El sindicalismo, como todo movimiento social, solo tiene vida propia en el corazón y la mente del pueblo.

El pasado 25 de agosto, cuando Ecopetrol cumplió 56 años de existencia, la junta directiva nacional de la Unión Sindical Obrera (USO) expidió una de sus últimas declaraciones contra la determinación del Gobierno de privatizar esa que por muchos conceptos es la principal empresa de la nación. El presidente Álvaro Uribe, con el apoyo de su gorda bancada parlamentaria, en buena proporción vinculada al narcoparamilitarismo, logró la aprobación de la Ley 1118 que autoriza la venta del 20% de sus acciones, a pesar de la oposición del Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal.

El documento sindical recuerda que la empresa, arrancada al capital foráneo en 1951 como resultado de la huelga patriótica de 1948 y de una larga y persistente lucha de los más amplios sectores sociales y políticos del país, perdió su autonomía financiera en 1995, cuando vendió su participación en la distribución de combustibles, y con la creación de Ecogás, recientemente privatizada, se quedó sin la propiedad y el manejo de la red de gasoductos del país. Entregó alegremente a Glencore el 51% de la refinería de Cartagena —la segunda en importancia del país—y cedió a las multinacionales los campos maduros, que de esa manera se quedaron con la operación directa.

Con estas medidas, “El gobierno nacional, lejos de corregir el rumbo como lo hicieran la mayoría de los países Latinoamericanos, profundizó la política de privatización”, dice el documento. Añade que Uribe Vélez continúa su política de entrega de los recursos nacionales mediante los regresivos contratos de concesión y asociación, como ocurre con el gas natural de La Guajira, cedido a Chevron-Texaco, y con Caño Limón, dado a la Occidental, con lo cual el país perdió la autonomía y el control de las reservas de gas y petróleo.

La oficina de prensa del senador Jorge Enrique Robledo, del PDA, ha denunciado que la empresa será feriada por debajo de su valor real y que “de los tres escenarios posibles para proyectar los ingresos de Ecopetrol con miras a ir vendiéndola por partes a los privados, el gobierno eligió el peor (...) Hasta autorizados corredores de bolsa han dicho que el precio es ‘muy conservador’, porque el barril del crudo supera hoy los 70 dólares en el mercado planetario. Otros analistas —agregó Robledo— han dicho que las utilidades de los compradores llegarán al 100% en 24 meses, ganancia extraordinaria que se origina en la venta a menos precio de la empresa”. Según el senador, en la valoración de las reservas se le embolataron al Estado 5.000 millones de dólares, pues el barril se tasó a 15,85 dólares, cuando el promedio internacional en este tipo de operaciones está en 17,11 dólares. “Además, a Ecopetrol no le fueron certificados 181 millones de barriles de reservas, lo que las disminuye de 1.752 a 1.571 millones de barriles. Las reservas embolatadas equivalen a la producción de crudo del país en un año, y a precios de exportación valen la bicoca de 11.000 millones de dólares, casi la mitad de las exportaciones totales de Colombia”.

Ecopetrol, la empresa más rentable del país, es también la que más transfiere recursos a la Nación, contribuye a la inversión social e impide un mayor desborde del persistente déficit fiscal. El último gran intento de detener la ola privatizadora y las acciones dirigidas a extinguir la organización sindical de Ecopetrol se produjo en abril de 2004, cuando la USO se lanzó a la huelga en todas las dependencias de la empresa, con resultados nada halagüeños. “Pese a nuestros argumentos (...) —afirma la declaración—, no obtuvimos el respaldo de la población en apoyar esta lucha nacionalista, mientras que el gobierno desarticuló la organización sindical y dejó en la calle a 243 trabajadores”.

La USO fue creada en 1923, como resultado de las primeras jornadas de los petroleros iniciadas seis años atrás y enderezadas a conseguir mejoras laborales y sociales de parte de la desaparecida Tropical Oil Company. A partir de entonces —y siempre con resultados variables, por la prepotencia de la transnacional—, la lucha del sindicato por lograr la nacionalización de la industria petrolera nacional fue encontrando la solidaridad de amplios sectores sociales, desde la popular hasta la de sectores de la burguesía liberal y la jerarquía de la Iglesia. Barrancabermeja, nuestro centro petrolero, se convirtió en una singular expresión colombiana de resistencia democrática gracias ante todo al movimiento patriótico de los petroleros. Hasta el sangriento 9 de Abril de 1948 tuvo en esa ciudad un carácter popular distinto en nuestro medio, porque fue un ensayo de poder popular. Durante cuarenta años, entre los 50 y los 80 del siglo pasado, la USO fue el símbolo más alto de sindicalismo independiente en Colombia. Puede afirmarse que en Barranca y otras poblaciones petroleras del país no había una actividad social y política en la cual no estuviera impresa la huella del sindicato. Desde rifas y reinados barriales hasta foros y seminarios de carácter nacional que pasaban revista a la marcha tanto de la industria petrolera universal y como del movimiento de liberación nacional.

