El vicepresidente conservador Alberto Dahik renunció a su cargo y huyó a Costa Rica a bordo de su avión privado, luego de que las autoridades judiciales ordenaran su captura por presuntos manejos indebidos de los gastos reservados del Estado.

En la semana del 2 al 6 de octubre, Dahik afrontó un juicio político en el Congreso planteando por diputados de oposición, quienes lo acusaron de mal manejo de los fondos reservados del Estado, enriquecimiento personal y entrega de asignaciones presupuestarias a los diputados del Partido Social Cristiano a cambio de la aprobación de leyes (ver S.I. ALAI # 218).

Gracias a una hábil estrategia política, Dahik logró confundir y dividir a los partidos de oposición (mayoritarios en el Congreso), quienes apenas reunieron 39 votos para destituir al vicepresidente, cuando se requerían las dos terceras partes del Congreso unicameral, esto es 52 de los 77 diputados.

Por el escándalo de los fondos reservados, el presidente de la República, Sixto Durán Ballén, días antes de que se iniciara el juicio político, pidió la renuncia a Dahik, pero éste no aceptó la "sugerencia" y prefirió afrontar el juicio político.

Luego de que el Congreso lo absolviera, los allegados de Dahik señalaron que éste continuaría hasta terminar su mandato en agosto de 1996. No obstante, la decisión del presidente Durán Ballén de impedir que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, inspeccionara los microfilmes de las cuentas reservadas de la Vicepresidencia, determinó la decisión del alto magistrado de ordenar la captura de Dahik.

Por este escándalo, el gobierno de Durán Ballén enfrenta su más severa crisis política que ha provocado la dimisión del superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz Chávez y del ministro de Gobierno, Abraham Romero.

Los efectos de la crisis política repercutieron en la economía. En las últimas semanas subieron las tasas de interés y la cotización del dólar estadounidense, en tanto que bajó la inversión extranjera. A ello se suma la recesión y la desocupación que están provocando los racionamientos de energía eléctrica y las secuelas de la guerra con el Perú.

Hay incertidumbre sobre el futuro del país. Para socialdemócrata Rodrigo Borja, la crisis política, económica y moral ha llegado a tal extremo que la única salida sería la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta política. Esta tesis es apoyada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y sectores del sindicalismo público.

En este contexto, el gobierno, insiste en convocar a una segunda consulta popular para el 26 de noviembre a fin de reformar la Constitución que rige desde 1979. La mayoría de partidos políticos y organizaciones populares consideran que la consulta es inoportuna, costosa y mal concebida.

El "juicio del siglo"

Así fue calificado al proceso seguido contra el vicepresidente Dahik por los diputados Rafael Cuesta, Xavier Neira y Marco Flores del Partido Social Cristiano, (derecha) Frank Vargas de Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana (centroizquierda) y Juan José Castelló del Movimiento Popular Democrático (izquierda).

Cumpliendo aquel principio futbolístico de que la mejor defensa es el ataque, Dahik, durante el juicio político, enfiló toda su artillería en contra del Partido Social Cristiano y su dirigente León Febres Cordero, quien fue presidente del Ecuador entre 1984 y 1988 y actualmente es alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

Dahik no desvirtuó las acusaciones de los diputados interpelantes, pero se dedicó a enumerar las arbitrariedades cometidas por Febres Cordero durante su mandato: envío de tanques a la Corte Suprema de Justicia, golpiza al diputado socialista Diego Delgado, tratos sucios con el general panameño Antonio Noriega para perjudicar a Abdala Bucaram, líder del Partido Roldosista Ecuatoriano (populista). Bucaram cuando se encontraba exiliado en Panamá, fue apresado y torturado por la policía de ese país acusado de posesión de drogas.

Dahik, además, denunció que Febres Cordero duplicó su fortuna en los cuatro años que gobernó y que sus familiares y colaboradores se enriquecieron en forma ilícita.

De tal palo tal astilla

Dahik fue ministro de Finanzas del régimen de Febres Cordero y luego su asesor económico, pero nunca llegó a afiliarse al PSC. Buscó protagonismo propio afiliándose al moribundo Partido Conservador Ecuatoriano (PCE). En poco tiempo, reactivó a esta agrupación política y se convirtió en su máximo dirigente. El ascenso político de Dahik fue muy rápido. Para 1990 fue electo diputado, y en 1994 llegó a la Vicepresidencia en alianza con Sixto Durán Ballén, convirtiéndose en el hombre fuerte del régimen.

