Se ha hablado antes de la necesidad de los pueblos ribereños en el Golfo de Fonseca, por pescar artesanalmente, en forma libre y sin temores de ser capturados por autoridades de El Salvador, Honduras o Nicaragua; igualmente se ha externado la necesidad de una administración conjunta de los recursos marino costeros, pues las buenas medidas de conservación aplicadas por un país, pierden su efecto al no ser acatadas por los otros. Se ha hablado de aunar esfuerzos para luchar contra el enemigo común - la pobreza- en las aguas compartidas del Golfo.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Holanda, en su Resolución del 11 de septiembre de 1992 deja claramente establecido que Honduras tiene derechos legales existentes en las aguas del Golfo hasta la línea de cierre de la Bahía, sujeta claro está, a los derechos equivalentes de El Salvador y Nicaragua. Esta Resolución es aceptada por Honduras y El Salvador, mientras Nicaragua dice no sentirse involucrada.

Salvo mejor criterio, las aguas compartidas quedan entre las tres millas náuticas que por derecho internacional le corresponde a cada país dentro del Golfo y la línea de cierre de 35 Kms. en la bocana comprendida entre Punta Cosiguina en Nicaragua y Punta Amapala en El Salvador. Bajo este simple análisis no se ve el porqué de tantas capturas de humildes pescadores ni del porqué de la ausencia de medidas comunes de administración conjunta para conservar los cada vez más escasos recursos marinos.

¿Quién puede estar detrás de este proceso de desintegración? El Presidente Ortega de Nicaragua, antes de ganar las elecciones expresó su interés en una autoridad común para el Golfo; el Presidente Zelaya de Honduras expresó lo mismo, y dentro del PARLACEN, el problema ya no era conformar una autoridad común sino, en qué país se tendría el honor de declararla. Pero Ortega, Zelaya y el PARLACEN, fueron llamados al silencio. ¿Porqué o por quién?

Las posibilidades de la escalada de un conflicto originado en el Golfo son considerables, lo cual se ha visto nuevamente cuando el día 24 de agosto, 2007, una lancha patrullera salvadoreña, intentó interceptar a su homologa de Honduras en las aguas compartidas ya definidas por la resolución de la CIJ. Entonces, hay que definir primero este problema antes de continuar haciendo integración dentro de un potencial conflicto; Y si Nicaragua no se siente obligada por la Resolución de la CIJ pues hay que ir con ellos a este

Tribunal para que resuelva, tal como lo está haciendo con Honduras en el Atlántico (felices los Abogados). Pero, no se debe continuar una carretera que facilite la entrada de un ejército vecino en caso de conflicto; tampoco una represa que en caso de ser destruida pueda atentar contra la vida de las comunidades salvadoreñas aguas abajo; el punto ciego que los camaroneros han hecho en la frontera con Nicaragua debe cerrarse. La integración debe detenerse o modificarse, considerando las opiniones de los pueblos y la solución definitiva de un conflicto que garantice la armonía y la paz entre las partes. La política del avestruz no es buena para nadie. Las Instituciones que financian los proyectos integracionistas deben aportar a la solución de este asunto, evitando imponer sus voluntades a Gobiernos que entregan el patrimonio nacional a intereses oligárquicos criollos o extraños y son incapaces de coadministrar y mucho menos compartir los recursos del Golfo, entre sus propios pueblos.

Jorge Varela Márquez
Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF) Tegucigalpa, Honduras.

 www.coddeffagolf.net