La primera semana de noviembre ha sido marcada por un nuevo período de paros y protestas en Ecuador, protagonizados por los sectores afectados por la política económica del gobierno de derecha presidido por Sixto Durán Ballén.

Ante la elevación del diesel en un 62%, el sector del transporte pesado respondió con un paro de 48 horas que interrumpió las carreteras y provocó escasez, especulación y alza de los víveres. Los pescadores se sumaron a la protesta, mientras los estudiantes de las principales ciudades del país, salieron a las calles, incendiaron buses y se enfrentaron a la policía.

En este ambiente de conflictividad social, el Congreso discute varios proyectos de reformas a la Constitución que rige en el país desde 1979, año de la transición de la dictadura militar a la democracia. Las principales propuestas fueron presentadas por el Ejecutivo, el Foro Democrático, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y al menos tres partidos políticos.

Luego de una movilización cumplida el 19 de octubre, el Foro Democrático, conformado por 44 organizaciones populares y no gubernamentales, presentó su propuesta al Congreso. El presidente del Parlamento, el socialcristiano Heinz Moeller, ofreció tramitar el proyecto e invitó a un miembro del Foro a incorporarse como observador a la Comisión Parlamentaria de Asuntos Constitucionales.

Alcanzar un consenso sobre la reforma a la Carta Política no es fácil pues se requiere las dos terceras partes de votos en el Congreso (52 de los 77 diputados), algo difícil de lograr dada la dispersión política del Parlamento en el que se encuentran representados 13 partidos.

Las fuerzas políticas que controlan el Parlamento son el Partido Social Cristiano -que gobernó de forma autoritaria el país en el período 1984-1988- en alianza con sus otrora enemigos, los populistas del Partido Roldosista Ecuatoriano. Ambos suman 33 escaños. El bloque de gobierno es minoritario (9 diputados). La izquierda, representada por el Movimiento Popular Democrático, el Partido Socialista y Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, APRE, apenas reúne 11 escaños, mientras los socialdemócratas y demócrata cristianos ocupan 13 bancadas.

En lo que sí están de acuerdo los diversos bloques parlamentarios es en aprobar e incorporar a la Constitución los ocho puntos que obtuvieron resultados favorables en una consulta popular, llevada a cabo el 28 de agosto, en medio de la indiferencia ciudadana y una gran apatía reflejada en un abstencionismo del 45 por ciento.

Estas tesis incluyen la reelección para todas las funciones de elección popular, la participación de los independientes como candidatos, la doble nacionalidad, la prohibición a los legisladores de manejar fondos del presupuesto del Estado y la obligatoriedad del Congreso de reformar la Constitución en un plazo de 100 días. El régimen se cuidó, sin embargo, de no preguntar asuntos de fondo, como serían, por ejemplo, si el pueblo quiere o no las privatizaciones o si está de acuerdo con que se declare al Ecuador como un país plurinacional.

La campaña publicitaria a favor de estas tesis fue duramente criticada por diversos sectores de la oposición por su alto costo y su tónica que tendía a desprestigiar al sistema de partidos y a las instancias democráticas como el Congreso (ver ALAI, S.I: No. 195); no obstante, ante la falta de una oposición articulada, las tesis se impusieron en la consulta.

El proyecto del Ejecutivo

Al tiempo que sometía su proyecto al veredicto popular, el régimen designó a un grupo de notables, en su mayoría abogados y hombres de empresa privada, para que elabore un cuerpo de reformas a la Carta Fundamental. El resultado de este trabajo son 210 artículos que en esencia buscan fortalecer aún más al Ejecutivo y debilitar al Congreso.

Con este proyecto, el régimen aspira a introducir los principios del libre mercado en la Carta Política, reduciendo al mínimo la participación del Estado en la economía. De un brochazo, elimina las trabas legales para la privatización del petróleo, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y el servicio de agua potable, que la actual Constitución considera como "áreas de explotación económica reservadas al Estado".

Los sectores populares se verían afectados pues se penaliza la protesta social (sobre todo la paralización de los servicios públicos); se prohíbe la sindicalización de los empleados públicos; se suprime el concepto de reforma agraria y se elimina el de propiedad social de la tierra, anulando una conquista alcanzada por el movimiento indígena con la "movilización por la vida", efectuada el pasado mes de junio. (Ver ALAI S.I.. No. 195).

También se suprime el derecho a la seguridad social administrada por el Estado, abriendo el camino para la creación de los seguros paralelos privados.

El régimen aspira a que el Congreso apruebe el proyecto constitucional elaborado por el grupo de notables, y no únicamente los ocho asuntos de la consulta. Esto provocó la reacción inmediata de la oposición parlamentaria. Luego de varios forcejeos, se conformó una comisión mixta del Ejecutivo y del Congreso que será la que establezca los consensos para la reforma constitucional.

