En el proceso de cambio social

Participación y comunicación: pilares de la democracia

11/06/2007
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El proceso de cambio social que vive Bolivia tiene connotaciones importantes en el campo de la comunicación. Los movimientos sociales necesitan expresarse y para ello necesitan fortalecer sus voces a partir de sistemas y procesos de comunicación participativa que sean propios. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en Bolivia en relación al derecho a la comunicación? ¿Cómo se posicionan los medios de información privados y del Estado? ¿Cuál es el papel de los medios comunitarios y de las nuevas tecnologías de la información?

 
Contexto histórico
 
Primero, es importante situar el proceso de cambio en Bolivia en una perspectiva histórica, pues nada sucede de un día para otro sino como resultado de transformaciones anteriores. El despertar actual de Bolivia tiene sus raíces en por lo menos tres hechos fundamentales del siglo pasado: la Guerra del Chaco (1932-1936), la Revolución Nacional (1952) y la Guerrilla del Che (1967).
 

Durante la Guerra del Chaco que enfrentó a bolivianos y a paraguayos, se encontraron juntos en el frente de batalla jóvenes de las ciudades y del campo, en condiciones que permitieron la emergencia de una conciencia nacional y de un pensamiento nacionalista que se cristalizó veinte años más tarde.

El segundo momento clave, la Revolución Nacional fue -en el contexto latinoamericano de esa época- un hecho de enorme trascendencia, si se considera que la única revolución que se había producido antes en América Latina fue la de México en los albores del siglo. Las medidas sociales y económicas que tomó el MNR en Bolivia no tenían precedentes. La nacionalización de la minería, la reforma agraria y el voto para todos los ciudadanos sin distinción de clase, representaron una ruptura radical con el modelo feudal y oligárquico que imperaba hasta entonces.
 
Aunque el curso de la política boliviana fue modificado por la intervención directa de Estados Unidos, que propició golpes militares en toda la región latinoamericana a lo largo de los años 1960s y a principios de los 1970s, lo cierto es que las medidas sociales y económicas fueron irreversibles. 
 
El tercer referente histórico de importancia, la Guerrilla del Che en 1967, fue un intento fallido de insurreccionar al pueblo boliviano en contra de los militares en el poder; no prosperó por falta de base social. Sin embargo, marcó a una generación de líderes políticos y sociales en los años posteriores.
 

Evo Morales es producto de la Revolución Nacional de 1952. Sin el contexto histórico descrito más arriba no se podría entender el proceso de cambio que vive Bolivia con la emergencia de movimientos sociales y la cristalización de una ruptura definitiva con el modelo gastado de los partidos políticos tradicionales.

La llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Evo Morales como presidente en 2006 se produce en momentos de un gran vacío de poder. La crisis de confianza en los líderes políticos de las décadas anteriores, la falta de representatividad de un Congreso repudiado por el pueblo y el cansancio de los bolivianos más empobrecidos, fueron el fermento del cambio. Sectores -campesinos, obreros, clases medias, y pequeña burguesía intelectual- se unieron a los movimientos sindicales y sociales rurales y urbanos en la votación más alta alcanzada por un candidato presidencial desde los años 1950s, lo que permitió a Evo Morales llegar a la presidencia sin tener que pasar por las acostumbradas manipulaciones en el Congreso.
 
Morales llegó agitando las banderas que los movimientos sociales enarbolaban, sin embargo, el camino no ha sido fácil en el primer año de gobierno. La anunciada nacionalización de los hidrocarburos es en realidad una re-negociación de contratos con las empresas multinacionales, en términos similares a los que ya se había avanzado durante el gobierno de Carlos Mesa, a partir del referéndum vinculante sobre el gas. La Asamblea Constituyente, en la que depositaron sus esperanza los bolivianos, no ha podido ponerse de acuerdo en una nueva Constitución Política del Estado; su expira en julio del 2007 sin que se vislumbren cambios sustanciales con relación a la constitución vigente. Otras medidas anunciadas permanecen todavía como buenas intenciones que no se cristalizan: seguro universal, revolución agraria, transformación del sistema educativo…
 
A pesar de que no se ha avanzado como se esperaba, y de que existe una distancia muy grande entre el discurso político y la concreción de las ofertas de la campaña electoral, lo cierto es que Bolivia está en un proceso de transformación social que va más allá de los planes del gobierno. Los movimientos sociales tienen su propia lógica, independiente de la lógica del partido que ocupa el espacio del poder, el MAS. La mayoría aplastante del MAS en el Congreso, en la Asamblea Constituyente y en el ejecutivo, no ha impedido que los movimientos sociales, siempre impacientes, presenten demandas inmediatas y en muchos casos se enfrenten con el gobierno por el que votaron.
 
