La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, señora Louise Arbour, realizó su primera visita de trabajo a este país en mayo recién pasado. Se reunió con Oscar Berger, Presidente de la República, con los Presidentes de los otros poderes del Estado, con representantes gubernamentales, con el Ombusman, con víctimas del conflicto armado interno que duró 36 años (de 1960 a 1996) y con numerosas personas que actualmente sufren amenazas de muerte por diversas causas.

Debido a la situación de inseguridad generalizada y de violencia, Guatemala se hizo merecedora de ser el tercer país de América Latina en donde se instaló una oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos que, aunque no verifica violaciones a las garantías fundamentales, si asiste al gobierno en políticas para lograr mejoras.

Difícil tarea ha tenido el señor Anders Kompass, quien representa a la señora Arbour en el país, ya que la espiral de violencia e inseguridad ha situado a Guatemala en el lugar 44 de los países más violentos, con una tasa de homicidios de 40 por cada 100 mil personas.
Más de 200 organizaciones que velan por las garantías fundamentales, con quienes se reunió Arbour, le rogaron interceder ante el Estado para que se atienda y solucione el problema de la inseguridad, considerado como el más grave y la principal preocupación de la población, a pesar de que el país ha sido calificado como uno de los más desiguales del mundo.

Punto recurrentes de reclamo de quienes se entrevistaron con la Señora Albur fueron: la ausencia de políticas de seguridad, la negligencia ante las demandas de atención de las víctimas del conflicto armado interno que finalizó hace casi diez años y la angustia de los damnificados por la tormenta Stan, quienes, sin habérseles solucionado la emergencia sufrida hace casi un año, ahora ya están siendo víctimas del inicio de la temporada lluviosa.

Otra situación angustiante que se le planteó a la funcionaria de la ONU es la grave situación de vulnerabilidad que vivimos las mujeres en Guatemala, país que, junto con Rusia, encabezan a nivel mundial el listado de los lugares donde más muertes violentas de mujeres han sucedido. Según un monitoreo de prensa realizado por la Agencia guatemalteca de noticias Cerigua, 1,281 mujeres fueron asesinadas entre el 2002 y 2005 y, en lo que va del año, suman ya 362 las víctimas.

La situación indígena

Los numerosos casos de tortura fueron otro motivo de preocupación para la funcionaria de más alto rango en materia de derechos humanos, quien señaló que la debilidad del Estado le impide contar con las capacidades necesarias para enfrentar a los autores de las violaciones a los derechos humanos.

La verificación de la situación de los pueblos indígenas, quienes constituyen aproximadamente el 40% de la población en Guatemala, fue una prioridad para la funcionaria internacional. Ya el Relator Especial para los derechos fundamentales de esta población, Rodolfo Stavenhagen, había señalado anteriormente que los indígenas guatemaltecos permanecen en condiciones de desventaja y que persiste la discriminación contra las comunidades étnicas, ante lo cual hizo algunas recomendaciones al Estado guatemalteco en el 2002, las cuales buscan erradicar esa injusticia.

Hay que mencionar que actualmente la discriminación se ha tipificado como delito. La premio Nóbel de la Paz, Rigoberto Menchú, la académica Irma Alicia Velásquez Nimatuj, y otras liderezas indígenas, han sometido a la justicia a quienes persisten en esta práctica.

En Guatemala, el mapa de la pobreza coincide con los lugares en donde radica la mayor cantidad de población indígena. El 80% vive en la pobreza y más del 40% son analfabetas. Casualmente esas fueron las regiones más golpeadas por la guerra, donde además, hubo genocidio, según el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, cuyas recomendaciones no han sido cumplidas a cabalidad.

Albur dijo que en su visita a esa región pudo constatar que la población está frustrada por la falta de acceso a la justicia e hizo manifiesta su admiración y respaldo al esfuerzo de los indígenas por decir la verdad y buscar que los responsables de los crímenes sean sometidos a los tribunales. Los autores de las masacres, sin embargo, continúan libres.

Impunidad

La prevaleciente impunidad y la debilidad estructural del sistema de justicia son los aliados que garantizan el clima de zozobra, inseguridad y violencia que persiste en un país, en donde hace 10 años, cuando se firmaron los acuerdos de paz, surgió la esperanza, ahora bastante frustrada, que finalizaría la impunidad que caracterizó la política de violación a los derechos humanos que en esa época impulsaba institucionalmente el Estado de Guatemala.

En este contexto nacional, Guatemala fue electa recientemente como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que resulta irónico ante la coyuntura descrita. A la población realmente no le interesa este logro diplomático del gobierno, ya que lo contrasta con su debilidad para garantizar los derechos humanos de sus habitantes. Fresca está en la memoria de los guatemaltecos los años de la contrainsurgencia, cuando la violación a los derechos humanos era una política institucional del Estado. Ahora, ciertamente, no puede señalársele tal extremo, pero las cifras de víctimas son alarmantes y la responsabilidad estatal es por omisión.