Entre tumbas inciertas y urnas vacías discurre la política regional en el Valle del Cauca, aunque ello pasa desapercibido para la inmensa mayoría de ciudadanos, como también sucede en el contexto nacional.

Solamente tres días separaron las multitudinarias manifestaciones de rechazo a la matanza de los once ex diputados de la Asamblea Departamental en poder de la FARC, que el jueves 5 de julio atiborraron como nunca antes las céntricas calles de la ciudad, de las fantasmales consultas de los partidos realizadas el domingo 8 para escoger sus candidatos a las elecciones regionales del próximo 28 de Octubre.

Las manifestaciones, además del rechazo radical del secuestro como deleznable y degradante táctica de lucha política, tuvieron como exigencia central la devolución de los cuerpos de los ex diputados por parte de las FARC, para poder darles digna sepultura. Pero a casi dos meses de transcurrida la masacre, la tumbas que albergaran sus cuerpos son todavía inciertas. Y en el campo electoral el paisaje fue también desolador, pues las urnas quedaron casi vacías. Nacionalmente la participación electoral no alcanzó el 4% de los habilitados para votar y en el Valle del Cauca el asunto fue más dramático: apenas el 2.84% votó en la consulta del Partido Conservador para la escogencia de su candidato a la Gobernación del Departamento[1], según los resultados oficiales reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La candidatura fue ganada por Francisco Javier Murgueitio Restrepo con 36.797 votos, el 47.04% de los depositados por candidatos, frente a 21.177 por Diego Alberto Ramos, el 27.07% y 1.033 de Luís Alberto Herrera Ramírez, apenas el 1.32%.

De los 78.226 electores que participaron, es de destacar que 12.868, el 16.45%, no marcaron el tarjetón; votaron en blanco 3.444, el 4.4% y se anularon 2.907 votos, el 3.7%. Es decir, que un poco más del 24.5% de los conservadores que participaron en la consulta no se identificaron con alguno de los aspirantes a candidato único del Partido para la Gobernación, lo cual señala cierto déficit de liderazgo al interior de la agrupación y graves fallas de pedagogía electoral para incentivar la participación.

En Cali las consultas para la escogencia de candidatos se limitaron a las postulaciones presentadas por el Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Partido Conservador. En este ámbito los resultados fueron más patéticos, especialmente para el Polo, puesto que el Partido Conservador definía si presentaba un candidato único o respaldaba una candidatura de alianza o coalición con otras fuerzas, opción que a la postre ganó, quedando así definida la candidatura de Francisco José Lloreda. En cambio la consulta del PDA reveló la profunda crisis de representatividad y liderazgo de los dos aspirantes postulados entre los electores que concurrieron a las urnas el domingo 8 de Julio.

En efecto, el total de votos fue de apenas 9.756, de los cuales 4.089 fueron por los dos aspirantes inscritos: Bruno Alberto Díaz Obregón y Marco Aurelio Ramírez Rojas. Bruno Díaz ganó la consulta con 2.314 votos frente a 1.775 obtenidos por Ramírez. Entre los dos apenas alcanzaron el 41.91% del total de votos depositados: 9.756, según los resultados de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Lo anterior significa que el 58.09% de los electores del PDA no respaldaron dichos aspirantes, pues 4.076, el 41.78% de los que concurrieron a las urnas optaron por no marcar el tarjetón, casi el doble de quienes votaron por Bruno Díaz con escasos 2.314 sufragios; el 8.31% votaron en blanco: 811 electores y 780 votos fueron anulados, el 8%. En otras palabras, el PDA no se siente representado con el actual candidato, Bruno Díaz, pues su victoria resulta absolutamente pírrica y simbólica, en tanto el 76.28% de los electores no votaron por él. De allí que la principal conclusión de los resultados de estas dos consultas no deja de ser paradójica: decidieron que el próximo alcalde de Cali probablemente no saldrá de las entrañas de ningún partido, sino de coaliciones o postulaciones independientes, realizadas con fundamento en la recolección de firmas de la ciudadanía caleña.

Y esta conclusión parece estar marcando una tendencia nacional, como es la de buscar directamente el aval de los ciudadanos mediante sus firmas, para eludir así la profunda crisis de credibilidad por la que atraviesan los Partidos y Movimientos políticos afectados por el escándalo de la parapolítica. Por ello no es gratuito que dos de las organizaciones políticas más diezmadas por dicho escándalo, de las entrañas del Uribismo, como son el Partido de la “U” y “Colombia Democrática”, estén invitando a los ciudadanos y ciudadanas comunes para que postulen sus nombres como candidatos en sus correspondientes listas para corporaciones públicas. Con esta táctica, aparentemente más democrática y abierta, lo que se puede generar es una especie de mimetismo de ambiciosos y de aventureros políticos, en lugar de un fortalecimiento de los Partidos y sus responsabilidades en la gestión de lo público, que era justamente el propósito central de la Reforma Política del 2003.

