Días atrás, un grupo de organizaciones sociales y no gubernamentales, y de personalidades de la sociedad civil y de la política, entre ellos Carlos Rodríguez como Presidente de la CUT, Iván Cepeda Castro de la “Fundación Manuel Cepeda”, Antonio Madariaga de la Corporación Viva la Ciudadanía, Eduardo Cifuentes como Decano de Derecho de la Universidad de los Andes, los senadores Juan Fernando Cristo, Gustavo Petro y Jorge Eliécer Guevara, entre otros, dirigieron un derecho de petición a la Presidencia de la República y a diversas autoridades y organismos de control solicitando que se hiciera pública la lista de personas y colectividades a las cuales se les venían (o viene, no se sabe) interceptando ilegalmente las comunicaciones telefónicas, y que además se dieran a conocer las investigaciones que se estuvieren desarrollando por esos hechos, incluyendo el nombre de las personas que se encuentran investigadas penal y disciplinariamente y las medidas dispuestas por el Estado para reparar a las víctimas de tan graves hechos.

El derecho de petición se basó en los artículos 23 y 15 de la Constitución, el último de los cuales habla del habeas data, es decir, el derecho a la protección de la intimidad y a conocer las informaciones que se hayan recogido por parte de entidades públicas, además de garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones, salvo orden judicial previamente obtenida.

Ya venciendo el término para contestar ese derecho de petición han respondido hasta ahora la Policía Nacional, en oficio suscrito por su Director el General Naranjo, la Fiscalía General de la Nación, a través de un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema, y la Procuraduría, mediante un oficio suscrito por una abogada despistada de la División de Registro y Control.

De las respuestas hasta ahora remitidas, llaman la atención varios asuntos que pueden evidenciar la seriedad con la que asumen las respuestas dichos organismos. En el caso de la Policía, la respuesta anota algunos datos generales sobre las competencias de la Policía y cosas que ya sabíamos como que los hechos fueron conocidos por ellos a través de información de la revista Semana. Además informan la manera cómo han sido puestas en conocimiento esas situaciones ante los organismos competentes como la Fiscalía y la Procuraduría.

No dan contestación a la petición sobre los nombres de los involucrados argumentando que serán la Fiscalía y la Procuraduría las que se encarguen de individualizar a los responsables. Por último adjuntan una lista de aproximadamente 100 nombres, de ellos más de la mitad son de jefes paramilitares o mandos medios y lugartenientes, y el resto son periodistas o miembros de la iglesia Católica e incluso representantes de la comunidad internacional acreditada en Colombia.

En el caso de la Fiscalía la respuesta se dedica a hacer algunas precisiones sobre los tipos penales en que podrían estar incursos quienes hayan realizado estas interceptaciones y menciona a través de quién conocieron los hechos, estableciendo al final que ya se están desarrollando las investigaciones, pero tampoco indica nombres de los miembros de la Policía que puedan estar involucrados.

Finalmente en el caso de la Procuraduría, se trata paradójicamente de la respuesta más incompleta y defectuosa. Algún o algunos de los funcionarios que observan los derechos de petición que llegan a la entidad, no comprendió ni la naturaleza del asunto ni la dimensión del reclamo tratándose de un grupo tan representativo de la sociedad civil y política. La respuesta se dedica a explicar cómo funciona el registro de quejas en la Procuraduría y pide más “hechos concretos, nombre de los quejosos, nombre de los implicados”, etc. como si se tratase de un hecho menor, aislado, y de ninguna repercusión en la vida nacional, y no de un escándalo de marca mayor conocido por todo el país a través de los medios de comunicación y principalmente de Semana. La respuesta, sin embargo, trae un dato interesante ya que menciona que de las dos quejas que aparecen bajo el ítem de “interceptaciones”, una se refiere a hechos denunciados el 16 de mayo de 2007 y se adelanta contra funcionarios de diferentes organismos del Estado, sin establecerse aún los nombres pues la queja se encuentra en estudio preliminar.

Llama la atención que mientras las dos respuestas mencionadas anteriormente fueron suscritas por los responsables de las entidades (el Director de la Policía y un Fiscal Delegado ante la Corte, por remisión que le hiciera el Despacho del Fiscal General), en el caso de la Procuraduría, entidad que dada su naturaleza se debería mostrar más solícita a aportar información completa y a responder en cabeza de su representante por un pedido de estas características, la respuesta sea suscrita por una funcionaria de una dependencia que al parecer no comprendió bien de qué iba la cosa. Es muy seguro que el mismo Procurador ni siquiera se haya enterado, pues de haberlo hecho seguramente hubiese designado para la respuesta a alguno de sus colaboradores que tuviese competencia directa en este tema, sobre todo si se tiene en cuenta que la Procuraduría tiene una responsabilidad y ha desarrollado un proceso en interlocución con la sociedad civil para lograr el retiro de nombres de defensores de derechos humanos de los registros de inteligencia de la fuerza pública, tema que aunque puede no estar ligado con del de las interceptaciones, refleja que el talante de esa institución en estos asuntos, ha sido el de darle la dimensión adecuada dado el impacto y las repercusiones que tienen.

