Barranquilla

“España está con Uribe y con Colombia”. Con estas palabras se resume el contundente apoyo brindado por José Luis Zapatero a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe Vélez, en su visita a Madrid el 23 de enero.

El mandatario colombiano fue recibido entre otras personalidades por el rey Juan Carlos, los ex jefes de gobierno José María Aznar y Felipe González, así como por el líder de la oposición Mariano Rajoy. Pero como si el apoyo de los líderes españoles fuera poco, también Javier Solana, ministro de Relaciones Exteriores de la UE, quiso dejar constancia de cómo se sitúa Europa en el conflicto colombiano: “Todas las ideas que ponga Uribe en la mesa serán apoyadas por la UE. Tenemos plena confianza en él… y tiene todo nuestro apoyo”.

La relación del Estado español y la UE con el actual Gobierno colombiano está siendo cuestionada por el conjunto de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos del planeta, y de manera especial por las que actúan y sufren la represión sobre el terreno. Este respaldo, además, viola todas las cláusulas internacionales que los países de la UE tienen establecidas para no colaboración con Gobiernos implicados en el tráfico internacional de estupefacientes.

Narcoparamilitarismo y Uribe

La relación de Uribe Vélez con el paramilitarismo y el narcotráfico viene de lejos. A principios de los ‘80, cuando el actual mandatario colombiano ejerció durante 28 meses como director del Departamento de Aviación Civil, apoyó con múltiples licencias aéreas, hangares y pistas de aterrizaje en fincas privadas a diferentes capos del narcotráfico, entre los que destaca Jaime Cardona (considerado el número dos del cártel de Medellín en aquella época), según denunció el escritor colombiano Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína.

Los negocios turbios en su entorno tampoco son nuevos. El periodista Nelson Sánchez Abaúnza escribió una documentada crónica en la revista Cromos, en la que señaló cómo se había extraído 43 millones de pesos (aproximadamente unos 550.000 dólares) del Departamento de Aviación Civil, a través de la firma de un “contrato fantasma” que Uribe estableció con la entidad Colasesores, la cual meses antes había sido embargada por el Banco Real de Colombia.

Otro episodio alarmante de la biografía de Uribe tuvo lugar el 15 de junio de 1983: cuando falleció su padre (Alberto Uribe Sierra, un conocido especulador de fincas y caballos, muy bien relacionado con los líderes del narcotráfico en Antioquia y que murió en un tiroteo con las FARC), el actual presidente colombiano se desplazó a la finca Guacharacas, lugar de los sucesos, en un helicóptero propiedad de Pablo Escobar. Preguntado por este hecho, Uribe se limitó a decir que fue fruto de la casualidad. Sin embargo, en el sepelio de su padre, destacaban entre los invitados tanto Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, como el clan de los Ochoa.

En su libro Mi confesión, el difunto líder narco-paramilitar, Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirma que “la base social de las Autodefensas lo considera [a Uribe] su candidato presidencial”, y prosigue: “Es el hombre más cercano a nuestra ideología y filosofía”. Castaño describe: “Como gobernador de Antioquia, Uribe Vélez logró sacar adelante 59 cooperativas de seguridad con las cuales nunca estuve de acuerdo (las Convivir). No voy a negar que a las Autodefensas les sirvió, pero no tanto se avanzó con ellas. Quienes las aprovecharon fueron los traficantes, que se dedicaron a montar pequeñas Convivir en sus fincas. Era habitual ver cinco camionetas Toyota, con un ‘narco’ adentro escoltado de manera impresionante y sus guardaespaldas portando armas amparadas por el Estado”.

Uribe fue el autor de la fórmula Convivir: cooperativas de seguridad, agrupación de ciudadanos, un comité coordinador y una central privada de comunicaciones, todo ello con dotación de armas. Se crearon 690, de ellas 70 en Antioquia, donde comenzaron. Según la Secretaría de Derechos Humanos y Libertades: “Estas organizaciones se convirtieron en bandas de maleantes y asesinos, transformándose en grupos punitivos, que terminaron asesinando y secuestrando. Fueron utilizadas por los terratenientes y narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de ‘tierra arrasada’ en numerosas zonas campesinas y en la misma capital de Antioquia”. Según la ONG internacional Pax Christi: “Significó la plasmación práctica de una visión fascista del Estado, con fundamental aplicación en las zonas de cultivo ilegal”. En muchos casos, la relación de Uribe con el narcotráfico y la parapolítica se ha dado a través de intermediarios. Destaca en ese sentido el papel del senador Mario Uribe, primo hermano del mandatario.

Fue amigo incondicional de Pablo Escobar: lo visitó en la represa del Peñol cuando el capo estaba “en la clandestinidad”, y lo previno en alguna oportunidad para que lograra eludir la acción de la Justicia. Mario Uribe es el líder fundador del partido uribista Colombia Democrática y en la actualidad se encuentra investigado junto a otros 40 congresistas por vínculos con la “parapolítica”.

El ‘entorno’ de Uribe

Con Uribe están alineados políticamente la mayoría de los congresistas y políticos vinculados al ‘Proceso 8.000’. Aunque se trata de individuos a quienes las autoridades judiciales han dejado fuera de la política, muchos de ellos han expresado en diversas formas su respaldo al presidente de la República.

El primero de todos es Fernando Botero Zea, quien ha asesorado a Uribe en temas específicos de su campaña electoral. Botero estuvo implicado en el robo de millones de dólares girados por el cártel de Cali a la campaña de Ernesto Samper, que él desvió hacia sus cuentas en el exterior. En la actualidad vive exiliado en México, aunque se sabe que entra en Colombia cada vez que Uribe lo requiere.

