Según el artículo 5 de nuestra Constitución Política: “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional (…) El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa”. Esto es, tres procesos (a la vez lugares sociales) que legal y legítimamente, ostentan el derecho de convocar a referéndum; sobre asuntos de profunda envergadura para el devenir del pueblo costarricense.  En la actual coyuntura del TLC, se ha recurrido a dos de ellos.

El primer lugar social implica la capacidad de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, de los diversos actores (mujeres, jóvenes, estudiantes, sindicalistas, religiosos y religiosas, académicos, intelectuales, amas de casa, etc.) de convertirse en promotores e impulsores de tejido social; madurando su cultura política. Implica trabajo de base, acompañamiento y reconocimiento. Decanta el carácter de referéndum según la matriz de pueblo social. Pueblo que se quiere constructor de justicia social, democracia efectiva y organización autónoma. En dos palabras: fuerza social.

El segundo lugar social de convocatoria, demarca el terreno según los parámetros de la escisión ganador-perdedor. Decanta un golpe al pueblo en cinco niveles. Primero deslegitima o aminora la constitución del tejido popular, segundo apresura el proceso de convocatoria y organización de las bases, tercero establece nítidamente la posición oficialista a favor del TLC quien se apresura a mostrar una faz democrática que oculta su maquinaria ideológica, cuarto apuesta su arena de lucha en los medios colectivos de comunicación ya de sí saturados publicitariamente a favor del TLC; y en quinto lugar, frente a la comunidad nacional y sobre todo la internacional es el gobierno, y en especial, el premio Nobel de la Paz quien en un acto sin precedentes, y con la actitud preclara llama a sus ciudadanos a consulta popular sobre el tratado. En resumen, anula para el horizonte histórico social los demás actores y se convierte en el individuo-mito.

Es central, que vayamos a las urnas y que una mayoría legítima y legal decida el futuro inmediato de este TLC. No obstante, el carácter del lugar social de convocatoria sensibiliza sobre el rumbo y el resultado de todo el proceso.

- Javier Torres Vindas es sociólogo y linotipista