El lugar de la comunicación

La Central Obrera Boliviana (COB), no acepta los términos propuestos por el gobierno del MAS. Hay sectores sociales, como los mineros y los campesinos que se enfrentan entre sí por la tardía intervención del gobierno. Sus demandas, a veces legítimas, tienen que ser ahora consideradas desde el poder bajo una nueva luz: los intereses de la nación están por encima de los intereses de los sectores. El gobierno ha tenido dificultades para resolver, por ejemplo, conflictos entre los cooperativistas mineros de Huanuni y los trabajadores mineros de COMIBOL (la empresa del Estado), luego de que se produjeran muchos muertos en un enfrentamiento. Ha tenido que enviar también al ejército para impedir choques violentos entre campesinos colonizadores que invadieron áreas protegidas de Madidi, y las comunidades indígenas que las defienden. El dilema que Evo Morales vive como presidente, no lo tenía como dirigente sindical. Ahora tiene que decidir si debe aumentar el salario a los maestros, o destinar esos mismos recursos a elevar el nivel de la educación boliviana, lo que implica incluso poner en cintura a los sindicatos de maestros (ya ha cambiado dos ministros de educación). Las expectativas son muy altas en los sectores sociales., que no se dan cuenta de que sus presiones pueden debilitar al gobierno.

 Los medios de información en general, diarios, radios y canales de televisión, se explayan reportando sobre los conflictos sociales, sobre los enfrentamientos y sobre los hechos de corrupción que tocan al gobierno. El alto nivel de politización y de crítica no es nuevo, los medios han actuado de manera similar durante anteriores gobiernos, pero ahora su posición preocupa mucho más la sensibilidad de un presidente que representa a los pobres y que ha anunciado transformaciones profundas en el país. Por ello Evo Morales ha hecho declaraciones acusando a los medios de información de estar en su contra. Objetivamente, no son más agresivos de lo que fueron antes, pero en esta situación de cambio sus críticas no son bien recibidas.
 
El gobierno ha desplegado iniciativas para contrarrestar la información crítica. Las funciones de la Agencia Boliviana de Información (ABI), del canal estatal de televisión (Canal 7) y de Radio Illimani (ahora Radio Patria Nueva), son mucho más centrales para este gobierno. Con apoyo de Venezuela, se ha comenzado a instalar medio centenar de emisoras del Sistema Nacional de Radios de Pueblos Originarios, que al principio fueron llamadas “radios comunitarias”, aunque realmente no lo son. El proyecto tiene el objetivo de dotar a poblaciones indígenas aisladas, de medios de información propios. Se parece al esquema de las 22 radios del Instituto Indigenista de México, que aunque instaladas desde el poder central, al pasar de los años algunas fueron asumidas por las comunidades indígenas.
 

El tema de esta Red de Radios Originarias es delicado. Por una parte, su creación favorece a las comunidades beneficiadas, pero por otro lado, ha despertado la sensibilidad de otras comunidades que durante años estuvieron solicitando frecuencias para crear sus radios comunitarias, pero nunca la obtuvieron. Ahora, que el contexto político podría ser favorable, esas comunidades ven desarrollarse una red que toma en cuenta a otras comunidades, que ni siquiera tenían planes de dotarse de un medio de información propio. El otro punto sensible, obviamente, es el uso que esa red de radios para difundir informaciones y materiales producidos centralmente por el Ministerio de Informaciones. Se ha anunciado, por ejemplo, que el Presidente Morales podría tener un programa semanal difundido a través de la red. Al inaugurar un encuentro de 60 comunicadores rurales a mediados de abril, Evo Morales dijo: “esta red debe servir al Gobierno y a los pobres”. La central de la red estará en Lauca Ñ, una población del Chapare que es bastión político del MAS, y ocho estaciones repetidoras de Radio Illimani, la radio del Estado, podrán ser usadas para las transmisiones en red.

