La mayor parte de los movimientos sociales uruguayos vienen reafirmando su independencia respecto al gobierno de izquierda.  Aunque algunos han optado por alinearse de forma inequívoca con las políticas oficiales, los más relevantes marcan distancias y no ahorran críticas.

Para los movimientos sociales de la región la llegada al poder de gobernantes progresistas y de izquierda supuso un verdadero terremoto interior.  No tanto por la necesidad de posicionarse ante los cambios registrados en el escenario político sino, sobre todo, porque la iniciativa pasó de los movimientos a los gobiernos.  Ya no son las grandes movilizaciones las que marcan la agenda política de la región, como fue probablemente hasta el descarrilamiento del Aérea de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la Cumbre de Mar del Plata, en noviembre de 2005.  La situación se ha vuelto mucho más compleja que en el período dominado por las políticas neoliberales clásicas y los gobiernos conservadores que generaron una oleada de resistencias.

Los cambios provocados en gran medida por la acción de los movimientos han contribuido a desplazarlos del centro del escenario.  A mi modo de ver, esta paradoja está en el centro de los problemas que enfrentan los movimientos, para los cuales muchos de ellos no estaban preparados.  En paralelo, la nueva coyuntura puso en primer plano la cuestión de la integración regional –con dos proyectos en disputa- ante la que numerosos movimientos encuentran dificultades a la hora de fijar posición[1].  Parece evidente que los Estados Unidos no juegan solos en una Suramérica que ya no puede ser considerada su “patio trasero”, y que se viene consolidando un cierto multilateralismo impulsado, entre otros, por la activa presencia de un país como Brasil, que viene mostrando capacidad de pesar de modo determinante en la región.  Los movimientos sociales no siempre supieron advertir la profundidad de los cambios en marcha, tanto a escala local como regional, y ubicarse ante escenarios mucho más complejos y contradictorios que no admiten lecturas simplistas.

Uruguay no escapa a esta realidad.  Como veremos, algunos movimientos se han visto neutralizados por los gobiernos pero los más importantes –tanto cuantitativamente como por sus potencialidades emancipatorias- mantienen una saludable distancia con los poderes estatales.  Quizá la principal distorsión que vive el país viene de la mano del conflicto con Argentina a raíz de la instalación de las plantas de celulosa sobre el fronterizo río Uruguay.

Luces y sombras respecto a los derechos humanos

La actitud del gobierno de Tabaré Vázquez respecto a la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985) revela la mayor ruptura respecto a las políticas seguidas por los gobiernos anteriores.  Por primera vez, el Poder Ejecutivo decidió excavar en los cuarteles del Ejército en busca de restos de detenidos-desaparecidos.  El viraje no es menor, pese a que los resultados no han sido los esperados, ya que los militares se niegan a colaborar aportando datos.  Así y todo, se han encontrado cuerpos de desaparecidos en unidades militares y se ha instalado un nuevo clima político que ha permitido que algunos de los principales acusados por las violaciones de los derechos humanos hayan sido procesados por la justicia.

Aunque el gobierno se ha negado a anular la Ley de Caducidad que en 1986 amnistió a los violadores, los cambios en la política oficial marcan una inflexión, quizá la mayor y más abarcativa del actual gobierno.  Dicho de otro modo, estamos ante un cambio radical que nadie puede dejar de reconocer y que tendrá impactos profundos en la subjetividad de los uruguayos en las próximas décadas.

Las sombras habría que situarlas en dos aspectos: el mantenimiento de la Ley de Caducidad y el intento del Vázquez de celebrar el día del “Nunca Más” alentando una reconciliación entre torturadores y torturados.  Respecto a la ley de amnistía, el movimiento sindical y buena parte de los demás movimientos lanzaron una campaña por su derogación.  Pero la agrupación más importante, Familiares de Detenidos-Desaparecidos, decidió no acompañarla ya que no llegaron a una posición unánime en su interior.  Sucede que una de las personas más destacadas de la agrupación fue nombrada por el gobierno en un cargo oficial y mantiene la misma posición que sus superiores: no hace falta derogar una ley injusta porque igual se está procesando a los violadores.  Esta es la principal fuerza social que ha sido neutralizada por el nuevo gobierno de izquierda.

