A.- El Estatuto de Roma

El Estatuto de Roma de 1998 establece en su artículo 5 que “la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”, y por ello establece su competencia sólo respecto de los siguientes crímenes: genocidio (artículo 6), crímenes de lesa humanidad (artículo 7), crímenes de guerra (artículo 8) y crimen de agresión.

En el último caso (agresión), el Estatuto posterga la efectiva competencia de la Corte hasta tanto una disposición tomada de conformidad con los artículos 121 y 123 defina ese crimen. Ello significa que, al cumplirse los siete primeros años de vigencia del Estatuto de Roma, deberá efectuarse una Conferencia de Revisión de los Estados Parte para, entre otros objetivos, completar la normativa atinente al delito de agresión.
Del texto de los citados artículos 6, 7 y 8, y de la documentación existente sobre posibles definiciones internacionales de la figura penal de agresión, se desprende que se ha pensado proteger a los pueblos y a los Estados signatarios sólo de ilícitos en los que:

1.- El objetivo sea:

a) Destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
b) Atacar en forma generalizada o sistemática a una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
c) Perpetrar crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

2.- El crimen en sí esté comprendido dentro de los delitos contra la vida, en los cuales la violencia física y las armas son elementos decisivos.

Así, el Estatuto menciona la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de población, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, etc., la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid.

3.- A su vez, las ponencias que se efectuaron y los trabajos doctrinarios existentes, al referirse al crimen de agresión, adelantan ya el mismo criterio unilateral que el adoptado en los delitos tipificados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto. Así:
3.1- Antes de la aprobación del Estatuto en 1998, se habían presentado tres propuestas de definición del crimen de agresión:
3.1.1.- La del Líbano, Siria, Bahrein, Iraq, Libia, Osman, Sudán y Yemen que lo definía como un ataque militar. Su texto rezaba: “la agresión es un ataque armado de un Estado contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”.
3.1.2.- La de Rusia que dejaba en el Consejo de Seguridad de la UN (órgano eminentemente político y no democrático, ya que en él hay cinco países de gran poderío que tienen una banca permanente y facultad de veto) la definición y la decisión sobre la existencia en cada caso del crimen de agresión.
3.1.3.- La de Alemania que, en términos generales, coincidía con la anterior de Rusia.
Las tres fueron dejadas de lado por la Comisión Preparatoria del Estatuto de Roma, debido a la falta de acuerdo entre sus integrantes, y su tratamiento fue postergado para la primera revisión de ese cuerpo normativo, fijada para siete años después de su entrada en vigencia, que se produjo el 1º-7-02. Es decir, la revisión podrá hacerse a partir del 1º de julio de 2009.
3.2.- Otros antecedentes y opiniones:
3.2.1.- El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de la OEA, aprobado en 1975, definió la agresión como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”.
3.2.2.- La Comisión de Derecho Internacional, en su Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad, de 1991, la define en los mismos términos que el TIAR. Y tipifica, a su vez, la amenaza de agresión como “una declaración, comunicación, demostración de fuerza o cualquier otra medida que pueda dar lugar a creer que se contempla seriamente una agresión”.
Como puede observarse, todas las definiciones adelantadas para el crimen de agresión se mueven dentro del círculo de los delitos de guerra, o con armas, o con violencia física. Lo que podríamos denominar como la guerra por medios clásicos.

B.- Nuevas armas de destrucción masiva usadas contra los países en vías de desarrollo

Desde tiempos inmemoriales la Humanidad ha experimentado otro tipo de destrucción masiva de poblaciones: la agresión económica. Hubo casos de ejércitos invasores que quemaron las cosechas de los pueblos invadidos, durante uno o más años,
condenándolos por ese medio a sufrimientos extremos y aún a la muerte por hambruna.

También la historia aporta casos de bloqueos inhumanos que impiden a todo un pueblo lograr sus alimentos y sus medicamentos básicos, con las consiguientes e inevitables secuelas de hambre, enfermedades y muerte en gran escala.

La realidad de las últimas décadas indica que hay una escalada de envergadura de tales agresiones económicas, y todo hace prever que, en los próximos tiempos, asistiremos a una verdadera guerra de tipo económico, generalizada y de dureza creciente, entre grandes bloques que se disputan el predominio planetario.

Hace 16 años, la implosión de la Unión Soviética posibilitó la aparición de un escenario internacional de poder “monopolar”, por cuanto quedó sólo una superpotencia con aspiraciones hegemónicas: los EE.UU. de Anglo Norteamérica. En realidad, tal hegemonía fue clara exclusivamente en el terreno militar y estratégico, pues ya en 1991 asomaban otros polos de poder económico, cultural y político.

Hoy, a menos de dos décadas de aquellos acontecimientos, la multipolaridad del escenario internacional es visible e incontrastable. En el terreno económico, es notorio que la superpotencia sobreviviente debe competir con tres o cuatro grandes bloques y pronto, muy pronto al parecer, perderá la supremacía planetaria en esa materia. Y en el campo militar y estratégico, al selecto club atómico de EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Rusia e Israel, pronto se unió China, la India y Pakistán, ante la mirada impotente de los ex dueños exclusivos de la bomba. En la actualidad, hasta un pequeño país como Corea del Norte tiene la bomba atómica, y pronto, si lo decide, la tendrá Irán. Los grandes sólo pueden protestar, presionar y dejar hacer.

Hemos regresado a la era del terror mutuo garantizado, que impide pensar siquiera en una guerra total y a suerte y verdad entre los grandes bloques o potencias. La guerra será de acá en más predominantemente económica, hasta que uno de ellos debilite suficientemente al otro como para exigir su rendición. En todo caso, el equilibrio se logrará por el terror generalizado a la mutua destrucción atómica, o a la mutua bancarrota económica.

