El anteproyecto de ley que privatiza los recursos hídricos provoca mucha preocupación entre los diferentes sectores de la sociedad panameña. La principal razón de la zozobra es producto del hermetismo gubernamental y la falta de información en los medios.

Las autoridades se limitan a informar que los recursos hídricos del país están muy desordenados y que falta actuar rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Nadie sabe. ¿Acaso los ríos están bajando de las montañas sin que los humanos sepamos en qué dirección corren o por qué sector saldrán al mar? Obviamente, este no es el caso. Entonces ¿cuál es el problema que han detectado las autoridades?

El consenso de Washington, acuerdo establecido por las agencias financieras y el gobierno de EEUU, a principios de la década de 1990, planteó que todos los países del mundo tenían que seguir una nueva racionalidad. La racionalidad de mercado, que implica aceptar una Verdad: lo que es bueno para el mercado, es bueno para la sociedad y, también, es bueno para cualquier ser humano.

Todos los valores – incluso el agua - deben reducirse a la demanda y a la oferta del mercado. Una propuesta que requiere una alta capacidad de abstracción. Durante décadas en Panamá se pensaba de una manera más pragmática. Se consideraba, por ejemplo, que la educación es un valor importante (y muy concreto). Los gobiernos, por lo tanto, tenían la obligación de hacer inversiones en este sector. Muchas veces era necesario sacar recursos de otras áreas para cubrir las demandas de la educación. Se consideraba que este “sacrificio” redundaba en el progreso y, por lo tanto, beneficiaría las futuras generaciones.

Para asegurar el progreso también se hacían inversiones en la industria, en la construcción de carreteras y en la seguridad social. Se planteaban objetivos, se definían estrategias y se elaboraban planes. Los empresarios que buscaban ganancias se insertaban en el proceso para competir y sacar ventajas. Según el consenso de Washington esta manera de proceder es irracional y debe descartarse (a los pragmáticos los llaman “populistas”).

La propuesta que han logrado imponer en el mundo pone de cabeza la idea del desarrollo y plantea que el gobierno debe promover los negocios y como resultado del “goteo” que produce el “crecimiento económico”, los niños irán a las escuelas, se crearán nuevos empleos industriales, las carreteras abundarán y todos los trabajadores estarán asegurados. Tesis que ha probado ser falsa en todos los países donde se ha aplicado.

En el caso del agua, en los últimos 100 años, los gobiernos panameños crearon una red nacional de agua potable para la población elevando los niveles de vida y erradicando las enfermedades de origen hídrico en el país. Se construyeron represas sobre los ríos Chagres, Bayano, Chiriquí y otros para alimentar de energía a las industrias y residencias de las ciudades. Se crearon sistemas de riego en las provincias agrícolas del país para asegurar que se produjeran los alimentos que necesitan los consumidores panameños.

Para sorpresa de todos ahora el gobierno, aplicando la “racionalidad” neoliberal, dice que todo lo hecho en el siglo XX es sólo “desorden”. Sin informarle a los panameños, el gobierno anuncia que le dará en concesión (¿perpetua?) a empresas privadas los recursos hídricos del país. Es decir, todos los ríos y cuerpos de agua serán entregados a unos pocos especuladores quienes se harán millonarios.

En el resto de América latina esta iniciativa ha sido rechazada por los pueblos – incluyendo empresarios y agricultores - que se han levantado en protesta. Aparentemente, los panameños se aprestan para otra batalla contra los neoliberales atrincherados en el gobierno.

- Marco A. Gandásegui, hijo es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.