La reaparición del conflicto armado interno colombiano a principios de los años 60, sin embargo, afectó al conjunto del movimiento social del país. Desde entonces el sindicalismo colombiano ha sido duramente golpeado por las fuerzas en pugna. Los sucesivos gobiernos nacionales y regionales crearon las fuerzas paramilitares encargadas del trabajo sucio de eliminar a los dirigentes sindicales y aplastar la autonomía de sus organizaciones. En el caso de USO, como lo han reconocido sus directivas nacionales, se cometieron excesos en la movilización callejera contra la violencia gubernamental y paramilitar y ello debilitó los lazos que unían al sindicato con la población. A principios de los años 70 comienza a hablarse de privatización de la industria petrolera y en los 80 y 90, a la par con el ascenso formidable de la “guerra sucia” contra los trabajadores organizados, se produce una nítida derechización del poder público, aliado del paramilitarismo y el narcotráfico y cuyo más eminente producto ha sido Álvaro Uribe Vélez.

El inventor de las primeras organizaciones formales de paracos, las llamadas cooperativas “Convivir”, accedió a la Presidencia en 2002 con un programa de dos objetivos centrales: entrega al sector privado del conjunto de empresas sociales del Estado, exigida por el capital multinacional, y solución del conflicto armado interno mediante el uso de la fuerza. Aunque el segundo cometido no deja de ser una utopía, la descarga de obligaciones sociales del Estado está avanzando ominosamente y el complejo petrolero está en primera fila, a la par de la red hospitalaria.

El Presidente aprovechó que para entonces había comenzado el declive del poder político de la USO. La huelga de abril de 2004 —cuyos efectos represivos se sienten todavía— comprobó que había terminado la fuerza decisiva del sindicato, cuyas filas han sido reducidas a menos de la mitad. Eso pudo observarse en las numerosas acciones emprendidas por el sindicato con anterioridad a la huelga de abril. En junio de 2003 directivos de la USO, Funtraenergética, Sintramienergética, Uneb, Sintraime y Sintrateléfonos, todos ellos de primera importancia en el panorama sindical nacional, conformaron en la Plaza de Bolívar, de Bogotá, un Frente por la Defensa del Patrimonio Público, pero el acto se caracterizó por la escasa asistencia.

La llamada “Jornada nacional de defensa del patrimonio público”, del 24 de julio de 2003, tuvo efectividad casi solamente en Barranca. Organizada por la USO, varias ONG y otros sindicatos, transcurrió durante la mayor parte de ese día, contó con movilizaciones que partieron de cinco puntos diferentes de la ciudad y tuvo una impresionante marcha de antorchas. Fue convocada por un flamante Comando Nacional de Paro en preparación de un supuesto “paro cívico nacional” fijado para el 12 de agosto siguiente. Pero no había tal. El propuesto paro nunca fue organizado por nadie, cosa que no obstó para que el semanario comunista Voz lo soñara con estas palabras: “los trabajadores, los productores y el pueblo de Colombia saldrán a sentar su voz de protesta el 12 de agosto con este paro cívico nacional y la marcha agropecuaria de Bogotá. En la Plaza de Bolívar de la capital y en las centenares de ciudades y poblaciones a lo largo y ancho del país, en calles y carreteras, en los barrios y caseríos, en fábricas y almacenes, en universidades y colegios, se oirá el vibrante grito de protesta”.

La llamada “acción directa” de los trabajadores en apoyo de Ecopetrol ha seguido decayendo. La jornada sindical nacional del 26 de febrero de 2004 se redujo a unas cuantas ciudades y resultó poco concurrida. Un Foro Social organizado por la USO, CUT, Cgtd y algunos concejales acordó el 3 de mayo de ese año llamar a la población a un paro de doce horas, a realizarse dos días después en defensa de Ecopetrol, por mejoras en servicios públicos y en preparación de una nueva huelga en la empresa. “No es un paro, es un pare”, aclararon sus organizadores, y estuvo compuesto por una plegaria en el sitio histórico “As de Copas”, una marcha a la sede de la USO y “pares” (plantones momentáneos) en Telecom, la refinería y el Parque a la Vida, con cabildo abierto y presencia de parlamentarios del Polo. La grave determinación del gobierno Uribe de privatizar el 20% de la empresa solo provocó, el 26 de julio de 2006, mítines de trabajadores de Ecopetrol en Barranca, Cartagena, Bogotá y otras ciudades, mientras el resto de protestas sucesivas se ha reducido casi exclusivamente al ámbito sindical local. Uribe está destruyendo el corazón de la economía nacional y eso parece importar solo a un puñado de colombianos.


- Álvaro Delgado es Investigador del Cinep.

Actualidad Colombiana, No. 459 -septiembre 11 - septiembre 24 de 2007

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