 Doce de las emisoras del Sistema Nacional de Radios de Pueblos Originarios, incluida una en Orinoca, el pueblo natal del presidente Morales, están dotadas de transmisores en Amplitud Modulada (AM), mientras que a las emisoras comunitarias la Dirección de Telecomunicaciones del Estado las obliga a dotarse de transmisores en Frecuencia Modulada (FM), que tienen un alcance más limitado. La red es accesible por Internet usando plataformas de Microsoft Windows.
 
El derecho a la comunicación no ha recibido todavía un apoyo claro desde el Estado. Se esperaba en el primer año de gobierno una ley a favor de las radios comunitarias, pero no ha sido así. El único antecedente es un Decreto Presidencial que emitió Carlos Mesa durante su gobierno, reconociendo a las radios comunitarias a condición de que fueran rurales.
 
Las radios comunitarias en Bolivia tienen una existencia de más de 60 años, lo que las convierte en las más antiguas del mundo. Las radios mineras, sobre las que se han escrito libros y numerosos artículos, han escrito páginas importantes en la historia de las luchas contra las dictaduras, y han sido un ejemplo paradigmático de participación popular. Sin embargo, al declinar la minería estatal en Bolivia, también declinaron las radios mineras, y hoy quedan solamente unas pocas, que operan con dificultad, y que no han recibido el apoyo del gobierno.
 
Propuestas a la Asamblea Constituyente
 
Las iniciativas de ley que se esperaban del gobierno han sido postergadas y el Presidente Morales ha preferido gobernar por decreto, emitiendo 541en los 17 meses de su gestión. La Constituyente, encargada de diseñar el nuevo país y de incluir las plataformas progresistas de los sectores sociales, incluyendo las propuestas sobre comunicación, no ha aprobado en once meses un sólo artículo en plenaria. 
 

Los movimientos sociales que representan a mujeres, indígenas, ambientalistas, y a otros sectores no incluidos en la Asamblea Constituyente han presentado sus proyectos a consideración de los asambleístas, pero estos están concentrados en ponerse de acuerdo en temas esencialmente políticos.

Agrupaciones de periodistas y comunicadores han presentado propuestas sobre cómo podría definirse el derecho a la comunicación en la nueva Constitución Política del Estado, pero antes de que se produzca la discusión, ya hay sectores de periodistas que se oponen. Nada menos que el Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, afirmó que defiende la “libertad de expresión”, pero considera que “el derecho a la comunicación es un peligro”.

 A pesar de las divergencias, se creó la Plataforma Ciudadana por los Derechos a la Comunicación y la Información, con participación de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Confederación Sindical de Trabajadores de la  Prensa de Bolivia (CSTPB), la Campaña por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la Información (CRIS-Bolivia), la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación (ABOIC), la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social (ABOCCS), el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-Bolivia), la WACC en Bolivia (Asociación Mundial de Comunicación Cristiana), la Red Nacional de Trabajadoras de la Comunicación e Información (RED-ADA), la Red CEPRA (Centro de Educación y Producción Radiofónica), el Colegio de Comunicadores de Oruro, la Asociación Boliviana de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Mental (ABOPANE) y el Proyecto Comunicación con Derechos del Centro de Programas de Comunicación (CPC).
 

La propuesta “destinada a contribuir al fortalecimiento de la construcción constitucional desde los ámbitos de una comunicación e información con sentido y compromiso de dignidad humana y en articulación a los derechos humanos”, señala:

 

“El Estado reconoce y sostiene la práctica de la interculturalidad como condición básica para la existencia plural e igualitaria de la sociedad boliviana y como expresión de su diversidad; por tanto, garantiza que su práctica sea dada en las mayores condiciones de libertad e igualdad.

 “El Estado boliviano reconoce el valor del diálogo como medio fundamental para la convivencia pacífica y armónica de la sociedad boliviana y como instrumento central para su desarrollo; por consiguiente, descarta cualquier práctica que privilegie o favorezca el verticalismo, autoritarismo y las acciones unilaterales en el uso de la palabra.
 
