Es de dominio público que en este Gobierno, las relaciones con los opositores no necesariamente partidistas, se han manejado en la perspectiva amigo-enemigo y que la estrategia se ha desplegado con el fin de acallar el disenso y desfavorecer la crítica, haciéndola ver como antipatriótica. Por los finales del mes de agosto, fue una muestra contundente de cómo el Presidente, está decidido a cazar pelea con aquellos con los cuales esté en desacuerdo o, mejor que estén en desacuerdo con él y lo manifiesten públicamente.

En los últimos tiempos le ha tocado a los periodistas ser blanco de sus airados reclamos, aunque no hayan sido los primeros, pues hay que recordar el temprano incidente con Alejandro Santos. Pero ahora se ha pasado del “regaño” a la intimidación. El caso de Daniel Coronell es inaudito. El hecho de que un Presidente interfiera en la actividad profesional periodística de manera que evidentemente se va en contra de la independencia en el establecimiento de la agenda informativa pero, especialmente que quiera comprometer al periodista judicialmente por encima del deber de salvaguardar a la fuente, es ya una intromisión inadmisible. Todos aquellos que durante este Gobierno, e incluyo a algunos empresarios de provincia que intentaron impedir judicialmente una investigación -lo que provocó que los grandes medios se aliaran para continuar con las publicaciones-, digo, todo aquel que durante este Gobierno se atreva a romper “el consenso”, puede ser puesto no ya solamente en la picota pública sino ante los jueces.

Vale la pena volver a los asuntos básicos del periodismo y recordarle no solamente al Gobierno sino a toda la ciudadanía -portadora del derecho a la información- que aunque el mercado tenga sometidos hasta a los Estados en el contexto del neoliberalismo, muchos periodistas no están dispuestos a renunciar a la función fiscalizadora y que le versión de la opinión pública como tribunal crítico del poder no está mandada a recoger. Por el contrario, sigue siendo un proceso constitutivo de la democracia. Es verdad, como lo anota el politólogo italiano, Giovanni Sartori, que en la historia se dan casos en los que se tiene un régimen totalitario en un contexto supuestamente democrático y lo describe como un proceso destinado a lograr el control mediante la intromisión del poder en muchas áreas de la vida que deben escapar a su mirada. Nuevamente es necesario decir que no se puede confundir popularidad con buen Gobierno. Los índices de popularidad que tiene el presidente Uribe, obedecen a las percepciones de la gente –dado que las encuestas estén bien hechas- y son eso, percepciones y no necesariamente un juicio racional sobre buen Gobierno y que aún así, eso no lo autoriza para que actúe con una perspectiva totalitaria. El Gobierno pretende generar desconfianza en el poder judicial y ahora en el periodismo. Y nada más paradójico que lo haga justamente frente a periodistas que exhiben su independencia, no como los de cierto canal privado... ¿Qué nos quedará cuando ya no esté?

El caso de la denuncia por injuria contra Alfredo Molano, por parte de algunos miembros de la familia Araujo, nos pone de frente a la realidad de familias que realmente se creen intocables, intolerantes frente a la crítica y que con sus actuaciones pueden devolvernos al delito de opinión, justamente cuando se celebran los 60 años de la Declaración de los Derechos del hombre. A los poderes que ya tienen, quieren tal vez añadir el control de la palabra. Esa hipersensibilidad a la hora de leer el artículo “Araujos et al” nos pone de frente a un absurdo: por esta vía el periodista tendría que llenar de hechos las críticas que hace en un artículo de opinión, se eliminaría por completo la interpretación y la apreciación personal. Mejor dicho, es una negación de la opinión. De nuevo hay que volver a lo elemental en el periodismo: separación de hechos y de opiniones. Un artículo de opinión se puede controvertir pero, no se le pueden aplicar los parámetros con los que se evalúa la información: criterios de veracidad, imparcialidad, referencialidad. No, la opinión es el punto de vista del autor, por lo general crítico, y que se constituye en su interpretación de la realidad. ¿Y quién le puede negar ese derecho? Eso no es posible hacerlo sin negar la libertad de expresión.

Este caso nos lleva al mismo lugar que el acoso a Coronell: la necesidad de acallar las voces disidentes, ya no solamente por la vía de la presión social generadora de procesos de espiral de silencio que anulan la crítica al Gobierno, sino por la vía judicial. Esto representa un retroceso para Colombia, país que en el contexto latinoamericano había tenido una buena salud en este sentido, apreciado por el ejercicio de un periodismo de altos niveles de profesionalismo en el contexto regional. Tristemente hoy tenemos que decir que en los eventos internacionales de periodistas nos veremos obligados a reconocer que tenemos problemas de libertad de expresión. ¡Qué retroceso!

Bogotá, septiembre 5 de 2008

- Ana María Miralles C. es Docente Universitaria Pontifica Universidad Bolivariana

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org