Muchas convicciones han trastabillado con la crisis del desabastecimiento de los combustibles y algunos egos, moldeados en los últimos tiempos en las alturas de una especie de poder omnímodo, sin límites, han recibido el revolcón de una vuelta a tierra que, quizás, sirva para que la cordura vuelva a reinar, se comiencen a barajar de nuevo las cartas y comprendamos que las empresas públicas, que tienen el privilegio de ser monopólicos, no son el coto de caza de un grupo de gerentes y funcionarios, en casi una “nueva aristocracia” insólita y fuera de época, sino organismos diseñados al servicio de la gente.

Bastó una acción calenturienta del Presidente de la República, ordenando la destitución del gerente general de ANCAP, como responsable (en primera facie o cabeza de turco) de la crisis del supergás, para que un halo de frío recorriera el espinazo de la casta de gerentes de las empresas públicas que durante años habían hecho y deshecho en la mismas sin ninguna consecuencia que los afectara. Siempre, en algunas de ellas, lograron cobrar los hasta cuatro sueldos por “productividad”, aunque tuvieran a su cargo ruinosos proyectos, como algunos de ANCAP. Recordemos el de las estaciones de servicio en Buenos Aires, que determinaron con una pérdida de más de 200 millones de dólares que, obviamente, pagamos todos los uruguayos.

El plan del economista Ache, cuando impulsó en negocio, tenía la misma línea argumental que hoy utiliza ANCAP, para hacerse cargo de las estaciones de servicio de la empresa Texaco. Ampliar las bocas de venta de combustible para lograr que la refinería, en el futuro, tuviera una incidencia óptima en el mercado de los combustibles y lubricantes. Claro, en ninguno de los dos casos, se tuvieron en cuenta los costos operativos, los periodos en que los trabajos de expansión de la producción de nafta y gas oil se incrementan y, además, tampoco las crisis cíclicas del país que determinan que tras los períodos de bonanza aparecen otros de vacas flacas e, históricamente, bien prolongados.

El economista Ache se olvidó también de un detalle accesorio. Que las estaciones de servicio en Buenos Aires, estaban en otro país, y si ANCAP lograba el permiso para proveerlas con productos producidos en su refinería, de inmediato se debía levantar el monopolio férreo que existe en nuestro país, porque evidentemente las empresas argentinas reclamarían la lógica reciprocidad de una apertura del mercado uruguayo.
El tema planteado por estos días, es la escasez de supergás, tema complejo y va a una de las problemáticas más severas que tiene para resolver el gobierno en esta etapa, con la llamada reforma del Estado, en lo vinculado con el manejo de las empresas públicas. Y es de allí que surgen algunas preguntas: ¿Es adecuado que ANCAP se siga manejando en un régimen monopólico, cuando se ha demostrado fehacientemente que si se importaran combustibles, los uruguayos podríamos llenar sus tanques a precios más accesibles? ¿No es hora de ofrecer zonas de nuestra plataforma continental a grandes empresas privadas, con capacidad de inversión suficiente y tecnología adecuada, para buscar los depósitos de gas que, de acuerdo a las prospecciones, existen y ANCAP, por razones que son imposibles de relatar en una nota periodística, sigue postergando?

¿Es posible que los uruguayos sigamos viviendo en la mediocridad de principios discutibles, como la necesidad de mantener los “monopolios naturales”, que son las empresas públicas, a costa de nuestros bolsillos, sin que las mismas nos brinden servicios ni adecuados ni baratos? ¿Por qué seguimos sosteniendo esa “nueva” oligarquía casi intocable, que son los funcionarios de las empresas públicas, como queda demostrado en el caso del Gerente General de ANCAP, Sergio Lattanzio, que fue destituido de su cargo por decisión del presidente Tabaré Vázquez y luego avalada a regañadientes por el Directorio de ANCAP que lo nombró “asesor”. Lattanzio, por supuesto, sigue cobrando su sueldo, quizás su “presentismo” y los sueldos por “productividad”, aunque haya sido señalado como el responsable de una crisis de gigantesca magnitud. ¿Se imagina el lector que hubiera pasado si el caso si hubiera verificado en cualquier empresa privada?

Más que un problema una estructura

A esta altura aparece como evidente, que más allá de las desinteligencias y los errores propios de los hombres, en el país no pueden producirse crisis de desabastecimiento tan agudas como la del supergás que, más allá de una suma de circunstancias adversas, tuvo obviamente una enorme dosis de imprevisión e inoperancia de parte de quienes debían decidir la provisión del combustible.

