El conocimiento, no cabe duda, se ha convertido en un terreno de disputa social.  Las evidencias están a la vista: las pugnas a favor y en contra del refuerzo de los derechos de propiedad intelectual -especialmente en semillas, medicinas y entretenimiento-; el movimiento que promueve el software libre como alternativa al software propietario; las luchas contra la privatización de la educación, entre otras.

Que el conocimiento sea un factor de concentración de poder no es nuevo.   Lo paradójico hoy es que, cuando se están dando condiciones sin precedentes para democratizar el conocimiento -donde amplios sectores de la población tienen nuevas posibilidades de participar en procesos de creación, acceso e intercambio de conocimientos-, quienes detentan el poder económico han lanzado una ofensiva para establecer un régimen de propiedad privada cada vez más estricto sobre ellos, destinado a proteger sus ganancias.

Y es que el conocimiento ocupa un lugar en la economía y en la sociedad mucho más importante que en épocas anteriores, realidad que está relacionada, entre otros factores, con el auge, en las últimas décadas, del sector económico de servicios, la emergencia -sobre todo en los países desarrollados- de una población altamente educada y el desarrollo de las tecnologías digitales y las redes satelitales.

Ahora bien, la producción e intercambio de conocimientos e información tienen una particularidad que la distinguen de los bienes materiales.  Es que al ser compartidos, no se pierden; más bien se multiplican y se enriquecen.  O sea, los bienes comunes de la mente pueden ser utilizados por un número incontable de personas al mismo tiempo, sin interferir en o destruir el recurso compartido.  Por ello, la economía de los bienes simbólicos no responde a los mismos parámetros que la economía de los bienes materiales.  Al mismo tiempo, con la digitalización, la facilidad de reproducir estos bienes y su bajo costo son vistos como una amenaza para quienes pretenden lucrar de ellos.  Y por ello el afán de establecer derechos de propiedad.

Una de las consecuencias de esta puja hacia la privatización del conocimiento, es que amenaza el principio del derecho internacional que reconoce a la creación cultural y científica como un bien común de la humanidad.  Este entendimiento fue la base de la mayoría de leyes de derechos de autor y patentes, que se adoptaron a partir del siglo XVIII, cuya finalidad última era proteger el dominio público, al fomentar la creatividad: o sea, otorgaban un monopolio limitado que permitía a los autores o inventores beneficiarse económicamente de su creación, asegurando que, cumplido el período, ésta volviera al dominio público.  En otras palabras, no se trataba de reconocer propiedad, sino un derecho temporal.

Las tendencias actuales, sin embargo, se han apartado de estos principios y ponen en entredicho el interés público.  Se apunta a prolongar este monopolio por períodos más largos, e imponerlo con leyes cada vez más estrictas, bajo el concepto confuso de “propiedad intelectual”, término que se lo asemeja con la propiedad de bienes materiales. Es más, los beneficiarios ya no son principalmente autores o inventores, sino grandes corporaciones.

La polémica se ha encendido cuando estas corporaciones tratan de extender las patentes a formas de vida (como semillas modificadas y genomas), o patentan conocimientos ancestrales.  Por lo mismo, es una disputa que se siente con mayor fuerza entre las poblaciones rurales e indígenas y en el agro.

Desde el campo social, las respuestas a estas tendencias incluyen las acciones de resistencia, a nivel nacional e internacional, para incidir en y presionar hacia las esferas de decisión, como lo atestiguan las actuales luchas de la Vía Campesina frente a la Organización Mundial del Comercio -OMC-, o en el marco de la Convención sobre Biodiversidad para impedir las patentes sobre semillas.  También es uno de los temas que motivan las movilizaciones de sectores campesinos e indígenas contra los tratados de libre comercio, como la que se está librando en estos días en Ecuador.

Respuestas desde lo local

También, en la esfera local, se están generando respuestas y alternativas: rescatando conocimientos, compartiéndolos, poniéndolos al servicio de un desarrollo rural comunitario solidario.  Ya sea en el área de la conservación de semillas, la agroecología, el comercio justo, la educación para el campo, o la salud, los conocimientos ancestrales se cotejan con conocimientos nuevos para dar lugar a formas de desarrollo más sostenibles para el campo, aunque sea a pequeña escala aún.

Responder a este desafío implica buscar soluciones a varios retos, por ejemplo:  ¿Cómo rescatar y valorar el conocimiento tácito (no verbalizado), para que pueda ser compartido?  ¿Qué métodos y herramientas se pueden aprovechar para sistematizar saberes y conocimientos y compartirlos, dentro de una misma organización o con instancias afines?  ¿Cómo complementar el conocimiento local con conocimientos científico-técnicos, y enriquecerlos mutuamente? ¿De qué manera las tecnologías de información y comunicación pueden ser un aporte para estos procesos?

Esta problemática se abordó en un reciente taller latinoamericano sobre el intercambio de conocimiento para el desarrollo rural[1], que partió de experiencias concretas y exploró principios, métodos y técnicas para compartir conocimientos, incluyendo un enfoque crítico del aporte potencial de las tecnologías de información y comunicación.

Un tema reiterativo fue la crítica expresada a aquellos programas de desarrollo -particularmente los oficiales- que han fracasado por querer imponer un modelo o ritmo ajeno.  Se citó, asimismo, casos de investigaciones académicas en  comunidades locales, cuyos resultados no son compartidos con la comunidad investigada, o que regresan en un lenguaje y formato inutilizable para ella.

