Algún día el Gobierno presentará un proyecto de Acto Legislativo con la pretensión de hacer una Reforma Política. Eventualmente el país se verá inmerso en la discusión sobre cuál es el tipo y el alcance de la reforma que el país necesita… Eventualmente, ya que hasta ahora muchas fechas se han incumplido, razón por la cual, al momento en el que se escriben estas líneas, se desconoce cuáles temas estarán en la discusión. Lo que evidentemente hace más difícil una predicción sobre los temas que tratará el proyecto.

Partamos de la base que el Congreso tiene una deuda con el país. Dicha deuda es la adopción de un régimen sancionatorio de la responsabilidad política de los partidos y movimientos políticos por los vínculos que hayan sostenido sus avalados con grupos armados ilegales y/o narcotraficantes. Situación que para unos parece políticamente indeseable, pero moralmente necesaria para otros. Una reforma sin sanciones sería una gran burla, ya que no ataca un problema fundamental del sistema democrático colombiano.

Por eso, los temas que surjan en el curso del debate serán accesorios al régimen de responsabilidad. Lo que no quiere decir que no sean necesarias reformas en diversos ámbitos.

En realidad, muchos han sido los temas que ha circulado en diversos ámbitos: la necesidad de instaurar el voto obligatorio, la financiación pública de las campañas, la responsabilidad política de partidos y movimientos, el incremente del umbral, la necesidad de eliminar o suspender el voto preferente, el fortalecimiento de los partidos bajo el supuesto de la democratización de los mismos, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la flexibilización de los mecanismos de participación ciudadana, entre otros. Como se ve, existen muchos temas y resulta difícil seleccionar cuáles son los más importantes, ya que resulta obvio que no todos los temas harán parte del proyecto de reforma.

Una de las conclusiones a las que se puede llegar como consecuencia de la diversidad de temas es que la necesidad de hacer una reforma política no es producto de la actitud tozuda de unos sectores, sino producto de una constatación traída por la cotidianidad. Lo que no quiere decir que sea el éxito del proyecto de acto legislativo.

Tres ejemplos pueden dilucidar las dificultades que enfrentará la reforma: el financiamiento de las campañas políticas, el fortalecimiento de los partidos y el reequilibrio de poderes.

1. La financiación de las campañas políticas. Algunos han mencionado que se debería implementar la financiación completamente pública de las campañas, como mecanismo para evitar que se infiltren recursos ilegales a la política al eliminar la necesidad de las campañas de buscar dineros para cubrir los elevados gastos en los que incurren. De otro lado, algunos han mencionado que lo que se requiere es mantener el sistema de financiamiento mixto y fortalecer el seguimiento financiero de las autoridades a las cifras reportadas por los partidos. Finalmente, otros proponen ampliar el régimen de financiamiento de las campañas previsto en la ley de garantías, lo que se traduce en financiamiento preponderantemente público (80%, público, 20% privado), con anticipo, cuenta única, entre otros.

Al respecto tenemos que aceptar que no hay fórmula mágica que garantice la no infiltración de dineros ilegales a las campañas políticas. No importa cuál sea el esquema de financiamiento, si pública o privada, los dineros ilegales no se verán reflejados en la contabilidad. Por ello, es más importante incrementar las facultades de investigación y sanción de autoridades en lo referente al financiamiento (que incluye origen, volumen y destino de los recursos) que cambiar todo el esquema de financiamiento.

2. El fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos. En el debate de la reforma política que se hundió en junio, se planteaba que el incremento del umbral de personería jurídica como mecanismo de fortalecimiento de las organizaciones políticas, en el entendido que se requerirían más votos para acceder a la personería jurídica, desincentivando la fragmentación política. Aquellos que se oponían, no lo hacían desconociendo la necesidad de fortalecer los partidos, sino argumentando que se afectaría excesivamente la posibilidad de participación política independiente y la libertad de asociación. En consecuencia, se deben buscar formulas de fortalecimiento de las organizaciones políticas tradicionales que no afecten la agrupación política.

3. El equilibrio de poderes. A pesar de que algunos no quieran reconocerlo, el sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público se vio afectado por la aprobación de la reelección inmediata. El asunto no se da como consecuencia de la aprobación de la reelección, ya que en sí misma ella no es mala, el desequilibrio de poderes se da como consecuencia de la no alteración de las normas sobre la elección y períodos de los altos dignatarios del Estado. Un paso en esa dirección se esbozó en el borrador de “reforma a la Justicia” que en realidad se trata de una reforma política mal bautizada, aún falta ver si es o no en la dirección correcta, algo que sólo se sabrá el día en el que se presente la iniciativa.

Como estos tres temas accesorios hay más, muchos más. Falta ver cuáles entrarán en la agenda. De todas formas, sean cuales sean las posturas del Gobierno, es importante que los proyectos, tanto el de la reforma política como el de la “reforma a la justicia”, los presente lo más rápido posible para que el Congreso y la ciudadanía tengan la posibilidad de debatirlos y así, de paso, evitar que por cuestiones de términos pase otro semestre más de trabajo legislativo sin las reformas que el país necesita: El 16 de diciembre se acerca y cada uno de los proyectos debe tener cuatro debates antes de esa fecha…

Bogotá agosto 22 de 2008

M. Nicolás Montoya Céspedes
Abogado Misión de Observación Electoral –MOE

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

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