Sin embargo, Vázquez debió dar marcha atrás en su intento por celebrar el “Nunca Más” ya que buena parte de la sociedad y los principales movimientos le dieron la espalda.  En esta ocasión fue el sindicato de maestros el que jugó un papel relevante.  Una amplia consulta democrática a las bases tuvo un resultado contundente: el 90% del magisterio se opuso a participar en el desfile cívico-militar que el presidente había convocado para sellar la reconciliación.  El 29 de mayo pasado la central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) acompañó un paro nacional de 24 horas de todas las ramas de la enseñanza en reclamo de que se cumplan las promesas electorales de aumentar el presupuesto educativo.  Ese mismo día miles de trabajadores reclamaron por salarios y por “Nunca más” terrorismo de Estado.  El 20 de mayo, fecha en que se conmemora el asesinato de cuatro uruguayos en Buenos Aires en 1976 (el senador Zelmar Michelini, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz y dos militantes tupamaros), asesinados por militares uruguayos con apoyo de la dictadura de Videla, más de 50 mil personas expresaron su rechazo a la reconciliación anunciada por Vázquez.  El presidente no tenía otra salida que dar marcha atrás o arriesgarse a una crisis en su fuerza política.

La histórica autonomía del movimiento sindical

El movimiento sindical uruguayo tiene una larga tradición de independencia de los partidos de izquierda y derecha, aunque casi todos sus dirigentes militan en algún sector del Frente Amplio.  Sin embargo, con los años se ha ido construyendo un sentido común que dice que los sindicatos no deben someterse ni al Estado ni a los partidos, por más simpatías que tengan con ellos.  Bajo el gobierno de Tabaré Vázquez ese principio se ha mantenido en pie. 

Es indudable que el PIT-CNT es uno de los grandes beneficiarios de la política actual, ya que el Ejecutivo ha retornado a la política de negociación tripartita (Estado, sindicatos, empresarios) que se había abandonado a comienzos de los 90 al calor de la oleada neoliberal.  La reinstalación de los Consejos de Salarios donde se discuten las condiciones laborales de los empleados formales, redundó no sólo en un aumento del salario real sino en la posibilidad de que surgieran nuevos sindicatos allí donde hasta ahora los derechos sindicales no eran respetados.  En dos años se han creado decenas de secciones sindicales y la afiliación sindical se duplicó. 

No obstante, el movimiento sindical supo mantener la independencia como quedó demostrado en varias ocasiones.  Quizá la más evidente fue durante la visita de George W.  Bush a Uruguay, a mediados de marzo de 2007, cuando la central sindical unitaria PIT-CNT se lanzó a la calle para rechazar el imperialismo y la posibilidad de firmar un TLC con Estados Unidos.  No fue la única vez.  Como vimos, los sindicatos jugaron un papel destacado a la hora de rechazar la reconciliación con los militares de la dictadura y muchos sindicatos, entre los que hay que destacar a los públicos (maestros, administración central y municipal) no dejaron de hacer paros y huelgas reclamando salarios dignos.  El PIT-CNT realizó varios paros parciales y un paro de 24 horas en rechazo de la política económica continuista del actual gobierno. 

A la hora de evaluar al movimiento sindical bajo el gobierno de izquierda, Juan Castillo, secretario general del PIT-CNT, cree que el movimiento ha conseguido reafirmar su autonomía e independencia pero sin ser prescindente en el escenario político.  En ese sentido, reconoce los cambios en curso y defiende una mayor implicación del sindicalismo en lo que debería ser una democracia participativa.  “En el seno del movimiento existen tres corrientes: la de quienes no quieren criticar para no dificultar la tarea del gobierno, los que dicen que nada ha cambiado y que todos son iguales, y, entre ambos extremos, los que creemos que hay que reconocer los avances pero a la vez criticamos los errores e insuficiencias”, señala Castillo.

El movimiento sindical no cuenta con cuadros en el gobierno del Frente Amplio.  Fiel a una legendaria tradición, cada vez que un sindicalista ingresa en el sistema político abandona de modo natural el movimiento.  “Es algo que no se discute, es un sentido común”, dice Castillo a la vez que recuerda que 30 de los 51 diputados con que cuenta la izquierda provienen del movimiento sindical.  En suma, la autonomía forma parte de la cultura político-social del país.

El cooperativismo de vivienda

El movimiento de cooperativas de vivienda por ayuda mutua (FUCVAM) es el más importante y masivo luego del sindical.  Nació hace más de tres décadas y cuenta con unas 500 cooperativas que gracias a la ocupación de tierras urbanas consiguieron construir unas 20 mil viviendas.  Con el actual gobierno mantienen una férrea disputa ya que las autoridades aseguran que no hay dinero para la construcción y además el parlamento aprobó, con los votos de la izquierda, una ley que castiga duramente las ocupaciones.  Los dirigentes se muestran muy duros con el gobierno.