Puede asegurarse que, en dicho escenario, la agresión económica de los países poderosos sobre los más débiles permanecerá por mucho tiempo y su virulencia irá en aumento. Así lo demuestra la conducta de los países desarrollados en la Organización Mundial de Comercio. Luego de 60 años de tediosas discusiones, las naciones fuertes siguen exigiendo injustamente a los países en vías de desarrollo que abran sus mercados nacionales a los bienes industrializados y a los intelectuales (en los que los grandes llevan enormes ventajas competitivas), pero aún se niegan, como lo vienen haciendo desde 1945 contra toda lógica y justicia, a adoptar igual criterio con los productos agropecuarios (en los que la ventaja competitiva juega a favor de los débiles). Y, además, cuando las normas de la propia OMS no le convienen a uno de los grandes (léase, a EE.UU.), simplemente las ignora, ante la impotencia de los débiles. Esa conducta dual no es de buen presagio para los países en vías de desarrollo.

En esa guerra económica que está instalada entre nosotros, cada país desarrollado (cada polo de poder) busca tener su propio mercado cautivo. Ése es el caso de EE.UU. de Anglo Norteamérica respecto de los países latinoamericanos, a los cuales, desde hace años, trata de imponer el ALCA, Asociación de Libre Comercio Americano (de Alaska a Tierra del Fuego, según palabras del señor Bush padre).

Aún dentro de ese proyecto regional, la potencia hegemónica pretende imponer la apertura de los mercados para los productos industrializados y para los de tipo intelectual (los suyos), pero se niega a aceptar el mismo criterio para los agropecuarios (los de sus “socios”). Afortunadamente, la alianza de los dos mayores países de Sudamérica, más el apoyo de algunos otros, ha frenado hasta ahora la embestida de la potencia del Norte, pero varias naciones pequeñas de la región han debido sucumbir anta la presión de EE.UU.

También forma parte de esa guerra por el predominio económico la acción avasalladora de las últimas décadas, tanto de los bancos, como de los gobiernos de los países desarrollados, muy particularmente el de EE.UU., para endeudar a la región latinoamericana, destruir su economía y apoderarse de sus riquezas indebidamente, tal como expondré más adelante.

Por ello, insisto, los países en vías de desarrollo deberán soportar, cada vez con más virulencia, una agresiva embestida con origen en los centros de mayor desarrollo económico y acumulación de capital, tendiente a captarlos como mercados cautivos, como forma de dominar su economía y apoderarse de sus riquezas.

C.- Nacimiento, desarrollo y crisis de la deuda

En ese contexto internacional de guerra económica ascendente, en 1973 se produjo un rebrote del conflicto de Medio Oriente con la subsiguiente crisis del petróleo, cuyo precio se elevó a niveles insospechados. Los países petroleros se encontraron súbitamente con enormes excedentes financieros que, por falta de una estructura bancaria y de inversión propia, optaron por depositarlos en los bancos occidentales.
De esa forma comenzó a usarse una nueva y letal arma en la moderna guerra económica: la presión incontenible de los grandes bancos, apoyados abierta y oficialmente por sus respectivos gobiernos y los organismos financieros multilaterales controlados por esos mismos gobiernos, para que los países en vía de desarrollo tomaran créditos bancarios innecesarios y altamente perjudiciales. Con esos ingredientes, en la década de los años ’70 se instaló el problema de la deuda externa en dichos países.

A fines de 1979, y cuando la deuda de los países en vías de desarrollo había crecido notablemente por la colocación forzada de los petrodólares, asumió como presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Anglo-Norteamérica, el señor Paul Volcker. El señor Volcker, con el objeto de frenar la inflación interna de su país, elevó en forma notable e imprevisible la tasa de interés de los bonos estatales, que actúa como indicador universal del interés a pagar en los créditos internacionales nominados en dólares y en otras monedas.

Poco después, asumió como presidente de EE.UU. el señor Ronald Reagan (enero de 1980), quien ratificó la política antiinflacionaria de tasas de interés altas del señor Volcker. Como resultado de todo ello, los países endeudados vieron crecer la tasa de interés que se les exigía a un ritmo inimaginable: desde un promedio del 4,5 á 6% anual, antes de la era Volcker/Reagan, a topes de hasta el 22% (la Argentina en 1984).
Ello produjo la primera gran crisis de la deuda: la cesación de pagos de México (1982). Para salvar sus créditos, los países acreedores (sus estrategas, como lo expongo en mi memorando "Implicancias de la deuda externa sobre cuestiones estratégicas de la Argentina: su territorio. Propuesta de soluciones”, que forma parte de esta ponencia como Anexo II) decidieron en 1983 inducir (en realidad, los obligaron) a los países deudores a privatizar sus empresas públicas y, con su producido, pagar a los bancos. Durante los subsiguientes 20 años, ese objetivo de los bancos y gobiernos poderosos se cumplió a rajatabla, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial mediante, con los desastrosos resultados conocidos.

Con la caída del Muro de Berlín y la implosión de la URSS, los estrategas anglo-norteamericanos concibieron la idea del “Nuevo Siglo (Anglo Norte) Americano” (“A new american Century”), para lo cual debían asegurar su hegemonía planetaria durante 100 años. Como parte de ese plan estratégico de dominación planetaria, asumido nacionalmente, desde los Estados Unidos de Anglo-Norteamérica se difundió y llegó a imponerse, especialmente en las naciones latinoamericanas, el llamado Consenso de Washington. Sus principales recomendaciones/imposiciones para nuestros países fueron: la liberación total de los mercados internos, la desregulación total de las relaciones laborales, la baja drástica de los aranceles aduaneros y la eliminación de otras barreras protectoras de la producción nacional, la libre circulación de los flujos financieros internacionales, la flotación libre de las paridades cambiarias, y la privatización masiva de las empresas de servicios públicos para pagar la deuda con su producido. Gracias a tales medidas, realmente impuestas en nombre del Consenso de Washington, se destruyó la economía y, especialmente, la estructura industrial y tecnológica de casi toda la región, se empobreció a su población hasta límites inhumanos y se concentró el poder y la riqueza en manos de un puñado de corporaciones transnacionales, con predominio de los grandes bancos internacionales.

