El ex presidente demócrata de Estados Unidos Bill Clinton ganó su campaña presidencial en el año 1992 con el eslogan “la economía, estúpido” (The economy, stupid). Con esta consigna derrotó al presidente George H. W. Bush quien tenía en las encuestas un 80% de aceptación y una economía en receso. Esta frase se convirtió en una clave de la cultura política norteamericana por una década, hasta que regresó George W. Bush, el hijo, a la Casa Blanca.

El presidente Uribe V. ganó su primer periodo presidencial en el 2002 parado en el fracaso del proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana A., sosteniendo que no era la paz, y parodiando a Bill Clinton, de manera simple, le dijo al país no es la paz, “es la seguridad, estúpido”.

Con un nivel de aceptación del 72% en las encuestas el presidente Uribe V. puede ser derrotado electoralmente por quien convenza al país que el problema no es la economía, ni es la guerra, que el problema es la justicia en todas sus concepciones (distributiva y conmutativa).

Manuel Marulanda V., Tirofijo, no peleaba en 1964 por un gobierno; las Farc eran una autodefensa campesina que reclamaba justicia, reclamaba reparación, demandaba la devolución de sus marranos, sus gallinas y sus mulas, que había robado la policía conservadora, como hoy los cuatro millones de desplazados exigen la devolución de las cinco millones de hectáreas que están en manos de parapolíticos, narcotraficantes, empresarios y paramilitares.

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) empezaron defendiéndose, remplazando al Estado, por la falta de justicia. Reclamaban la presencia del Estado, entiéndase de la justicia, para protegerse de las guerrillas y de la delincuencia común que las secuestraba y las extorsionaba en nombre de la justicia social.

El presidente Uribe V. se ha tomado el poder, no sólo con una reelección dudosa por los votos dañados que la produjeron, sino por la intromisión descarada en la justicia. Con orgullo afirma que ha extraditado a la “justicia norteamericana” a más 500 colombianos, es decir, ha negado más de 500 veces la justicia colombiana. Eso no es autoridad, eso no es seguridad, eso es debilidad.

El presidente Uribe V., líder del poder ejecutivo, se entromete en la justicia y desbarata el principio de proporcionalidad cuando, sin política criminal alguna, propone, por un lado, penalizar el consumo de la dosis personal de droga, penalizar la venta de “chance” manual, penalizar el “mototaxismo” y despenaliza a guerrilleros y paramilitares que han cometido crímenes de lesa humanidad.

Una justicia desquiciada en donde con una ley, la 975 de 2005, aprobada con votos de la parapolítica, un determinador, o autor intelectual, de una masacre purga máximo ocho años de cárcel y, con otra ley, quien se atrase en el pago de una obligación civil permanece cuatro años en la picota bancaria. En el primer caso el implicado rinde versión libre en medio de papayeras y confetis y, en el segundo caso, el implicado o moroso debe caminar indignado, como los ratones, durante cuatro años por los zócalos del tráfico comercial.

Hay una injerencia desmedida del ejecutivo en los asuntos de la justicia. El principio de independencia de la justicia está pisoteado con leyes y decretos desde el ejecutivo y el legislativo. El presidente se rodea, con nombramientos de fiscales, jueces y magistrados afines a su política; el Presidente invita a la Fiscalía y a la Procuraduría a reuniones de carácter administrativo y político para inhibirlos en sus tareas de control, para blindarse, para conseguir la impunidad; con sus “invitaciones” los hace partes, cómplices, de decisiones propias del ejecutivo. Una vez aceptan estar en las reuniones los pone en boca de la opinión pública y de esta manera los acalla. Hacerlos parte de las decisiones políticas es una forma de quebrar el principio de independencia.

Según la Ong Transparencia Internacional (TI, Informe anual, Berlín, 2007) el sistema judicial está expuesto a dos formas principales de corrupción: uno, la injerencia política (tanto del poder ejecutivo como del legislativo); y dos, los sobornos.

Para Susan Rose-Ackerman, profesora de derecho y ciencia política en la Escuela de Derecho de Yale, Connecticut, Estados Unidos, la independencia de la justicia no debe estar asociada con su libertad económica y política. No es la economía de la justicia la clave de su fortalecimiento, es el respeto de sus decisiones la que fortalece su independencia.

Por eso no está bien que el Fiscal General de la Nación salga a Estados Unidos de ponchera en mano, como si fuera el viceministro de justicia y como si no fuera parte del Estado colombiano, para conseguir fondos para practicar pruebas judiciales en Colombia, eso es salir a feriar la independencia, es salir a buscar condicionamientos externos para la administración de justicia. Es buscar sobornos estructurales para la administración de justicia.

Negar el intercambio humanitario por razones de seguridad, y excarcelar 300 guerrilleros desconociendo los procesos judiciales, para conseguir la aprobación del Tratado de Libre Comercio, es desquiciar la justicia por fines económicos para unos cuantos privilegiados.

Es más fuerte una justicia pobre que una justicia sin independencia. La verdadera justicia no tiene precio.

Medellín, 6 de junio de 2007

- Rafael Rincón, Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus. www.elyesquero.blogspot.com