“Estamos frente a gente que sabe gobernar y sabe cómo pegarle a los gremios”, dice Daniel de Souza, secretario general de FUCVAM.  Lo que está sucediendo bajo un gobierno de izquierda les parece desconcertante: “Esto no es una cuestión espontánea.  Estos gobernantes no son nuevos, los que están en el ministerio de Vivienda llevan casi veinte años gobernando Montevideo”[2].  En los próximos meses deberán esforzarse en revertir las nuevas leyes y reglamentaciones, a las que consideran un “retroceso legal”, ya que de lo contrario las conquistas del movimiento social estarán en peligro.  En junio la justicia procesó con prisión a cinco cooperativistas que habían ocupado un terreno en Punta del Este, lo que puede ser un anticipo de la nueva actitud del gobierno.

En abril el Parlamento aprobó una ley que establece penas de cárcel desde tres meses a tres años a quienes ocupen tierras.  La sorpresa es que todo el Frente Amplio apoyó la nueva ley que los cooperativistas están dispuestos a desafiar.  El 28 de julio, junto a trabajadores rurales (cañeros, cortadores de caña del norte) que ocupan un predio de 32 hectáreas, realizaron un acto en Montevideo y una marcha hasta el palacio de gobierno.  Rechazan una ley que, en su opinión, “criminaliza” las ocupaciones.  Varios dirigentes aseguraron que desde el gobierno buscan “criminalizar la protesta, la capacidad de movilización de los sectores populares que son, en última instancia, la única garantía de hacer alguna transformación sobre esta estructura tan injusta que tenemos de la riqueza”.

Pero el problema de fondo no parece ser el legal, sino el modelo económico.  FUCVAM asegura que de las 14 mil viviendas prometidas por el gobierno sólo se van a construir unas 3 mil por año en estos cinco años de gobierno progresista.  De no cambiar el modelo, “va a seguir la emigración del campo a la ciudad y cuando llegan acá y no tienen trabajo son doblemente expulsadas a la periferia”, dicen los cooperativistas.

Las relaciones entre los cooperativistas y el ministerio de Vivienda no son buenas, pero están destinadas a empeorar.  Por un lado, la derecha presiona en el parlamento.  Las críticas de FUCVAM apuntan contra la política global del gobierno porque sienten que la vivienda no está entre las prioridades.  “Qué casualidad que nunca hubo problema con la cartera de tierras y en los dos años que tenemos gobierno de izquierda tuvimos que ocupar para poder tener tierras”, se queja de Souza.  Desde 1989 no realizaban ocupaciones.  Sienten que con la nueva legislación no podrán ocupar tierras y el acceso a los préstamos para la construcción serán cada vez más lentos.

Es algo muy similar a lo que está sucediendo en otros países.  Ponen como ejemplo la relación entre el Movimiento Sin Tierra de Brasil y el gobierno de Lula.  A lo largo del año 2007 la actitud de este movimiento ha ido cambiando, al punto que ahora las críticas al gobierno de Tabaré Vázquez se formulan ahora en voz alta.  “Ellos hacen como que dialogan, pero no escuchan, no ceden nada”, asegura de Souza.

Los más nuevos, los más autónomos

En los dos o tres últimos años han venido despuntando nuevos movimientos integrados por jóvenes que no se formaron en las grandes instituciones como el movimiento sindical o el estudiantil universitario.  Sin embargo, han mostrado gran dinamismo, creatividad y capacidad de colocar sus temas en lugares destacados de la agenda nacional.  Me refiero a las demandas por la legalización del aborto y las movilizaciones por la diversidad sexual.

Se trata de movimientos “minoritarios” pero que tienen gran aceptación en la población.  Los colectivos de mujeres a favor del aborto legal han debido enfrentarse a la cerrada negativa del presidente Vázquez, y de la mayoría masculina del Frente Amplio, a la hora de modificar la legislación.  Así y todo, activistas feministas aliadas con legisladoras de izquierda han sabido desafiar a sus dirigentes aún sabiendo que el presidente está dispuesto a vetar cualquier decisión del parlamento que legalice el aborto.