Dahik y Febres Cordero pertenecen a la misma corriente política de derecha, pero su distanciamiento se produce a raíz de que Dahik pretende disputarle el liderazgo y la representación de la derecha.

Con las acusaciones contra Febres Cordero, Dahik tocó fibras sensibles de los diputados y dirigentes de los partidos que fueron víctimas de la persecución política de ese período. Y su estrategia le dio resultados.

Dahik se salvó gracias a la mano que le extendieron los diputados del Partido Roldosista Ecuatoriano, y de la Democracia Popular, DP, versión local de la democracia cristiana, que decidieron abstenerse en la votación.

Fondos reservados

El caso de corrupción más sonado en los últimos tres meses es el de los fondos reservados manejados por el vicepresidente Dahik, cuyo monto ascendería a 20 millones de dólares desde que asumió el poder en agosto de 1992. Similares cifras habrían dispuesto la Presidencia de la República y el Ministerio de Gobierno.

Según los reglamentos vigentes, dicho fondos debían ser manejados en cuentas del Banco Central, bajo la supervisión del contralor general del Estado. Pero Dahik, desde que inició su mandato, abrió cuentas en un banco privado (Banco del Pacífico) a nombre de sus dos secretarios: Gladis Merchán y Juan Mario Crespo, quienes también se encuentran prófugos. De esto no tuvo conocimiento el contralor.

Pero lo que más llama la atención de este caso es la forma discrecional y poco ética con la que, según los diputados denunciantes, Dahik dispuso de los dineros reservados, los cuales no fueron utilizados para mantener la seguridad interna y externa del país, como señalan los reglamentos.

De lo poco que ha trascendido, con los fondos reservados se intentó comprar en 250.000 dólares una radioemisora de Quito, para lo cual se hizo un primer adelanto de 25.000 dólares. La intención era utilizarla en la próxima campaña electoral; el intermediario de la fallida transacción fue el ex canciller Diego Paredes, sobre quien pesa una orden de captura. En este caso, el vicepresidente Alberto Dahik se vio obligado a devolver los 25.000 dólares más los intereses, lo cual prueba que sí hubo desvío de los dineros del Estado.

Así mismo, unos 12 mil dólares fueron donados para las olimpiadas de los empleados judiciales. Según el diputado Cuesta, Dahik utilizó unos 100.000 dólares para financiar la construcción de su mansión con piscina que se construye en Guayaquil. Dahik ha desmentido esta afirmación y ha asegurado que su casa construye con rentas de sus empresas.

Otros políticos afirman que con los fondos reservados se compró a diputados, se pagó sueldos extras a los allegados al régimen, se financió la publicidad del Partido Conservador y la millonaria campaña a favor de la tesis del gobierno en el plebiscito de agosto de 1994.

Sectores ciudadanos señalaron que lo más cuestionable es que mientras se manejaban alegremente los fondos reservados, el régimen declaraba que no tenía dinero para atender la salud pública, la educación y los requerimientos de una población sumida en el desempleo y la pobreza.

Justicia maniatada

El magistrado Carlos Solórzano no pudo inspeccionar los microfilmes guardados en el Banco Central que presuntamente involucraban a Dahik y su entorno.

El proceso que sigue el magistrado Carlos Solórzano, para descubrir la verdad de los fondos reservados, ha tocado a altos personeros del régimen como Diego Paredes, familiar político y cercano colaborador del presidente; al ex-superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz, y al ex-ministro de Finanzas, Mauricio Pinto, empresario textil muy influyente en el Ejecutivo. Muñoz y Pinto fueron sindicados por obstruir la justicia.

El gobierno ha obstaculizado la labor de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Durán Ballén, interfiriendo la autonomía de la Función Judicial, dictó un decreto secreto mediante el cual se autoasignó la función de custodio de los microfilmes correspondientes a las cuentas abiertas por los secretarios de Alberto Dahik en el Banco del Pacífico.

Luego de ese decreto, el doctor Carlos Solórzano, no pudo inspeccionar los microfilmes que se encuentran guardados en las bóvedas del Banco Central.

Según diputados de izquierda, los microfilmes de la Vicepresidencia contendrían información que compromete al propio presidente Durán Ballén. El gobierno no está dispuesto a que se ventile públicamente el asunto de los fondos reservados,
a riesgo de ver amenazada su propia estabilidad y supervivencia.

Publicado en el Servicio Informativo Nº 220, ALAI, 12-10-1995, Quito.