En el discurso sobre democracia presente en el actual sistema político es frecuente advertir la presencia de argumentos e interpretaciones en torno a que la legitimidad del concepto radica, fundamentalmente, en la acción constitutiva de la elección ciudadana de representantes al Gobierno y cuerpos colegiados como Parlamento y Concejos Municipales, reduciendo con ello a los Consejos Regionales a un grado de menor relevancia o menor “status democrático” al estar sometida la elección de sus miembros al dictamen de los concejales municipales y no a la libre determinación de la ciudadanía regional como debiese ser.

El hecho de poner acento sólo en el aspecto procedimental de “cómo” elegir a autoridades y representantes, opaca el concepto en cuestión y, en definitiva, lo traduce a un sistema democrático de “baja intensidad”, invisibilizando otras formas de participación popular que bien podrían contribuir al fortalecimiento y desarrollo de una democracia más participativa e integral en sus formas de generación y legitimidad. Una democracia que sólo busca delegación del poder es siempre una democracia restringida.

¿Cómo es una democracia avanzada o profunda?. Lo que caracteriza a una democracia avanzada o profunda —a diferencia de lo que se presencia actualmente— no es sólo la delegación de poder, sino la constitución de sujetos políticos capaces de participar activa y permanentemente en las decisiones públicas, sujetos capaces de incidir en el poder de las instituciones y de quienes tienen la responsabilidad de dirigirlas porque el pueblo les ha delegado ese poder momentáneamente.

En el caso de los gobiernos locales, para desarrollar una democracia avanzada y profunda se requiere, a lo menos, incorporar las siguientes transformaciones: Incrementar el número de concejales comunales, eliminando las trabas burocráticas para la presentación de candidaturas de independientes a este cargo; Potenciar, a través de mecanismos de discriminación positiva, la participación de mujeres, jóvenes y minorías étnicas; rebajar —a través de una modificación constitucional— a 16 años la edad de participación política en las elecciones y candidatura a concejales municipales, con el objetivo de ampliar la participación democrática en los municipios.

Asimismo, fortalecer la participación político-comunitaria en la gestión del Gobierno Local por medio de una reformulación de las funciones del Consejo Económico Social en los siguientes ámbitos: participación directa en la planificación del desarrollo comunal, fiscalización, evaluación y/o cogestión en planes y programas municipales de desarrollo de la comuna en sus distintos campos de acción. Complementariamente, otorgar al Concejo Municipal y/o a la comunidad local organizada, la facultad de llevar a cabo —por medio de un debido proceso— la revocación del Alcalde y/o Concejales en caso de comprobarse notable abandono de labores políticas en el Gobierno de la comuna.

Finalmente, en relación a la autoridad ejecutiva del gobierno local, conminar al Alcalde a hacer entrega obligatoria de una cuenta pública y solicitar la aprobación de ésta al Concejo, CESCO y Organizaciones Comunitarias, por medio de voto simple proporcional por cada una de estas instancias.

Lo anteriormente expuesto constituye una propuesta —en el ámbito local— que posibilitaría abrir camino a una democracia avanzada y profunda.


Pablo Monje Reyes
Director
Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado y Políticas Públicas (ELAP)
Arena Pública, plataforma de opinión de Universidad Arcis