Contenido

Artículo 1.- Del Régimen de Desarrollo
Artículo 3.- Para la consecución del buen vivir, son deberes generales del Estado
Los acuerdos del lobo y el cordero
Artículo 3

La farándula nos acostumbra a ciertos vocablos interesantes. Hablan de lo “in” en la moda para referirse al vestuario que debe llevar alguien que desee ser valorado en aquellos grupos sociales; sin embargo, lo “in” también se ha filtrado en el lenguaje del debate político; ser políticamente correctos es estar “in” en política, y en estos tiempos, para estar de moda hay que hablar de lo plurinacional y el buen vivir.

El problema es que la plurinacionalidad no es un traje que puede ponerse un asambleísta en Montecristi, y sacárselo a la hora de definir las negociaciones que impone la “economía pragmática”: no se puede hablar de plurinacionalidad y de un régimen de desarrollo encaminado al buen vivir y, al mismo tiempo, ignorar la voluntad de extensos y diversos grupos sociales ecuatorianos.

El debate sobre la plurinacionalidad, el buen vivir, la consulta previa y el consentimiento previo informado, nos ha mostrado el real escenario en el que el país intenta construir su proceso de cambio: estamos disputando un futuro.

Ecuador es un Estado en disputa. Al inicio del régimen del Presidente Rafael Correa habíamos esbozado la teoría de que el nuevo gobierno ecuatoriano constituía un espacio en disputa debido a la fragmentación ideológica al interior del Movimiento Alianza País; en ese entonces afirmábamos que esta disputa se resolvería acorde a la fuerza que lograran consolidar las diferentes visiones del movimiento que accedió al poder y que inició lo que se denominó la “revolución ciudadana”.

La propuesta de revolución ciudadana tenía sus límites, pues pronto fue evidente que la disputa de poder al interior del gobierno se daría en el marco de la democracia burguesa, es decir, el proceso de reformas, significativas y bienintencionadas, no desmontarían realmente la estructura que permitió el proceso de acumulación capitalista y el propio proceso que vivió el colapsado socialismo real, los dos basados en la extracción de recursos en los países pobres. Era difícil que, por ejemplo, se incorpore operativamente visiones no occidentales de gobierno, a pesar de que a su interior se pudo contar con líderes sociales que habían teorizado y trabajado por la implementación de un Estado Plurinacional, quizá la única alternativa que puede superar los límites de la revolución ciudadana y hacer del Ecuador un Estado realmente participativo.

Los acumulados sociales de las últimas décadas, recogidas en el discurso diario del Presidente, superaron la capacidad de cambio de la revolución ciudadana y la lógica de un gobierno en disputa, aceptada como válida en un primer momento y razón por la que muchos sectores sociales decidieron incorporarse al gobierno para inclinar la balanza hacia cambios más profundos, se transformó en una lógica de lo que realmente debe ser: un Estado en disputa; es decir, en este momento no se están confrontando diferentes visiones de la revolución ciudadana, pues éstas expiran en el marco de reformas en la democracia burguesa al institucionalizar mecanismos que permitan una mayor participación ciudadana en la planificación, modernicen los sistemas de la administración pública y de justicia, mejoren la participación estatal en la explotación de recursos naturales, incrementen la inversión social como formas de redistribución de la riqueza nacional, subordinen los órganos armados al poder civil, entre otras. Estas reformas son imprescindibles y de por sí son buenas, pero este es el límite de la revolución ciudadana: es el límite del Presidente Rafael Correa.

Planteadas así las reformas no se podrá superar el modelo de desarrollo unidireccional que ha convertido al ser humano en el depredador de su propia casa; por tanto, el momento histórico que vive Ecuador nos plantea la responsabilidad de definir el carácter del Estado, no sólo como un modelo de vida de país, sino como un modelo de vida armónica de la especie humana con la naturaleza que lo acoge, y este necesario debate no se resuelve con la oposición al gobierno o con el apoyo al mismo, pues el gobierno como tal, deja de ser el espacio en disputa y se convierte en un actor de otro escenario, el actor más fuerte sí, pero, en definitiva, un actor.

Un proceso como la revolución ciudadana ya asusta a los grupos de poder político y económico, pues pone en peligro sus privilegios, de ahí su férrea y anacrónica oposición, mediatizada constantemente en los medios de comunicación; pero, irónicamente, un proceso más profundo asusta incluso al propio gobierno y a sus asambleístas; por esa razón intentan superar el debate de la plurinacionalidad aceptando sus aspectos étnicos pero protegiéndose de cualquier transformación real en la economía, en la estructura del poder y en la participación de los diversos sectores sociales: intentan proclamarse plurinacionales sin perder la lógica de la jerarquía.