Para imponer el Consenso de Washington fue particularmente útil la existencia de una deuda externa abultada y con intereses verdaderamente usurarios, cuya periódica renegociación obligaba (y aún obliga) a los gobiernos de los países deudores a aceptar todo tipo de exigencia (por extrema que fuere) planteada por los bancos acreedores, los organismos financieros multilaterales y los gobiernos de países centrales que, en esta materia, constituyen un frente unificado.

A su vez, las consecuencias ya apuntadas de la aplicación de dicho Consenso produjeron un aumento sideral de la deuda en la década de los ’90.

De modo que,
a)- en la década de 1970, se creó una deuda externa artificial y dañina;
b)- en la década de los años ’80, la deuda creció sideralmente debido a los intereses usurarios impuestos en forma unilateral por los acreedores, mientras éstos obligaban simultáneamente a los deudores a privatizar sus empresas de servicios públicos para pagar la deuda, y
c)- en la de 1990, los países deudores debieron adoptar las medidas impuestas por el Consenso de Washington, que destruyeron su economía, los empobrecieron en forma inhumana y, simultáneamente, hicieron crecer la deuda en forma exponencial.

De esa manera, en estas últimas décadas, los países en vías de desarrollo han sufrido los efectos letales de un proceso de fuerza para ellos incoercible, y retroalimentado: la deuda aumentó la pobreza y la dependencia respecto de los grandes centros extranjeros, y dicha dependencia aumentó la deuda y la pobreza.

Así las cosas, a nadie debió extrañar la nueva crisis de pagos de México (la llamada crisis del “tequila”, de diciembre de 1994), la de Brasil (en 1999/2000) y finalmente la de la Argentina (2001/2002), además de otras sucedidas en países más pequeños de la región como Ecuador y Perú.

D.- La responsabilidad de la dirigencia local

Lo expuesto hasta ahora no significa que se trate de negar o minimizar la responsabilidad que, en este proceso delictivo, ha tenido la dirigencia local de cada país endeudado. La hubo y en gran medida. Para su adecuada comprensión, es necesario incursionar brevemente en el terreno histórico, político, cultural y sociológico de los países en vías de desarrollo, especialmente en los latinoamericanos. Su realidad dista mucho de ser la que conocen los países más desarrollados, y por ello se han creado, con de demasiada frecuencia, situaciones de incomprensión, equívocas y aún de enfrentamiento.

Los países en vías de desarrollo, por su juventud, por su población conformada por etnias de muy distintos orígenes, aún no totalmente amalgamadas dada la celeridad con que se produjeron los movimientos migratorios de los siglos XIX y XX, y por su territorio todavía sin dominar y explotar debidamente, no han terminado de modelar y afirmar su propia personalidad política, cultural y social. Además, por las razones que pasaré a enumerar, no se ha logrado en ellos la integración social mínima como para consolidar una nación estable. Existe una profunda fractura social desde la época de la colonia en todos o casi todos los países latinoamericanos, y que tuvo su nacimiento y razón de subsistir en la conformación de elites locales aliadas a los poderes internacionales dominantes.

Desde entonces, en la América hispánica, y en la Argentina en particular, su dirigencia (su elite, si se prefiere) vive mirando a Europa y a EE.UU., une sus intereses a ellos, y trata de imitar su personalidad que, por definición, es intransferible. A su vez, cuando estos países se independizaron de la Corona Española, lo hicieron ayudados por Inglaterra, hacia la cual sentían admiración como Imperio en ascenso, mientras que menospreciaban al similar español en franca decadencia desde la batalla de Trafalgar en 1588.

De eso modo, desde el mismo día de su independencia, cada país hispanoamericano cambió, en la práctica, la influencia española por la anglosajona. En Perú, Uruguay y la Argentina, esa influencia anglosajona fue ejercida por Inglaterra hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial. De ahí en más, la posta pasó a manos de los EE. UU. de Anglo-Norteamérica. En el resto de la región, el dominio post-colonial fue siempre de EE. UU.

En el caso especial de la Argentina (que, con algunos matices diferenciales, es similar al de toda la región), desde muy temprano (aún desde antes de la independencia formal, en 1810/1816), los sectores más acomodados de Buenos Aires (no los del interior del país), unieron sus intereses comerciales y culturales (obviamente, también los políticos) con los ingleses. De Inglaterra venía la mercadería que comerciantes ingleses y criollos lograban introducir de contrabando ante la vista de todos, burlando así el monopolio del comercio exterior que, sólo en los papeles, mantenía la Corona Española.

De tal contrabando masivo y público nacieron las grandes fortunas “anglo-argentinas” de Buenos Aires. La concentración de la riqueza le otorgó también el cuasi monopolio del poder político a ese pequeño sector “anglo-argentino” de contrabandistas.
Con motivo de las invasiones inglesas, y a pesar de que fueron repelidas exitosamente en dos oportunidades (1806 y 1807) por los habitantes de Buenos Aires y sus alrededores, con regimientos militares creados “ad-hoc”, se produjo un fenómeno que muestra la real situación existente en esa época: las damas de la sociedad porteña intimaron rápidamente con los oficiales ingleses tomados prisioneros. Los matrimonios entre ellos fueron abundantes y, rápidamente, dominantes. La alianza “anglo-argentina”, formada varios años antes de la independencia para contrabandear, tuvo así una expresión decorosa y estable: los matrimonios “mixtos”.

Desde entonces se consolidó en la Argentina la mencionada fractura social, que es común en los países en vías de desarrollo, especialmente en los latinoamericanos: una elite local, pequeña pero poderosa, despegada del resto de la población y dando la espalda a los intereses nacionales, está íntimamente aliada con los poderes extranjeros dominantes (antes, ingleses; ahora anglo-norteamericanos). Esa poderosa alianza presiona, mancomunadamente y porque así conviene a sus intereses grupales, para que se acepte como la panacea de los problemas latinoamericanos, desde el Consenso de Washington, hasta una deuda innecesaria y dañina.

