En los últimos 60 días, el tema de la corrupción figura en el centro de las preocupaciones de los medios masivos, de los poderes del Estado y de la sociedad civil, que hastiada, comienza a reaccionar con acciones simbólicas.

La olla de la corrupción se destapó a raíz de que el periodista Jorge Vivanco, subdirector del diario El Expreso de Guayaquil, reveló algunas "confidencias" que el Vicepresidente de la República, el conservador Alberto Dahik, hiciera a representantes de medios de información.

Según Vivanco, Dahik dijo que el Gobierno tuvo que entregar asignaciones presupuestarias a los partidos que controlan el Congreso a cambio de que aprueben la Ley de Modernización del Estado; que 16 diputados exigieron la entrega de 500.000 dólares por aprobar la ley de privatización de las telecomunicaciones; que magistrados de la Corte Suprema de Justicia pidieron grandes sumas para declarar la constitucionalidad de leyes cuestionadas y que el Ejecutivo tuvo que extender nombramientos, en empresas públicas, a allegados de diputados que "estarían robando desaforadamente.

Ante el riesgo de que estas denuncias queden en generalidades, hubo un consenso nacional en solicitar al Vicepresidente que revele los nombres de los implicados. Con este propósito, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Macías Hurtado, inició indagaciones judiciales que involucraron al propio Vicepresidente y a los periodistas, pero no consiguió nada más que lo revelado por Vivanco.

Pese a la presión pública, el Vicepresidente Dahik se ha negado a revelar nombres, fechas y circunstancias en que se habrían producido los hechos por él mismo denunciados.

Juicio político

Entre tanto, el clima político subió de temperatura, cuando, a propósito de este hecho, cuarenta y un diputados pertenecientes a partidos de derecha, izquierda y populista anunciaron que llevarán a juicio político al Vicepresidente Dahik, acusándolo de cohecho y de haber cometido faltas graves al honor nacional.

El nuevo presidente del Congreso Fabián Alarcón, que fue electo el pasado el pasado 10 de agosto por una mayoría de centro-izquierda, deberá nombrar una "comisión especialísima", para determinar si procede o no el mencionado enjuiciamiento.

El Vicepresidente, siguiendo la estrategia de que la mejor defensa es el ataque, inició una "cruzada moralizadora" denunciando casos de corrupción en la que estarían involucrados diputados y autoridades de gobiernos locales pertenecientes al Partido Social Cristiano (PSC, de derecha); al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE, populista) y al Movimiento Popular Democrático (MPD, de izquierda), tres de los cinco partidos que han planteado el juicio a Dahik. .

Dahik, quien dirige el Partido Conservador, es considerado como el hombre fuerte del gobierno y el que toma las decisiones fundamentales de política económica, más allá de sus atribuciones legales.

Desde algunos meses, el segundo mandatario mantiene una fuerte pugna con el Partido Social Cristiano y particularmente con uno de sus líderes el ex-Presidente León Febres Cordero, quien actualmente es alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador. A pesar de que los dos parten de un mismo tronco ideológico de derecha, Febres Cordero y Dahik, con frecuencia, se atacan verbalmente.

El bloque legislativo socialcristiano, según Dahik, exigió asignaciones presupuestarias de 200.000 millones de sucres (80 millones de dólares) para los gobiernos seccionales que controlan el PSC. Los fondos no siempre fueron bien administrados pues en las obras públicas que se ejecutan, intervinieron, como contratistas, parientes de los diputados socialcristianos.

Los diputados cuestionados se defienden señalando que no existe nada de malo en pedir asignaciones, pues es su deber, como representantes de sus provincias, conseguir fondos que son administrados por los gobiernos seccionales u otros organismos públicos nacionales.

No obstante, una de las consecuencias de esta política de tira y afloja entre el Ejecutivo y la oposición es que el primero siempre le pasa las cuentas al pueblo, y ha procedido, en varias ocasiones, a castigarlo con nuevos impuestos y el alza de los precios de la gasolina y las tarifas de los servicios básicos para financiar las partidas que entrega a los diputados.

El que esté libre de culpas...

Pero el Gobierno presidido por Sixto Durán Ballén, según varios analistas, tampoco puede exhibir, una hoja limpia en sus tres años de gestión. Y afirman que tan corrompido es el que da como el que recibe. El régimen se ha visto involucrado en varios casos de corrupción. Uno de los más escandalosos fue el denominado Flores y Miel, en el que la defraudación al fisco alcanzó un millón de dólares y estuvo involucrada una nieta del Presidente.

