El amplio movimiento social encabezado por el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, permitió parar el albazo legislativo, que el gobierno, la oligarquía económica y la dupla PAN-cúpula príista, pretendían asestar a la Nación, para poner la riqueza petrolera en manos de los grandes intereses, nativos y trasnacionales. Aunque los líderes parlamentarios del PRIAN y otros más, niegan que hubiera cualquier intención de aplicar un “fast track” con la iniciativa calderonista, diversos testimonios de la prensa extranjera, prueban que ese era el objetivo. Ya con la tribuna tomada por los legisladores del FAP, el inefable El País informaba el 15 de abril, que “Calderón se ha planteado la posibilidad de emprender el debate en una sede legislativa alterna para sacar adelante la reforma antes de que concluya el periodo de sesiones, el 30 de abril”. La toma de las tribunas de las Cámaras por los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) y la resistencia civil pacífica fueron una necesidad del movimiento, no el capricho de ningún dirigente.

La privatización del sector energético nacional, hay que decirlo y repetirlo con todas sus letras, no es sólo un proyecto en marcha, sino un hecho de nuestra realidad desde hace varios años, desde que se consolidó la ofensiva neoliberal con Salinas de Gortari. Basta mencionar dos botones de muestra: la producción de electricidad por productores privados independientes, cuya generación representa ya más del 40% del consumo nacional; y la explotación de gas en la Cuenca de Burgos, bajo el esquema de los anticonstitucionales contratos de servicios múltiples, y en donde operan sin mucho recato, entre otras, las trasnacionales Chevron, Exxon, Repsol y Halliburton, la de Cheney y la guerra de Irak. Entonces lo que se trata con la reforma calderonista es de legalizar y ampliar la acción de las trasnacionales y de los grandes grupos privados mexicanos en el sector energético. Hay dos cosas sagradas para cualquier capital privado, a las que no renuncia nunca: una es la libre movilidad de sus capitales y la otra el reconocimiento de los derechos de propiedad. Así que la reforma pretende, por un lado, legalizar los contratos ilegales existentes y, por el otro, extender el marco de acción de los capitales privados a la exploración, extracción, refinación, transportación y ductos, actividades reservadas por la Constitución al Estado y funciones esenciales de PEMEX. Aunque los voceros transnacionales y oligárquicos no han dejado de mostrarse insatisfechos con el, a su juicio, carácter light de la reforma. Por ejemplo, el salinista Claudio X. González, dijo en nombre del Comité Mexicano de Hombres de Negocios, “Nos inquieta el hecho de que después de fortalecer a Pemex pues seguirá siendo un monopolio (…) obviamente es necesaria una reforma al 27”. O que la directora de la calificadora Fitch señalará que “sin cambios constitucionales la extensión del potencial de la inversión privada en el sector energético es incierta”. Menos exigente el presidente de Moodys se conformó con reconocer que “las reformas propuestas son probablemente sobre (sic) lo mejor que se podía esperar ante un ambiente político díscolo” (CNN-Expansión).

El debate comenzado ha permitido ya dejar en claro algunos de los elementos principales de la reforma privatizadora, con la cual se pretende cerrar el círculo neoliberal de las “reformas de “segunda generación de reformas”, preconizadas por el Consenso de Washington. De manera muy apretada estos son:

1. Se trata de una reforma anticonstitucional que viola en la letra y en el espíritu los artículos 27, 25 y 28 de nuestra ley suprema.

2. Con la reforma, se privatizan las funciones principales de PEMEX (exploración, refinación, transporte, comercialización y almacenamiento).

3. Se privatiza el uso de la renta petrolera al entregar las actividades más rentables de la cadena de valor del sector a la oligarquía económica y a las empresas transnacionales

4. Mantiene el rol de PEMEX como principal financiero del gobierno Federal. Es decir redime al Estado de la necesidad imperiosa de efectuar una reforma fiscal redistributiva que grave al puñado de oligarcas enriquecidos con la reforma neoliberal.