También desde la época de la independencia, los sectores mayoritarios tratan de sobreponerse políticamente a esa alianza de elites dominantes, pero es una lucha muy desigual, pues, salvo en raras ocasiones, de un lado está la mayoría del pueblo y del otro, la casi totalidad del poder económico, cultural, periodístico, etc., tanto nacional, como extranjero.

Por lo mismo, cada vez que en la Argentina hubo un vuelco electoral importante, y el poder formal pasó, de la elite dominante, a la mayoría popular, la estabilidad instituciones crujió. Normalmente, a cada triunfo electoral del sector popular mayoritario le siguió un golpe militar, o cívico-militar inspirado, fomentado, financiado e impulsado por las elites de poder “mixtas”.

Este fenómeno es tan notorio que, en el lapso 1976/1983, la toma masiva de deuda y las políticas de capitalismo salvaje que soportamos fueron dispuestas por el ministro de Economía de la dictadura militar, que era (y es aún) miembro del Directorio Internacional del Chasse Manhattan Bank, de la familia Rockefeller. La adopción de decisiones tan nefastas para el país tiene el agravante de que se concretó durante una férrea dictadura militar y aprovechando el terror creado por las miles de muertes y “desapariciones”, lo que las asemeja a los delitos cometidos en situaciones de calamidad pública. No es ocioso agregar que tales crímenes fueron perpetrados en cumplimiento de la doctrina de la seguridad nacional, transmitida por EE.UU. a los oficiales de Latinoamérica desde la Escuela Militar de las Américas con sede en la Zona del Canal de Panamá.

A su vez, el CitiBank/CitiCorp, de la familia Rostchild, en su carácter de presidente del “steering committee” de bancos acreedores que monitoreaba nuestra deuda, fue quien aconsejó a los militares designar a dicho ministro de Economía.
Finalmente, el banco que más se benefició con el negocio del endeudamiento argentino en esos años fue, no por casualidad, el Chasse Manhattan Bank. Un detalle pormenorizado de ello podrá encontrase en mi trabajo “Qué es la deuda externa”, que forma parte de esta ponencia como Anexo I. Ese trabajo contiene lo sustancial del fallo que el Juez Federal Penal, Dr. Jorge Ballesteros, dictó denunciando los ilícitos cometidos en la formación de la deuda externa durante la dictadura militar, aunque lo hizo, lamentablemente, cuando ya habían prescripto todos los delitos cometidos.
La situación se repitió punto por punto en la década de los años ’90: el ministro de Economía que aplicó las políticas aconsejadas por el Consenso de Washington (gemelas a las de la dictadura militar y que produjeron la destrucción del aparato productivo, y la multiplicación por 2,5 de la deuda externa, a pesar de que ingresaron unos 35.000 millones de dólares de las privatizaciones masivas) era y es uno de los pocos socios argentinos del Council on Foreign Relations de Nueva York, que preside el señor David Rockefeller, quien aún hoy defiende enfática y públicamente a dicho ex ministro argentino.

Vale la pena recordar que ambas familias, Rockefeller (Bancos Chasse Manhattan y G. P. Morgan) y Rostchild (CitiBank/CitiCorp), poseen en conjunto el 62% de las acciones de la Reserva Federal de los EE.UU. de Anglo-Norteamérica, por lo cual el círculo del poder financiero queda monopolizado por muy pocas manos.

Para completar la información, es necesario agregar que, tanto la política económica de la dictadura militar, como la de los años ‘90, fueron entusiasta y públicamente apoyadas por la gran prensa y los grandes empresarios de las elites mencionadas, dentro y fuera de la Argentina.

Lo dicho sobre las elites “anglo-argentinas”, hoy “argentino-anglo-norteamericanas”, y su accionar en la Argentina (a semejanza de lo que sucede en casi toda la región) hecha luz sobre la responsabilidad compartida que existe en el actual estado de endeudamiento, de empobrecimiento de amplios sectores populares, y de severa exclusión social.

E.- La necesidad de dar intervención a la Corte Penal Internacional

Ante el cuadro de situación descripto, surge con claridad la necesidad de incorporar este tipo de delitos económicos (o guerra por medios económicos) entre los crímenes de lesa humanidad, para que sean declarados imprescriptibles y caigan bajo la competencia de la Corte Penal Internacional.

Sin la intervención de un Tribunal de ese tipo, es muy difícil lograr justicia, pues tales elites dominantes, con la ayuda virtualmente incondicional de las similares extranjeras, controlan todos los resortes de poder nacional, y jamás permiten el juzgamiento de sus propios dirigentes. Al respecto, ya he mencionado la impunidad de que gozan los responsables civiles del terrible período de la dictadura militar. El juez Ballesteros los ha señalado uno por uno, pero tarde.

Todos los otros intentos que se hicieron, para llevar a los culpables de los delitos mencionados y de otros similares ante los estrados judiciales, han chocado siempre con el mismo obstáculo: mientras los acusados están en el gobierno, jamás se logró que prosperaran las denuncias judiciales contra ellos, y luego, ya fue tarde porque operó la prescripción.
Además:

1.- En mi memorando titulado "Implicancias de la deuda externa sobre cuestiones estratégicas de la Argentina: su territorio. Propuesta de soluciones”, que forma parte de esta ponencia como Anexo II, he demostrado cómo la Argentina, durante la grave crisis que culminó en 2001/2002, estuvo asediada por ciertos gobiernos y grupos privados acreedores para que pagara su deuda externa cediendo territorio.

2.- Por otro lado, y como ya he expuesto, el abultado monto que alcanzó la deuda, fundamentalmente como consecuencia de intereses usurarios, produjo situaciones económicas dramáticas, con la correspondiente secuela de hambre, desnutrición, muertes prematuras, enfermedades de la pobreza, tensiones sociales y políticas y otras lacras que llevaron al país al borde del abismo.