Queda por recibir la respuesta del presidente Uribe, de los Ministros del Interior y de Defensa y de la Defensoría del Pueblo, entidad ésta última a la cual se cursó copia del derecho de petición.

Como se ha anotado, en la lista de los interceptados hay de todo, desde líderes paramilitares, hasta funcionarios diplomáticos, y no de cualquier rango, sino personas como Juan Pedro Schaerer y Sergio Caramagna, el primero de ellos ex Jefe de Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia y el segundo Jefe actual de la MAPP OEA, funcionarios ambos con fuero diplomático; periodistas como Lina María Correa y Claudia Gurisatti, columnistas de opinión como Natalia Springer, funcionarios del Gobierno como Luis Carlos Restrepo o Sabas Pretelt de la Vega, prelados como Julio César Vidal, miembros de la Comisión Nacional de Reparación como Jaime Jaramillo Panesso o Eduardo Pizarro, voceros de los paramilitares como Abelardo de la Espriella, en fin, “de todo como en botica”. El carácter aparentemente indiscriminado de la lista, no lo es tal. Se trata, en la mayoría de los casos, de personas que tienen un papel en el actual proceso de negociación con los paramilitares, y no cualquier papel. Pero más allá de eso la gravedad de la situación es palmaria y refleja que los perpetradores de estas conductas no tienen el más mínimo respeto ni por los derechos fundamentales, ni por el involucramiento en que pueda resultar el Estado en punto a funcionarios diplomáticos, como los dos mencionados, cuya función es justamente de tan delicado espectro que amerita el máximo celo por parte del Gobierno colombiano en relación con la función diplomática que adelantan, tratándose de personas cuyo nivel de reserva y confidencialidad, forma parte de la naturaleza de sus tareas, que deben ser ampliamente garantizadas por el Estado. Desconozco si hubo notas de protesta o pronunciamientos de parte de las agencias a las que pertenecen tanto Schaerer como Caramagna. De todas maneras se ha puesto en entredicho el respeto del Gobierno colombiano por el adelantamiento de labores humanitarias como la del CICR, de negociación como las de MAPP OEA, de la libertad de prensa como las de los periodistas y en general del derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones de todos los interceptados.

El Gobierno ha querido lanzar un mensaje de contundencia con la salida en su momento de trece generales de la Policía, pero más allá de esas cortinas de humo que a lo mejor terminaron afectando oficiales que no tenían nada que ver, sometiéndolos al escarnio público por una jugada política, sería más interesante los nombres de los directamente vinculados y bajo qué instrucciones actuaron, ya que las motivaciones, aunque no están tampoco tan claras, es más fácil adivinarlas elucubrando con una mínima dosis de la perversidad con que actúan los funcionarios del Gobierno involucrados en estos asuntos. Obviamente conviene saber cuáles de los trece generales estaban directamente involucrados en el asunto.

La salida de los trece generales sin que se establezca a cabalidad la verdad en estos hechos, los grados de responsabilidad por acción u omisión y si esa política de la ilegalidad y el abuso del poder forman parte de una estrategia más amplia por parte del Gobierno, sería apenas una cortina de humo cuyo único logro pragmático habría sido la llegada a la Dirección de la Policía de un oficial con una hoja de vida al parecer destacada y meritoria.

Muchos columnistas han estado de acuerdo en que por mucho menos han caído gobiernos de países más serios que el nuestro, pero no sólo eso. En una democracia sólida resulta muy grave la ocurrencia de este tipo de conductas que, lejos de ser casos aislados se están convirtiendo en parte de la dinámica de la actuación del Gobierno. Sin embargo es más grave aún que no se establezca rápidamente la verdad y que las agencias del Gobierno e incluso los organismos de investigación y de control, no rindan cuentas permanentes a la ciudadanía sobre el estado de las investigaciones para garantizar que no haya impunidad, y que más grave incluso que ni siquiera haciendo uso del derecho de petición obtengan información oportuna, transparente, completa y pertinente. Aunque ya lo han recordado quizá algunos periodistas, vale la pena repetir que Nixon no cayó tanto por el escándalo del Watergate propiamente tal, sino por ocultar información y entorpecer la investigación.

En un régimen democrático respetuoso del sistema de garantías, el Estado no sólo toma medidas para evitar que ocurran situaciones así, sino para que una vez detectadas, los organismos competentes actúan de una manera oportuna y drástica para garantizar el derecho a saber por parte de toda la ciudadanía, más allá de los afectados, y para informar a estos últimos sobre los derechos que les asisten en el desarrollo de las investigaciones respectivas, tanto en materia penal como en lo disciplinario, y en las acciones de reparación para quienes hayan sido víctimas de esos delitos.

Junio 22 de 2007

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 67

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