Pero, advertimos, la escasez no fue solo de supergás, sino también de gas oil y fuel oil, combustible que mueve las máquinas, entre otros sectores, de los barcos, muchos de los cuales con sus últimas reservas debieron trasladarse a puertos brasileños y argentinos para poder seguir viaje o completar tareas de pesca. Por fortuna para ANCAP la flota de pesca uruguaya se encuentra paralizada por un largo conflicto, de lo contrario, la crisis se hubiera acentuado más.

La imprevisión fue enorme, porque – como hemos dicho en alguna otra oportunidad – vivimos en un país que está inmerso en un proceso de crecimiento que ya tiene cinco años de vigencia, con lo que ello significa como movilizador en distintos rubros. Y eso no fue tomado en cuenta.

Si los técnicos de ANCAP hubieran recorrido algunos comercios que comercializan estufas, se habrían enterado, por ejemplo, de que en los últimos meses la venta de estos elementos de calefacción, fue récord. Por ello, basarse en el consumo de supergás del año pasado, parece, ante esta realidad además de una simpleza un verdadero despropósito. ¿Es que quienes deciden las políticas de ANCAP de provisión de combustibles no tienen en cuenta esos parámetros, ni tampoco se enteraron del crecimiento acelerado que está viviendo el país que determina, también, un incremento del consumo de combustible?

Son los errores de cálculo atribuibles a una burocracia que mira al país desde una óptica muy particular, sin advertir que las empresas públicas son entes que deben prestar servicios a la población, que esa es su primera responsabilidad y de ninguna manera es aceptable que se sostengan argumentos tan flojos e inconducentes, como el de que hay personas que acaparan gas. ¿Quién tiene garrafas en su casa para atesorar gas fuera del ritmo habitual de su consumo? ¿Hay empresas con depósitos suficientes para almacenar cientos o miles metros cúbicos del combustible? Por las averiguaciones que hemos hecho, no en Montevideo. Todas dependen de los depósitos de la propia ANCAP. Entonces, ¿en dónde están las maniobras acaparadoras del combustible que, además, tiene precios regulados por el Estado?

Que no se quiera tapar el sol con un dedo y se quiera oscurecer lo que es otra flagrante situación provocada una imprevisión inaceptable. Está bien que la refinería se deba reciclar, pero porque la demora, y el atraso en las recepción de los repuestos necesarios ¿Cuándo se inició la tarea no se previó el tiempo de las obras y se verificó que quienes debían entregar implementos lo hicieran en tiempo y forma?

Toda esta problemática, hoy le ha estallado en la cara al gobierno que, en base a una decisión adecuada del Presidente de la República, aconsejó una medida ejemplarizante. En ella está inmerso el tema de la provisión de energía como un ingrediente fundamental para apuntalar al desarrollo. Sabemos bien que estos años de crecimiento han determinado modificaciones en nuestro aparato productivo, reduciendo a niveles casi de inexistencia la capacidad ociosa de la industria manufacturera. Por lo demás la gente consume más, tiene estufas, más aparatos de iluminación, escucha música en modernos equipos y, además, los que pueden compran vehículos lo hacen, etc. En ese panorama aparece como evidente que los técnicos de las empresas públicas deben tomar las previsiones adecuadas para que la provisión de energía crezca en forma paralela con las necesidades del país y de la gente.

Para aventar esta mentalidad perniciosa, producto de una larga historia de ineficiencia, que es necesario revertir dentro del actual panorama de cambios, la llamada reforma del Estado es el camino más idóneo. Reforma que estudia la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y que debería contener mecanismos ágiles de gestión que, obviamente, no dejen en manos de una, dos o tres personas decisiones trascendentales, sino que el gobierno de las empresas públicas sea el resultado de análisis técnicos, en que se estudien en profundidad todas las problemáticas para que los uruguayos de a pie no sigamos siendo las víctimas de las imprevisiones de una burocracia demasiado bien paga que, a esta altura del país, no tiene porque existir.

Sin embargo lo peor de todo es el sacarle el culo a la jeringa de algunos de los responsables del papelón que, en declaraciones públicas, han cambiado sus miras telescópicas apuntando contra quienes, en su concepto, son los verdaderos culpables de la crisis del supergás: la oposición política que, debemos decirlo, se subió de inmediato al cargo de la crítica y, por supuesto, el cartón ligador de todas las horas: Preguntamos otra vez a los lectores, ¿a quién se puede haber atribuido la responsabilidad mayor de la crisis del supergás? La respuesta no es tan compleja.

¡A la prensa!, por supuesto, ¡a la prensa!


- Carlos Santiago es periodista

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