3.- Durante los años de la dictadura militar argentina (1976/1983), según los registros de los organismos oficiales, así como los de la Iglesia Católica, se produjeron unos 8.000 asesinatos y/o “desapariciones”. Un cálculo prudente de las vidas que ha cegado en nuestro país la deuda externa, por las consecuencias apuntadas, arroja cifras sin punto de comparación con aquélla. Las víctimas mortales, o total e irreversiblemente inutilizadas, que produjo la deuda externa pueden contarse por decenas y aún centenas de miles, si no más.

4.- Además, la experiencia ha demostrado que la deuda externa, en tales condiciones, reitero, sirve a los países y grupos privados internacionales fuertes para torcer la voluntad política de las naciones deudoras a fin de ponerlas a su servicio, y dominar tanto su economía, como su política y su cultura.

5.- Es de toda lógica y necesidad, pues, que la creación (con mayor razón si es forzada), fomento e impulso de este tipo de deuda externa, y sus nefastas consecuencias, así como la imposición de políticas de capitalismo salvaje, sean agregados a los delitos descriptos por los artículos 5, 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el 17-07-98. Tal necesidad queda ratificada por la imposibilidad práctica que existe en los países deudores de llevar ante la Justicia a los culpables de tales crímenes, dado el predominio de las citadas elites dominantes apoyadas desde el exterior.

Por todo lo expuesto, mi ponencia es que se incorpore al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en ocasión de la Conferencia de Revisión de los Estados Parte que deberá reunirse a partir del 1º de julio de 2009, la figura genérica de los
“delitos de lesa humanidad que produzcan empobrecimiento severo de la población de un país, cometidos por medios económicos y con el objeto de apoderarse de sus riquezas y/o dominar de alguna manera a un grupo nacional”.

En la casuística podrán definirse los delitos particulares de: endeudamiento forzado e innecesario; intereses usurarios impuestos por la parte acreedora; agresión del acreedor por amenazas o por proposición de ofertas ruinosas (agresivas), abusivas y de difícil rechazo por parte del deudor dada la disparidad de poder entre ambos; el agravante de imponer el endeudamiento y las políticas de capitalismo salvaje en situaciones de calamidad pública; el agravante de intentar cobrarse la deuda con territorio, con los ingresos fiscales o con alguna otra exigencia que constituya una amenaza a la soberanía, la integridad territorial o la independencia política del país deudor.

En todos esos casos, deberán tenerse presentes los principios jurídicos universalmente aceptados de la lesión gravísima y el abuso de poder.
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Anexo I: Folleto “¿Qué es la deuda externa?”.
Anexo II: Memorando "Implicancias de la deuda externa sobre cuestiones estratégicas de la Argentina: su territorio. Propuesta de soluciones”.
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Memorando de la clase dictada el 16-05-07 en la Cátedra Libre de Deuda Externa, a cargo del Emb. Miguel A. Espeche Gil, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Buenos Aires

Título: "Implicancias de la deuda externa sobre cuestiones estratégicas de la Argentina: su territorio. Propuesta de soluciones”.


A.- LA SITUACIÓN ACTUAL

1.- La vulnerabilidad territorial de la Argentina.

1.1.- Gran territorio. Poca población y mal distribuida.
La Argentina posee unos 2.800.000 km2 de territorio continental, y menos de 40.000.000 de habitantes, de modo que su densidad poblacional es muy baja: 14 habitantes por km2. El país menos densamente poblado de Europa occidental es España que posee 51 habitantes por km2, siendo su territorio más árido y menos rico en otros recursos que el nuestro. Con una densidad de 51, la Argentina debería tener unos 150 millones de habitantes que, estimo y dada la extensión del territorio, es la población óptima para una nación integrada.
La comparación de nuestra región lacustre patagónica con Suiza (datos del Ing. Salvador San Martín, para 1980) es más gráfica aún:
Rubro Suiza Región lacustre patagónica
Extensión total 41.378 km2 32.000 km2
Tierras estériles 29 % 25 %
Tierras aptas para pastoreo 25 % 27 %
Tierras aptas para agricultura 46 % 48 %
Habitantes 6.000.000 200.000

La relación entre la producción de una y otra zona es peor aún para nosotros, pues Suiza se autoabastece y aún exporta muchos productos agropecuarios, mientras en nuestra región “gemela” no producimos virtualmente nada… y sólo vendemos toda la tierra que los extranjeros desean comprar.

1.2.- Además nuestra población está muy mal distribuida, lo que no sólo atenta contra una buen aprovechamiento del territorio, sino que crea tensiones sociales y políticas negativas y peligrosas.

1.3.- También nuestra estructura económica es vulnerable, por ser de naturaleza rentística y cíclica:
1.3.1.- Rentística: Poseemos una pampa húmeda que, sin mayor esfuerzo, nos da entre 50 y 60 millones de toneladas de granos, y abundante carne vacuna barata y de excelente calidad. En ambos rubros gozamos de grandes ventajas competitivas frente al exterior. Mientras que nuestra industria no es competitiva internacionalmente, y depende en demasiada medida de insumos importados. Por ello, si se fija una paridad cambiaria baja (dólar barato), que el agro puede soportar bien, la industria muere por la invasión de productos extranjeros. Y si se eleva la cotización del dólar, para proteger la industria, el costo de la canasta alimenticia (vital para los sectores más necesitados) sube a niveles peligrosos. Nuestra pertenencia a la Organización Mundial de Comercio-OMC nos impide tomar otras medias protectoras que no sean la paridad cambiaria y muy poco más.

1.3.2.- Cíclica: Por ello mismo, cada vez que el PBI crece adecuadamente, y junto con él lo hace el consumo popular y la producción industrial, el país sufre un severo déficit comercial y se endeuda externamente. Con el tiempo, el déficit comercial se transforma en déficit de cuenta corriente, por la acumulación de intereses impagos fundamentalmente. La recesión casi obligada es el siguiente paso, hasta que el ahorro de divisas y el bajo consumo de los más necesitados equilibran la situación y volvemos a crecer cerrando el ciclo, que pronto se reanuda de la misma forma. De ese encrucijada también se puede salir (y de hecho se ha salido) con una fuerte devaluación de la moneda nacional, que también carga las consecuencias de la crisis sobre las espaldas de los más necesitados.