() Toda persona tiene derecho:
 

- Al ejercicio pleno e irrestricto de su libertad de expresión, por cualquier medio de expresión o difusión, en los distintos ámbitos sociales de su existencia y en aquellos que considere oportunos para la construcción de su identidad,

 - A  acceder a mensajes e informaciones, así como a participar en los procesos de intercambio de sentidos y en el uso de recursos tecnológicos de emisión, búsqueda, recepción, registro e intercambio de contenidos.
 
A fundar y gestionar medios de comunicación en equidad e igualdad de oportunidades.
 
- A recibir la protección y garantía del Estado para el pleno, democrático y libre ejercicio de sus derechos a la comunicación e información.
  () Los medios de difusión, por naturaleza, tienen un carácter de servicio de interés público y los medios gubernamentales son medios públicos.
 
() En ningún caso la propiedad y control de los medios asumirá carácter monopólico ni oligopólico.
 

El Centro para Programas de Comunicación, una ONG, presentó también su propuesta, en la que reitera términos similares. Todas las propuestas tienden a limitar el poder de los monopolios de la información.

 

Otra iniciativa es la Propuesta de Comunicación del Plan Nacional Indígena Originario de Comunicación Audiovisual en el marco del Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas, Originarias y Campesinas. Aunque por su extensión es difícil que sea tomada en cuenta por los constituyentes, incluye aspectos fundamentales desde la perspectiva de los pueblos indígenas, como es la interculturalidad y la “unidad en la diversidad”:

ART. 1

(Para Comisión de Derechos, Deberes y Garantías)

(Para Comisión de Desarrollo Social Integral)

La comunicación es un derecho humano fundamental, colectivo e individual, al servicio del desarrollo de las Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos y la sociedad en general y se constituye en un eje articulador del Estado Unitario Plurinacional.

ART. 2

(Para Comisión de Desarrollo Social. Régimen de Comunicación e Información)

El Estado Unitario Plurinacional respeta y garantiza el ejercicio del derecho a la comunicación, al acceso universal a la información, al conocimiento, y a la libre expresión sin discriminación, así como el derecho a establecer modelos propios de comunicación indígenas, originarios y campesinos.

ART. 3

(Para Comisión de Desarrollo Social Integral. Régimen de Comunicación e Información)

El Estado Unitario Plurinacional, multicultural y plurilingüe, debe fomentar la comunicación bajo los principios de Unidad en la Diversidad, Reciprocidad, Complementariedad, Solidaridad, Interculturalidad, Intraculturalidad, Equidad de Género, Participación, Control Social y Consentimiento Libre Informado Previo.

ART. 4

(Para Comisión de Derechos, Deberes y Garantías)

El Estado Unitario Plurinacional vela, a través de la comunicación, por el respeto y cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como por los derechos colectivos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos, fortaleciendo y revitalizando sus prácticas,   su cosmovisión y su identidad cultural.

ART. 5

(Para Comisión de Derechos, Deberes y Garantías y para Comisión de Desarrollo Social. Régimen de Comunicación e Información).

El Estado Unitario Plurinacional garantiza que la propiedad y control de los medios de comunicación no asumen carácter monopólico ni oligopólico en contra de la sociedad en general y de las Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos.

ART. 6

(Para Comisión de Desarrollo Social. Régimen de Comunicación e Información)

Los medios de comunicación social privados y públicos deben implementar procesos educativos integrales orientados al desarrollo, respeto, protección y preservación de los valores éticos y estéticos de las Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos y de la sociedad en general.

ART. 7

(Para Comisión de Autonomías: Autonomías Territoriales Indígenas)

Es competencia de las Autonomías Indígenas, Originarias y Campesinas el establecimiento de modelos, instituciones propias, y el manejo de sistemas comunicacionales desde las cosmovisiones y prácticas de las Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos.

 

El MAS anunció que introduciría la propuesta de crear “la figura del defensor del lector, defensor del radioescucha y defensor del televidente”, pero algunos periodistas cuestionaron el intento arguyendo que ya existen los “tribunales de imprenta” que se ocupan de las quejas de los lectores.

