Uno de los debates que se viene desarrollando en el país es el tema de reparación colectiva de comunidades victimizadas. Frente a este debate surgen inquietudes que se deben resolver y que el Estado colombiano no prevé, como tampoco lo prevé la Comisión Nacional de Reparación en el documento elaborado como hoja de ruta para satisfacer una supuesta reparación.

Frente a esta situación podemos decir que para discutir una posible reparación colectiva es necesario tener en cuenta la realidad pluricultural que existe en Colombia como resultado de un largo proceso histórico que ha necesitado más de diez mil años para constituirse como tal, y que ha significado múltiples esfuerzos de creatividad, intercambios y reciprocidades de co-habitación y armonización con la naturaleza por parte de las diversas comunidades indígenas que habitan en el territorio colombiano, las cuales suman 92 pueblos diferentes en su manera de ver el mundo.

Este hecho singular obliga a la sociedad colombiana a asumirse de manera diferenciada en sus particularidades, para que cualquier ley salida del seno del Estado sea incluyente y se adapte a las características de los diferentes pueblos indígenas. Percibir esta perspectiva pluricultural, es decir no homogénea, contribuye a comprender de una manera clara la presencia y distribución en nuestro territorio de los distintos grupos humanos, conocer sus lenguas, culturas y maneras tradicionales de representarse frente al mundo, posibilitando entender la magnitud de lo que ha perdido la sociedad en su conjunto a raíz de los daños ocasionados por el conflicto armado, los megaproyectos y las políticas no consultadas en comunidades y territorios indígenas.

Esta identidad plural –-o la pluralidad como identidad-- se opone nítidamente a la uniformidad, al hegemonismo o al nacionalismo estrecho, pues a pesar de que históricamente, a través de prácticas excluyentes, el gobierno colombiano lo ha querido desconocer, nuestro país siempre ha sido un territorio en el que han convivido múltiples naciones. Hoy podemos decir que a partir de la Constitución Nacional de 1991, dicho reconocimiento está dejando de ser una mera formalidad, pero, desafortunadamente, esto se debe más a las acciones emprendidas por las mismas comunidades indígenas que se reconocen como sujetos colectivos de derechos, que a las acciones provenientes del Estado y además porque en los últimos tiempos múltiples organizaciones nacionales e internacionales han llamado la atención sobre el inminente riesgo de extinción en el que se encuentran muchos pueblos indígenas por la invasión de sus territorios por parte de los grupos armados, legales e ilegales, que, de una u otra manera, rompen las dinámicas sociales y culturales que le permiten a estos pueblos pervivir en los territorios que ancestralmente ocupan.

Estos riesgos deben ser vistos con gran preocupación, asumiendo que cuando una cultura muere, lo que muere es la posibilidad de la nación a la que pertenecen, y de la comunidad humana en su conjunto, de aprovechar el legado histórico de los pueblos indígenas, representado en el cúmulo de conocimientos ancestrales que no se volverán a repetir, y que se van perdiendo poco a poco, privándonos a todos del aprendizaje acerca de tecnologías que permitieron por miles de años, convertir muchos desiertos en tierras fértiles en contraposición de lo que hoy se llama desarrollo, el cual con sus grandes maquinarias están convirtiendo en desierto todo el suelo cultivable de nuestro país. Conservar y mantener estas culturas ayudaría a saber cómo aprovechar los espacios geográficos y cómo transformar los recursos nacionales y planetarios sin necesidad de destruirlos. Frente a la pérdida del legado de las comunidades indígenas y frente a la reparación integral de los pueblos originarios del territorio colombiano afectados por la violencia y la exclusión, ¿Qué propone el Estado a través de la ley 975? Nada. Pero en caso de que algo propusiera, cabe preguntar: ¿Cómo cuantificar y reparar los daños en términos de los conocimientos acumulados por miles y miles de años, que se han ido perdiendo a causa de los asesinatos y violaciones cometidos por los grupos armados, las multinacionales y el Estado con sus políticas en contra de los pueblos indígenas?