Un Estado en disputa implica una ruptura más profunda, implica una masiva revisión de las estructuras y las visiones sociales, empezando por la revisión del modelo de desarrollo y, a partir de esta revisión, la generación de nuevas formas de relación de las naciones, pueblos y grupos sociales ecuatorianos; entre Estados de la región y fuera de ella; y, fundamentalmente, entre el ser humano y una naturaleza declarada como sujeto jurídico de derechos.

Algunas bases han sido ya sentadas en el proyecto de nueva constitución que se trabaja en Montecristi. Lo primero, la propuesta de régimen de desarrollo, este es el trabajo de la Mesa 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de definirlo, y de cuya propuesta se han aprobado cuatro artículos. Algunas partes de estos artículos los analizamos a continuación:

Art. 1.- Del Régimen de Desarrollo.

El Régimen de Desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir.

El buen vivir requiere que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y libertades, y ejerzan responsabilidades en el marco del respeto a sus diversidades y la convivencia armónica con la naturaleza”.

El buen vivir es la concepción indígena del Sumak Kawsay, que rompe con el esquema de progreso medido en niveles de acumulación monetaria, y por tanto, rompe con el espíritu mismo de la visión occidental de la economía, basada en las leyes de mercado y los acuerdos comerciales.

El neoliberalismo formuló una serie de sofismas asimilados como verdades absolutas, la principal es la idea de progreso como sinónimo de siempre estar superándose, lo que equivale a siempre acceder a mayores comodidades; todo esto basado en la dinámica de los mercados, los cuales, se supone, para ser transparentes, eficientes y que tengan su razón de ser, deben ser libres, deben estar regulados únicamente por sus propias leyes; sólo así el progreso llegará a las regiones, a los países, a todos los hogares.
No hay falacia más grande qué esta, pues el grado de depredación de la naturaleza y la asimetría de las economías actuales son sólo dos de los elementos que desnudan la mentira; por un lado, no hay planeta que alcance para el derroche general, y por otro, no hay equidad en las economías y por tanto, siempre habrá sometimiento de las economías débiles frente a las hegemónicas.

Si se plantea como objetivo de desarrollo el concepto del Sumak Kawsay, estamos hablando que el desarrollo se proyecta en tres planos:

El individual: al fomentar una vida sobria, basada en la satisfacción de las necesidades, es decir en la vigencia de los DESC, pero alejada del consumismo y lo suntuario; esto de por sí se aleja del interés del mercado, de la inundación de productos y la necesidad de consumirlos generada por grandes procesos de marketing.

El comunitario: en donde los índices de desarrollo humano se miden en lo colectivo: todos los derechos para todos, todos los derechos para todas. Esta es una ruptura más de los dogmas del mercado en el que se nos obliga a competir, a diferenciarnos por la marca, a valorar la acumulación monetaria como sinónimo del poder sobre el otro.

La naturaleza: conceptuada como la “pacha mama”, no sólo como el entorno o el medio ambiente; sino como la fuente de vida y la única posibilidad de sobrevivencia de la especie humana. La pacha mama herida por la minería, la pacha mama desangrada a través de los pozos petroleros, es la viva imagen del modelo de desarrollo de occidente. Una naturaleza con derechos es inaplicable en el marco del libre mercado.

La naturaleza, en la cosmovisión del sumak kawsay, se proyecta hacia la consideración de un ser sujeto de derechos: los derechos de la naturaleza, un tema que también ha entrado en debate para ser incorporado en la nueva constitución del Ecuador y que ya lo encontramos en el artículo 3 del Régimen de Desarrollo.

Art. 3.- Para la consecución del buen vivir, son deberes generales del Estado:

• Garantizar los derechos fundamentales de las personas, las colectividades y la naturaleza.

Si ya el debate constitucional avanzó en estos conceptos, es necesario entonces definir el Estado en el que estos conceptos se puedan llevar a la práctica y el sistema económico que puede garantizarlos, pues hasta este momento del debate no se habían evidenciado las contradicciones de la revolución ciudadana con los paradigmas ya establecidos en la nueva constitución y que implican, en realidad, la construcción de un Estado Plurinacional.