Sin embargo, el Presidente de la República tiene guardado una carta bajo la manga: los resultados de la consulta popular le otorgaron la facultad de convocar a una nueva consulta en caso de que considere que los legisladores no hubiesen cumplido con su obligación. Pero en ese caso, la disputa política sería en serio, pues la oposición (comenzando por el propio Partido Social Cristiano) ha dejado entender que ya no adoptaría una actitud contemplativa sino que trabajaría activamente por el NO.

El proyecto alternativo

La correlación de fuerzas no es favorable para una reforma constitucional de carácter democrático y progresista. Sin embargo, esta coyuntura ha sido aprovechada por la sociedad civil para formular propuestas en relación al carácter del Estado, los derechos ciudadanos, la economía, la estructura del Estado, la representación política y la participación ciudadana.

El Foro Democrático reúne' a las centrales sindicales, a organismos de mujeres y derechos humanos, a organizaciones no gubernamentales, indígenas y campesinas, ya un grupo de intelectuales ligados al movimiento popular. Durante varios meses, este Foro trabajó en comisiones que procesaron y sintetizaron las diversas propuestas ciudadanas.

El proyecto de reformas del Foro (ver anexo) representa una visión diametralmente opuesta a la corriente neoliberal. Algunas de sus propuestas podrían ser recogidas por el Congreso, pero para que este proyecto -que en esencia constituye una propuesta de cambio social- sea aceptado globalmente aún no existen las condiciones ni la suficiente presencia y fuerza del movimiento social.

Las centrales sindicales se encuentran golpeadas por los despidos masivos de empleados públicos, que constituyen buena parte de su base social, y por la aplicación de las reformas laborales, introducidas en 1990 por el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, que ha reducido significativamente las tasas de sindicalización y conflictividad laboral.

La CONAIE conserva su fuerza y en los últimos años ha protagonizado procesos de lucha importantes, sin embargo no se integra plenamente al Foro Democrático, prefiriendo mantener su independencia y su propio perfil como organización representativa de los pueblos indios. Respondiendo a esta estrategia, la CONAIE presentó al Congreso su propio proyecto de reformas constitucionales que contempla el establecimiento de las autonomías indígenas; que se declare al Ecuador como país plurinacional, pluricultural, pluriétnico y plurilingüe, y que la tercera parte del Parlamento sea electa directamente por los pueblos indígenas, pues conforman la tercera parte de los 10 millones de ecuatorianos.

Los sectores más activos del Foro Democrático han sido las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos públicos, especialmente del sector energético, cuyo futuro se ve amenazado por las políticas neoliberales.

En todo caso, el Foro Democrático ha abierto un espacio de diálogo, encuentro y formulación de propuestas que pueden potenciarse y servir de base para procesos unitarios de mayor alcance.

Anexo

Las propuestas del Foro Democrático

- Reconocimiento del carácter plurinacional, pluricultural y regional del Estado y la sociedad ecuatorianas.

-. Transición de lipa democracia representativa a una democracia participativa mediante el fortalecimiento de la iniciativa popular, la descentralización y la representación directa de los actores sociales.

- Formulación de un proyecto de desarrollo alternativo, que ponga la economía al servicio del hombre, combine la identidad con la ciencia y la tecnología, distribuya la renta y la riqueza, respete la naturaleza y combata la pobreza.
- Redefinición de las formas de propiedad, para garantizar la defensa de la soberanía nacional e impulsar el desarrollo equilibrado del país.

- Creación de un marco constitucional para una efectiva lucha contra la corrupción pública y privada y el tráfico de influencias.

- Reafirmación de la soberanía nacional, eliminando la concepción autoritaria de la doctrina de la seguridad nacional.

- Ampliación y fortalecimiento de los derechos humanos y ciudadanos.

- Reforzamiento de los derechos sociales, de modo que la educación, la salud y el empleo sean entendidos como inversiones y no como compensaciones al costo de los ajustes.

- Aplicación efectiva de los derechos ciudadanos mediante la creación de la Corte Constitucional, encargada de resolver sobre la constitucionalidad de las leyes, y el fortalecimiento del Tribunal de Garantías Constitucionales.

- Establecimiento de la acción de tutela, el recurso de amparo y el habeas data.

- Fortalecimiento de la iniciativa popular para presentar leyes y del recurso de habeas corpus.

- Paso de un sistema presidencialista a un sistema con mayor peso parlamentario, mediante el funcionamiento permanente del Congreso y la participación directa de la ciudadanía en las instituciones estatales.

- Democratización del Estado mediante una efectiva descentralización, entendida como un servicio ágil, eficiente y equitativo para todos.

- Necesidad de la reforma agraria, como instrumento para el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida, teniendo como actores principales a los pequeños y medianos campesinos, en una proyección comunal.

- Modificación del sistema electoral actual, basado exclusivamente en el sistema de partidos, permitiendo la participación electoral de organizaciones sociales, movimientos electorales, nacionales o regionales, alianzas que podrán presentar candidatos a todos los cargos de elección popular.

- Publicado en el Servicio Informativo Nº 202, ALAI, 10-11-1994, Quito.