¿Cómo cuantificar y reparar los daños sociales, culturales, ambientales, y de otra índole, ocasionados por los megaproyectos que se han ejecutado dentro de los territorios indígenas? ¿Cómo cuantificar y reparar los recursos de orden sociocultural relacionados con la singularidad de los pueblos indígenas en cuanto a sus procesos organizativos y su capacidad de respuesta ante los problemas de las comunidades? ¿Cómo se cuantifica y repara, cuando se pierde algo que es valioso, que es irreparable, en la medida en que no se puede sustituir o recuperar, como es el asesinato de un Mamo, un Curaca, otros líderes y autoridades indígenas que llevan procesos con las comunidades? ¿Cómo quitar del imaginario de la mayor parte de la sociedad colombiana esa atribución de cualidades positivas que considera a los blancos como “civilizados, modernos, bellos, limpios o diligentes”, por contraposición a los indígenas, que son catalogados con rasgos negativos opuestos a los enunciados, y que en últimas, dado que se oponen a la realización de megaproyectos dentro de sus territorios, son considerados como responsables o culpables del atraso social del Estado frente al concierto de las sociedades adelantadas o civilizadas? Dichas concepciones que han sido construidas desde el Estado a través de sus múltiples instituciones, entre ellas la escuela y la Iglesia. Ante la desaparición o el debilitamiento de tantas culturas indígenas que han sido sometidas a la persecución, el debilitamiento y la extinción ¿no está acaso obligado el Estado colombiano, sus instituciones, la iglesia a pedir perdón como un paso hacia una futura reparación colectiva de las comunidades indígenas? ¿No debiera exigirse una reparación colectiva para los pueblos y comunidades indígenas que se vieron afectados en su dignidad al ver debilitados, o, --en el peor de los casos-- al perder totalmente sus territorios ancestrales, sus culturas y lenguas originarias?

La realidad cultural de los pueblos indígenas colombianos es diversa: algunos intentamos preservarnos, y, a pesar de las condiciones adversas, mantenemos nuestras tradiciones con gran vitalidad; otros se encuentran en riesgo de desaparecer como entidades culturales específicas, puesto que en aras de adaptarse a su condición de sectores excluidos, se ven obligados a sobrevivir en calidad de minorías en determinadas regiones, y han ido asimilando las costumbres y labores productivas impuestas por occidente, lo cual en muchos casos, conduce al blanqueamiento simbólico como proyecto, y se expresa en la apropiación de múltiples contenidos culturales que pretenden vaciar al indígena de sí mismo, forzándolo a renunciar a su lengua, su indumentaria y sus prácticas ancestrales. Cuando esto ocurre, muchos nos preguntamos con preocupación: ¿Aquellos que renuncian a lo que son y han sido, empiezan a civilizarse o empiezan a suicidarse?, ¿cómo y quién repara ese vaciamiento cultural que convierte al indígena en un no-indígena y por tanto en un nadie?

Es importante tomar conciencia de que la diversidad cultural es una riqueza que puede perderse irremediablemente y por ello debe constituirse en recurso para la vida. Los pueblos indígenas de Colombia pensamos que para promover una reparación colectiva de los daños causados al patrimonio que representan los conocimientos de nuestras comunidades, el Estado debería desarrollar una propuesta pedagógica nacional de carácter incluyente para educar a los ciudadanos contra el hegemonismo de la cultura heredada de los españoles. Actualmente las comunidades indígenas seguimos sufriendo la usurpación de los territorios que aún nos quedan; seguimos siendo víctimas del más grande despojo y saqueo de la historia; seguimos siendo vistas como una molestia para el desarrollo, concebido como progreso, y a raíz de ello, seguimos siendo asesinadas y perseguidas.

Como bien lo describe el líder indígena Abadio Grenn: “Al principio cuando llegaron los conquistadores, nos mandaron a las selvas, a las altas montañas, a los desiertos a lugares donde el desarrollo ni los mosquitos llegaran, pero hoy ha llegado el desarrollo a nuestros territorios porque se han dado cuenta que a esos lugares donde nos mandaron es donde están las riquezas. Por eso hoy nos quieren despojar de nuestros territorios”.

En nombre de Dios y el desarrollo siguen empeñados en civilizarnos, en quitarnos nuestros signos de identidad. Como una manera de quitarnos la libertad, algunas iglesias continúan, hasta el día de hoy, prohibiéndoles a algunos pueblos o indígenas en particular cantar, danzar y soñar a sus dioses, aunque nosotros hemos sido cantados, danzados y soñados por ellos, por nuestros dioses, desde la memoria de la creación. Esta prohibición se basa en que esas iglesias consideran que nuestros cantos y danzas son demoníacos y atentan contra la salvación; por este motivo, las fiestas que hacemos a la Tierra, al Sol, a la Luna y a todos los seres que consideramos nuestros hermanos, tuvieron que ser disfrazadas en las fiestas y celebraciones católicas. Por ejemplo: El corphus christi remplazó nuestra fiesta al sol y la fiesta de la virgen de la Candelaria remplazó las fiestas que se hacían en honor al trueno y al fuego. Nos enseñaron a creer en un dios masculino y castigador en contraposición a las enseñanzas de nuestros ancianos que a diario nos recuerdan que la creación había sido producto de una Madre amorosa… por eso ellos dicen “si desde la tierra venimos, y hacia la tierra vamos, ¿acaso no nos mata cualquier crimen que contra la tierra se cometa?” ¿Quién repara y cómo se reparan estos daños cometidos contra nuestra Madre Tierra?

