Con la detención el viernes 28 de marzo de los Congresistas Rubén Darío Quintero y Miguel Pinedo Vidal del Partido Cambio Radical, que orienta el Senador Germán Vargas Lleras y la detención también del Senador Liberal Luís Fernando Velasco, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avanza en el proceso penal que busca no solo develar los nexos entre paramilitares y políticos en las distintas regiones del país sino que de contera ahonda la crisis de legitimidad del Congreso.

Hasta ahora la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha vinculado a la investigación a 74 parlamentarios colombianos de los cuales se encuentran detenidos 26. De éstos 18 han renunciado al fuero y se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, los otros 8 siguen en la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia. Bajo investigación de la Fiscalía se encuentran dos gobernadores, uno de ellos el del Magdalena, Trino Luna ya condenado pues acepto los cargos de concierto para delinquir agravado; 12 alcaldes se encuentran detenidos bajo los mismos cargos así como cuatro diputados del departamento de Sucre y algunos concejales y dos ganaderos del departamento de Sucre. En la jurisdicción de Justicia y Paz creada por la ley 975 están investigados cerca de un centenar de líderes de los grupos paramilitares y en averiguaciones un número indeterminado de miembros de la fuerza pública. La sala Penal condenó, en diciembre pasado a seis años de prisión al representante e la Cámara por el Departamento de Sucre, Eric Morris a quien también impuso una sanción de 2000 salarios mínimos. La Fiscalía ha condenado al representante, Alfonso Campo Escobar del departamento del Magdalena a 6 años de prisión y al pago de 1600 millones de pesos, al senador Dieb Maloof a 4 años y nueve meses de prisión lo mismo que a Miguel de la Espriella condenado a 45 meses de prisión. Estos tres últimos se acogieron a la figura de la sentencia anticipada y negociaron con la Fiscalía General de la Nación.

Hasta ahora con la excepción de los partidos Polo Democrático Alternativo, Mira, Alianza Social Indígena y por el País que Soñamos que tienen representación en el Congreso de la República, todos los demás tienen parlamentarios comprometidos en las investigaciones. El que mayor cuota tiene es el Partido Cambio Radical que cuenta con 7 parlamentarios investigados (Reginaldo Montes, Luís Carlos Torres, Rubén Darío Quintero y Miguel Pinedo, todos ellos senadores y los representantes a la Cámara Karelly Lara del Magdalena, Oscar Wilches del Casanare y Alfonso de Jesús Ramírez del Magdalena). El Partido Conservador tiene bajo investigación a cinco parlamentarios (los senadores William Montes Medina, Ciro Ramírez, Luís Humberto Gómez Gallo y los representantes Gonzalo García del Tolima y Alfredo Cuello Baute del Cesar). Siguiendo con los de la coalición uribista el partido Convergencia Ciudadana tiene bajo investigación a cinco parlamentarios (los senadores Luís Alberto Gil, Luís Eduardo Vives, Oscar Josué Reyes y a los representantes a la Cámara por Santander José Miguel Herrera Celi y Luís Alfonso Riaño. El partido fundado por el Presidente de la República Colombia democrática tiene también a cinco parlamentarios bajo investigación (los senadores Mario Uribe, Álvaro García Romero, Miguel de la Espriella y los representantes a la Cámara Eric Morris y Alfonso Campo Escobar); Colombia viva tiene bajo investigación a los senadores Dieb Maloof, Vicente Blel y Jorge Castro; Alas Equipo Colombia tiene al senador Álvaro Araújo Castro y al Representante por el departamento del Cesar Álvaro Morón Cuello y el Partido de la U, a los senadores Mauricio Pimiento, Jairo Merlano y al representante a la Cámara por el departamento de Sucre, Jairo Fernández. El representante también uribista por el movimiento Participación Popular por el departamento del Caquetá, Luís Fernando Almario esta bajo investigación.

Todos los anteriores partidos comprometen en total a 31 parlamentarios de la coalición que respalda al Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Sobra decir que de los 74 investigados la inmensa mayoría corresponde también a dicha coalición.

El Partido Liberal en la oposición tiene bajo la investigación a cinco parlamentarios (a los senadores Juan Manuel López Cabrales y Luís Fernando Velasco y a los representantes a la Cámara Emilio Barco y Dixón Tapasco por el departamento de Caldas y a Pompilio Avendaño por el departamento del Tolima).

Los 74 parlamentarios bajo investigación tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia representan el 27% del total de los parlamentarios (269) cifra que se va aproximando al famoso 35% del cual hablaron en su momento los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Ernesto Baéz. La cifra puede llegar hasta este número, pues, la investigación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sigue abierta. Al tiempo que avanza la investigación es claro que el Congreso de Colombia esta seriamente cuestionado en su legitimidad al menos por dos razones obvias y claras. Hasta ahora hay investigaciones que comprometen al 27% del total de los congresistas que llegaron al Congreso mediante prácticas delincuenciales tales como fraude, costreñimiento a los electores y haber recibido apoyo armado y financiero de los grupos paramilitares, en diversas regiones del país. En la base de dichas prácticas se perpetuaron además horrendas masacres y desapariciones contra líderes políticos de la oposición y contra líderes sociales y populares. Fue sobre ésta base que se instauró el dominio político tal como lo describen las investigaciones de Nuevo Arco Iris y de la investigadora Claudia López.

