Palomas y halcones sobrevuelan la agenda petrolera del Gobierno
- Opinión
El país ha vivido con expectativas los primeros cinco meses de un gobierno que ha proclamado que su plan es “devolver la Patria” a los sectores populares a quienes la “partidocracia” y los intereses oligárquicos y transnacionales se la han arrebatado.
Esta propuesta, anunciada por el Presidente Correa a mediados de abril, que cuenta con el soporte técnico de un sector importante de su equipo de gobierno cuya cabeza visible es el Ministro de Energía, Alberto Acosta, no despertó igual entusiasmo en otro sector del Gobierno, liderado a todas luces por Carlos Pareja Yannuzzelly, Presidente Ejecutivo de Petroecuador, quien ya el 16 de abril anunciaba un “ interés mundial” por la explotación petrolera en el ITT, “de tal modo que en la actualidad existe una quincena de ofertas internacionales para participar en el proyecto, cuyo futuro tendrá que decidirse a finales de abril o en la primera quincena de mayo.” (www.presidencia.gov.ec 16 de abril de 2007)
Pese a la urgencia de Pareja Yannuzzelly por definir el futuro del ITT en quince días y a que no se hizo esperar la respuesta de actores internacionales, como el gobierno de Noruega, interesados en la propuesta de no explotación del ITT (www.presidencia.gov.ec 20 de abril de 2007), el Gobierno puso un plazo de ocho meses a la cooperación internacional para concretar sus ofertas. “Advirtió que culminados los ocho meses de espera, tiempo en el que culmina la licencia ambiental, y de no materializarse las propuestas de la comunidad internacional sobre la compensación que demandamos, el país convocará a licitación o analizará otras alternativas para la explotación del campo ITT.” (www.presidencia.gov.ec
24 de abril de 2007). En todo caso esos ocho meses constituyen una demora necesaria para el trámite de la licencia ambiental que permitiría llevar adelante la operación del proyecto.
La disputa entre verdes “palomas” y “halcones” petroleros en el seno del gobierno no es fácil de ocultar. El Presidente maniobra para que el ITT avance indefectiblemente sin que por ello se deseche la propuesta alternativa y tenga que romper con sus impulsadores. A veces el Presidente se enoja, cuando la disputa se vuelve demasiado evidente, como cuando llamó públicamente la atención al Ministro Acosta por lucir en el Gabinete una camiseta a favor de la conservación del Yasuni. Por último, “Correa señaló que comprenderá y aceptará la renuncia de los ministros que consideren "demasiado duro" para ellos admitir la intervención petrolera en el entorno del Parque Nacional Yasuní.” (www.elcomercio.com 5 de mayo de 2007)
Sin duda los halcones han sido capaces de lograr, en un gobierno de izquierda, lo que no pudieron alcanzar en anteriores gobiernos menos progresistas: “El Presidente de la República, Rafael Correa, anuncio hoy que “se ha ordenado la militarización” de las instalaciones hidrocarburíferas de la Amazonía para hacer frente a las medidas de hecho y a los robos que sufren los pozos petroleros de la región “ (www.lahora.com 12 de mayo de 2007). Igual que durante el primer “boom petrolero” (19972-1882), a las puertas del anunciado “segundo boom” el poder de las armas se pone al servicio del negocio petrolero. Un genuino retroceso en materia de derechos humanos.
Es decir que hoy como ayer, las decisiones de política petrolera que por su trascendencia ambiental, económica y su impacto en los derechos humanos nos interesan a todos y todas en el Ecuador, se tomarán en el cerrado círculo de los detentadores del poder: el poder político, el poder económico, el poder de las armas.
La ciudadanía, nuevamente es sujeto pasivo de su propia historia. Arrullada con los cantos de sirena de una propuesta alternativa que, seguramente, no pasará de ser una buena idea, cierra los ojos ante el espectáculo de las aves rapaces afilándose las garras para servirse, una vez más el “Festín del petróleo”.
¿Cuándo empezaremos a escuchar el grito de las mayorías exigiendo el respeto a los derechos legítimamente alcanzados? ¿Cuándo empezaremos a exigir el irrestricto e inexcusable cumplimiento del derecho consagrado en el art. 88 de la Constitución, de que antes de tomar una decisión que pueda afectar al ambiente, el Estado consulte a la comunidad nacional, informándonos previamente, de manera amplia y suficiente, sobre las implicaciones técnicas, económicas y ambientales del proyecto?
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