También se cuestionan los programas destinados a acortar la llamada brecha digital, que proponen como solución principal la conectividad (Internet, telefonía), con el argumento de “llevar conocimiento” a comunidades pobres, y así sacarlas del subdesarrollo.  Bajo este discurso, se ha financiado la implantación de centenares de telecentros en comunidades pobres o apartadas (poco rentables para la empresa privada).  En pocos casos esta política ha tenido éxito, pues más allá de ofrecer un servicio que puede o no ser valorada por la población, poco o nada aporta para contribuir al desarrollo de estas comunidades, cuando los proyectos no son diseñados por la propia comunidad.  La tecnología no puede de por sí solucionar brechas sociales y económicas.

Hacia una visión integral

Los intercambios del mencionado taller aportaron algunas luces para abordar estas problemáticas. Un primer aspecto señalado es la base cultural del conocimiento local, que para los pueblos indígenas es la cosmovisión, que define las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Como afirma, por ejemplo, una organización de guardianes de semillas, “sin la cultura que la sostiene, la semilla no es más que un recipiente vacío”.  Por ello, la conservación de semillas tradicionales implica no solo la recolección y preservación, sino también el desarrollo y promoción de los saberes y habilidades tradicionales vinculados a estas plantas, el rescate de los conocimientos de preparación alimentaria y uso medicinal, además de otras expresiones culturales de las comunidades.

Uno de los obstáculos para el intercambio de conocimientos es que éste no forma necesariamente parte de las prácticas cotidianas de los campesinos, quienes no siempre reconocen el valor de sus conocimientos.  El intercambio se estimula sobre todo cuando una organización o red se propone darle prioridad y emprende una valorización colectiva. Los intercambios cara a cara -reuniones, talleres, conversaciones informales- son reconocidos como el mecanismo más apropiado en el medio rural; sin embargo, se reconoce sus límites en términos de alcance y permanencia, lo cual apela a la necesidad de formas de sistematización documentada.

No se trata de pretender que los conocimientos ancestrales puedan resolverlo todo; se subraya la importancia de tener un enfoque crítico frente a lo tradicional y a lo nuevo y de buscar una visión integral.  Las comunidades concheras de la Costa ecuatoriana, por ejemplo, han emprendido iniciativas de conservación del ecosistema manglar, devastado en los últimos años por la implantación de piscinas camaroneras.  Si bien estas comunidades tienen un conocimiento profundo del manglar, anteriormente no habían tenido necesidad de resembrar mangles para recuperar zonas destruidas, de tal manera que carecían de técnicas adecuadas.  La creación de una red nacional e internacional permitió intercambiar  experiencias -éxitos y fracasos- e ir mejorando las técnicas. También ayudó a desarrollar los argumentos necesarios para lograr una legislación a favor de la protección de este ecosistema.

En el ámbito de la integración entre conocimientos locales y académicos, se destaca la experiencia del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que desarrolla programas de “pedagogía de la tierra” en convenio con universidades brasileñas, rompiendo con las prácticas convencionales de una educación destinada únicamente a la vida urbana.  Estudiantes del Movimiento siguen una carrera universitaria que les permite seguir trabajando en el campo.  Asimismo, cuando se realizan acuerdos con centros de estudios para investigaciones en los asentamientos, se establece una negociación previa, donde debe haber un compromiso de producir materiales de difusión o cursos de capacitación para la población concernida, a base de los resultados.

Con relación al aporte potencial de las tecnologías de información y comunicación (TICs), se constata que éstas adquieren utilidad en la medida en que son parte integral de un proyecto de desarrollo.  No solucionan nada en sí mismas.  Han demostrado su utilidad, por ejemplo, para administrar redes de comercio solidario, donde permiten documentar sistemas de producción, controlar la distribución y contabilidad; e incluso vender por Internet.

La creación de centros comunitarios de información y conocimientos (o “infocentros”), que incluyan una variedad de servicios (desde bibliotecas hasta telefonía, Internet, programas de capacitación, actividades culturales, etc.) puede ser un factor dinamizador del desarrollo local, siempre y cuando se dé un proceso de apropiación por parte de la comunidad y el infocentro se desarrolle a partir de la definición de necesidades locales en términos de servicios e iniciativas. En este marco, resulta importante contemplar toda la variedad de tecnologías y mecanismos de comunicación, incluyendo las tradicionales (radio, periódicos) y las nuevas, para identificar cuáles son las más apropiadas en cada contexto.

En suma, compartir y socializar conocimientos desde lo local, y a partir de allí construir nuevos conocimientos, constituye una respuesta estratégica -aunque parcial- a la tendencia de imponer un conocimiento global, hegemónico y monocultural.  Entre más se comparten estos conocimientos, más se enriquecen, y se asegura su multiplicación y sobrevivencia.

Toda vez, no se puede desconocer la eventualidad de que al compartirlos abiertamente, alguna empresa trate de patentar ciertos conocimientos.  Hay quienes consideran que se debe asegurar una forma de protección de estos conocimientos para que permanezcan como bienes comunes, algo así como las licencias públicas (para el software libre) o de contenidos abiertos (para publicaciones).  Requeriría de un sistema legal que dé una protección adecuada y un procedimiento de registro que sea sencillo.

En este plano, como en el plano de las políticas públicas  globales, podría ser importante establecer alianzas entre los sectores que defienden los bienes comunes contra la privatización: comunidad del software libre, sector de salud y medicinas genéricas, defensores de semillas, entre otros.  Como escribe James Boyle:  “De manera muy real, el movimiento del medio ambiente inventó el medio ambiente para que los campesinos, consumidores, cazadores y observadores de pájaros, se auto descubrieran como ambientalistas.  Tal vez necesitemos inventar el dominio público para lograr que surja la coalición que lo protege”[2].