Como ya lo han explicado líderes indígenas, como la asambleísta Mónica Chuji, el Estado Plurinacional es un Estado unitario, de equidad y respeto a la diversidad, cuyos recursos naturales son propiedad del Estado; al parecer, esto es aceptado por los demás asambleístas de gobierno, pero encuentran escollos en el tema de la consulta previa y el consentimiento necesario de las comunidades a la hora de decidir sobre las políticas extractivas.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas pueden oponerse, y de hecho se oponen, a las políticas extractivas por los ejemplos que les ha tocado vivir; la negativa a incorporar el derecho de consulta y consentimiento previo puede implicar un salvoconducto al gobierno para seguir explotando los recursos violentando los derechos de los pueblos.

Con la incorporación en la constitución de la consulta previa y el consentimiento vinculante es lógico que las negociaciones Estado – comunidad se volverán más duras, pues el Estado deberá dar suficientes garantías para que la explotación de recursos tenga el menor impacto ambiental posible y los beneficios de su comercialización también lleguen a las zonas de extracción, ¿pero acaso esta no es la misma posición de la revolución ciudadana?, entonces, ¿a qué le tienen miedo?. Si una comunidad, con afinidad al gobierno, acepta la explotación de recursos en su zona y ésta se realiza con todos los controles ambientales y beneficia a la comunidad, es lógico que las demás comunidades pronto negociarán en sus áreas de influencia; entonces, y nuevamente, ¿a qué le tienen miedo?; ¿o es que el país de la revolución ciudadana seguirá sometido a tratados comerciales que vulneran los derechos humanos, como el que se lleva adelante entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones?

Los acuerdos del lobo y el cordero

Los acuerdos logrados entre las transnacionales extractoras de recursos, o las propias compañías nacionales, privadas o estatales, con las comunidades han sido acuerdos entre lobos y corderos, los unos en un afán de depredarlo todo, y los otros en la creencia de que pueden realizar un buen acuerdo. La experiencia mostró que no hay negociaciones buenas, y si las hubo, los acuerdos no se cumplieron.

Esta misma dinámica se vivió en las negociaciones del fracasado TLC con los Estados Unidos y se estaba, o se está, viviendo en lo que ahora, con la Unión Europea, se denomina Acuerdo de Asociación.

No cabe duda que el gobierno de la revolución ciudadana tiene una tendencia nacionalista y, en este sentido, buscará que los acuerdos comerciales deban sujetarse a la estructura de Estado y el modelo de desarrollo que se decida en la Asamblea Nacional Constituyente.

Nuevamente el espacio de disputa está en el Estado y no en el gobierno, pues los acuerdos comerciales deberán regirse por lo que será el Estado ecuatoriano, algo que aún no está definido; de ahí que en la última ronda de negociaciones de la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea, en Quito, el Ecuador haya frenado, sino retrocedido, en el avance de estas negociaciones, con la consecuente molestia de las delegaciones de Colombia y Perú, cuyos gobiernos están más dispuestas a no considerar los derechos humanos como elementos explícitos e imprescindibles de los tratados, acuerdos, asociaciones o como se los quiera llamar a los procesos de negociación internacional de comercio.

También hubo molestia en el equipo negociador ecuatoriano, pues habían adelantado las conversaciones casi con un poder plenipotenciario, sin considerar los avances constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente ni la propia visión nacionalista del gobierno de Correa, por lo que no habían mayores diferencias con el abortado tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El Presidente Correa puso delegados personales para supervisar las negociaciones, la Asamblea Nacional Constituyente optó también por monitorear el proceso, más aún cuando se aprobaron sendos artículos que señalaban el posible derrotero del nuevo Estado ecuatoriano.

Desde los primeros análisis que se realizaron sobre las negociaciones de lo que sería el ALCA, y luego los TLC, con los Estados Unidos, no solo se denunciaba el peligro de masivas violaciones a los derechos humanos, en especial el derecho al trabajo, a la seguridad y soberanía alimentaria, a un medio ambiente sano, y, en definitiva, a todos los derechos sociales, económicos y culturales, teniendo explícito además el masivo atentado a los derechos de los pueblos.

Con las nuevas bases constitucionales surge la interrogante: ¿puede un acuerdo comercial someterse a este nuevo marco constitucional”, o más aún, ¿puede un acuerdo comercial entre economías asimétricas someterse a este nuevo marco constitucional ecuatoriano?

Con estos antecedentes, es totalmente explicable la supervisión del equipo negociador ecuatoriano que, dicho sea de paso, era el mismo equipo que negoció con los Estados Unidos y su comportamiento no había cambiado en esencia: las consecuentes molestias para quienes estaban negociando son las molestias del sistema en sí mismo que se enfrenta a la posibilidad de un nuevo referente.