También destaca el apoyo de Alberto Santofimio Botero, el ex controlador Rodolfo González García, los ex parlamentarios César Pérez García, Tiberio Villareal, Fuad Char y el empresario Carlos Náder. Santomifio, Pérez García y Villareal pasaron varios años en la cárcel por sus vinculaciones con el narcotráfico. González García fue absuelto en un caso similar por “razones de tipo técnico”, pero jamás demostró su inocencia. EE UU retiró la visa a la familia Char y los introdujeron en la famosa ‘Lista Clinton’ (personas relacionadas con el narcotráfico), cuando comprobaron que estaba implicado en lavado de dinero producto del narcotráfico. Uribe sigue apoyando a estos personajes. Recientemente indicaba que “Fuad Char es un hombre respetable en su vida pública y privada”, a la vez que apoyaba a su hijo Alex (gran especulador inmobiliario) en su candidatura a la alcaldía de Barranquilla.

El empresario Carlos Náder, también en la ‘Lista Clinton’, tampoco puede entrar en territorio norteamericano. Sobre él recae una condena de seis años de prisión por tráfico de drogas. Tanto su esposa como él mismo, brindan alojamiento en sus casas particulares de Miami y Madrid respectivamente cuando el mandatario se desplaza a estos territorios.

Pero el caso más complejo de las personas que apoyan a Uribe es el de su segundo de abordo en la gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa (fallecido misteriosamente en accidente de avión el 24 de febrero de 2006). En 1997 y 1998 agentes de la DEA decomisaron 50 toneladas de permangánato de potasio. Las investigaciones demostraron que estos insumos, suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor de 15 millones de dólares en el mercado, fueron importados por la empresa GMP Productos Químicos, con sede en Medellín, propiedad de Moreno Villa. Según denuncia Joseph Contreras, corresponsal de Newsweek y autor del libro El Señor de las Sombras – Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2001, Donnie R. Marshall, jefe de la DEA, denunció que “GMP fue el más grande importador de permangánato de potasio en Colombia”. Según Marshall, “quien controle el mercado de permanganato de potasio en Colombia, controla el tráfico global de cocaína procesada”.

Según la DEA, 200 toneladas fueron vendidas por la compañía GMP en el tiempo en que Moreno era secretario de gobierno de Uribe en Antioquia. De igual manera, el actual presidente de Colombia fue relacionado con el narcotráfico durante su desempeño por tan sólo cuatro meses, como alcalde de Medellín.

Según Joseph Contreras, su salida del cargo fue debida a que el entonces presidente Betancur detectó su presencia en una cumbre (finales del 1982) de los cuatro grandes del cártel de Medellín (Pablo Escobar, los Ochoa, Carlos Lehter y Gonzalo Rodríguez Gacha). Los servicios de inteligencia detectaron varios testigos, y para colmo Uribe incluso fue llevado a esa reunión clandestina en un helicóptero propiedad de los capos. Al presidente no le quedó otro camino que ordenar que lo sacaran sigilosamente de la alcaldía.

El 11 de marzo de 1984, un año después de que Uribe dejara de ser alcalde, y en plena campaña electoral al Senado, durante un operativo de las autoridades antinarcóticos, se decomisó un helicóptero Hughes-500, modelo 369D, con matrícula HK 2704-X. El 21 de abril, Uribe se entrevista con Enrique Parejo, en aquel momento ministro de Justicia, para explicarle que su familia, propietaria del helicóptero, no estaba implicada en el narcotráfico, y que simplemente “lo habían prestado a un amigo”.

Entre 7.000 y 15.000 desaparecidos desde 1977

El Gobierno de Uribe representa la necesidad de centralizar el poder ejecutivo para lograr una unidad de mando en la guerra contra la insurgencia y contra cualquier tipo de oposición popular que se genere. Su modelo económico se caracteriza por una gran acumulación y concentración de capital y tierras en pocas manos, mientras el capital financiero controla las arterias vitales de la economía. Hoy, el 50% de los colombianos viven por debajo de la línea de miseria, y el 10% en condiciones de indigencia. Mientras tanto, unos pocos concentran en sus manos una altísima proporción de la riqueza. Tan sólo en los dos primeros años de su mandato, dos de los más grandes grupos económicos del país ya habían triplicado su riqueza. Según denuncian las ONG de derechos humanos en Colombia, su proyecto de Estado es fascista, sustentado en elementos como centralización del poder ejecutivo, el control y disminución del Congreso, el fortalecimiento del aparato militar, el desarrollo de la estructura paramilitar y la negación de las libertades democráticas. Según la Asociación de Familiares Desaparecidos (Asfades) se supera la cifra de 7.300 desaparecidos en Colombia desde 1977. Sin embargo Gloria Gómez, directora de esta asociación, indica que la cifra real podría superar los 15.000, dado que en muchas ocasiones las familias no denuncian por miedo a las posibles represalias. Para Asfades, el principal actor represivo en Colombia es el paramilitarismo, seguido por el Ejército y de lejos la insurgencia. Uribe ha extraditado a delincuentes comunes y a presuntos guerrilleros hacia EE UU, pero se comprometió a no extraditar a los paramilitares, es decir, a los más peligrosos miembros del crimen organizado.

Publicado en el periódico Diagonal, el pasado 7 de febrero de 2008

Fuente: http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=51765