5. Al plantear la emisión de “bonos ciudadanos” abre la vía para la bursatilización de las operaciones de PEMEX, ya que establece un premio adicional a la tasa de interés, en función a la actuación de la empresa. Además se le regala una tajada de la renta petrolera a los bancos y agentes financieros, que serían los emisores primarios de los títulos. El peligro de chatarrización de esos bonos ante una crisis, es real, como sucede ahora con la crisis inmobiliaria y las obligaciones vinculadas a las hipotecas 6. Acentúa el carácter de exportador de materias primas de PEMEX. Se busca satisfacer las necesidades energéticas de Estados Unidos, y de ningún manera existe una preocupación nacionalista ante la dependencia en materia de refinados y petroquímicos como lo maneja la propaganda oficial, ni se pretende usar el petróleo como una palanca del desarrollo y de fortalecimiento del mercado interno.

7. No establece una política energética de largo plazo ni toca los problemas ambientales, tarea que se comisiona al partido verde, para que produzcan una iniciativa ligth y decorativa.

8. Va en contra de las tendencias mundiales de fortalecer el control estatal de los sectores estratégicos. De hecho, 90% de las reservas mundiales de petróleo y 70% de la producción de hidrocarburos se encuentran actualmente en manos de empresas estatales Estados nacionales productores y solo el resto bajo el control de las ETN.

9. Genera mayor corrupción. La autonomía de gestión que promueve Calderón busca, como dijo Claudia Sheinbaum, “ampliar y legalizar la corrupción”. Las adjudicaciones sin licitación, así como la emisión de deuda sin autorización del Ejecutivo y del Congreso propuestas, la fomentan. Además, no se toca para nada la corrupta relación de contubernio con el sindicato petrolero, ya que necesita el apoyo del PRI y del sindicalismo corporativo para aprobar la reforma privatizadora

La reforma calderonista no se podría entender al margen de la política geoestratégica de los Estados Unidos y del papel que en la misma juega la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). No es un secreto la importancia que guarda el control de las fuentes de materias primas estratégicas (petróleo, gas, agua, etc.) dentro de la política imperialista de los Estados Unidos. Desde que los neoconservadores con George Bush a la cabeza arribaron al poder, asignaron a la política energética un papel relevante. El reporte sobre Política Energética Nacional del 17 de mayo de 2001, elaborado por un equipo liderado por el vicepresidente Dick Cheney, si bien establece la conveniencia de incrementar la producción interna de petróleo y de aplicar políticas para impulsar fuentes alternativas de energía y medidas para su ahorro, llega a la conclusión de que Estados Unidos seguirá dependiendo de fuentes externas. Según dicho reporte:
“Debemos fortalecer nuestra seguridad energética y la prosperidad compartida de la economía global trabajando con otros países para incrementar la producción global de energía (por lo cual) “hay que hacer de la seguridad energética una prioridad de nuestro comercio y de nuestra política exterior (Klare, 2003)”.

Según Spencer Abraham, ex secretario de Energía de EE.UU.: “Los objetivos estadounidenses (en materia petrolera) consisten en diversificar los suministros de energía y promover nuevos recursos en el Hemisferio Occidental, Rusia, la cuenca del Mar Caspio y Africa, y mejorar el diálogo con los principales países productores y consumidores claves para prevenir las perturbaciones energéticas antes de que se conviertan en crisis (Abraham, 2004)”.