Ya hemos analizado los conceptos del buen vivir y la plurinacionalidad, ahora pasemos a revisar otros aspectos importantes que complementan esta propuesta en la nueva Constitución del Ecuador, y es lo referente a la Mesa 9: Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana.

Ya su nombre establece una nueva prioridad: la integración latinoamericana, pero esta integración debe enmarcarse en los artículos de soberanía aprobados, los que, a más de establecer que Ecuador es territorio de paz y no albergará bases ni tropas militares extranjeras, en cuanto a los recursos naturales establece:

Artículo 3:

El Estado ecuatoriano es propietario y ejerce soberanía en especial sobre los recursos naturales no renovables que se encuentren en su territorio, incluidos el agua, los yacimientos minerales y de hidrocarburos; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro electromagnético. El patrimonio cultural es bien público, bajo las distintas formas de propiedad que establezca la Constitución y la Ley.

La misma Mesa 9 nos proporciona la argumentación necesaria sobre este artículo:

“Este artículo recoge un clamor de grandes sectores sociales sobre la necesidad de reafirmar la propiedad y el ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales no renovables de su territorio, en los que se incluye el agua, bandera de lucha de importantísimos sectores de campesinos que se han visto afectados en sus derechos elementales ante la pretendida privatización de este derecho humano, es su voz compañeros y compañeras, guardianes de la vida, la que está expresada en este artículo. No los hemos traicionado, aquí está su justa propuesta en la nueva constitución, como está la voz y la lucha de los defensores del ambiente, de las comunidades indígenas….

Y es también la voz y la lucha de años de enormes sectores sociales la que se expresa constitucionalmente cuando se decreta la propiedad y el ejercicio de la soberanía sobre la biodiversidad y su patrimonio genético, elementos que han despertado la codicia de intereses poderosos, el patrimonio cultural que en una buena parte de la historia del país se convirtió en mercadería de mercaderes y no en elemento de identidad y soberanía,

Para terminar, el artículo puntualiza la propiedad y soberanía sobre el espectro electromagnético; la nueva autopista en la que se juega el poder en la era de las comunicaciones, el nuevo espacio de ejercicio de la dominación si su uso se lo hace desde la óptica del libre mercado y no apegado a los más caros intereses nacionales.

La propiedad y soberanía sobre el espectro electromagnético es el gran desafío para los hombres y mujeres libres, para las próximas generaciones, para el aseguramiento de la independencia tecnológica, para el ejercicio de la soberanía en el siglo signado por la comunicación”.

Lo argumentado por la Mesa ratifica la esencia de la Asamblea Nacional Constituyente: es producto de un acumulado social y, como tal, en ella confluyen mayoritariamente visiones progresistas, lo que quiere decir que no está en debate si la nueva constitución abarcará mayores derechos, sino que el debate debe centrarse en el alcance de los nuevos derechos, y cómo estos nuevos derechos pueden modificar el régimen de desarrollo, y más aún, el sistema de explotación de recursos y los consecuentes acuerdos comerciales.

Una vez aprobados los primeros 4 artículos sobre soberanía, la Mesa 9 se lanzó a definir nuevas formas de relación internacional, en especial a lo referente a los acuerdos sobre comercio; en este marco planteó siete artículos más que están por considerarse en el pleno de la Asamblea Nacional Constituyente y que han sobresaltado ya no solo a los poderes nacionales, sino que tiene la fuerza para provocar un remezón regional. De los artículos propuestos valen mencionar los siguientes:

• La sujeción que los tratados y convenios deberán tener con respecto al ordenamiento jurídico nacional. El respeto que deberá existir en los tratados y convenios a los derechos contemplados en la Constitución Ecuatoriana.

Por primera vez, y de forma explícita, en este artículo se establece que los derechos garantizados en la Constitución deberán ser respetados, es decir, no se firmará ningún acuerdo o tratado internacional que los vulnere.

De esto se desprende dos consideraciones: primero, que debemos tener la certeza de que la nueva constitución recoge todos los avances que se han dado en materia de derechos humanos y legislación internacional para no romper el carácter de obligatoriedad que generan los tratados, acuerdos, convenciones y declaraciones sobre derechos humanos; y, segundo, que no se podrá aceptar ningún convenio por debajo de los índices constitucionales, como generalmente suelen ser los acuerdos de comercio y los acuerdos militares.

• La competencia que tiene el Presidente de la República para la suscripción, ratificación y adhesión a cualquier tratado o convenio internacional. El Poder Legislativo aprobaría o improbaría los tratados y convenios que:

• Que se refieran a materia territorial o de límites

• Que establezcan alianzas políticas o militares.

