El asesinato de 11 de los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca pone sobre la mesa varios de los temas cruciales del país. En primer término la responsabilidad política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Indudablemente ellas son las principales responsables al haberlos secuestrado desde hace ya más de cinco años. Al tener bajo su responsabilidad la vida de civiles inocentes y al practicar un delito de lesa humanidad, como el secuestro, son ellos los principales responsables, sobre esta responsabilidad no debe caber la menor duda. Las FARC deben una explicación al país acerca de las circunstancias en las que murieron estas 11 personas, ajenas por supuesto al conflicto armado. Las explicaciones dadas hasta ahora no son claras y las FARC deben asumir su responsabilidad directa al tener retenidas en contra de su voluntad a 11 civiles y al exponerlos a los riesgos de una guerra en la cual ellos no tomaron parte.

Pero también cabe responsabilidad al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez que ha hecho imposible que se pueda realizar un acuerdo humanitario para que los secuestrados regresen a casa con sus familias. Uribe de manera equivocada ha vendido la mala idea al país que despejar un par de municipios por sesenta días para concretar un acuerdo humanitario, que permita el intercambio de los secuestrados por guerrilleros presos, atenta contra la seguridad del Estado, pone en riesgo al país y a sus instituciones. Corren más riesgo esas instituciones en manos de parlamentarios pertenecientes al paramilitarismo que el despeje transitorio con vigilancia de la comunidad internacional para facilitar un diálogo que permita el intercambio humanitario. Muchas veces las víctimas que en este caso son los propios secuestrados y los familiares han señalado que con la reelección de Uribe la suerte de los secuestrados estaba sellada por cuatro años más.

Los dos autoritarismos han llevado a un callejón sin salida el acuerdo humanitario. Uribe cree que al despejar unos municipios por un tiempo determinado y al aceptar un canje de prisioneros por secuestrados les está reconociendo carácter político a las guerrillas y éstas a su vez piensan que si logran la zona de despeje y un canje de hecho obligan a Uribe a que les reconozca su beligerancia y su poder. Esto es lo que en realidad hace imposible el canje y por ende el acuerdo humanitario. Es por ello que Uribe trabaja en secreto por el rescate militar como lo intentó sin ningún éxito en el caso del Gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa y de su consejero de Paz el ex ministro Gilberto Echeverri. Aún no se descarta que en el caso de los 11 diputados asesinados, se haya tratado de un fallido rescate militar.

Hay rumores que dicen que la llamada fuerza armada no identificada serían comandos militares especiales conformados por mercenarios internacionales, quienes habrían intentado el rescate de los secuestrados. Las FARC están en la obligación de dar a conocer su versión de los hechos y entregar los cadáveres de los diputados inmolados. La presencia de miembros de fuerzas internacionales fue denunciada por población desplazada, según Codhes.

Hay evidente responsabilidad del Estado y del gobierno de Uribe también en relación a la violación del Derecho Internacional Humanitario. Asesinatos de civiles fuera de combate, falsos positivos, autoatentados. Esto es claro ahora. Por todo ello es importante que la sociedad civil democrática levante la bandera del acuerdo humanitario ya!!! Para que todos los secuestrados regresen a la sociedad con vida. El asesinato de los diputados es el fracaso de las FARC y el fracaso del Gobierno. Es el triunfo de las armas sobre los mecanismos políticos de resolución de los conflictos. Es el triunfo de la muerte sobre la vida.

No nos queda más que enviar nuestro sentimiento de solidaridad a los familiares de los diputados asesinados y a los secuestrados que siguen en cautiverio y a sus familias. Y rechazar de manera clara y contundente el cierre al diálogo y a las salidas políticas negociadas. El acuerdo humanitario es la única vía cierta para que los secuestrados salgan con vida de un secuestro abominable practicado en nombre de una “revolución teñida de autoritarismo y de irrespeto por la vida”.

Bogotá, Junio 29 de 2007.

Pedro Santana Rodríguez

Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Viva la Ciudadanía

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