El segundo elemento indiscutible es que en el Congreso de Colombia se premia a los aliados de los delincuentes toda vez que en Colombia no existe ningún castigo a los partidos que avalan a los congresistas delincuentes. Es por ello que otro elemento de ilegitimidad esta relacionado con el hecho que los partidos reemplazan a los detenidos o renunciados por los que siguen en orden en sus listas premiando con ello y dando validez a los votos fraudulentos y a los votos manchados con la sangre de miles de colombianos. Los 26 parlamentarios detenidos han sido reemplazados por integrantes de las mismas listas que además cuentan con votaciones irrisorias. Hoy han entrado al senado renglones que sacaron en 2006 menos de cinco mil votos. Estos dos son datos irrefutables que minan la legitimidad de un Congreso que se aferra a unas leyes ilegítimas aunque mantengan su legalidad. Todo ello lo que muestra de contera es que el crimen en Colombia si paga. También plantea que se requiere una reforma política de fondo que sancione los delitos electorales, que condene a los partidos políticos que avalen delincuentes y que redistribuya las curules premiando a aquellos partidos que actúan en el marco de las leyes y no realizan alianzas con organizaciones criminales. Este Congreso está manchado por la alianza que un número significativo de sus miembros con grupos paramilitares.

Como lo hemos afirmado en otras oportunidades uno de los principales beneficiarios de esta alianza macabra ha sido el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Beneficiario, porque, los votos de todos los parlamentarios suman ya cerca de dos millones en las elecciones de 2002 cuando llegó por primera vez a la Presidencia de la República y se benefició además con la aprobación de la reelección presidencial aprobada por esos mismos congresistas que volvieron a ponerle los mismos dos millones de votos en las elecciones de 2006. Pero el beneficio para el gobierno de Uribe es aún mayor si se analiza la agenda legislativa y la aprobación de innumerables proyectos que favorecen a sus aliados: ley Forestal para beneficiar a los exportadores de los bosques en contra de indígenas y campesinos; ley Agraria para intentar legalizar el despojo por parte de los terratenientes y los grupos paramilitares de cerca de seis millones de hectáreas despojadas a los desplazados; leyes para exonerar de impuestos a los cultivadores de palma, caucho y cultivos de rendimiento tardío; ley de Justicia y Paz que garantizaba la impunidad; leyes contra los salarios de los trabajadores, La aprobación de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos sin proteger los derechos a la salud, al medio ambiente, a los salarios y a las asociaciones de los trabajadores; recorte en cerca de 70 billones de pesos de los recursos para educación y salud con el acto legislativo que disminuyó las transferencias de los departamentos y municipios, y un largo etc, pues, el listado es largo.

Este balance sería muy útil al momento de plantear alternativas como el adelanto de las elecciones. Los contenidos de una campaña para elegir un nuevo Congreso de la República tendrían que ver con los contenidos antipopulares y antidemocráticos de la mayor parte de las iniciativas convertidas en leyes de la República por este Congreso ilegítimo.

Adelanto de las elecciones y reforma política

En la opinión pública nacional se ha levantado un sano debate sobre el adelanto de la fecha de las elecciones para el Congreso de la República, que es la vía legal de acuerdo con el ordenamiento jurídico de nuestra constitución de 1991. El camino tendría que ser el de un referendo que convoque al pueblo para adelantar la fecha de las elecciones del Congreso que pasa necesariamente por la consecución de cerca de 200 mil firmas iniciales para que la Registraduría Nacional del Estado Civil autorice la recolección de los cerca de dos millones de firmas que se requieren para que el Congreso de la República, convoque mediante una ley, que requiere control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, un referendo donde un mínimo de siete millones de ciudadanos acudan a las urnas y por lo menos la mitad más uno de los electores este de acuerdo con el adelanto de las elecciones.

Una alternativa como ésta tiene la enorme dificultad de reunir las firmas, lograr que el Congreso de la República apruebe la ley y finalmente lograr que mínimo el 25% del Censo Electoral, concurra y apruebe la anticipación de la fecha de las elecciones. A favor estaría que se daría un amplísimo debate, una campaña educativa y política que busque que los colombianos aprendamos a votar por representantes y partidos que representen realmente los intereses de la sociedad. También sería un mensaje claro para la sociedad y para los actores ilegales en el sentido de decir que el crimen en Colombia no paga.

Finalmente, hay serios riesgos en cuanto a que sin una reforma política que castigue drásticamente a los partidos que se alíen con los grupos armados ilegales y con el narcotráfico, será poco probable una estruendosa derrota de los partidos manchados por el narcotráfico y el paramilitarismo que hoy tienen tanta fuerza en el Congreso de la República.

El debate se inicia y se escuchan propuestas. La situación ideal consistiría en que se aprobará una reforma política que contemplara entre otros asuntos sanciones drásticas a los partidos a quienes se compruebe que han incurrido en alianzas con grupos armados ilegales o grupos del narcotráfico. Estas sanciones deberían contemplar la pérdida de la personería jurídica, para aquellos que no lograsen el umbral que debería incrementarse al 5% del total de los votos válidos, al mismo tiempo deberían devolver todos los recursos por la reposición de los votos que hayan recibido del erario público, las curules deberían reasignarse entre los partidos que no cometieron ningún delito, el financiamiento de las campañas debería ser en su totalidad público y las inscripciones mediante firmas deberían ser más exigentes. Este sería realmente un escenario más favorable para la democracia que unas elecciones sin reforma política y en donde nuevamente los riesgos de fraude, costreñimiento a los electores, alianzas con los paramilitares rearmados o emergentes sigue estando a la orden del día.

- Pedro Santana Rodríguez, Presidente, Corporación Viva la Ciudadanía


Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas, Corporación Viva la Ciudadanía.

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