Los movimientos, fuerzas y organizaciones progresistas y de izquierda están siendo sometidos a una presión creciente a fin de que cedan en su denuncia del carácter ilegítimo del gobierno de Calderón y pacten con él alguna forma de reconocimiento, explícito o implícito.
1. Los buenos consejos

La resistencia es objeto de mofa y caricaturización. Se tilda a los resistentes como inmaduramente “enojados”; se elaboran argumentos acerca de la ineficacia de una postura que “dilapidaría” un supuesto capital político y confinaría a la izquierda al aislamiento, al desahogo testimonial. A menudo, la cantinela asume tonos paternales y condescendientes: feroces adversarios de la izquierda ahora le dan consejos, se dicen interesados por el “bien” y el futuro de la izquierda que, de no mostrarse sumisa y resignada, podría debilitarse y sufrir daño.

Desde luego la inmoralidad de pactar con quienes confiscaron por medio del fraude la voluntad ciudadana es echada a un lado en nombre del “realismo” o la “sensatez”, al tiempo que se elevan lamentos acerca del talante primitivo o impresentable de estos movimientos u organizaciones tan dispares de las “modernas” organizaciones socialdemócratas europeas.

Frente a esta cargada a favor de ceder ante el régimen de Calderón, en el Grupo Sur afirmamos: Vale la pena seguir resistiendo y echar así los cimientos de un nuevo país. Y observamos, además, que la campaña dirigida a que se olvide lo sucedido en las elecciones del pasado 2 de julio, aunque dirigida en principio a los partidos, organizaciones, movimientos e individuos declaradamente progresistas y de izquierda, en realidad apunta al ciudadano común, para favorecer que Calderón, por fin, tome posesión de la conciencia de la gente.

El verdadero pacto debe ser entre las fuerzas políticas y sociales progresistas, para sacar al país del pantano de corrupción e injusticias en que se encuentra sumido.

2. Vale la pena resistir por razones ético-políticas

Porque la inmoralidad del fraude electoral no es cuestión menor. Aceptarla significaría no sólo asumir la impunidad como cosa normal, sino renunciar a que sea la voluntad ciudadana la que determine quién gobierna.

Pactar con el gobierno en este punto, significaría continuar con la descomposición de la vida pública que prohijaron setenta años de priísmo y que han llevado a un clímax impensado los años de gobiernos panistas.

Obviar el argumento moral significaría dejar el país, sin más, en manos de la clase política y las oligarquías dominantes que han convertido a México en un país empobrecido, polarizado y desesperanzado. Hay que resistir porque queremos vivir en un mundo posible en el que la política no sea sinónimo de degradación, sino de enaltecimiento humano.

3. Vale la pena resistir por razones de realismo, sensatez y madurez

Porque un examen sereno del carácter del régimen actual, de su historia y devenir, muestran que está impedido para pactar, y más aún cumplir, acuerdos de trascendencia para el mejoramiento y bienestar de la mayoría.

Lo ilegítimo del régimen no sólo está asociado a su origen. El carácter del modelo económico que sustenta el gobierno, su escasa visión de lo social, su afán represivo y excluyente impiden que se pueda pactar con él. Ceñido como está con tales políticas, es imposible que honre el menor acuerdo de fondo con sentido social. Necesitamos otro gobierno. La tarea mínima de los mexicanos es construir la democracia que las fuerzas oligárquicas, hasta hoy, han estorbado.

Exploremos algunos escenarios. ¿Un pacto social, para el empleo y el mejoramiento salarial? Seamos realistas. Ante el alza reciente a los precios y las demandas consecuentes de aumento a los salarios, los conductores de la política económica han subrayado que lo único aceptable es el control salarial (del que sólo se exenta a las fuerzas armadas).

El modelo económico vigente no genera condiciones endógenas para el crecimiento y el bienestar de las mayorías, pues depende de los capitales externos, las remesas, etc., mientras favorece al sector financiero y no al productivo. La economía no crece a niveles aceptables, mucho menos promueve la equidad. Al contrario, se observa una oligarquización de la sociedad. Se nos dice que México será una de las “cinco grandes” economías para mediados de siglo, la economía del “futuro”. Sin embargo, el modelo que el gobierno defiende e impulsa dista mucho de avanzar en tal dirección. El país nos pertenece cada vez menos. La banca, la industria, los centros comerciales son controlados en forma creciente por corporaciones transnacionales que procuran metas contrarias al interés nacional. En resumidas cuentas, en vez de acortar la brecha con las potencias económicas y de reducir las grandes desigualdades de ingreso, el modelo las profundiza, por lo que el futuro no será de “potencia económica”, sino de mayor subdesarrollo y enormes desajustes estructurales que desembocarán pronto en conflictos políticos y sociales.