En muchos pueblos indígenas los niños al nacer son colocados en la tierra desnuda para que ella los bendiga y los proteja, y ella nos recibe en su seno a la hora de nuestra muerte. Para el indígena la tierra es cuna y sepultura, madre y compañera. Se le ofrece el primer trago y el primer bocado; se le da descanso, y se debe de proteger de la erosión y de todo lo que la pueda dañar.

Despreciando nuestra sabiduría ancestral, y despojándonos de nuestras riquezas culturales, la mayoría de los no-indígenas siguen creyendo que somos idólatras, y para salvarnos piensan que tienen que evangelizarnos, civilizarnos y someternos; en otras palabras: reducirnos a nuestra mínima expresión porque bajo la disculpa de contrarrestar esa idolatría de creer que la Tierra es Nuestra Madre, acaban con lo que somos y nos crucifican usando el nombre del Dios de los cristianos como coartada. ¿Cómo y quién repara estos daños, que son autorizados o vistos de manera pasiva por el Estado, bajo el argumento de la necesidad de civilizar a los indios para salvarlos de la pobreza?, ¿qué pasa con la libertad de culto que señala la Constitución, que supuestamente ampara a todos los habitantes del territorio nacional, incluyendo a nuestras comunidades? ¿Cómo proteger el derecho que tenemos de rendirles culto a nuestros propios dioses, sin que nadie venga a decirnos que estamos equivocados? Para que los indígenas dejemos de ser un problema, es preciso que los indios dejemos de ser indios, y entonces la única salida es aniquilarnos, asimilarnos, borrarnos del mapa o quitarnos el alma al despojarnos de nuestros signos de identidad. Los gobiernos colombianos tratan a las comunidades indígenas, sus ancestros, como los Estados Unidos y los europeos los tratan a ellos, sus antiguas colonias.

A pesar de que en la actualidad existen legislaciones nacionales e internacionales que buscan proteger a los pueblos indígenas, también es cierto que históricamente los gobiernos de turno han buscado y siguen buscando minimizar el impacto que estas políticas puedan tener a favor de nuestras comunidades. Es así como a través del Congreso de la República el gobierno actual viene impulsando leyes y decretos que lesionan gravemente la autonomía de los pueblos indígenas, entre los cuales podemos destacar la ley de agua, bosques y páramos, el estatuto de desarrollo rural que desarticulan totalmente la relación que tenemos las comunidades indígenas con la Madre Tierra y con el manejo que ejercemos sobre los territorios que habitamos. Por lo anterior, cabe la pregunta: ¿De qué sirve aceptar una reparación económica o de otra índole, si a través tratados internacionales de libre comercio, de leyes y decretos como la ley de páramo, aguas bosques, el estatuto de desarrollo rural y otras, el gobierno vulnera nuestro derecho a la autodeterminación, nos despojan de nuestras tierras o nos impiden ampliar nuestros resguardos? ¿Para qué sirve una estrategia de reparación a las comunidades indígenas si a diario los doctores del Estado buscan, a través de leyes como las anteriores, vulnerar nuestra autonomía a la hora de decidir el manejo que le damos a nuestros territorios y a los recursos que hay en ellos?

Teniendo en cuenta lo anterior, considero que cualquier proyecto de reparación a comunidades indígenas debe necesariamente pasar por una restitución plena de derechos, una reestructuración a profundidad del Estado social de derecho que supuestamente rige sobre Colombia. Reestructuración que debería reflejarse en acceso real a la democracia a la cual hoy no hay acceso y los millones de pobres, solamente tenemos derecho a elegir a los próximos dirigentes que van a continuar con la venta de nuestras riquezas y de nuestra soberanía nacional, los mismos que a través de sus escuadrones de muerte, llamados paramilitares y militares, han desocupado más de seis millones de hectáreas de tierra masacrando a miles de colombianos indefensos con el pretexto de ser colaboradores de las guerrillas entre ellos a muchos indígenas, entonces nosotros nos preguntamos, ¿Cómo reparar el envenenamiento de la tierra que se hace cuando se asesinan indígenas u otras personas dentro de nuestros territorios? ¿Cómo se repara la dignidad nacional que a diario se ve sometida al descrédito nacional e internacional, cuando su clase dirigente es señalada, investigada en algunos casos (pocos) por sus vínculos con el paramilitarismo?

