El gobierno colombiano reconoció que un militar utilizó el símbolo de la Cruz Roja en la operación “Jaque”. No es la primera vez que la Casa de Nariño es acusada de violar el derecho internacional.

Surgió como un rumor, la cadena estadounidense CNN denunció que luego de haber conocido fotografías y videos inéditos del operativo que permitió la liberación de Ingrid Betancourt, se evidenciaba que en el marco de la operación “Jaque” algunos integrantes del ejército colombiano utilizaron el símbolo de la Cruz Roja Internacional (CICR): algo que esta claramente penado por el derecho internacional, bajo la tipificación de “delito de guerra”.

La semana pasada, en una reunión con delegados de la Cruz Roja internacional, uno de los guerrilleros -llamado Gerardo Antonio Aguilar, alias “Cesar”- que custodiaba a Betancourt y los demás secuestrados, ya había hablado acerca de que en el momento de la liberación al menos tres personas portaban los símbolos de la organización humanitaria. Algo que, según su opinión, le dio “confianza” para abordar el helicóptero en el que se movilizaban. Como era de esperarse, representantes del gobierno colombiano rápidamente salieron a desmentir la versión periodística.

El Comandante de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, reiteró que el ejército no utilizó en ningún momento el símbolo de la CICR para así liberar a las personas retenidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Hemos señalado y dado a la opinión pública todos los detalles de ese operativo y por eso la opinión pública debe creer en la información que le hemos revelado… lo que está claro es que las FARC han recibido el golpe más duro de su historia y en eso es lo que deben creer los colombianos", afirmó Naranjo.

Hasta el mismo Vicepresidente Colombiano, Francisco Santos, en dialogo con la radioemisora Caracol, se mostró absolutamente “convencido” en que los militares no se basaron en la figura de la Cruz Roja para garantizar el éxito de la Operación “Jaque”.

El funcionario se encargó en resaltar que simplemente se trató de una "operación de rescate limpia, en la que se engañó al contrario”: Por otra parte hizo hincapié en que su gobierno tiene una relación de confianza con las organizaciones humanitarias, “labrada durante años” de confidencialidad.

A pesar de estas declaraciones, el por ahora rumor sobre el uso del emblema seguía creciendo cada vez más. A Álvaro Uribe no le quedó otra que reconocer que un oficial utilizó el logo de la CICR en el operativo que se realizó el pasado 2 de Julio en San Jose del Guaviare.

“Cuando el helicóptero de la misión se aprestaba a aterrizar, él vio tal cantidad de guerrilleros que se puso en una situación de mucho nerviosismo, y sacó el pedazo de tela con los símbolos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que llevaba en su bolsillo y lo puso sobre su chaleco”, asevero el Mandatario.

A pesar que representantes de la Organización no gubernamental ya aseguraron que no impondrán ningún tipo de acción legal debido el comportamiento negligente del ejército colombiano, este hecho representa un nuevo golpe contra la credibilidad a nivel internacional de la administración uribista.

Justo cuando Uribe estaba intentando limar las diferencias que existen con los países vecinos -Venezuela y Ecuador- llega este hecho que robustece a quienes sostienen que la Casa de Nariño utiliza la excusa de la lucha “antisubversiva”, para así poder violar los derechos internacionales y de paso desestabilizar la región.

Desde que llegó al poder, el Mandatario colombiano comenzó una guerra a sangre y fuego contra las FARC. Adoptando el esquema de “guerra preventiva”, diseñado por el gobierno estadounidense de George W. Bush, y gracias a la inestimable ayuda militar brindada por el Plan Colombia, a partir del año 2004 Bogotá comenzó a realizar operativos militares más allá de las fronteras del territorio colombiano.

En este sentido, el primer caso que se hizo público fue la detención en Ecuador del comandante de las FARC Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”.

En un operativo realizado conjuntamente por la policía ecuatoriana, colombiana y agentes del INTERPOL, Trinidad fue capturado en la avenida Amazonas, al norte de Quito, en el momento en que se estaba tratando de una leishmaniasis: una enfermedad producida por un germen que se introduce en la piel.