• Comprometan al país en acuerdos de integración o de comercio.

• Atribuyan a un organismo internacional o supranacional el ejercicio de competencias normativas y otras derivadas de la Constitución o la ley.

• Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución.

• Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.

• Comprometan el patrimonio natural, en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético.

• Subordinen las decisiones económicas del Estado a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales.

Cabe llamar la atención en los literales b, c, g y, especialmente, el literal h, que por lo general son involucrados en los acuerdos comerciales, y el acuerdo con la Unión Europea no es la excepción.

• El Presidente de la República podría convocar a consulta popular, cuando considere que los tratados y convenios tocan temas de trascendental importancia. La ciudadanía podría solicitar una consulta popular, con respecto a cualquier tratado o convenio, cuando presente firmas equivalentes al 5% del padrón electoral.

Establece la participación directa del pueblo ecuatoriano en las decisiones de carácter internacional, con eso superamos el vacío al que nos enfrenamos cuando presionábamos por una consulta popular relativa al ALCA y el TLC con los Estados Unidos, encontrándonos con que no teníamos una forma constitucional que contemple la operatividad de estas demandas.

• No se podrá celebrar tratados o convenios que obliguen al Estado a ceder jurisdicción a instancias de arbitraje en materia comercial o contractual.

Este artículo reconoce el nefasto rol de los procesos de mediación internacional establecidos en las diversas instancias supranacionales o multilaterales, frente a los cuales los países pobres se han visto imposibilitados de defenderse. El CIADI es un ejemplo de la imposición de los intereses de las transnacionales con vinculación al gobierno de los Estados Unidos.

La defensa de la soberanía frente a los tratados comerciales internacionales va por buen camino en el nuevo orden constitucional ecuatoriano, y va de la mano de creativas y valientes iniciativas de asambleístas que han sintonizado con las luchas populares ecuatorianas de las tres últimas décadas

Cabe resaltar que la Mesa 9 está liderada por María Augusta Calle. La persecución del gobierno estadounidense, a través del gobierno colombiano a esta asambleísta es precisamente porque la mesa bajo su dirección es la expresión de un pueblo dispuesto a defender sus derechos con dignidad y valentía, y eso molesta a quienes se han acostumbrado a saquear los recursos sin ningún impedimento.

Si ya llegamos hasta acá, ¿por qué no nos atrevemos a dar el salto siguiente?

En términos de la dialéctica podríamos decir que hemos acumulado elementos cuantitativos y estamos en el momento de dar ese salto cualitativo que la historia nos presenta, éste es el fundamento del eslogan presidencial que asegura que no es una época de cambios, sino un cambio de época; entonces hay que dar el salto, y el salto es el cambio de nuestra concepción de desarrollo, el cambio de Estado: el Estado Plurinacional.

Habíamos asegurado que existe un Estado en disputa, y esto es real, pues si bien hemos avanzado en temas como la soberanía y el buen vivir, no hemos avanzado mucho aún en la definición de temas como la política extractiva y en cómo ésta puede sintonizar con el buen vivir; asistimos a una embestida de los medios de comunicación vinculados al sistema financiero, que promulga la fragmentación del bloque mayoritario de la Asamblea Nacional Constituyente; una ruptura que puede ser probable en la medida que se profundice la discusión de la estructura económica del nuevo Ecuador: el mandato minero vs la ley de minas, es un ejemplo; la propiedad y las relaciones financieras de los medios de comunicación es otro.

Pero tampoco podemos aceptar que, a pretexto de evitar la ruptura, se llene la constitución de términos políticos acorde a la moda, convirtiendo a la nueva constitución en un híbrido en el que puedan incrustarse los viejos modelos de explotación, o en una cáscara que adorne nuestro ego intelectual pero no nos permita disfrutar de nuestros derechos.

Por ahora seguimos en la lucha y en la duda, vigilamos la Asamblea Nacional Constituyente, apelamos a nuestros aliados y aliadas en su interior y, sobre todo, no vaciamos el concepto de una movilización popular permanente como una de las formas de disputar un Estado que de cabida a todas y todos, que no de paso a tratados de lobos y corderos, que albergue nuestros sueños a pesar de los carroñeros que nos sobrevuelan y a pesar de los cañoneros que empiezan a despertar en la cuarta flota estadounidense.

(Ponencia presentada en el marco de la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas III. Lima, Perú, mayo de 2008)

Luis Ángel Saavedra
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH (Ecuador)
http://www.inredh.org