La dependencia de EE.UU. de las importaciones del crudo es creciente. Estas absorben el 50% del consumo de crudo en el mercado estadounidense. La dependencia del exterior no solo se refiere al petróleo, sino que se extiende al gas natural cuya importancia como energético es creciente. Las importaciones de gas absorben el 21% del consumo del mercado estadounidense. Las proyecciones realizadas por el grupo liderado por Cheney revelan que esa situación empeorará en el futuro. Así mientras la producción interna de petróleo declinará de 8.5 millones de barriles diarios (mbd) en 2002 a 7.0 mbd en 2020, el consumo crecerá en el mismo periodo de 19.5 mbd a 25.5 mbd, en tanto que las importaciones totales se incrementarán de 11 mbd a 18.5 mbd. Se calcula que en 2025, las importaciones de crudo representarán el 70% del consumo estadounidense (Abraham, 2004)

En ese contexto, el control estadounidense sobre los países petroleros se vuelve indispensable. De allí la guerra de Irak, el acoso de Irán, la presencia militar estadounidense en la ex- repúblicas soviéticas que rodean el Mar Caspio, la hostilidad hacia el gobierno venezolano de Hugo Chávez y la avidez por privatizar PEMEX y controlar el tesoro de las aguas profundas.

Tampoco es un secreto la creciente alineación del gobierno de México con los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. Dentro de la ASPAN (derivación bushista del TLCAN plus foxista), Canadá y México se han uncido a la política de seguridad, antiterrorista y de “guerra preventiva” de Estados Unidos. De hecho se ha constituido, sin conocimiento de los congresos, un espacio único de seguridad en América del Norte bajo la supervisión del Comando del Norte de Estados Unidos. La Iniciativa Mérida, firmada el 22 de octubre de 2007 es, pese que el gobierno mexicano lo niegue, un programa similar al “Plan Colombia”, encaminado a combatir el narcotráfico y el terrorismo. La Iniciativa Mérida involucra la concesión por parte de Estados Unidos de recursos 1,400 md, de los cuales alrededor de 500 md se desembolsarían en 2008; incluye equipamiento en espionaje telefónico, radares para interceptar cargamentos de droga, helicópteros y entrenamiento espacial para agentes mexicanos. Aunque se asegura que no implicará la presencia de militares estadounidense en territorio mexicano, se da por descontado a la participación en México de empresas privadas de seguridad y de asesores militares. El ataque militar perpetrado por el gobierno de Colombia en territorio ecuatoriano, con apoyo logístico de Estados Unidos, representa la aplicación primera de la estrategia de guerra preventiva estadounidense en territorio latinoamericano.

Si bien, en materia de política exterior, el gobierno de Calderón ha tenido que enmendar las pifias garrafales de la dupla Fox-Castañeda, buscando con ello conseguir en el exterior la legitimidad que no consigue en México, es clara su alineación con los intereses estadounidenses. El gobierno no ha dejado de acomodarse con las posiciones más reaccionarias del continente, como lo mostró la debilidad y tibieza con que Calderón respondió a las acusaciones dolosas del presidente colombiano Uribe en territorio mexicano, culpando a los estudiantes mexicanos masacrados en Ecuador de terroristas y narcotraficantes, y al aceptar la canciller Espinosa recibir al líder boliviano opositor separatista de la provincia de Santa Cruz, Senador Oscar Ortiz, dirigente del partido derechista PODEMOS. Igual que en Nueva Orleans durante la última reunión presidencial del ASPAN, Calderón no tuvo empacho en manifestar su disposición a no renegociar el TLCAN, y consideró que éste ha sido muy exitoso, porque ha permitido crear millones de empleos y aminorar la migración.