El guerrillero rápidamente fue traslado a Colombia y tiempo después a Estados Unidos, donde fue condenado a sesenta años de prisión tras ser hallado culpable por cargos de rebelión, secuestro, entre otros.

De acuerdo al fallecido comandante del ejército colombiano, general Martín Carreño, la captura de Simón Trinidad probaba que “los cabecillas de estas organizaciones se están refugiando en países vecinos para eludir la acción de las autoridades nacionales. Tenemos conocimiento que estos delincuentes (los jefes guerrilleros) pasan a otros países con suplantación de nombres y documentos, estamos trabajando con las autoridades de los países vecinos para capturarlos".

Sin dudas que la cooperación se intensificó, pero la misma no siguió los cánones permitidos por el derecho internacional.

De acuerdo al periodista Hernando Calvo Ospina, en su columna titulada “Un secuestro con olor a Plan Colombia y desestabilización”, antes de ser “secuestrado” en la tarde del 13 de diciembre del 2004, el llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, se encontraba charlando con un periodista colombiano en el centro de Caracas.

“Aparentemente una mujer lo llamó aparte, y como si él la conociera se le acercó y salieron del lugar. Había pasado casi una hora cuando al fin el periodista se extrañó por la demora de Granda, empezando a preguntar por él a las personas del lugar”, afirma Ospina en su articulo periodístico.

Luego de 14 horas de viaje en el baúl de un auto, según Calvo Ospina, Rodrigo Granda fue “entregado en Cúcuta a la policía colombiana”.

Como era de esperarse, cuando se hizo pública la forma como el gobierno de Álvaro Uribe aprendió al combatiente de las FARC, rápidamente se desató una crisis en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela.

Para poner aún más polémica al asunto y casi un mes después de lo sucedido, el por entonces Ministro de Defensa colombiano, Jorge Uribe, admitió que desde la Casa de Nariño se pagaron “recompensas” para poder llevar adelante el operativo en territorio venezolano.

Este anunció causo indignación en el gobierno venezolano, que acusó formalmente al ministro de ser el responsable de “sobornar a funcionarios venezolanos".

No obstante, este episodio, la Casa de Nariño continuo utilizando sus “métodos poco ortodoxos” para combatir a las FARC. El pasado 1 de marzo, el ejército colombiano- a pesar de estar violando la soberanía territorial de Ecuador- bombardeó el campamento guerrillero de Raúl Reyes.

A pesar que Bogotá logró su objetivo y dio de baja al número dos de las FARC, el hecho provocó un nuevo sofocón a nivel internacional para la administración uribista.

Debido a la flagrante violación de su soberanía territorial, el Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, decidió romper las relaciones diplomáticas con Colombia. Una medida que aún continúa vigente en la actualidad.

Justo cuando Álvaro Uribe estaba haciendo todos los esfuerzos para poder acercarse a Quito, se conoce este nuevo “desliz” de su gobierno en el operativo que permitió la liberación de Ingrid Betancourt.

A nivel interno, la utilización del emblema de la Cruz Roja de parte del ejército seguramente llevará a una mayor deshumanización en el conflicto armado colombiano.

Estas organizaciones humanitarias, que diariamente ayudan a miles de personas, pueden operar libremente gracias a la confianza tejida con las partes en contienda. Ahora, luego de lo sucedido, la guerrilla seguramente tendrá mayores recelos hacia las ONG.

Por su parte, tras conocerse las negligencias de la operación “Jaque”, en el plano internacional probablemente renacerá la desconfianza que ciertos mandatarios latinoamericanos -Rafael Correa, Hugo Chávez, Daniel Ortega- tienen sobre el Presidente colombiano. Estos consideran que, debido a su obsesión de eliminar militarmente a las FARC, las políticas del dirigente antioqueño muchas veces representan una amenaza de desestabilización para el resto de la región.

Habrá que ver como Uribe enfrenta esta nueva crisis, que afecta a la credibilidad de su gobierno, sobre todo internacionalmente. Habrá que ver como hará para convencer a la comunidad internacional que los abusos en su política de “seguridad democrática” son la excepción en vez de la regla.

Por ahora, los métodos de la Doctrina Uribe hacen peligrar la estabilidad de la región.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.
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