En otras palabras, el personalismo y la publicidad convertirán las próximas elecciones en un espectáculo cada vez más banal, tras el cual se ocultarán las verdaderas caras e intereses que decidirán la composición del poder político en los Departamentos y las principales ciudades del país. En últimas, lo que está en juego es trascendental. Se trata nada menos que de un pulso difuso entre la política democrática, es decir, aquella recuperada para el debate y la definición de lo público por parte de los ciudadanos y las ciudadanas en competencia desigual contra la política del statu quo, desplegada como una estratagema urdida y manejada hábilmente por las elites tradicionales en asocio con fuerzas e intereses emergentes, cuya procedencia social, económica y legal no es muy clara, puesto que tiene como telón de fondo el proceso de reincorporación de las huestes paramilitares a la vida civil y política. En cada Departamento y capital esto se reflejará de manera más o menos evidente, según sea la composición de las coaliciones y el mayor o menor conocimiento público de los perfiles de los candidatos con opciones de triunfo. En el caso del Valle del Cauca y Cali, el panorama es bastante incierto y lleno de sombras, quizá por ello lo que predomina en la ciudadanía es la indecisión e incredulidad en la honestidad y competencia de los aspirantes.

En efecto, según la encuesta de opinión realizada por Invamer entre el 9 y 12 de Julio, publicada por El Tiempo el domingo 15, en Cali el 27.6% de los entrevistados no han decidido por quien votar y el 8.7% manifiesta que lo hará en blanco. Para contrarrestar esta tendencia abstencionista y de incredulidad ciudadana en las elecciones, organizaciones cívicas como la Unidad de Acción Vallecaucana y empresariales como la Cámara de Comercio, además de firmas raizales como Carvajal y del sector azucarero, están promoviendo intensas y claras campañas de responsabilidad ciudadana frente a la elección de los próximos gobernantes regionales y locales. Al respecto, la abstención en Cali ha venido aumentado en forma progresiva desde el 54% en 1997, pasando por el 61% en el 2000 hasta llegar al 63% en las pasadas elecciones del 2003.

El próximo 28 de Octubre ese 36.3% de ciudadanos incrédulos será decisorio, pues el candidato hasta ahora con mayor opción, Kilo Lloreda, sólo tiene el 22.9% de intención de voto. Porcentaje incluso inferior a la suma del empate en intención de voto que tienen quienes le siguen: Bruno Díaz y Jorge Iván Ospina, cada uno con el 13%, siendo ambos representativos de sectores de izquierda que eventualmente se pueden sumar y expresan una posición política y social antielitista. Posición elitista muy bien encarnada por Kiko Lloreda, derrotado en las dos últimas elecciones en gran parte por su alcurnia familiar, convertida en estigma, frente a candidatos de raigambre popular como Jhon Maro Rodríguez y el destituido Apolinar Salcedo.

Pero si en Cali la situación es incierta, en el Departamento es aún mayor, al punto que todavía no se perfilan quienes serán los candidatos que llegarán hasta el 28 de Octubre. Ya está claro que Francisco Murgueitio es el candidato del Partido Conservador, pero no hay nada seguro frente a los aspirantes de las otras fuerzas políticas, fuera de su debilidad electoral frente a quien aparece como una amenaza y hasta un enigma político: el joven concejal Juan Carlos Abadía, que cuenta con enormes recursos económicos para el desarrollo de su campaña y con el estigma de ser hijo del ex senador liberal Carlos H Abadía, condenado en el famoso proceso 8.000. Además está apoyado por el senador Juan Carlos Martínez, de Convergencia Ciudadana y antes líder del Movimiento Popular Unido, fundado por el ex senador Abadía, del cual también hizo parte Miguel de la Espriella Burgos, hoy procesado por concierto para delinquir con grupos paramilitares.

Para oponerse al eventual triunfo de Juan Carlos Abadía, la senadora Dilian Francisca Toro del Partido de la “U” y el representante Roy Barreras, de Cambio Radical, están promoviendo la definición de un mecanismo que permita escoger un candidato único, bajo la bandera de una “Alianza Social por la Vallecaucanidad”. De esta forma se contrarrestaría la dispersión de votos entre los actuales precandidatos, Orlando Riascos, del PDA; Edinson Delgado del Partido de la “U”, María del Socorro Bustamente del Partido Liberal; Miguel Motoa Kuri, por Cambio Radical; Alejandro De Lima y Francisco Lamus como candidatos independientes y Francisco Murgueitio por el Partido Conservador. Más allá del resultado de dicha táctica electoral, lo que se evidencia es la profunda fragilidad del sistema de representación partidista en el Valle y la amenaza que para el liderazgo electoral de la senadora Toro representa Juan Carlos Abadía.

Pero también para el destino del Valle del Cauca la incertidumbre es mayor, pues no aparece en el horizonte ninguna organización política capaz de heredar la gestión de Angelino Garzón, toda vez que la opción de Orlando Riascos es electoralmente muy débil, aunque políticamente aparezca como el más indicado para garantizar y afianzar la continuidad de dichas políticas sociales.

Y si al anterior panorama se suma la enorme amenaza que representa la criminalidad organizada en el Departamento, con ejércitos privados como los “Machos” y los “Rastrojos”, de los temibles narcotraficantes Diego Montoya y Wilber Varela; la sensación de orfandad y vulnerabilidad a que están expuestos los políticos después de la matanza de los once ex diputados y la inestable situación de orden público en Buenaventura, tenemos uno de los escenarios político-electorales más difíciles e inciertos en una de las regiones de mayor importancia estratégica para la economía nacional. Por estas circunstancias, cada vez dependerá más de la tutela del Presidente y de la asistencia del Gobierno Central. Tutela que seguro será determinante en los resultados electorales del 28 de Octubre, tanto en la capital como en el Departamento, para así garantizar el Presidente ese firme margen de gobernabilidad que requiere su política de seguridad democrática, gravemente cuestionada y desafiada por las FARC en la región.


Hernando Llano Ángel

Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Fuente: Actualidad Colombiana, Boletín Quincenal, Edición 456

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