La cooperación intercultural por la paz
08/10/2007
- Opinión
Intervención en el “Diálogo de alto nivel sobre la comprensión y la cooperación entre religiones y culturas en pro de la paz”, Asamblea General de la ONU, 31 de septiembre de 2007.
Este año, importantes conferencias internacionales han robustecido el consenso ya existente sobre los principios fundamentales de la comprensión entre las culturas y religiones, y su valor para cooperar por la paz[1]. Agrada constatarlo, aunque aún falte bastante más para concretar la implementación social de dicho consenso a escala mundial, y materializar los resultados que deseamos.
Completar esa tarea requiere persistentes esfuerzos y respaldos a muchos niveles, lo que sobrepasa la capacidad de los gobiernos. La efectiva implementación de ese consenso reclama una amplia movilización ciudadana que las organizaciones sociales --con la pluralidad de sus enfoques y campos de acción-- pueden impulsar.
Desde luego, promover la tolerancia y la comprensión entre las culturas y religiones es premisa indispensable para armonizar naciones y grupos sociales. Sin embargo, no es suficiente para garantizar ese objetivo y su perduración. La convivencia fructífera entre gentes de distintas culturas y creencias sólo se consolida cuando ellas comparten expectativas y proyectos, y confían en poder realizarlos mediante esfuerzos comunes.
Aunque las desavenencias y reencuentros culturales y religiosos tienen su propia dinámica, deben examinarse en su circunstancia, junto con otros factores. Como se ha dicho, la rivalidad de intereses económicos, ambientales y territoriales suele motivar tensiones que luego pueden ser manipuladas y exacerbadas en el campo étnico, cultural y religioso. El problema es aún más complejo cuando hay injerencia de intereses foráneos. Por eso mismo, evitar esas interferencias, y propiciar cooperaciones y sinergias que contribuyan a un aprovechamiento mutuamente provechoso de esos recursos contribuirá a acercar a las partes.
Recientemente, la Declaración[2] que reconoce los derechos culturales y religiosos de los pueblos originarios o indígenas agregó un progreso adicional. Para promover una convivencia más equilibrada entre los distintos integrantes étnico-culturales de un país, es indispensable reconocer y valorar el legado cultural de los pueblos nativos que, junto a las aportaciones de las poblaciones inmigradas y criollas, enriquece y le da identidad propia al conglomerado cultural de cada nación.
Además, ese reconocimiento es valioso en la lucha de esos pueblos por satisfacer otras exigencias del desarrollo humano, como la ciudadanía, la justicia y la igualad de oportunidades, que mitigan las diferencias con los demás grupos sociales.
Es natural que, luego de siglos de marginación, muchos pueblos originarios reclamasen el reconocimiento de su cultura y creencias como una ardorosa reivindicación. Pero, a veces, ello ha servido para atizar resentimientos y fomentar confrontaciones que le restan integridad socioeconómica y gobernabilidad a Estados pluriétnicos. El caso extremo ha sido el de guerras civiles que en nada sirvieron para mejorar las condiciones de vida material ni espiritual de los pueblos afectados.
Para evitarlo, es preciso ayudar a que ese reconocimiento pueda asumirse, por unos y otros, no como una exaltación de las desigualdades, sino como ocasión propicia para convivir, intercambiar aportaciones y entender las diferencias como oportunidades de complementarse en proyectos compartidos. Lo contrario es ir a contrapelo de la historia, que hoy privilegia los procesos de integración nacional y regional.
La alternativa de construir relaciones orientadas a la cooperación demanda resaltar lo mucho que las culturas y religiones tienen en común, como formas diferentes de sustentar aspiraciones morales y humanitarias que son similares o compatibles. No obstante, para que el énfasis acentúe lo que hay de común, o recaiga en las divergencias, se requiere un perseverante apoyo de los sistemas educativos y los medios de comunicación.
En lo que toca al sistema escolar el Estado tiene responsabilidades que las autoridades pueden cumplir. Pero, en lo que corresponde a los medios de comunicación, hablamos de entidades privadas que con frecuencia invocan un concepto de libertad de expresión renuente a acoger orientaciones estatales. En tal caso, las organizaciones sociales pueden desempeñar un papel esclarecedor y crítico en el esfuerzo por erradicar de dichos medios toda expresión de racismo, xenofobia o intolerancia y exclusión cultural.
Nadie puede por sí solo completar el propósito que hoy nos reúne. También organismos internacionales, gobiernos, organizaciones sociales necesitan complementarse, junto a cada comunidad cultural y religiosa, para que la paz se concrete como una realidad incluyente y duradera.
Este año, importantes conferencias internacionales han robustecido el consenso ya existente sobre los principios fundamentales de la comprensión entre las culturas y religiones, y su valor para cooperar por la paz[1]. Agrada constatarlo, aunque aún falte bastante más para concretar la implementación social de dicho consenso a escala mundial, y materializar los resultados que deseamos.