Otro que llamó la atención fue la venta del ingenio azucarero Aztra, de propiedad estatal, en 100.000 dólares cuando, según el ex-ministro de Industrias, Juan Falconí Puig, costaba más de 40 millones de dólares. El beneficiado en esta transacción fue el grupo económico Isaías, uno de los más poderosos del país.

El propio Dahik, ha sido acusado por los socialcristianos, de enriquecimiento ilícito y de evadir impuestos en la venta de su casa. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia Miguel Macías Hurtado, tras una denuncia de dos legisladores socialcristianos en el sentido de que Dahik habría manejado indebidamente unos 500.000 dólares de las cuentas reservadas del Estado a través de sus dos secretarios privados, inició un juicio penal en contra del segundo mandatario.

Cortina de humo

El presidente Sixto Durán Ballén, luego de un prolongado silencio, defendió a su Vicepresidente y propuso varias medidas para combatir la corrupción, entre ellas: una ley anti-corrupción; que se levante el sigilo bancario para altos funcionarios de los últimos 15 años y conformar una comisión anti-corrupción conformada por el actual y los ex-contralores del Estado.

Las medidas propuestas por Durán Ballén resultan inviables pues se tendría que auditar a 10.000 funcionarios. La medida, en cambio tiende a echar una cortina de humo sobre el enjuiciamiento al Vicepresidente, involucrando en la investigación a los cuatro últimos gobiernos, ninguno de los cuales ciertamente está exento de escandalosos casos de corrupción.

Monstruo de mil cabezas

Pero fuera de este forcejeo político que involucra a las cúpulas del Estado y de los partidos políticos, lo cierto es que en esta coyuntura se ha puesto en evidencia la gravedad y la profundidad de la corrupción. Según un estudio del Centro Andino de Acción Popular, CAAP, en 1993 el desvío de fondos por corrupción ascendió a un 7% del presupuesto general del Estado. En el Ecuador, se ha institucionalizado la "coima" o "mordida", consistente en los sobornos que reciben los funcionarios públicos por agilitar procedimientos burocráticos, negociar contratos o adquirir bienes para el Estado.

La evasión tributaria, que es una forma de corrupción identificada con el sector privado, alcanzó, en 1993, los 900 millones de dólares, un 39% del presupuesto del Estado, según el mismo análisis.

La corrupción es un monstruo de mil cabezas cuyos tentáculos alcanzan a las esferas de lo público y lo privado, a las élites económicas y política a los sectores medios y a los sectores populares. La corrupción envuelve a muchos y adquiere las más variadas formas. Perjudica sobre todo a los más pobres. En los sectores altos es un reflejo de deterioro de los valores éticos. En los sectores bajos constituye un mecanismo de supervivencia no por ello justificable.

Manos limpias

Los más pesimistas sostienen que la corrupción siempre ha existido y que será difícil erradicarla, al menos mientras se mantenga el sistema de libre mercado que la genera y sostiene. Los optimistas, en cambio, señalan que si es posible remover la conciencia ciudadana y romper el miedo, la indiferencia y la complicidad.

Con estos últimos propósitos, surgió el Movimiento Ciudadano Manos Limpias, constituido por organismos no gubernamentales, ecologistas, comunidades cristianas y organizaciones de mujeres y personalidades.

Sus símbolos son las banderas blancas. Se trata de un movimiento transversal a la sociedad, sin cúpulas ni jerarquías, con espontaneidad creativa para generar acciones simbólicas que muevan a un mayor número de ciudadanos a presionar por medio del teléfono, de cartas, de faxes, de marchas, de foros y mesas redondas, según lo define el periodista Simón Espinosa.

El Movimiento Manos Limpias organizó demostraciones públicas en Quito, Guayaquil y Machala.  En Quito, decenas de ciudadanos, se reunieron en el Congreso Nacional, armados de escobas e instrumentos de limpieza, para efectuar un ''baldeo popular a la corrupción". Lo mismos hicieron en las cortes de justicia en Guayaquil y Machala.

Las denuncias sobre corrupción pueden diluirse y quedar en nada pues involucran a todas las funciones del Estado y en especial a los peces gordos. En estas condiciones vale preguntarse ¿quién puede poner el cascabel al gato?

Publicado en el Servicio Informativo, Nº 218, ALAI, 18- 08-1995, Quito.