¿Un pacto para resolver los problemas del campo? Seamos serios. ¿Puede realmente esperarse que el actual gobierno haga algo a favor de la soberanía alimentaria? Asia es inconcebible sin arroz y Europa sin trigo. Pero aquí, en México, nos estamos quedando sin maíz. En 2007, amanecimos pagando casi el doble por la tortilla. Todo porque desde hace 25 años los gobiernos neoliberales dejaron de fomentar la milpa alegando que importar era más barato; de modo que hoy tenemos que comprar maíz fuera y a precios altos. Es el resultado de un modelo que el actual gobierno mantiene porque favorece intereses de grandes corporaciones. Si queremos comer, los mexicanos necesitamos importar más de 100 mil millones de pesos anuales en alimentos, entre ellos el 25% del maíz. ¿Por qué, si éramos autosuficientes, caímos en la dependencia? Porque el modelo de los poderosos indica que hay que renunciar a la soberanía alimentaria en nombre de las “ventajas comparativas”, según las cuales es mejor exportar mexicanos e importar comida que apoyar a los campesinos para que cultiven aquí nuestros alimentos. El resultado ha sido dependencia alimentaria y migración; es decir hambre y éxodo.

El alza de la tortilla es una señal. El tiempo se acaba y si queremos recuperar a México necesitamos retomar las riendas de la nación, rescatando para el pueblo la soberanía que los gobiernos del PRI y del PAN hipotecaron. Soberanía para crear empleos y producir alimentos, pues más que la seguridad -imposible en medio de la pobreza- la tarea mayor de quien gobierna es procurar trabajo digno y comida sana para todos; derechos primordiales (y constitucionales) que no pueden dejarse al arbitrio del mercado.

¿Pactos a favor de la educación, la ciencia y la cultura? Seamos sensatos. El primer acto de gobierno fue reducir los recursos a esas áreas vitales, y el segundo entregar el aparato educativo a la grosera cúpula del SNTE.

¿Pactos para la defensa del patrimonio nacional? Seamos prácticos. Ningún acuerdo de los gremios con el gobierno va a detener la gran ambición del régimen y de los intereses que lo cobijan: privatizar los recursos naturales del país.

¿Una reforma fiscal en pro de la equidad? ¿En un país en que los potentados, con el favor del gobierno, han convertido las triquiñuelas para la evasión en una de las bellas artes?

¿Pacto para asegurar la seguridad pública? Seamos críticos. Si el Secretario de Gobernación y el Procurador no son investigados y procesados por violaciones a los derechos humanos, si se mantiene como hasta hoy la impunidad de los autores de violaciones terribles (Guadalajara, San Salvador Atenco, Las Truchas, Pasta de Conchos, Oaxaca), ¿qué seguridad pueden esperar los ciudadanos? Los cárteles de la droga y el crimen organizado en general subsisten a partir de sus vínculos con el aparato de Estado. Así, los “operativos” nunca se dirigirán a donde deberían; y aquéllos terminan siendo un gran espectáculo y una impostura.

¿Pactos, en fin, para mejorar la calidad de la vida social? ¿Por la equidad de género, por ejemplo? ¿Cómo puede alguien decir que no permitirá la violencia contra las mujeres, mientras al punto acude a legitimarse con Mario Marín?

La gran pregunta es si los mexicanos necesitamos un pacto con el gobierno para que éste observe las garantías individuales consignadas en nuestra carta magna y respete los derechos humanos, de conformidad con los compromisos internacionales que el país ha signado ¿Los derechos y garantías tienen que ser pactados en este país?

Hagamos además memoria: ninguno de los “pactos” que los regímenes neoliberales han signado con las fuerzas progresistas ha sido cumplido. Botones de muestra: el pacto por el campo fue una burla; los Acuerdos de San Andrés fueron un caso extremo de cinismo.

En todo caso, lo que corresponde es emplazar al actual gobierno para que atienda los reclamos sociales (desde restituir los salarios y evitar el alza de los precios de los alimentos básicos hasta atender los problemas del campo) y políticos (respeto a la voluntad popular). Pero este emplazamiento no es meramente un ejercicio de “diálogos” o “acuerdos” que en décadas no han conducido a nada, sino una exigencia de definiciones prácticas que sólo podrían ponerse a prueba con la fuerza social en movimiento de los mexicanos.