La seguridad energética de América del Norte en una de las cinco iniciativas prioritarias dentro del ASPAN. En su presentación de la política energética estadounidense, Spencer destaca el hecho de que “Estados Unidos, Canadá y México colaboran para integrar y fortalecer aún más el mercado energético norteamericano, mediante la superación de obstáculos de política y técnicos que se oponen al aumento de la producción y distribución de energía”. Para discutir estas cuestiones en el seno del ASPAN, se creó el Consejo de Competitividad de América del Norte (CCAN), instancia integrada por corporaciones privadas de México, Canadá y Estados Unidos para hacer avanzar sus particulares intereses; forman parte del mismo 35 grandes empresas de la región, 10 por cada uno de los dos primeros países y 15 en el caso de Estados Unidos, entre las que destacan, para los fines geopolíticos energéticos, la petrolera Chevron, las empresas del complejo militar-industrial Lockheed Martin y General Electric, así como la ferroviaria Kansas City Southern, que controla un sistema multimodal que incluye gasoductos y oleoductos que forman parte del proyecto Corredor Trans-Texas. En sus análisis, el CCAN afirma que "existe potencial para una reforma significativa en México (que busque) la liberalización del comercio de los productos refinados, así como para su almacenamiento y distribución, mediante cambios en el gobierno y la organización de Pemex". En la idea del Consejo, con la "liberalización plena del sector energético de México, sus reservas de petróleo y gas, relativamente abundantes, atraerían tecnología e inversiones significativas”. La similitud entre las propuestas del CCAN y los objetivos que se encuentran detrás de las iniciativas energéticas presentadas por el gobierno de Calderón, son una muestra clara de la convergencia de los intereses de las trasnacionales con los del gobierno mexicano.

Mienten los neoliberales del PRIAN. No se requiere de una reforma legal para reestructurar a PEMEX y convertirla en una auténtica palanca del desarrollo nacional.

Es falso que no existan recursos financieros, para la expansión y modernización del sector energético. Lo que urge y desde hace rato, es un cambio de fondo en el modelo económico del país y el abandono de las políticas neoliberales de corte restrictivo. Como dijo hace muchos años el marxista estadounidense Paul Baran el problema principal de nuestros países no es la falta de ahorro interno, sino el uso irracional del excedente económico, el cual se traslada al exterior o se despilfarra internamente en consumos improductivos de las elites.

Es lo mismo con PEMEX. La renta petrolera allí está. Los precios internacionales del crudo seguirán altos en los próximos años. Lo que se necesita es movilizar aquella adecuadamente en aras del desarrollo nacional, lo que reclama entre otras cosas: utilizar los excedentes petroleros con fines de inversión productiva para reforzar los programas de exploración, extracción, refinación, investigación y petroquímica; llevar adelante una verdadera reforma fiscal redistributiva que grave a la elites y que libere a PEMEX de ser el sostén del erario público; y que el gobierno federal asuma la onerosa deuda de más de 100 mil millones de dólares en PIDIREGAS y la reestructure en función de la capacidad de pago del país. PEMEX está en condiciones de reorganizarse, modernizarse y expandirse, sin necesidad de ceder sus principales funciones al capital privado.

La lucha contra la privatización aún no está ganada. No se puede bajar la guardia. Por la importancia de los intereses en juego, la derecha insistirá en aprobar la reforma, introduciendo, si acaso, algunos cambios secundarios en las iniciativas del Ejecutivo. La clave del triunfo residirá en la capacidad de movilización y organización que alcance la resistencia civil y pacífica, tanto dentro como, principalmente, fuera del Congreso. La batalla tiene que ser ganada en el amplio espacio de la sociedad civil.

¡No a la privatización disfrazada de PEMEX¡ ¡La patria no se vende, la patria se defiende! ¡Sólo el pueblo puede defender al pueblo! Muchas gracias.

(Ponencia presentada en el coloquio “Petróleo y Seguridad Energética” organizado por el Frente Amplio Progresista. México, D.F., 6-7 de mayo de 2008)

Arturo Guillén

Profesor - Investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Jefe del Area de Economía Política de la misma universidad. Coordinador General de la Red Eurolatinoamericana de Estudios para el Desarrollo Celso Furtado  www.redcelsofurtado.edu.mx  e-mail: grja@xanum.uam.mx

Bibliografía

Abraham, Spencer (2004).  “La política energética nacional de Estados Unidos y la seguridad energética mundial”. http://usinfo.state.gov

Klare, Michael (2003). “Blood for Oil. The Bush-Cheney Energy Strategy” en Leo Panitch y Colin Leys, editores.  The New Imperial Challenge. Londres, Socialist Register