 Las propuestas reflejan el esfuerzo, la seriedad y el tiempo que han invertido las organizaciones sociales para elaborarlas, pero como suele suceder en la política, el gran escollo está en las negociaciones entre los partidos.  La Asamblea Constituyente, por su diseño partidista, no ha incorporado a todos los sectores de la sociedad boliviana, y la nueva Constitución Política del Estado probablemente no tomará en consideración los temas de comunicación con la seriedad que se merecen
 
Nuevas tecnologías y gobernabilidad
 
Bolivia es uno de los países con más baja densidad de acceso a Internet de toda la región. Solamente 99 municipios tienen acceso (el 29% del total), y aunque la cifra de usuarios se ha duplicado desde el año 2002, apenas llegan a 80 mil los abonados a servicios de Internet.
 
En el área de las TICs hay un esfuerzo del gobierno de Evo Morales para ampliar el alcance de las nuevas tecnologías, pero una vez más, se ha abordado el tema desde una perspectiva de acceso antes que de participación. Las acciones desde el gobierno no difieren en absoluto de acciones similares llevadas adelante por muchos gobiernos en el mundo, que consisten en dotar de computadoras –y pocas veces de conectividad- a comunidades, escuelas o instituciones.
 
El Presidente Evo Morales entregó, por ejemplo, 315 computadoras para 48 colegios en la Provincia de Omasuyos en septiembre del 2006, pero sin conectividad. Estas entregas de computadoras no afectan los problemas centrales de la brecha digital, pues no van acompañadas de capacitación y de un programa que prevea el desarrollo de contenidos locales. La sustentabilidad económica a mediano plazo es imprevisible, ya que aparte de la inversión inicial no se ha señalado un presupuesto que permita el mantenimiento y la renovación de equipos.
 
Las redes que realmente trabajan en la generación de contenidos locales y se dedican a utilizar las TICs en programas de desarrollo social y económico, son autónomas del gobierno central. Uno de los programas más eficientes es www.enlared.org.bo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) en apoyo de los municipios de todo el país, junto con el Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM). Es impresionante la cantidad de información que se ha generado en años recientes, y lo que significa esto para crear en los municipios aún más aislados, sistemas de trabajo que fortalecen la gobernabilidad sobre la base de la participación ciudadana. Las redes de TICs municipales representan un nuevo estilo de ejercer gobierno descentralizado y su impacto será importante en la medida en que promueven la transparencia de la gestión municipal y la participación de las comunidades.
 
Otro esfuerzo es la Red TIC Bolivia, www.ticbolivia.net/, que agrupa a 19 organizaciones sociales de base, ONGs, empresas privadas y entidades gubernamentales en los sectores de agricultura, gobernabilidad y educación. Sus finalidades son: a) Promover y compartir experiencias en el uso y la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en todos los ámbitos del desarrollo y b) Influir en políticas públicas y abogar por el uso de TIC en pro del desarrollo sostenible.
 
En el plano de la información, Internet ha servido para estimular una pluralidad mayor que la que muestran los medios de difusión convencionales. En la red se encuentran sitios de información que renuevan su material diariamente como www.bolpress.com o semanalmente como www.la-epoca.com con profusión de artículos de análisis escritos por periodistas independientes. Por otra parte, el diálogo y el debate sobre política y economía son muy importantes para los bolivianos dentro y fuera de Bolivia, a través de foros como Aulalibrebol (es.groups.yahoo.com/group/aulalibrebol/), www.eforobolivia.org, Tribuna Boliviana (espanol.groups.yahoo.com/group/tribuna_boliviana) y www.redbolivia.com/ .
 
A manera de conclusión
 
Los avances que se han dado en Bolivia en materia de comunicación participativa datan de mucho tiempo y han sido posibles por el alto grado de politización en el diálogo intercultural. La experiencia de las radios comunitarias y de otras formas de comunicación popular, alternativa y ciudadana, hacen que en el contexto actual exista cierto escepticismo sobre planes desde el gobierno que alientan el establecimiento de medios de información locales que estarían bajo el control directo del Estado, cuando lo que se necesita en una coyuntura de cambio social es, por una parte,  multiplicar los medios comunitarios para fortalecer las instancias de comunicación diversas y autónomas, y por otra organizar los medios públicos con una vocación de educación y cultura.

- Alfonso Gumucio D. es director ejecutivo del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social.

 
https://www.alainet.org/es/articulo/121648
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