Represión a marcha pacífica mapuche
10/01/2008
- Opinión
Ayer miércoles 9 de enero se realizó en el centro de la ciudad de Temuco una marcha pacífica convocada por amigos, familiares y organizaciones sociales y mapuches, en protesta por el asesinato del joven universitario de 22 años, Matías Catrileo, ocurrida el pasado 3 enero producto de disparos de carabineros. La manifestación concluyó de forma abrupta debido a la intervención y violencia con que actuó carabineros, con un saldo de 19 detenidos, entre ellos la hermana y la madre de Matías Catrileo, Catalina Catrileo y Mónica Quezada.
Entre los detenidos, que fueron trasladados hasta la Segunda Comisaría de Temuco, se encontraba también el periodista de La Nación Domingo, Marcelo Garay Vergara, el ciudadano argentino Francisco Jones Wala y un menor de 17 años, además de personas que transitaban por el lugar al momento de la movilización y que no necesariamente participaban de ella, de acuerdo a testimonios de quienes presenciaron los hechos. Lo que da cuenta del actuar indiscriminado de carabineros, reprimir esta marcha que en todo momento fue pacífica.
Cabe destacar, así mismo, que los detenidos -a excepción de la madre, la hermana y la pareja del fallecido Matías Catrileo- permanecieron privados de libertad en el recinto policial hasta primeras horas de esta mañana, lo que vulnera el artículo 85 del Código Procesal Penal, que establece un plazo máximo de seis horas para la detención de personas. Ello pese a la presencia en el lugar durante de abogados de derechos humanos, familiares y representantes de gobierno que llegaron a informarse de la situación, algunos de los cuales permanecieron hasta altas horas de la noche.
De los 16 detenidos que permanecían aún en la comisaría esta mañana, se realizó control de identidad a diez de ellos para ser luego derivados a sus domicilios. Mientras que los seis restantes, el periodista Marcelo Garay Vergara, la psicóloga Cristi Mella Aguilera, el fotógrafo Martín Carmona Martínez, Raúl Castro Antipan, Sandro Melicura Cid y Francisco Jones Wala, fueron traslados a una audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Temuco, siendo formalizados todos ellos por desordenes públicos. En el caso del ciudadano argentino, Jones Wala, éste fue además formalizado por ocultación de identidad.
Todos los imputados deberán presentarse a dicho tribunal el próximo 27 de febrero, a las 11 horas, donde tendrá lugar un juicio simplificado que fijará las posibles sanciones, una vez aclarada su participación en los hechos.
Como Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas lamentamos este nuevo actuar represivo de carabineros, que se suma a los ocurridos en días anteriores y que hemos también condenado, tales como allanamientos en comunidades y la represión de manifestaciones pacíficas en solidaridad con los mapuche en diversas ciudades del país, incluyendo Santiago.
Hacemos un llamado al gobierno, como garante del bien común, y encargado de proteger los derechos humanos, a poner término a esta política represiva en contra de los mapuche, a adoptar medidas administrativas y legislativas para garantizar que no se sigan dando malos tratos a sus comunidades y en general a integrantes de este pueblo, así como a quienes solidarizan con el. De lo contrario, está avalando un comportamiento de las fuerzas policiales, que además de violar derechos esenciales de la persona humana, como la vida, la integridad física y síquica, la libertad de reunión y de manifestación, es arbitrario y racista, y por los mismo, lejos de aplacar la violencia, la enciende.
10 de enero de 2008
Entre los detenidos, que fueron trasladados hasta la Segunda Comisaría de Temuco, se encontraba también el periodista de La Nación Domingo, Marcelo Garay Vergara, el ciudadano argentino Francisco Jones Wala y un menor de 17 años, además de personas que transitaban por el lugar al momento de la movilización y que no necesariamente participaban de ella, de acuerdo a testimonios de quienes presenciaron los hechos. Lo que da cuenta del actuar indiscriminado de carabineros, reprimir esta marcha que en todo momento fue pacífica.
Cabe destacar, así mismo, que los detenidos -a excepción de la madre, la hermana y la pareja del fallecido Matías Catrileo- permanecieron privados de libertad en el recinto policial hasta primeras horas de esta mañana, lo que vulnera el artículo 85 del Código Procesal Penal, que establece un plazo máximo de seis horas para la detención de personas. Ello pese a la presencia en el lugar durante de abogados de derechos humanos, familiares y representantes de gobierno que llegaron a informarse de la situación, algunos de los cuales permanecieron hasta altas horas de la noche.
De los 16 detenidos que permanecían aún en la comisaría esta mañana, se realizó control de identidad a diez de ellos para ser luego derivados a sus domicilios. Mientras que los seis restantes, el periodista Marcelo Garay Vergara, la psicóloga Cristi Mella Aguilera, el fotógrafo Martín Carmona Martínez, Raúl Castro Antipan, Sandro Melicura Cid y Francisco Jones Wala, fueron traslados a una audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Temuco, siendo formalizados todos ellos por desordenes públicos. En el caso del ciudadano argentino, Jones Wala, éste fue además formalizado por ocultación de identidad.
Todos los imputados deberán presentarse a dicho tribunal el próximo 27 de febrero, a las 11 horas, donde tendrá lugar un juicio simplificado que fijará las posibles sanciones, una vez aclarada su participación en los hechos.
Como Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas lamentamos este nuevo actuar represivo de carabineros, que se suma a los ocurridos en días anteriores y que hemos también condenado, tales como allanamientos en comunidades y la represión de manifestaciones pacíficas en solidaridad con los mapuche en diversas ciudades del país, incluyendo Santiago.
Hacemos un llamado al gobierno, como garante del bien común, y encargado de proteger los derechos humanos, a poner término a esta política represiva en contra de los mapuche, a adoptar medidas administrativas y legislativas para garantizar que no se sigan dando malos tratos a sus comunidades y en general a integrantes de este pueblo, así como a quienes solidarizan con el. De lo contrario, está avalando un comportamiento de las fuerzas policiales, que además de violar derechos esenciales de la persona humana, como la vida, la integridad física y síquica, la libertad de reunión y de manifestación, es arbitrario y racista, y por los mismo, lejos de aplacar la violencia, la enciende.
10 de enero de 2008
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