Relator especial de la ONU recibe denuncias de indígenas

AINI

30/11/2007

Opinión

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Santa Cruz

En el marco de la visita que hizo el Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas; Rodolfo Stavenhagen, el pasado 27 de noviembre las organizaciones indígenas de Bolivia se reunieron con el relator para presentar los casos de violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas que se vienen sucediendo en nuestro país.

En dicha reunión estuvieron presentes organizaciones nacionales como la Confederación Indígena del Oriente Boliviano CIDOB, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu CONAMAQ y la Federación Sindical Única de Mujeres Campesina Bartolina Sisa FSUMCBS.

Las organizaciones indígenas de Bolivia aprovecharon la reunión sostenida con el relator especial de la ONU para presentar los casos documentados de violación a los derechos humanos a los pueblos indígenas de Bolivia.

Razones de la visita del Relator a Bolivia

Rodolfo Stavenhagen, de nacionalidad mexicana, quien es el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los Indígenas para la ONU, designado el año 2001 por la Comisión de Derechos Humanos, es uno de los principales impulsores para la aprobación de la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU, que después de más de 10 años fue aprobada el pasado 13 de septiembre.

Llegó a Bolivia en una misión especial tras la invitación del gobierno de Bolivia y tal como informó a las organizaciones indígenas, el objetivo de su visita es evaluar la situación actual de los derechos indígenas en el país ya que Bolivia se ha constituido en un referente importante para el mundo en materia de Derechos Humanos, al ser el primer país en el continente que ha homologado la Declaración de la ONU elevándola a rango de Ley de la República.

Violaciones de derechos en las Tierras Bajas

En representación de la CIDOB, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz CPESC, la Organización Indígena Chiquitana OICH y la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu APG IG, pusieron en consideración del relator cuatro casos documentados de violación a los derechos indígenas:

1. El caso del Bosque seco chiquitano, donde desde 1999 una fundación denominada Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano FCBC, en complicidad con empresas petroleras (ENRON y SHELL) y ONG's bolivianas (Fundación Amigos de la Naturaleza FAN y el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado) y estadounidenses (Wildlife Society Conservation WCS, Missouri Botanical Garden MBG), se atribuyeron por encima de los indígenas chiquitanos y del propio estado boliviano la conservación del bosque seco chiquitano, sin que para ello hayan consultado a los indígenas chiquitanos y a nombre de la conservación del bosque seco, recibieron 20 millones de dólares de las petroleras y actualmente están recibiendo recursos de la Unión Europea, institucionalizando así, la sistemática violación a los derechos indígenas del pueblo chiquitano. Todo ello, a vista y paciencia de gobiernos anteriores y en la actualidad, amparados por el gobierno departamental de la ciudad de Santa Cruz.

2. El caso de la quema y destrucción de las oficinas de la OICH en San Javier, Concepción, San Matías y San Miguel, hecho producido en diciembre de 2006 cuando jóvenes agrupados en la Unión Juvenil Cruceñista al calor del Cabildo Cruceño impulsado por la Prefectura de Santa Cruz y el Comité Cívico de Santa Cruz, hicieron destrozos y agresiones físicas violentas a los dirigentes y miembros de la OICH. Todos estos hechos aún están impunes ya que no se ha procesado ni condenado a los autores.

3. El caso de la construcción de la Carretera bioceánica Santa Cruz – Puerto Suárez que atraviesa por territorio chiquitano y en el que se han producido una serie de irregularidades sociales, ambientales y culturales vulnerándose así los derechos indígenas reconocidos por el Convenio 169 de la OIT, como el derecho a la consulta previa e informada, a la compensación justa, al beneficio. Esta construcción de la carretera es financiada por instituciones financieras internacionales como el BID, la CAF y también cuenta con el aporte financiero de la Unión Europea.

4. El caso de la empresa hispano argentina Repsol YPF S.A. que desde 1997 opera en el territorio guaraní de Itika Guasu, en la provincia O'Connor departamento de Tarija, la misma que amparada en las leyes aprobadas en 1996 en el marco del “ajuste estructural” han ingresado al territorio guaraní violando derechos como el de la consulta previa e informada, el derecho al beneficio, el derecho a la indemnización justa.

Casos presentados por las Tierras Altas

La ejecutiva de la Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa presentó al Relator los avances alcanzados en el marco de la Asamblea Constituyente donde las organizaciones indígenas, campesinas y originarias del país han presentado sus propuestas que han sido recogidas en los informes por mayoría de las 21 comisiones y, están reflejadas en la CPE aprobada en grande el pasado 24 de noviembre.

También presentaron el caso de retardación en el ejercicio del derecho al territorio, por la falta de titulación de una comunidad campesina – indígena en el departamento de Cochabamba.

Por su parte, la CONAMAQ expuso al relator su propuesta de reconstitución territorial, que según los originarios, surge de las comunidades y Ayllus del Aransaya y Urinsaya del territorio de Bolivia.

Posición del Relator

Luego de escuchar atentamente cada uno de los casos presentados, el relator destaco aspectos importantes dignos de consideración en el análisis y comprensión del proceso que el país está viviendo.

Destacó primero que en América Latina, la violación de los derechos de los pueblos indígenas no es un hecho aislado sino institucionalizado por los Estados quienes omitiendo su obligación de precautelar los derechos indígenas, protegen y dejan impunes a los que violan sus derechos en especial si se trata de grupos de poder o empresas transnacionales.

Asimismo, consideró importante lo que está sucediendo en Bolivia ya que los pueblos indígenas del país han pasado de una mirada local o regional a una mirada global, generando propuesta que van a beneficiar no sólo a la comunidad o a la organización sino al propio país.

Consideró de suma importancia que Bolivia sea el primer país en elevar a rango de ley la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU aprobado en septiembre después de más de 10 años de intensas discusiones. Sin embargo, consideró que hace falta una mayor toma de conciencia de ese hecho pues el estado boliviano requiere modificar la institucionalización del racismo, del desprecio a lo indígena, para convertirse en los hechos en un estado que promueve, protege y defiende los derechos indígenas.

Finalmente, el relator recomendó a las organizaciones indígenas a seguir trabajando en la defensa de sus derechos y a mantener la unidad por sobre todo, pues los avances que se han logrado y los que se pueden seguir construyendo tiene su base fundamental en la unidad de los 36 pueblos indígenas – originarios de Bolivia.

El relator elevará recomendaciones

Rodolfo Stavenhagen tiene una apretada agenda en los 11 días de su estancia en Bolivia. A la fecha ha sostenido una serie de reuniones con las organizaciones indígenas, con representantes del poder ejecutivo y el propio presidente de la república.

Recorrerá el país, reuniéndose con organizaciones, instituciones para elaborar un informe que en la hermeneútica de la ONU tiene el carácter de recomendaciones al gobierno boliviano como a los que protagonizan la vulneración de los derechos indígenas.

Dichas recomendaciones si bien no son vinculantes, serán elementos claves que permitan ratificar las justas denuncias que desde hace varios años viene haciendo los pueblos indígenas de Bolivia, en especial aquellos que están afectados por las actividades extractivas como minería, gas y petróleo pues son éstas empresas transnacionales las que amparadas en la actitud pasiva del Estado, han cometido una serie de violaciones que deben ser investigadas, sancionadas y corregidas.

Fuente: Agencia Intercultural de Noticias Indígenas (AINI), Santa Cruz, Bolivia

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