Anthony Giddens escribió en su libro “Un mundo desbocado”, que “En la familia tradicional no eran sólo las mujeres las que no tenían derechos, tampoco los niños. La idea de consagrar los derechos infantiles en la ley es, en términos históricos, relativamente reciente. En períodos premodernos, al igual que en culturas tradicionales hoy día, no se criaba a los niños por su bien o para la satisfacción de los padres. Uno podría casi decir que no se les reconocía como individuos”. Afirma también Giddens que la irrupción del niño como sujeto de derechos es apenas del siglo XX (aunque la de los adultos tampoco es tan antigua si contamos del siglo XVIII hacia acá). Y termina el capítulo de su libro en donde reflexiona sobre este asunto, manifestando que “En una democracia de las emociones los niños pueden, y deben ser capaces de replicar”.

Creo que algo de esa “democracia de las emociones” y del niño como sujeto de derechos, es lo que vimos recientemente en la audiencia llevada a cabo por la Corte Constitucional con niñez y juventud desplazada por la violencia en Colombia. En efecto, el pasado 28 de Junio en la Sala de Audiencias de la Corte, 30 niños de varias regiones del país tuvieron la oportunidad de decirle a los magistrados que integran la sala de tutelas que hace seguimiento a la situación de la población desplazada, que sus derechos no sólo han sido inobservados, sino también que las vulneraciones persisten y que el Estado no ha trazado una política diferencial clara para atenderlos. Con una presencia lánguida del Gobierno, que revela muy bien cómo asume la perspectiva diferencial, los niños y las niñas hablaron con sinceridad y sin dramatismos o imposturas. En un lenguaje directo y claro dijeron cuáles derechos eran los que más les vulneraron no sólo al momento de ser desplazados, sino ahora que viven en tierra extraña. Dijeron, entre muchas cosas, que el derecho a la educación aún no se les garantiza de manera adecuada, que las viviendas donde habitan (o sobreviven) ahora, son indignas de cualquier ser humano, que la alimentación que a veces les ofrece el Estado es no sólo de baja calidad sino que en ocasiones está vieja, que a sus padres no se les ofrecen alternativas laborales viables y que por eso tienen que salir a trabajar en lugar de estar estudiando. Pero hablaron de manera austera. No se la jugaron a conmover con libretos preparados, a los magistrados.

Fueron concretos y en eso radicó el valor y la importancia de sus intervenciones.

Le enseñaron a los funcionarios del Gobierno que el asunto de los derechos, más allá de programas sociales abstractos, es un asunto de personas de carne y hueso que sufren limitaciones, que tiene voz y que reclaman atención directa y puntual, no falsas retóricas elusivas.

Ninguno de los funcionarios del Gobierno, ni el ICBF, ni un par de viceministros que estuvieron, ni Acción Social, ni la misma Directora de Familias en Acción, que reconoció que el sistema de registro gubernamental no les ha servido, pudieron dar respuestas plausibles a los interrogantes de los niños y los jóvenes asistentes. Hablaron sí de los proyectos o programas generales, hablaron de recursos, hablaron de muchas cosas, pero en estricto rigor jurídico-político, revelaron muy bien que el Gobierno no ha construido una política diferencial rigurosa para atender la niñez. Así sucedió con las mujeres en una audiencia anterior, de lo cual ya se dio cuenta en este mismo semanario hace algunas semanas (1).

Uno no sabe bien si el Gobierno es torpe, o se hace. Uno no sabe muy bien si es que en efecto no les importa (tiendo más a pensar esto); pero uno no puede, al menos si fueran funcionarios consecuentes y avisados, darle tan poca importancia a espacios tan importantes como estas audiencias que está realizando la Corte para analizar, directamente con las poblaciones más afectadas, la situación real de sus derechos como personas desplazadas por la violencia. En la audiencia de mujeres que sucedió hace algunas semanas, hasta el mismo ACNUR, en cabeza de su Representante para Colombia, se dolió sin apelar a un lenguaje políticamente correcto, de la falta de representatividad y del bajo perfil de los funcionarios que atendieron esa audiencia. Pues lo mismo ocurrió en esta. Lo cual comprueba la arrogancia de ciertos sectores del Ejecutivo para asumir estos temas. Sin embargo, la Corte no es ni ciega ni sorda, la Corte se percata de estos desatinos del Gobierno. Ha tenido incluso que regañar a algunos de ellos, recordándoles que están en un lugar donde se imparte justicia y que están rindiendo cuentas ante jueces. Así sucedió con la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer en la ya mencionada audiencia con mujeres, y así estuvo a punto de suceder en varios momentos en la audiencia de los niños, porque aunque éstos se la jugaron a fondo viniendo desde regiones apartadas como Putumayo o Tumaco o la Costa Caribe, los funcionarios del Gobierno no estuvieron a la altura de las circunstancias. Entre más importante a nivel simbólico y por supuesto a nivel político y social fuera un espacio, más importancia deberían darle los funcionarios. Uno habría esperado una presencia nutrida de funcionarios de alto nivel, diciéndoles a los niños aquí estamos y estos son los compromisos que asumimos. Pero no. Además ese mismo día se supo por los medios la tragedia de los diputados del Valle y eso ciertamente opacó la cita en la Corte. Pero tanto más hubiera sido clave el mensaje si algunos ministros, a pesar de estar citados a Palacio a las 11 de la mañana, se hubieran pasado por la Corte unas dos horas y les hubieran puesto la cara a los niños. Todo mundo habría entendido que tuvieran que retirarse, pero además habría sido un gesto de responsabilidad con esta población vulnerable.

Estas situaciones profundizan las dudas acerca de si el mandato constitucional sobre la prevalencia de los derechos de la niñez, se ha quedado petrificado en el texto de nuestra Carta, o si realmente se ha ido apropiando por algunas instituciones en este país. Yo me temo lo primero. Y si a eso se añade que no estamos hablando de niños privilegiados de algún centro urbano, sino de niños profundamente vulnerados y victimizados, pues hágame el favor, que la protección y prevalencia de sus derechos debería ser doble. Campañas hacen falta para que nos interroguen en la calle, en la plaza, en la oficina, cómo es que de manera real para nosotros son prevalentes los derechos de la niñez y cómo es eso del interés superior plasmado en la Constitución. Pero sobre todo para que le pregunten al Gobierno y a quienes les prestan servicios a la niñez, cómo cumplen esos derechos. Que le pregunten por ejemplo a las EPS, a los sistemas de transporte, a las oficinas públicas, a las instituciones privadas, cómo concretan esos mandatos constitucionales. Que UNICEF por ejemplo haga el ejercicio de explorar si por lo menos los funcionarios públicos saben qué es eso del interés superior y de la prevalencia de sus derechos y mucho me temo que la gran mayoría se rajarían de entradita. Otra vez volvemos a reclamar eso de la Constitución material y no nos cansamos de hacerlo. Que los derechos en la Constitución, no sigan siendo retórica académica de especialistas, sino aquello por donde fluye la vida cotidiana, para usar las palabras de un profesor italiano.

Nota

(1) Y las mujeres hicieron sentir su voz. Gladys Prada, Abogada, Investigadora de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes. Semanario Virtual Caja de Herramientas. Mayo 11 de 2007.

Francisco Taborda Ocampo Comisión de Seguimiento a la Política Pública frente al desplazamiento

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org