Del 15 al 20 de julio de 2006, se desplazó a Paraguay una Misión Internacional de Observación de entidades y organizaciones implicadas en la “Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA), con el propósito de verificar la situación en ese país “ a partir del momento en que se establece de la Ley 2594 que otorga inmunidad a los efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos, con vistas a observar los posibles efectos nocivos sobre la población y las denuncias de violaciones a los derechos humanos, así como observar la escalada general de militarización”. El texto que sigue es el reporte preliminar emitido por tal Misión.

Los ejercicios militares del ejército estadounidense

En el caso de la realización de MEDRETES, la población atendida, preferentemente mujeres e infantes, señala que el diagnóstico -si lo hay- es muy superficial, que se entregan o se le aplican medicamentos sin precisar lo que son y un mismo medicamento se aplica al parecer colectivamente a pesar de que las dolencias no sean similares. Estos medicamentos son asociados por la población con la incidencia de hemorragias y abortos en las mujeres atendidas, por lo cual será necesario realizar un análisis químico de las sustancias utilizadas.

Se señala, adicionalmente, que la realización de los MEDRETES ha coincidido con algunas violaciones a las mujeres jóvenes del área circundante, aunque sin precisar quienes son los responsables directos. Todos los testimonios indican que los ejercicios MEDRETES, además de ofrecer consultas médicas, incluyen operaciones adicionales de filmación del lugar, infiltración en las comunidades y recolección de datos.

El Intendente de Mariscal Estigarribia, Herman Ratzlaff, afirma que los MEDRETES constituyen un servicio social que cubre deficiencias del Estado paraguayo “y si lo hacen los americanos...pueden ser los menos peligrosos”.

Se insiste en que los oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses cumplen funciones de capacitación y entrenamiento a los cuerpos de seguridad paraguayos así como su relación con la creación de cuerpos de seguridad inconstitucionales, como los Consejos y Comisiones de Seguridad Ciudadana.

Militarización en el área rural

La militarización en el campo parece estarse agravando rápidamente desde el año 2003, en que fue emitido el Decreto 167, que autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar en tareas de seguridad interna, en colaboración con la Policía nacional.

Recibimos denuncias sobre ocupación militar de tierras y locales de las organizaciones campesinas, como en el caso de la Organización Campesina de Desarrollo Comunitario del Guaira (OCDCG), en Paso Yobai, en que el asentamiento 8 de Diciembre sufrió un allanamiento por parte del ejército y la toma del local de la organización, incautando sus bienes y medios de comunicación, y haciendo huir a su dirigente, Isidoro Paredes. Esta situación data del año 2004 y se mantiene hasta la fecha.

Las denuncias competen a la actuación de los cuerpos de seguridad constitucionales (ejército y policía) y a los Consejos de Seguridad Ciudadana, creados recientemente por el Ministerio del Interior, además de las Fuerzas de Tarea Conjunta que son cuerpos combinados policiaco-militares. Son estos cuerpos los señalados como autores de las represiones, desalojos, violaciones e incluso asesinatos de dirigentes y miembros de las organizaciones campesinas.

En Yvy Ja’u, de acuerdo con lo observado, la desaparición forzada del periodista Enrique Galeano, no es sino el último evento de este tipo registrado en el lugar. La Misión tuvo informes de 49 muertos y varios desaparecidos por lo menos en los últimos dos años.

En San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa se denuncia la presencia de un destacamento militar justo en medio de cuatro asentamientos campesinos a los cuales les fueron despojados de 5 Has. con el propósito de construir la sede del destacamento. Además de intimidar a la población campesina, los militares realizan actividades de fragmentación comunitaria y proselitismo político al plantear a las comunidades que ellos pueden gestionarles sus reivindicaciones sin necesidad de llevar a cabo acciones de protesta y con mayor celeridad que las organizaciones sociales que los representan.

La extensión del latifundio y de la frontera sojera se señala como motivo del desalojo de los campesinos. Según fue reiteradamente denunciado, los empresarios sojeros se valen de una empresa denominada Guardias Rurales, S. A. para realizar las expulsiones y apoderarse de las tierras campesinas, a tal punto que se habla de “zonas liberadas” donde las fuerzas del Estado no intervienen. Esto fue denunciado por todas las organizaciones campesinas que fueron entrevistadas.

Adicionalmente a los desalojos y asesinatos vinculados a la extensión de la frontera sojera se reporta una alta incidencia de morbilidad derivada del uso masivo de agrotóxicos y pudimos constatar signos visibles de enfermedad. Se tiene registro de muertes por los agrotóxicos y de casos de hidrocefalia en recién nacidos.

Conocimos del caso del dirigente campesino Tomás Zayas de la CENOCIP, miembro de la organización ASAGRAPA y vecino de la comunidad El Triunfo de Alto Paraná, donde se está impulsando un proyecto de organización campesina autónoma y a quien se ha intentado vincular con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a través de la construcción de un testigo mediante soborno, sin que hasta el momento se haya podido aportar ninguna prueba fundamentada en su contra. Desde entonces se han registrado operativos de persecución y hostigamiento que ponen en riesgo su integridad y que refuerzan la hipótesis de que se trata de un caso montado.

Asimismo, con respecto a la supuesta existencia de un foco guerrillero en el departamento de Concepción, nos remitimos a la opinión del Jefe de la Policía departamental, vertida en entrevista con la Misión de Observación, que sostiene que ahí no hay ni guerrilla ni actividades subversivas, y a la del Obispo de la Diócesis de Concepción, Pablo Cáceres, quien afirma que tanto los detenidos en Puentecinho y Hugua Ñandú son campesinos honestos que él conoce bien. Se intentó corrobar esta información con la Gobernadora de Concepción, Ramona Mendoza, que se negó a entrevistarse con la Misión.

Mariscal Estigarribia

En Mariscal Estigarribia se encuentra el aeropuerto internacional Luis María Argaña, a cargo de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), con la mejor pista de aterrizaje de Paraguay pero con un tráfico aéreo casi nulo. Cabe destacar que esta pista tiene una anchura de 70 metros, y una longitud de 3800 metros, adecuada para el aterrizaje de naves de gran porte y peso, que excede las necesidades de la aviación civil comercial y las del ejército paraguayo. Toda la gente entrevistada en Mariscal Estigarribia, señala que se han recibido periódicas visitas de funcionarios estadounidenses, civiles y militares de alto rango, incluido el embajador de ese país.

En el trabajo de observación llamó la atención la presencia constante de la USAID y sus vínculos con las principales organizaciones civiles que trabajan con la población local y con la Municipalidad, sobre todo por ser una agencia conocida históricamente por su relación con las dictaduras militares.

Militarización urbana

Un indicador general de militarización, reportado por muchos entrevistados, es la constante solicitud de documentos de identidad en los colectivos y carreteras y el acoso a los jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad. Un dato alarmante es la militarización de las escuelas y colegios, de todos los grados escolares, con presencia de militares con armas largas en las mismas.

En los sectores urbanos, sobre todo en las áreas marginales (los “bañados”), se denuncia la utilización de las Comisiones de Seguridad Ciudadana en actividades que corresponden a las funciones de los cuerpos policiales y para fines relacionados con la fragmentación social del pueblo paraguayo a partir del momento en que se establece de la Ley 2594 que otorga inmunidad a los efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos.