"El cese del fuego está virtualmente roto". "La guerra en Chiapas puede reiniciarse en cualquier momento". "Cada día que pasa es más angustiosa la situación porque se acaba el tiempo disponible para una transición pacífica". Estas frases, que corresponden a analistas mexicanos, demuestran la gravedad que ha adquirido la situación en las últimas semanas en el estado de Chiapas, al sur de México.

En efecto, a raíz de la ruptura del diálogo entre el gobierno saliente de Salinas de Gortari y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el intento del PRI de imponer en la gobernación a Eduardo Robledo Rincón, en Chiapas no se descarta la posibilidad de una nueva guerra civil, si no prosperan los esfuerzos para lograr una salida política al conflicto.

El panorama actual se caracteriza, según el analista Octavio Rodríguez Araujo, por tres elementos centrales:

1) En Chiapas y sus alrededores hay más de 50 mil elementos del Ejército Federal y comandos bien entrenados en contrainsurgencia, localizados en la zona del
Usumacinta.

2) Podría desencadenarse de nuevo y en cualquier momento una rebelión armada indígena y campesina sobre todo si el gobierno no responde a las demandas del EZLN.

3) Las fuerzas económicas no oligárquicas del estado están llegando al límite de su paciencia, pues, los gobiernos estatal y federal no las atienden.

La "insurrección civil"

En este contexto, en la tercera semana de noviembre, las organizaciones indígenas, campesinas y sociales de Chiapas se movilizaron para impedir la toma de posesión del gobernador electo Eduardo Robledo Rincón.

Varios denuncias señalan que durante las elecciones del pasado 21 de agosto, se cometió una "magna operación fraudulenta" a favor de Robledo. De no mediar esta situación, habría triunfado el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Amado Avendaño.

"El candidato oficial no tiene posibilidad alguna de gobernar la entidad pues la inconformidad popular generaría una situación de ingobernabilidad y nuevos estallidos de violencia", señalaba, hace algunas semanas, Luis Xavier Garrido, analista del diario La Jornada.

Las predicciones de Garrido se están cumpliendo: el 20 de noviembre, un grupo de campesinos e indígenas interrumpieron la unión de la carretera Comitán- Tzimol siendo fuertemente reprimidas por la policía, a consecuencia de lo cual 8 personas resultaron heridas con armas de fuego, reportándose, además, 10 desaparecidos.
En esta misma fecha, miembros de la Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco, integrada por un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil, protagonizaron una movilización, en San Cristóbal de las Casas, a la que calificaron como el paso de la "resistencia civil" a la "insurrección civil" contra la imposición de Robledo Rincón como gobernador. Los manifestantes, en su mayoría indígenas y campesinos, fueron agredidos por un grupo de provocadores respaldados por policías municipales y de seguridad pública.

Autonomías indígenas

Parte de esta "insurrección civil" constituye también la creación de las regiones autónomas pluriétnicas en 15 municipios.

"Solo nuestro gobernador electo Amado Avendaño Figueroa y sus representantes serán reconocidos como nuestras máximas autoridades estatales", señalan los indígenas. Y agregan: "Ningún funcionario de los gobiernos estatal o federal puede entrar a nuestras comunidades, recorrer los caminos de nuestras regiones o presentarse en nuestro territorio a hacer división o proselitismo".

Los indígenas tomaron la decisión de no pagar los servicios de luz yagua, ni lo impuestos al "gobierno usurpador".

La decisión de instaurar estos gobiernos autónomos se tomó a base del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y al Art. de la Constitución que expresa la posibilidad de respetar y reconocer las formas propias de organización india.

El Consejo Plural de Pueblos Indios señaló, en un documento, que la propuesta de autonomía no es de exclusión sino de entrada en la vida democrática y que su propósito es contribuir a la construcción de una sociedad nacional democrática.

Más cerca la guerra que la paz

A raíz de la decisión del EZLN de romper el diálogo con el gobierno de Salinas de Gortari, los zapatistas intensificaron los preparativos para la guerra. Mientras tanto, los terratenientes presionan por una línea de confrontación y enfrentamiento y sus "guardias blancas" continúan hostigando a los indígenas. El gobierno federal, por su lado, no da pasos para desmilitarizar las zonas de conflicto.

