considerar la necesidad de invitar a Bolivia al Relator de Libertad de Expresión y otros relatores especiales del sistema universal y regional de derechos humanos a fin de que se profundice en el monitoreo de la situación general de los derechos humanos en Bolivia, y la de los Pueblos Indígenas en particular.
MISIÓN DE OBSERVACIÓN PARA BOLIVIA
[1] El término « collas » - habitantes de las regiones andinas -, en oposición a los « cambas » - habitantes de las regiones de llanura amazónica - es utilizado de forma despectiva y racista para designar a las comunidades campesinas y pueblos originarios que habitan la región occidental del país.
[2] Bolivia ratificó por primera vez
[3] Defensoría del Pueblo. “Observando el Racismo. Racismo y regionalismo en el proceso constituyente”.
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