1.4.- Por razones históricas y actuales, los argentinos tenemos muy poca conciencia territorial, es decir, de la importancia de nuestro territorio, su defensa y su aprovechamiento integral y armónico. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la dirigencia nacional creyó muchas veces en la errónea máxima de Domingo Faustino Sarmiento: “el problema de la Argentina es la excesiva extensión de su territorio”…

1.5.- Hasta hace unos años existió una organización privada, OIKOS, que realizó una gran labor sobre este tema, y difundió la necesidad de una conciencia territorial adecuada. En ella trabajaron fundamentalmente el Dr. Patricio Randle, su fundador, y el Dr. Francisco Arias Pellerano. OIKOS desapareció. Su labor fue continuada muy parcialmente por el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), el cual dispuso de presupuesto sólo para completar un atlas geográfico.

1.6.- La difusión masiva de la siembra de soja transgénica, cuyas patentes industriales domina en un 95% una sola corporación transnacional, ha elevado a límites insospechados el peligro de agotamiento y deterioro de los suelos, la concentración de la tierra en pocas manos (empresas de tipo anónimo en la gran mayoría de los casos, lo que impide saber si sus propietarios reales son argentinos o extranjeros) y el despoblamiento severo de amplias zonas rurales.

1.7.- Otro factor de vulnerabilidad, que dificulta la adopción de una buena política territorial, es la tendencia generalizada de nuestra dirigencia a despreciar e ignorar los asuntos estratégicos, para dedicarse casi exclusivamente a la coyuntura, mientras que el tema territorial-poblacional requiere planes de largo plazo.

2.- El contexto nacional e internacional

2.1.- Salvo raras excepciones, entre ellas la nuestra en primer lugar, el planeta está sobrepoblado. En determinadas zonas, si bien la densidad de población no es excesiva, e incluso es escasa, la falta de alimentos y fuentes de trabajo producen una fuerte presión migratoria hacia regiones más desarrolladas. Es el caso manifiesto de Latinoamérica en general hacia EE.UU.; y del norte de África, Europa del Este y algunos países asiáticos hacia Europa. El fenómeno también se observa desde algunas zonas del Extremo Oriente hacia los países árabes petroleros y, aún, el Líbano.
En nuestro país, la situación descripta varía según las épocas, dado el carácter cíclico de nuestra economía. En las etapas de crecimiento y pleno empleo, la inmigración limítrofe y alguna más de origen sudamericano es considerable. Cuando baja la actividad económica, se detiene la corriente inmigratoria, pero es muy raro que revierta.
Esa tendencia mundial aumentará seguramente en el futuro, pues la diferencia de oportunidades entre países ricos y países pobres aumenta sin cesar, y no se observan síntomas alentadores al respecto.

Ello ha hecho que distintos organismos de la ONU comiencen a designar con el sugestivo nombre de “espacios vacíos” a aquellas zonas poco pobladas y aptas para el desarrollo humano. Es previsible que, a medida que aumente la presión migratoria sobre los países desarrollados, éstos promuevan (con todos los resortes de poder que poseen en la actualidad) traslados poblacionales importantes hacia tales “espacios vacíos”, de los cuales la Argentina es poseedora en abundancia.

2.2.- Por otro lado, nuestro país es rico, no sólo en tierras aprovechables, sino en los otros tres recursos naturales críticos para la humanidad, y que lo serán en mayor medida en las próximas décadas: energía, minerales estratégicos y agua potable.

2.3.- En ese contexto, una deuda externa muy grande, como es la nuestra, se transforma en una permanente tentación para que propios (deudores) y extraños (acreedores) piensen que conviene saldarla con bienes apetecibles del país deudor. En este caso, y sin lugar a dudas, el bien elegido es la tierra, ya sea por su importancia intrínseca, como por los otros bienes críticos mencionados que posee en abundancia.

2.4.- Al respecto, vale hacer una comparación de valores:

2.4.1.- Nuestra pampa húmeda tiene unos 30 millones de hectáreas. El precio promedio de una hectárea en esa zona es aproximadamente, y siendo quizás generosos, de 3.000 dólares. Se puede afirmar, pues, que el valor total “de mercado” de la pampa húmeda es de 90.000 millones de dólares.

2.4.2.- El total de ganado vacuno alcanza, también aproximadamente, los 50 millones de cabezas. Aún cuando se le asigne un precio unitario de 500 dólares por vacuno, su valor total no sería superior a los 25.000 millones de dólares.

2.4.3.- La deuda externa pública argentina, luego de la importante reducción lograda en 2003/2004, ronda los 150.000 millones de dólares según estimaciones oficiales. De modo que, sumando el valor de la pampa húmeda y de todo el ganado bovino que posemos, llegamos a los U$S-115.000 millones, cifra sensiblemente menor al citado monto de nuestra deuda pública externa.

2.5.- En épocas de crisis económica severa, como la sufrida entre 1998 y 2002, la deuda se transforma en un problema serio e, incluso, llega a ser impagable. Es en ese momento cuando nuestra vulnerabilidad frente a la dupla deuda-territorio se manifiesta con su mayor gravedad y peligrosidad. La mayoría de la dirigencia argentina, con tan poca conciencia territorial, y siempre absorbida por los problemas coyunturales, no ve con malos ojos “sacarse la deuda de encima”, pagándola con territorio.
Ésa fue la delicada situación que vivimos entre 2001 y 2002.