En paralelo, el movimiento por la diversidad sexual ha ganado espacios y está conformado ahora por una red de grupos de base integrados en su inmensa mayoría por jóvenes.  Con vocación de no quedarse encerrados en los territorios culturales de los grupos gay y lésbicos, han tejido alianzas con las mujeres que luchan por legalizar el aborto y consiguieron incluso el respaldo de la central sindical y de otros movimientos “tradicionales”.  Y están desnudando las inconsecuencias del gobierno: “Un gobierno que se llame progresista debe generar las condiciones para garantizar los derechos humanos de todos sus habitantes.  Un gobierno progresista puede tener márgenes de acción más o menos acotados en política, económica, financiera o productiva.  Ahora, en el campo cultural hay que reconocer que las personas somos diversas desde lo sexual, religioso y reproductivo.  Pero la reforma cultural está lejos de la agenda”, señala el grupo Mujer y Salud[3].

Este es precisamente un punto de inflexión que está ganando adeptos entre los jóvenes.  Si en el terreno económico no hay alternativas –señala esta posición- porque este es un país muy pequeño y muy dependiente, en otros terrenos, como los derechos humanos y las relaciones sociales y culturales, sí hay alternativa y eso depende de crear las condiciones para que los gobernantes sientan la presión social.  Dicho de otro modo: el conservadurismo de la izquierda se está empezando a agrietar por la veta cultural, allí donde realmente no hay excusas válidas porque se trata simplemente de discriminación.

Estos nuevos movimientos, mal llamados minoritarios, están rompiendo algunos diques ideológicos como aquel que dice que criticar a un gobierno de izquierda es hacerle el juego a la derecha.  Esgrimen encuestas que aseguran que el 63% de los uruguayos están por la despenalización del aborto, en una situación en la que la población comprende que sólo las clases medias altas pueden acceder a un aborto seguro.  En este sector, los argumentos de carácter ideológico tradicional tienen poca incidencia y sus activistas se sienten mucho más libres a la hora de enfrentar al gobierno progresista.

Otro sector que ha manifestado autonomía del Estado son los ambientalistas.  El motivo principal es su oposición a la forestación y a las plantas de celulosa, en particular a Botnia que comenzará a producir antes de fin de año.  Sin embargo, dos hechos han distorsionado al movimiento.  Por un lado, el conflicto con Argentina a raíz del corte del puente internacional entre Fray Bentos y Gualeguaychú desvió el debate sobre el plan forestación-celulosa a cuestiones de nacionalismo que beneficiaron al gobierno.  Por otro lado, las ONGs ambientalistas juegan un papel muy destacado pero opacan al movimiento de base, o sea al verdadero movimiento social.  En todo caso, el ambientalismo uruguayo sigue estando muy aislado y recién podrá levantar cabeza una vez que finalice el largo litigio con Argentina.

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A grandes rasgos, puede asegurar que los movimientos uruguayos están saliendo de una etapa de debilidad que coincidió con el auge del modelo neoliberal.  En los próximos meses será convocado el II Congreso del Pueblo, una instancia que permitirá la confluencia de todos los movimientos, desde el sindical y los más institucionalizados hasta los más de base y dispersos.  Hace 42 años se realizó el primer Congreso del Pueblo, en 1965, que tuvo dos efectos notables: reunió a 700 organizaciones sociales que debatieron un programa de cambios que años más tarde fue recogido íntegramente por el Frente Amplio cuando fue creado en 1971.  En segundo lugar, el Congreso del Pueblo jugó un papel determinante en la creación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), la central unitaria que desde ese momento ha marcado la historia del país.

El pasado 13 de septiembre varias organizaciones lanzaron la propuesta del II Congreso del Pueblo, entre ellas el PIT-CNT, FUCVAM, FEUU (estudiantes universitarios) y la organización de los jubilados.  La convocatoria señala que busca “contribuir a la formación de un bloque democrático radical que desplace al actual bloque dominante, luchando para profundizar el proceso de cambios” abierto el 1 de marzo cuando Tabaré Vázquez llegó a la presidencia.  Los promotores del Congreso se oponen a los monocultivos forestales, plantean la necesidad de que el “pueblo organizado” participe en el gobierno nacional y en los municipios, y concluye que “ningún gobierno podrá gobernar, hacer los cambios y profundizarlos, sin nosotros y nosotras”.  De este modo, los movimientos se preparan para librar una batalla decisiva para disputar con las fuerzas neoliberales el futuro inmediato del Uruguay.

- Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupos sociales.