El próximo domingo 15 de abril los ecuatorianos/as nuevamente concurrirán a las urnas para pronunciarse sobre una Asamblea Constituyente que reforme la estructura del Estado y elabore una nueva Constitución, la vigésima que tendría el país.

La convocatoria a una Asamblea Constituyente fue una promesa de campaña del Presidente Rafael Correa que recogió esta demanda que los movimientos sociales y ciudadanos han venido formulando para superar la crisis. Ahora, esta promesa se cumple, pese a los obstáculos y las trabas que han puesto la derecha y los poderosos grupos económicos. Sin embargo, el camino para la Asamblea todavía no está asegurado pues para que gane el SI, éste deberá obtener la mayoría absoluta de todos los votantes.

Si en este plebiscito se mantiene el tradicional porcentaje de ausentismo que bordea el 30 por ciento, quienes votarían efectivamente serían 6’432.151 ciudadanos/as, de un total de 9 ´188. 787 electores inscritos en el padrón electoral. En estas condiciones, para que la tesis de la Asamblea Constituyente triunfe, debería obtener al menos 3 21676 votos, cifra que debería superar a la suma de los votos por el NO, los votos nulos y en blanco, para alcanzar la mayoría absoluta.

Las encuestas –que ya no pueden publicarse- dan una amplia mayoría al SI. El Presidente Correa, que ha cumplido hasta ahora algunas de sus promesas como la duplicación de los bonos para los pobres y para la construcción de vivienda popular y la rebaja del precio de la úrea (fertilizante) para los agricultores, tenía, a comienzos de abril, una aceptación del 80 por ciento según la encuestadora Perfiles de Opinión.

En este contexto el gobierno se mantuvo confiado en el triunfo del SI pero tuvo que reaccionar en la última semana ante el surgimiento de una campaña agresiva por el NO. Rafael Correa intensificó sus recorridos por las provincias y su presencia en los medios de información. El mandatario parece jugarse el todo por el todo en la próxima consulta pues ha indicado que si triunfa el voto negativo, no descarta la posibilidad de irse a su casa.

“¿Aprueba usted, que se convoque e instale una Asamblea Constituyente con plenos poderes de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta, para que se transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución?", es la pregunta sobre la que deberán pronunciarse los ecuatorianos en esta consulta.

Si gana el SI en la consulta, para fines de octubre o comienzos de noviembre, se deberá elegir a 130 asambleístas: 100 por circunscripción provincial, 24 por circunscripción nacional y 6 por los emigrantes residentes en Europa, América del Norte y otros países.

La propuesta de elaborar una nueva Constitución surge ante la incapacidad del Congreso para hacer las reformas constitucionales profundas que el país demanda. Varios proyectos de reforma que han sido presentados no han pasado de las primeras discusiones. Los partidos políticos de derecha o populistas, controlados por jefes y caciques ligados a las elites, han estado más interesados en defender sus propios intereses, convirtiendo al Estado en una torta a repartirse, antes que en velar por el bien común.

La nueva Constitución que elaboraría la Asamblea Constituyente reemplazaría a la de 1997/1998 que si bien reconoció algunos derechos de grupos sociales, introdujo normas para aplicar el modelo neoliberal y la privatización de áreas estratégicas y bienes esenciales, estableciendo, además, el marco legal para la entrega de los recursos naturales a las transnacionales y el reparto de las instituciones del Estado como botín político.

Aún antes de que gane el SI, un conjunto de voluntades se han movilizado para adelantar propuestas que sirvan de insumos para la nueva Constituyente. Varios procesos de jóvenes, mujeres, ecologistas, indígenas, campesinos, etc. se han reunido en foros y talleres en los que abordan temas como derechos juveniles, defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales, descentralización, redistribución de la tierra y la riqueza. El propósito general es mantener y profundizar las conquistas sociales logradas en la Constitución de 1997/98, proponer reformas en el campo económico “para dejar atrás la larga noche neoliberal” y plantear reformas políticas que permitan despartidizar y democratizar los organismos del Estado.

En contraste, los grupos económicos más poderosos del país y sectores políticos de derecha que quieren mantener el statu quo (vale decir el desempleo, la pobreza, la inequidad, el sometimiento a Estados Unidos) y seguir gozando de sus privilegios (evasión de impuestos, impunidad, corrupción) se han pronunciado por el NO. Entre ellos, el magnate bananero Alvaro Noboa Pontón, secundados por la Unión Demócrata Cristiana, que desempolvó al ex Presidente Osvaldo Hurtado, que ya estaba retirado de la política. Han aparecido en escena también grupos minúsculos como el Movimiento Libertario, con escaso poder de convocatoria pero dotados de una gran chequera como parar contratar costosas cuñas en radio y televisión, medios, que, por lo demás, les han dado una gran cobertura. El mensaje de todos los que promueven el NO es el mismo: dicen que la “Asamblea de plenos poderes es un cheque en blanco” que permitirá la concentración de poderes en el Ejecutivo, agitan el fantasma y el peligro del comunismo, acusan a Correa de dictador y de obedecer órdenes de Hugo Chávez y Fidel Castro, etc.

El movimiento Alianza País cerró la campaña por el SI con concentraciones y manifestaciones en las principales ciudades de Quito y Guayaquil. Afirmando esta misma posición, el movimiento indígena, agrupado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), efectuó masivas manifestaciones en cuatro ciudades de la Sierra. Anteriormente se han movilizado la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, el Movimiento Blanco, el Seguro Campesino, los choferes, los microempresarios, los estudiantes, los maestros, grupos barriales, etc.

El dirigente indígena Humberto Cholango señaló que en la consulta “triunfaremos los millones de conciencias pobres que necesitamos el cambio y no los millones de dólares pro-imperialistas”. “Cómo es posible –interrogó- que solo 173 personas, sean dueñas de 3 millones de hectáreas de tierra en este país y tengan concentrado la mayor parte del agua de nuestros páramos. Es hora de levantarnos para que esta injusticia termine. El petróleo y el agua deben ser para todos”.

El próximo 15 de abril es un día clave para conocer qué rumbo tomará el Ecuador.