3.- Experiencia de la última crisis

3.1.- A fines de 1979, la Reserva Federal de los EE.UU. (Paul Volcker) elevó considerable y unilateralmente los intereses sobre el dólar, con el objeto de frenar la inflación anglonorteamericana. Al año siguiente, el nuevo presidente Reagan ratificó esa política de altos intereses. Por ello, nuestra deuda, que hasta ese momento pagaba tasas no mayores al 6% anual, comenzó a sufrir aumentos enormes de su tasa de interés, hasta llegar al límite de 22% al año en 1984. Con tales tasas, más el anatocismo del caso, nuestra deuda se duplicaba cada 4 años, sin que nos llegara un sólo dólar adicional.

3.2.- Debido a ello, en 1982 México se declaró en cesación de pagos (“default”). En agosto de 1983, y a instancias de Henry Kissinger y David Rockefeller, se reunieron en la ciudad de Vail, Colorado, EE.UU., alrededor de diez grandes banqueros y altos dirigentes políticos norteamericanos (Gerald Ford) y europeos (Valéry Giscard d’Estaing). La conclusión de ese cónclave fue que debían convencer a los países deudores sobre la conveniencia de privatizar sus empresas públicas y, con su producido, saldar la deuda. De ahí surgieron las privatizaciones masivas, que en nuestro país se intentaron en 1987/1988, y se concretaron masivamente a partir de 1989.

3.3.- En 2001 ya era evidente que tales privatizaciones habían resultado muy perjudiciales, y producido enormes problemas económicos, sociales y políticos, sin por ello disminuir la deuda (al contrario, en 1999 el monto de la deuda más que duplicaba al de 1989).

3.4.- A esa realidad se sumaba el hecho de que en 1995, siendo el Dr. Menem presidente, y el Dr. Ruckauf ministro del Interior, se dictaron las resoluciones 205/95 y 206/95, por las cuales se liberalizó totalmente la compra de tierras en zonas de frontera, por parte de empresas comerciales e instituciones extranjeras. Desde ese momento, se han enajenado a extranjeros millones de hectáreas, sobre todo en la Patagonia y en los Esteros del Iberá-Triple Frontera (teóricamente, dos “espacios vacíos”), sin que tengamos siquiera una idea cabal de su cuantía pues, por falta de presupuesto, el Ministerio del Interior no lleva el registro de tales operaciones desde enero de 2000.

3.5.- Con esos antecedentes, a mediados de 2001 observamos el comienzo e inmediata intensificación de una verdadera campaña tendiente a convencer a los argentinos de que no teníamos las aptitudes necesarias para administrar nuestro patrimonio nacional y conducir nuestra economía. Así, el entonces secretario del Tesoro norteamericano Paul O’Neill declaró públicamente que la “culpa de la crisis era sólo nuestra pues éramos una sociedad desorganizada, y que en 70 años no habíamos creado una sola industria eficiente”. Y los economistas del Massachuset Institute of Technology-MIT Rudiger Dornbush (norteamericano) y Ricardo Caballero (chileno) propusieron que “el FMI designara y monitoreara un gerente extranjero para que condujera la economía argentina”. Si bien hubo grandes fallas de nuestra dirigencia, que nos llevaron a la situación terminal de 2001/2002, tanto O’Neill como Dornbush y Caballero nunca mencionaron la responsabilidad central que el FMI, el BM, varios académicos de EE.UU. y Europa y aún los gobiernos de ese origen, tuvieron en ella.
Lamentablemente, demasiados periodistas, empresarios, técnicos y políticos argentinos se plegaron sugestivamente a esas acusaciones de los extranjeros.

3.6.- Simultáneamente, trascendieron extrañas propuestas de grupos privados y estatales extranjeros para saldar parcial o totalmente la deuda:
3.6.1.- Constituir reservas de tierras con fines ecológicos.
3.6.2.- Efectuar grandes explotaciones en común en importantes superficies de tierra.
3.6.3.- Privatizar el Banco Nación y el Provincia de Buenos Aires (permanente exigencia del FMI y del BM en esa época y hasta mucho después), los cuales tenían más de 15 millones de hectáreas de las mejores tierras hipotecadas a su favor, y casi todas de deudores en mora.
3.6.4.- Instalación de varias bases militares y científicas norteamericanas, siempre en zonas de interés estratégico (la propuesta de hacer una en Tierra del Fuego fue un caso arquetípico, que aún subsiste).
3.6.5.- Emisión de bonos respaldados por un fideicomiso sobre tierras fiscales. Según la ley de fideicomiso, sancionada en 1995, una vez que el fiduciante (el Estado Nacional) entregara esos bonos, el agente fiduciario (un banco privado, siempre) sólo debería rendir cuentas (art. 7 de la ley) a los beneficiarios (los tenedores de tales bonos), y si los bonos no se pagaban, las tierras quedarían de propiedad del tenedor de los bonos, pues el fiduciante no puede recuperar los bienes entregados al fideicomiso.
3.6.6.- Ese año de 2001, la consultora de José Giacobbe efectuó un sondeo de opinión en Chubut (provincia patagónica), y debía hacerlo en otras 4 provincias, según él por encargo de “una empresa privada europea”. La pregunta clave fue si se aceptaba pagar la deuda con territorio. Sólo el 15% de los chubutenses contestó que sí. Pero, en entrevista personal, el señor Giacobbe reconoció al autor de este trabajo que la misma pregunta se le formuló a un lote de muestra en la ciudad de Buenos Aires, y el 48% de los encuestados se inclinaron por el sí.
3.6.7.- En enero de 2002, el presidente Dr. Eduardo Duhalde contrató como asesor presidencial rentado, en asuntos de la deuda, al consultor norteamericano Norman Bailey, del entorno del presidente Bush y del Partido Republicano de EE.UU. Bailey aconsejó al Dr. Duhalde emitir los citados bonos respaldados con un fideicomiso sobre tierras fiscales para saldar la deuda.
3.6.8.- El 22-3-02, por el decreto 532/02, el presidente Duhalde contrató a tres empresas de Henry Kissinger, con honorarios de 85.000 dólares mensuales, para que lo asesoraran y condujeran las tratativas de renegociación de la deuda en EE.UU. En ese momento, Kissinger era el representante del consorcio ítalo-norteamericano que construyó la represa de Yaciretá, el cual nos reclamaba 1.500 millones de dólares de indemnización por daños de muy dudosa existencia y legitimidad. Nuestros técnicos calcularon que a lo sumo debíamos pagarles 100 millones de dólares. Al ser designado Kissinger en tales funciones por el Dr. Duhalde, ese conflicto por Yaciretá estaba aún sin resolver. El conflicto de intereses era evidente.
3.6.9.- En enero de 2002, tuvo lugar una intensa campaña periodística, en los medios de comunicación (radios, diarios y TV) pertenecientes a la familia Rodríguez Saá, y por parte de altos funcionarios del gobierno provincial y dirigentes del partido oficialista, tendiente a lograr la secesión de su provincia (San Luis), y su anexión a Chile, junto con Mendoza.
3.6.10.- Ante ese panorama, el 9-4-02 envié una carta documento al presidente Eduardo Duhalde, informándole lo expuesto, y solicitándole tomara medidas para prevenir consecuencias tan graves.
3.6.11.- Ante el silencio oficial, el 7-5-02 presenté una denuncia penal contra todos los responsables de haber llegado a ese peligroso extremo. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del Dr. Sergio Torres, Secretaría Nº 23. Desde entonces he aportado numerosas y sólidas pruebas, pero ningún paso procesal importante se ha dado para investigar esta grave situación.
3.6.12.- En julio de 2002 publiqué un trabajo titulado “Deuda por territorio”, en el que relaté todos estos hechos. Si bien su difusión ha sido grande (a través de folletos e Internet), ninguna reacción oficial se ha producido.
3.6.13.- En junio de ese mismo año, el ya candidato presidencial Dr. Alberto Rodríguez Saá organizó y presidió un Congreso de Educación, como parte de su campaña electoral, el cual fue clausurado por los Dres. Mariano Grondona y Carlos Escudé. Este último, hablando desde el estrado oficial, y teniendo a su lado al candidato presidencial y a Grondona, sostuvo la necesidad de que San Luis se separara de la Argentina, se uniera con Mendoza, y ambas pidieran su anexión a Chile. A continuación, aseguró tener “información cierta” de que los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro, pensaban hacer otro tanto, para lo cual habían enviado emisarios a Madrid, para averiguar si Repsol-YPF seguiría apoyando a esas provincias patagónicas en caso de independizarse de la Argentina.