Por lo demás, no debemos omitir la posición que ha sido asignada el régimen calderonista en el concierto internacional contemporáneo: la de esquirol, en alianza con Estados Unidos y países como Colombia, para sabotear los esfuerzos democráticos y autonómicos latinoamericanos. Un gobierno así ¿tendrá alguna posibilidad de asumir una política interna que implique un giro en contra de los dictados del capital financiero mundial, hacia la democracia, la soberanía y el bienestar de la mayoría? Mientras en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador sus pueblos se dirigen, por ejemplo, hacia la socialización de sus recursos estratégicos, la construcción democrática vía la participación popular en la definición de las políticas públicas y la consolidación de su independencia, México se hunde en la subordinación y la desnacionalización crecientes, particularmente en favor de los intereses norteamericanos.

Es duro, tenemos que reconocer que este régimen está limitado estructuralmente para acordar acciones verdaderamente relevantes de cara a la democracia y el bien de todos. Sería fantástico que las fuerzas progresistas, bien portadas, “modernas”, pudieran sentarse con el gobierno a pactar el bien común; pero hace falta sensatez para admitir que ello no va a ocurrir, pues lo que tenemos enfrente es un bastión de primitivismo neoliberal. En fin, hace falta asumir el hecho de que, dados sus compromisos políticos y limitaciones estructurales, los pactos que hoy se realicen con el régimen no serán sino coartadas para otorgarle una legitimidad que no posee.

4. Vale la pena resistir por razones de eficacia política

Resistir significa hacer política y hacerla bien. Es precisamente por la fuerza que hemos alcanzado y porque no queremos dilapidarla, sino conservarla y acrecentarla, que debemos seguir resistiendo de manera organizada.

Es cierto que en la vida cotidiana las organizaciones sociales, políticas y gubernamentales, deben convivir y entrar en conciertos de diverso tipo. Los representantes y gobernantes de la izquierda deben saber transitar con dignidad por los canales institucionales, sin traicionar la resistencia popular a la imposición. Mientras se resuelve la crisis, las dos vías deben ensayarse con sabiduría. Pero no queremos ver a nuestros representantes y dirigentes con un discurso transformador y, al mismo tiempo, negando las metas democráticas en el marco de las instituciones. Por el contrario, se requiere eliminar la brecha entre la política institucional y la sociedad. No se trata de dejar de llegar a arreglos y de mantener un ambiente de civilidad social. Pero en este terreno es importante establecer dos criterios:

Primero: los derechos establecidos en la constitución y en las leyes no tienen por qué estar sujetos a negociación. ¿Por qué los trabajadores tendrían que rendir pleitesías al régimen para tener la vida digna que les asegura el pacto constitucional? ¿Por qué los gobernadores tendrían que inclinar la cerviz para recibir los recursos que el pacto federal les garantiza? Los derechos no están para negociarse, sino para cumplirse. La resistencia, la movilización, la fuerza social, son el único aval de su cumplimiento.

Segundo: Ante el fraude electoral y la ilegitimidad, lo único que no podemos pactar es la continuación de las políticas del actual régimen. Que se avance en la reforma profunda del Estado, incluyendo la revocación del mandato, la desaparición del IFE actual y la refundación de las instituciones electorales, etcétera; hablemos de todo lo que haga falta para la creación de otro Estado con justicia y democracia. Pero, sería un error pactar para que una minoría siga usufructuando el gobierno a nuestra costa.

La resistencia ante la injusticia, el fraude, la vejación, la inmoralidad, la degradación de la vida pública, es un valor en sí misma. Y es una herramienta eficaz cuando la izquierda marcha y crece unida. Las grandes irrupciones de la izquierda en México, en las últimas décadas –el cardenismo, el zapatismo, el lopezobradorismo- han enarbolado la bandera de la ética, de los valores, de la rectitud moral, de los principios. Es ese pendón el que ha movilizado a grandes multitudes y ha dado su fuerza al movimiento popular. Con él se transformará el país. Resistir vale la pena. Debemos seguir por ese camino.

28 de febrero de 2007.

GRUPO SUR

Guillermo Almeyra, Cristina Barros, Armando Bartra, Marco Buenrostro, Elvira Concheiro, Héctor Díaz-Polanco, Víctor Flores Olea, Javier Flores, Gerardo de la Fuente, Arturo Huerta, Epigmenio Ibarra, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Carlos Payán, Consuelo Sánchez, John Saxe-Fernández, Gabriel Vargas Lozano y Sergio Zermeño.