Completar esa tarea requiere persistentes esfuerzos y respaldos a muchos niveles, lo que sobrepasa la capacidad de los gobiernos. La efectiva implementación de ese consenso reclama una amplia movilización ciudadana que las organizaciones sociales --con la pluralidad de sus enfoques y campos de acción-- pueden impulsar.
Desde luego, promover la tolerancia y la comprensión entre las culturas y religiones es premisa indispensable para armonizar naciones y grupos sociales. Sin embargo, no es suficiente para garantizar ese objetivo y su perduración. La convivencia fructífera entre gentes de distintas culturas y creencias sólo se consolida cuando ellas comparten expectativas y proyectos, y confían en poder realizarlos mediante esfuerzos comunes.
Aunque las desavenencias y reencuentros culturales y religiosos tienen su propia dinámica, deben examinarse en su circunstancia, junto con otros factores. Como se ha dicho, la rivalidad de intereses económicos, ambientales y territoriales suele motivar tensiones que luego pueden ser manipuladas y exacerbadas en el campo étnico, cultural y religioso. El problema es aún más complejo cuando hay injerencia de intereses foráneos. Por eso mismo, evitar esas interferencias, y propiciar cooperaciones y sinergias que contribuyan a un aprovechamiento mutuamente provechoso de esos recursos contribuirá a acercar a las partes.
Recientemente, la Declaración[2] que reconoce los derechos culturales y religiosos de los pueblos originarios o indígenas agregó un progreso adicional. Para promover una convivencia más equilibrada entre los distintos integrantes étnico-culturales de un país, es indispensable reconocer y valorar el legado cultural de los pueblos nativos que, junto a las aportaciones de las poblaciones inmigradas y criollas, enriquece y le da identidad propia al conglomerado cultural de cada nación.
Además, ese reconocimiento es valioso en la lucha de esos pueblos por satisfacer otras exigencias del desarrollo humano, como la ciudadanía, la justicia y la igualad de oportunidades, que mitigan las diferencias con los demás grupos sociales.
Es natural que, luego de siglos de marginación, muchos pueblos originarios reclamasen el reconocimiento de su cultura y creencias como una ardorosa reivindicación. Pero, a veces, ello ha servido para atizar resentimientos y fomentar confrontaciones que le restan integridad socioeconómica y gobernabilidad a Estados pluriétnicos. El caso extremo ha sido el de guerras civiles que en nada sirvieron para mejorar las condiciones de vida material ni espiritual de los pueblos afectados.
Para evitarlo, es preciso ayudar a que ese reconocimiento pueda asumirse, por unos y otros, no como una exaltación de las desigualdades, sino como ocasión propicia para convivir, intercambiar aportaciones y entender las diferencias como oportunidades de complementarse en proyectos compartidos. Lo contrario es ir a contrapelo de la historia, que hoy privilegia los procesos de integración nacional y regional.
La alternativa de construir relaciones orientadas a la cooperación demanda resaltar lo mucho que las culturas y religiones tienen en común, como formas diferentes de sustentar aspiraciones morales y humanitarias que son similares o compatibles. No obstante, para que el énfasis acentúe lo que hay de común, o recaiga en las divergencias, se requiere un perseverante apoyo de los sistemas educativos y los medios de comunicación.
En lo que toca al sistema escolar el Estado tiene responsabilidades que las autoridades pueden cumplir. Pero, en lo que corresponde a los medios de comunicación, hablamos de entidades privadas que con frecuencia invocan un concepto de libertad de expresión renuente a acoger orientaciones estatales. En tal caso, las organizaciones sociales pueden desempeñar un papel esclarecedor y crítico en el esfuerzo por erradicar de dichos medios toda expresión de racismo, xenofobia o intolerancia y exclusión cultural.
Nadie puede por sí solo completar el propósito que hoy nos reúne. También organismos internacionales, gobiernos, organizaciones sociales necesitan complementarse, junto a cada comunidad cultural y religiosa, para que la paz se concrete como una realidad incluyente y duradera.
[1]. Por ejemplo: La Resolución “Logro del respeto y la coexistencia pacífica de todas las comunidades y creencias religiosas en un mundo globalizado”, adoptada en la 116ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Nusa Dua, Bali, el 4 de mayo. También, la “Declaración de Nanjing sobre el diálogo interreligioso”, acordada por el Tercer Diálogo Interreligioso de la ASEM en Nanjing, China, el 21 de junio. Además, la “Declaración y el Programa de Acción de la Reunión ministerial del Movimiento No-Alineado sobre Derechos Humanos y Diversidad Cultural, aprobada en Teherán, República Islámica de Irán, el 4 de septiembre.
[2]. Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 7 de septiembre de 2007.
https://www.alainet.org/es/articulo/123643
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