Para concluir, quisiera preguntar también en torno de una propuesta de reparación integral ¿Cómo el Estado garantiza que las generaciones actuales asuman la responsabilidad de legar las culturas que heredaron para que las generaciones futuras tengan el derecho de heredar las culturas de sus ancestros? Todos tenemos el deber y el derecho de reestructurar el Estado para que sea intercultural y generar la ciudadanía del futuro, que debe ser una ciudadanía intercultural, orgullosa de ser colombiana y con un proyecto de país incluyente que dirija sus esfuerzos a defender la soberanía nacional y que no deje que los gobiernos de turno sigan vendiendo a pedazos este país.

Mientras, escribo, voy recordando la cara y la actitud de los ancianos a los cuales les estuve hablando sobre la posibilidad que había de trabajar una propuesta de reparación por parte de la CNRR en comunidades indígenas. Propuesta que me estuvo comentando uno de los comisionados de esta institución y que me despertaron las inquietudes anteriores las cuales se resumen en la siguiente conversación con unos ancianos indígenas que estaban de paso por Bogotá y de 5 los cuales quería recibir un consejo, una palabra que me pudiera señalar un camino a seguir…

Después, que terminé de decirles lo que este señor me había comentado, uno de los abuelos allí presentes, sacó de su mochila un tarro con manbe, lo destapó, extrajo la cuchara, lo levantó en señal de reverencia a la Madre y a los espíritus protectores de ese lugar, y sumergiendo la cuchara en el polvo del manbe, tomó una cucharada y se la puso debajo de la lengua; luego extrajo su tarro de ambil, y con la ayuda del palito que se utiliza para sacar la miel, lo sumergió en la miel y lo sacudió un poco, y cuando estuvo lo suficientemente untado, se lo llevó a los labios, y con gran habilidad lo mezcló dentro de la boca con el polvo del manbe, entrelazó los dedos de las manos, cerró los ojos… y por un largo rato estuvo con la cabeza inclinada.

Mientras tanto yo atizaba el fogón y una y otra vez el chucuno del poporo acariciaba el cuello del poporo, una y otra vez subía hasta mi boca y bajaba humedecido con saliva y volvía nuevamente a frotarlo en el cuello del poporo, mientras mis manos los hacían girar, siempre hacia la derecha, llamando consejos positivos.

No sé cuánto tiempo pasé esperando conocer lo que pasaba por la mente y el corazón del abuelito, porque varias veces saque ayo de mi mochila y me lo llevaba a la boca después de haber tirado el que en ella tenia en la tinaja donde se recoge el ayo mascado. Cuando por fin alzó la cabeza, yo acababa de atizar el fogón y me dirigía a sentarme en el banco, esperó a que yo me sentara, y me dijo: “esa cosa de la reparación, es como querer ponerle las plumas a una gallina, después de haberla desplumado en un cerro donde sopla bastante viento. Eso tendría dos problemas: El primer problema sería – continuó - encontrar todas las plumas, y el segundo… – se quedo en silencio por un rato – encontrar la manera de pegárselas, y eso está como difícil.” Luego de este comentario volvió a tomar otra vez manbe y se sumergió en sus reflexiones mientras me dejaba a mí encargado de seguir atizando el fogón, de impedir que se apagara el fuego…

BIBLIOGRAFIA

Gustavo Solís Fonseca. Diversidad e interculturalidad: reto y posibilidad en la Universidad

Eduardo Galeano. Cinco siglos de prohibición del arco iris en el cielo americano

En el año de de 1908, un gobernador de la costa atlántica de Colombia -el general Miguel Marino Torralvo- expide un certificado exigido por las empresas petroleras que tienen asiento en esta zona del país, donde certifica “que los indios no existen”. Esta certificación, hecha ante escribanos y testigos, se ajustaba a la ley 1905/55, aprobada por el Congreso Nacional, donde se establecía que en San Andrés de Sotavento y otros territorios indígenas los indios no existían, porque en estas tierras habían brotado chorros de petróleo, y en el caso de que existieran indios en estos territorios, éstos serían declarados ilegales, y por tanto, enviados al cementerio o echados al destierro. Certificados y leyes como éstas abundan en toda la historia colombiana, donde se niega la existencia de los indígenas. La más reciente es la ley 975 del 25 de julio del 2005, en la que no aparecen las comunidades indígenas y con la cual el gobierno pretende legalizar el paramilitarismo.

Daniel Maestre Villazón
Indígena Kankuamo

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 67
Corporación Viva la Ciudadanía.
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