El 17 de noviembre, el subcomandante Marcos, del EZLN, en un ritual indígena, recibió, de manos del comandante Tacho, el "bastón de mando" de siete fuerzas: chol, tojolabal, tzeltal, tzoltzil, mame, zoque y mestizo. Esto significa que las autoridades indígenas entregan al mando militar la dirección del proceso. El EZLN demuestra su determinación de reiniciar la guerra, dando por concluida la etapa de solución negociada del conflicto.

Varios analistas justificaron el NO al diálogo por parte del EZLN pues consideran que a 10 meses, las causas que llevaron a la toma de las armas no han cambiado. El gobierno salinista no ha mostrado voluntad política para establecer un diálogo real con la sociedad civil, no ha tenido la decisión de atender las demandas sociales y políticas de los sublevados, y se ha empeñado en conservar el sistema y acentuar los programas neoliberales.

El gobierno de Salinas, a través del comisionado Medrazo Cuéllar, elaboró, a mediados de octubre, una propuesta para restablecer el diálogo con el EZLN. Un primer eje de la propuesta consiste en un “operativo de acolchonamiento” entre los retenes del ejército mexicano y los del EZLN. Un segundo eje, es la conformación de una comisión de verificación que ayude a formular propuestas a nivel político para fortalecer el cese del fuego. También propuso revisar los 32 puntos que surgieron en las conversaciones de San Cristóbal.

“La propuesta del comisionado no procede porque el diálogo está roto. Mas que una propuesta de paz, el gobierno y la mediación deberían dar señales de que se puede desactivar la beligerancia de las otras partes, no sólo del ejército federal, sino también de los ganaderos, los comerciantes, los cuerpos policiales", respondió el subcomandante Marcos.

“EI gobierno se permite condicionar el diálogo, nosotros haremos lo mismo”, agregó Marcos. “Nuestras condiciones para reiniciar el diálogo son:

“Primera: Que se aclare y castigue a los verdaderos culpables de los asesinatos de Mons. Posadas, del Lic. Colosio, del Lic. Ruiz Massieu.

"Segunda: Que se nombre un Comisionado de Paz y una Comisión de Intermediación para mediar entre los distintos grupos políticos y narcopolíticos al interior del gobierno y del partido de Estado.

"Y tercera: Un compromiso público de los miembros del PRI de no seguirse matando entre sí”.

Por una salida política

Desde la sociedad civil, sin embargo, se sigue trabajando por una salida política al conflicto. La Convención Nacional Democrática, amplia expresión de los movimientos sociales, ha venido efectuando movilizaciones y eventos en los que exige detener la guerra y avanzar hacia un verdadero diálogo nacional que abarque los grandes problemas económicos, sociales y políticos.

El obispo de San Cristóbal de la Casas, Samuel Ruiz García impulsa, por su lado, la “iniciativa para un nuevo diálogo”, señalando que si son múltiples los actores del conflicto, la mediación deber ser tan amplia, que facilite lograr acuerdos y consensos entre todos los implicados.

En esta propuesta se señala que una verdadera solución política requiere todo un proceso de construcción corresponsable que haga imposibles la lucha armada y la represión. Ello implica un proceso de cambios, pero antes, se hace indispensable sentar las bases constru¬yendo una salida política que igualmente, exige cambios.

"En este "nuevo diálogo" las conversaciones entre el EZLN y el gobierno son de una importancia indiscutible, pero no pueden pasar por alto la diversidad de actores. En este marco multiforme de actores, ámbitos y niveles, la mediación es objeto de presiones y juegos políticos que pretenden limitar o desnaturalizar su objetivo primordial”, expresa Ruiz en su propuesta.

Fruto de esta iniciativa se conformó la Comisión Nacional de Intermediación, compuesta por ocho personalidades, que inmediatamente se puso a trabajar.
Desde el ámbito oficial, el presidente electo de México, Ernesto Zedillo, quien asumirá el mando el primero de diciembre, ha manifestado que el único camino posible para resolver el problema de Chiapas es el camino de la negociación, la reconciliación, la concordia y la paz, el camino de atender los legítimos reclamos sociales del grupo inconforme, siempre en el marco de la Constitución.
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Mas allá de esta declaración, de cara a la realidad, tendrá que adoptar posiciones definidas sobre los conflictos centrales que sacuden a Chiapas. Varios analistas consideran que si Robledo Rincón no renuncia, si no se desmilitariza la región y no se atienden los problemas centrales de la tierra, el desarrollo, los aspectos sociales y sobre todo la cuestión del poder, la solución política estará cada vez más lejana.

- Publicado en el Servicio Informativo Nº 203, ALAI, 24-11-1994, Quito.