Esta sorprendente y pública prédica a favor de la secesión de cuatro provincias fue también informada y probada al Juzgado del Dr. Torres, como complemento de mi denuncia penal, pero tampoco he logrado con ello movilizar dicha causa judicial.

4.- Panorama de futuro - Soluciones

4.1.- La crisis de la deuda reaparecerá tarde o temprano, por el carácter cíclico de nuestra economía, y por los vaivenes de la situación internacional. Ya se observan algunos síntomas de ello. Con el agravamiento de la situación económica y social regresarán también los intentos de cobrarse la deuda con territorio. Se torna necesario, pues, prever esa eventualidad.

Por otro lado, han continuado ininterrumpidamente las compras masivas de tierras por parte de personas y empresas extranjeras, sobre todo en las zonas más sensibles.
4.2.- Por todo ello, estimo necesario:
4.2.1.- Dictar una ley general de tierras, en la que, entre otras cosas, se regule la compra y tenencia de tierras por parte de los extranjeros, sean ellos personas físicas o jurídicas.
. 4.2.2.- Considerar como un objetivo estratégico permanente e irrenunciable un proyecto de desarrollo económico con pleno empleo, que permita y promueva el aumento poblacional adecuado.
4.2.3.- Tender al aumento poblacional (tasas no menores al 2,50% ó 3,00% anual), a través de:
4.2.3.1.- Salarios familiares adecuados, planes de vivienda suficientes, debida atención de la salud, de la niñez, de la mujer embarazada, de la educación pública, etc. Promoción y fomento de la familia numerosa.
4.2.3.2.- La Argentina no necesita reducir ni estabilizar su población. Al contrario, requiere un aumento poblacional importante. De modo que los métodos anticonceptivos y, peor aún, los contraceptivos y abortivos, al margen de la calificación moral que cada uno pueda asignarles, atentan contra el porvenir del país, y contra una sensata estrategia nacional de desarrollo y, aún, de seguridad. Con mayor razón lo hacen las campañas oficiales, generosamente financiadas, a favor del aborto y la contracepción.
Por ello, en un país como la Argentina hay doble motivo (el moral y el político) para afirmar que, el drama de las madres y padres que no pueden atender adecuadamente la crianza y educación de sus hijos, se debe solucionar con efectivas políticas de asistencia social, pleno empleo y salarios dignos, y no induciendo y fomentando la esterilidad.
4.2.3.2.- Planes de inmigración seleccionada y orientada, interna y externa, para poblar y aprovechar integralmente los sectores disponibles de nuestro territorio, con especial énfasis en las zonas de frontera.
4.2.3.3.- Planes de difusión oficiales y masivos para lograr una mayor y más completa conciencia territorial.
4.2.3.4.- Promover ante los organismos internacionales y regionales una declaración en la que se considere grave delito los intentos y las presiones de los acreedores estatales y particulares tendientes a que el país deudor pague su deuda externa con alguna forma de transferencia territorial. Aplicar en los citados casos la doctrina jurídica de la “lesión gravísima” y del “abuso de poder”. Declarar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para juzgar dicho delito.


Buenos Aires, 16 de mayo de 2007.


Ponencia de Juan Gabriel Labaké, abogado, representante de la Cátedra Libre de Deuda Externa Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Buenos Aires.

Mesa Redonda: “Deuda externa de los países en vías de desarrollo”

Simposio: “Un Nuevo Humanismo para Europa”
Roma, 21 al 24 de junio de 2007